Ricardo Zamora Ruiz

Expediente 360/2015 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
360/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
02/09/2015

Partes del expediente

  • Ricardo Zamora Ruiz

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a dos de septiembre de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el auto de fecha siete de agosto del año en curso (foja 24 y 26), por el que se sobreseyó el juicio fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso e, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. IIB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, siete de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales el oficio de cuenta, signado por el Director de Tránsito, Vialidad y Transporte del Ayuntamiento Municipal, con sede en esta Ciudad. Ahora, advirtiéndose de las documentales certificadas que la autoridad judicial adjuntó a su informe justificado, procede decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia constitucional, por los motivos legales que más adelante se precisarán y al tenor de lo dispuesto en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la página trescientos ochenta y seis, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto son como sigue: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, de la demanda que dio origen a este juicio de garantías, se advierte que el quejoso Ricardo Zamora Ruiz, por propio derecho, reclamó substancialmente del Director de Tránsito, Vialidad y Transporte del Ayuntamiento Municipal, con sede en esta Ciudad, la negativa de acordar su escrito presentado el diecisiete de julio del año en curso, en el que solicitó dictamen de vialidad y manejo del proceso de una obra en construcción. En tanto que de las aludidas constancias certificadas que la autoridad responsable remitió, a las que por tratarse de documentales públicas, se les confiere pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que con fecha veintiocho de julio del año en curso (foja 16) dicha autoridad dio contestación a la petición del quejoso, notificándole el veintinueve de julio del año en curso. En consecuencia, toda vez que la autoridad responsable, a la fecha ya atendió y dio contestación a su petición el veintiocho de julio del año en curso (que aquí constituía el acto reclamado) es inconcuso que se actualiza de manera manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que prevé que el juicio es improcedente, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, aunque el acuerdo cuya omisión se ataca esté fechado con anterioridad a la demanda, pues su notificación se llevó a cabo ya iniciado el juicio de garantías y, ese acto constituye parte de lo que satisface el derecho de petición; por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal, se sobresee en el juicio fuera de audiencia constitucional, quedando sin efecto la fecha y hora señaladas para llevar a cabo la misma. Funda lo expuesto, por identidad de razones jurídicas, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y del Trabajo del Segundo Circuito, que aparece publicada en la página trescientos trece, del tomo XIV, correspondiente al mes de octubre de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, cuyo rubro y texto son como sigue: "INEXISTENCIA Y CESACION DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACION A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". Lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; asimismo, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada. Notifíquese personalmente al quejoso. IIB

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintisiete de julio de dos mil quince. Vista la demanda de garantías promovida por promovida por Ricardo Zamora Ruíz, contra actos del Director de Vialidad y Tránsito Metropolitano del H. Ayuntamiento Municipal de esta ciudad, que hace consistir en lo siguiente: "IV. ACTO RECLAMADO.- Se reclama de la citada Autoridad Responsable, la injustificada e ilegal omisión de su parte a dar una respuesta por escrito y conforme a sus atribuciones, en relación a la petición formulada por el suscrito y conforme a sus atribuciones, en relación a la petición formulada por el suscrito, mediante escrito dirigido y recepcionados en tal Dependencia, con fecha diecisiete de julio de este año dos mil quince." (Sic). Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 360/2015. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, VII, XV, de la Constitución Federal; 1o. fracción I, 33, 37, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y relativos de la Ley de Amparo; se admite en sus términos. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado expresamente. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable a quien se solicita que al rendirlo lo hagan dentro del término de quince días siguientes a su legal notificación. Con apoyo en lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, se solicita a la autoridad responsable para que al rendir su informe justificado: a) acompañen las constancias que guarden relación con el acto que reclama el quejoso, así como las que estimen necesarias para la resolución del asunto; b) que las copias que anexen sean íntegras y legibles; y, c) informen si se actualiza alguna causal de improcedencia. Con apercibimiento de que de no rendir su informe, de no acompañar las constancias relativas, y no informen las razones y fundamentos que se estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; se le impondrá, en su caso, una multa al dictarse sentencia en este juicio de amparo, equivalente a cien días de salario calculados sobre el mínimo en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 260 fracción II, en relación con el numeral 238 de la Ley de Amparo. De igual forma, en términos del artículo 64 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, se previene a todas las partes para que comuniquen cuando cesen los efectos del acto reclamado; se actualicen causas notorias de sobreseimiento, asimismo, informen si en relación al acto reclamado se ha promovido diverso juicio de amparo, de ser así, indiquen el número de juicio y el Juzgado de Distrito que conoció del asunto, de incumplirlo, en términos del precepto 251 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de treinta a trecientos días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Se precisa a la parte quejosa, que para el caso de que las autoridades señaladas como responsables, no existan, o bien, la denominación que indica no sea la correcta, con fundamento en el numeral 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que le impone la obligación de precisar en la demanda la autoridad o autoridades responsables; se les tendrá aquí como inexistentes, no se les dirigirán comunicaciones procesales, y en su oportunidad, se resolverá la litis constitucional, conforme a tal situación; salvo prueba en contrario, o señalamiento corregido. Se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Dése al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Armando Chan Manzano y Guadalupe Vásquez Quiroz y únicamente para oír y recibir notificaciones a los que indica en su ocurso. Dada la naturaleza del acto de omisión reclamado no existe tercero interesado. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental de fecha diecisiete del actual, que se exhibe junto a su escrito, la que dada su naturaleza, en este acto se desahoga, sin perjuicio de relacionarla al dictarse sentencia. Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los diversos 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley antes mencionada, hágase saber a las partes: a) que la sentencia que se dicte en este asunto, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información; b) el derecho que le asiste para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo respectivo, su voluntad de que su nombre y datos personales a que alude el artículo 3, fracción II, de la ley en mención, no se incluyan en la publicación de la sentencia referida; en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevaría su consentimiento; y, c) que no será necesaria su aprobación cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que, específicamente, señalan los artículos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley especial de referencia. Notifíquese.

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