Rigoberto Jiménez Fermín

Expediente 74/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 9 de marzo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
74/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
09/03/2017

Partes del expediente

  • Rigoberto Jiménez Fermín

Actuaciones

  1. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; NUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el término legal de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de queja contra el acuerdo dictado en este juicio el pasado veintidós de febrero de dos mil diecisiete (fojas 19-23), en el que se desechó de plano la demanda de amparo promovida por RIGOBERTO JIMÉNEZ FERMIN; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que la sentencia dictada en este juicio, y las resoluciones intermedias estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que señala el artículo 3º., fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Notifíquese. II-B PENAL

  2. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE. a).- DATOS DE LA DEMANDA Vista la demanda de garantías promovida por el quejoso Rigoberto Jiménez Fermin, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial del Juzgado de Garantías, residente en esta ciudad de Salina Cruz y el Director del Centro de Readaptación Social de Santo Domingo Tehuantepec, Oaxaca, que hace consistir en el auto de vinculación a proceso dictado en su contra el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, dentro de la causa penal 20/2017, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de extorción, cometido en agravio de Susana Solis Hernández, así como su ejecución. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 74/2017. En el caso, debe desecharse de plano la demanda, en virtud de que se actualiza de manera notoria y manifiesta una causal de improcedencia, por los motivos legales que más adelante se expondrán. Los artículos 17, 18, 19, 22 y 61, fracción XVIII, inciso b), de la Ley de Amparo, prevén: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 19. Son días hábiles para la promoción, substanciación y resolución de los juicios de amparo todos los del año, con excepción de los sábados y domingos, uno de enero, cinco de febrero, veintiuno de marzo, uno y cinco de mayo, dieciséis de septiembre, doce de octubre, veinte de noviembre y veinticinco de diciembre, así como aquellos en que se suspendan las labores en el órgano jurisdiccional ante el cual se tramite el juicio de amparo, o cuando no pueda funcionar por causa de fuerza mayor." "Artículo 22. Los plazos se contarán por días hábiles, comenzarán a correr a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación y se incluirá en ellos el del vencimiento, inclusive para las realizadas en forma electrónica a través del uso de la Firma Electrónica, salvo en materia penal, en donde se computarán de momento a momento. - - - Correrán para cada parte desde el día siguiente a aquél en que para ella hubiese surtido sus efectos la notificación respectiva." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: (.) b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; (.)". De la interpretación armónica de tales dispositivos se desprende que cuando se señale como acto reclamado un auto de vinculación a proceso, la parte quejosa se encuentra exenta de mediar recurso ordinario, para el caso que así este regulado, previo a la promoción del juicio de amparo; empero, no se encuentra exento de instar ante el órgano constitucional su demanda dentro de los términos establecido en el párrafo primero del numeral 17 en cita, debido a que no se encuentra este supuesto en los casos de excepción que marca expresamente tal dispositivo; por ello, en atención a lo dispuesto en el artículo 18 de la ley de la materia los quince días para la promoción de la demanda respectiva, se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, virtud a que si la ley no distingue este juzgador no tiene por qué hacerlo. En tales condiciones, tomando en cuenta que el quejoso tuvo cabal conocimiento del auto de vinculación a proceso que reclama, desde el veintitrés de enero de dos mil diecisiete, como así lo refirió, bajo protesta de decir verdad, en el apartado correspondiente a los hechos y en el punto relativo al propio acto reclamado, en virtud de que indicó que en esa fecha se le notificó legalmente la resolución que impugna, notificación que en términos de lo previsto en el artículo 84 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se tuvo por legalmente hecha, toda vez que se tendrán por notificadas a las personas que se presenten a la audiencia donde se dicte la resolución o se desahoguen las respectivas diligencias. Por tal razón, es inconcuso que el juicio de amparo es extemporáneo, por no haberse promovido dentro del término que prevé el artículo 17, en relación con el diverso artículo 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, esto es así, toda vez que dicha notificación surtió efectos el veinticuatro de enero de dos mil diecisiete, de conformidad con el artículo 82, último párrafo del citado Código Nacional, por lo que el plazo legal de quince días, empezó a transcurrir del veinticinco de enero al quince de febrero del año en curso, descontándose los días veintiocho y veintinueve de enero, cuatro, cinco, seis, once y doce de febrero del presente, por haber sido inhábiles; siendo que la demanda se presentó en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, esto es, fuera del plazo legal de quince días para su presentación oportuna. Cabe precisar que el artículo 18 de la ley en la materia, establece tres hipótesis para realizar el cómputo del plazo de quince días para la interposición de la demanda de amparo, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la citada ley, las cuales son: a) Al en que surte efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b) A aquél en que el quejoso hubiera tenido conocimiento de los mismos; c) Al en que el quejoso se hubiera ostentado sabedor del acto reclamado o de su ejecución; y d) A partir del día de su entrada en vigor, en tratándose de una norma general autoaplicativa. Supuestos antedichos que, conforme a una recta interpretación de los preceptos legales citados, son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, puesto que la intención del legislador fue la de establecer que los plazos generales y excepcionales para la promoción del juicio de amparo se computara por días hábiles, a partir del día siguiente al en que se verificase cualquiera de aquéllos, y en los mismos debe incluirse el día del vencimiento. Con la salvedad que tratándose de un acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales, la demanda de amparo podrá presentarse en cualquier tiempo. Por lo que es evidente que la resolución reclamada en razón a su naturaleza, finalidad y particular contenido, en modo alguno encuadra en la hipótesis de excepción del plazo general para la promoción del juicio de amparo, y menos en específico a la contenida en la fracción IV, del numeral 17 invocado, pues se trata de una determinación emitida dentro de un procedimiento jurisdiccional, y por ende no implica peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Norma Fundamental, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales; y por ello que, en el caso particular, la presentación de la demanda de amparo se rija por la regla genérica de quince días prevista por el artículo 17 de la ley en comento, como se examinó en párrafos anteriores. Por tales motivos, como ya se dijo se actualiza de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo. Con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Rigoberto Jiménez Fermin. Es aplicable al caso, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38, del Libro 18, Mayo de 2015, Tomo I, Décima Época, con número de Registro: 2009174, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA. El plazo para promover el juicio de amparo indirecto contra autos restrictivos de la libertad personal dictados dentro del proceso penal que se pronuncien a partir de esa fecha, es el genérico de 15 días previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, lo que es acorde con el principio de progresividad en materia de protección de los derechos humanos, ya que esa medida legislativa permite a quienes la ley considera como víctimas saber con certeza que transcurrido dicho periodo esa decisión se encuentra firme para poder promover, cuando legalmente les está permitido, las medidas provisionales que garanticen una eventual reparación del daño, en términos del derecho fundamental contenido en la fracción VI del apartado C del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual dispone que uno de los derechos de los sujetos pasivos del delito consiste en la posibilidad de solicitar las medidas cautelares y providencias necesarias para la protección y restitución de sus derechos. Además, tomando en cuenta que el nuevo sistema penal acusatorio, conforme al primer párrafo del artículo 20 constitucional, se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, resulta necesario garantizar la secuencia continua de las fases que lo componen para proteger los derechos de las víctimas, así como la seguridad jurídica necesaria para que esos juicios no se prolonguen excesivamente en su perjuicio, y menos aún en el de los propios procesados. Finalmente, la figura de la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación o agravios permite que las personas afectadas con ese tipo de decisiones presenten su demanda en el plazo de 15 días sin necesidad de mayor asesoría, porque los órganos de amparo deben examinar oficiosamente la legalidad del acto reclamado, lo que implica que sea cual fuere su estrategia defensiva, corresponde al juzgador examinar con acuciosidad su legalidad, aun cuando no hayan alegado la violación que encuentre el órgano de amparo. De ahí que el plazo de 15 días es suficiente para entablar su defensa, porque basta con que opten por solicitar la protección de la Justicia Federal para que los Jueces de Distrito, aun ante la ausencia de conceptos de violación, analicen si hubo o no violación de sus derechos fundamentales, en términos del artículo 79, fracción III, y penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo. Lo anterior, además, porque debe tenerse en cuenta que no hay obligación alguna de mantener invariables los periodos procesales que con anterioridad se hubiesen instituido en las leyes que se abrogan, pues salvo los plazos previstos a nivel constitucional, cualesquiera otros establecidos para el ejercicio de un derecho se ubican dentro del campo de libertad de configuración normativa que corresponde al legislador ordinario, máxime que respecto de los plazos para presentar la demanda de amparo, los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal no establecen lapso alguno específico para promover el juicio contra actos restrictivos de la libertad dictados dentro del proceso penal". Por otra parte, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Agustin Rene Gómez Velásquez, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede y únicamente para imponerse de los autos a Gilberto Sarabia Brena. b).- USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. c).- LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IIB PENAL

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