Ricardo Isai Huitron Rodriguez
Expediente 959/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 959/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo Isai Huitron Rodriguez
- Juez del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Asimismo, se ordena dar vista a las partes con los discos compactos remitidos por la autoridad de referencia, a fin de que si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) con número de registro 2004362, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época que establece: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. Ahora bien, del informe de cuenta, se desprende que asiste el carácter de tercero interesado en este asunto a la agente del Ministerio Publico que conoce de la causa penal 6176/2022; mismo que le es reconocido en términos del numeral 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo; de modo que se ordena correrle el traslado correspondiente y emplazarlo a este juicio, a través de oficio. Ahora, respecto al emplazamiento correspondiente al quien le reviste el carácter de tercero interesada, victima en la causa penal de origen; con fundamento en el numeral 26, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo y el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se ordena formar un cuadernillo de sigilo en el que sean agregadas las promociones en cita, a fin de resguardar el lugar en el que actualmente se encuentra. Finalmente, se ordena que de igual modo, en ese cuadernillo, se ordene la notificación al asesor jurídico de tal persona. Notifíquese; mediante lista electrónica, por oficio al agente del Ministerio Público con carácter de tercero interesado, y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Tal como se ordenó en el expediente principal, agréguense a los autos el informe justificado rendido por el Juez del Tribunal de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, del cual se desprende las iniciales de la menor víctima de la causa penal de origen relativa al presente juicio de amparo en que se actúa. Por ende se reconoce a la menor de edad de iniciales ********************, el carácter de tercera interesada en este juicio; en términos del numeral 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte que en diverso juicio de amparo del índice de este órgano jurisdiccional, se emplazó a juicio a la menor de edad tercera interesada de iniciales ********************, a través de su madre, quien informó el correcto domicilio y horario en el cual podía realizarse la diligenciación. Entonces, se comisiona a cualquiera de los Actuarios de la adscripción para que realice lo siguiente: 1. Deberá constituirse en el domicilio correcto de enumeración, ********************, después de las quince horas, de lunes a viernes, a efecto de emplazar a la menor de edad de iniciales ********************, por conducto de su madre ********************. 2. En caso de no localizar a la madre de la menor, en tales días y horario, deberá comunicarse con ella, por medio del número de teléfono -mismo que será proporcionado en sobre cerrado a la actuaria-, a efecto de que concierte un día y hora, para los efectos previamente indicados. 3. Una vez hecho lo anterior, deberá emplazarla, para lo cual a) deberá correrle traslado con copia simple de la demanda de amparo, b) entregarle copia simple del auto de admisión y c) hacerle saber la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, a efecto de que comparezca a este asunto, si a sus intereses jurídicos conviene. Lo anterior, sin perjuicio de que -en caso de así acordarlo con la madre de la tercera interesada en cita-, la Actuaria Judicial lleve a cabo el emplazamiento en un día distinto de los referidos con antelación, incluso en días y horas inhábiles. Finalmente, notifíquese al asesor jurídico de la menor víctima de la causa penal de origen, el licenciado ********************, adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito, Zona Norte; por lo que, córrase traslado con copia simple de la demanda de amparo, el auto aclaratorio, el escrito aclaratorio, asimismo del acuerdo de admisión y hacer de su conocimiento que la audiencia constitucional de este asunto. Notifíquese personalmente a la tercera interesada y a su asesor jurídico. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio signado por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, mediante el cual formula los alegatos que expresa, del cual se ordena hacer relación al celebrar la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo. Por otro lado, respecto a la solicitud de las copias, indíquesele que deberá estarse a lo acordado mediante proveído de diez de octubre de la presente anualidad, en el que autorizó la expedición a las partes, de copias de las constancias que integran el presente expediente. Informa transición a expediente electrónico Atento a lo establecido en el artículo 3, fracciones III y XII, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se hace saber a las partes, que la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente impreso; así como en caso de que una actuación deba imprimirse para efectos de practicar una notificación, la evidencia criptográfica de la firma respectiva será suficiente, sin necesidad de certificación alguna. Del mismo modo, los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el Consejo de la Judicatura Federal. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 959/2023-II; Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, el seis de octubre de dos mil veintitrés, y turnado ese mismo día hábil a éste órgano jurisdiccional, ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad. Segundo. Tramitación del incidente. Tras desahogar la vista dada en auto de diez de octubre de la presente anualidad, mediante la cual se mandó a aclarar la demanda de amparo, por auto de catorce de noviembre del año en curso, se admitió a trámite la demanda, se ordenó aperturar el presente incidente de suspensión; le fue solicitado su informe previo a la autoridad responsable; y se señalaron día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se verificó al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Existencia de los actos reclamados. El Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que le fue atribuido, por ende, se tiene como cierto. Tercero. Suspensión definitiva. Pues bien, a efecto de resolver sobre la suspensión definitiva, de conformidad con los artículos 146 y 157 de la Ley de Amparo, al efecto se precisa que el quejoso reclama la medida cautelar de prisión preventiva justificada, que le impuso el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, en audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 6176/2022, pues estimó fundada la solicitud de la Fiscalía en ese sentido. Indicado lo anterior, se precisa que esta suspensión definitiva se resolverá conforme a la jurisprudencia PR.P.CN. J/11 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con Residencia en la Ciudad De México, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materias Común y Penal, Undécima Época, con registro digital 2026999, del contenido siguiente: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO RESPECTO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. AL PROVEER SOBRE LA MEDIDA SUSPENSIONAL, EL ÓRGANO DE AMPARO NO DEBE LIMITARSE AL EFECTO PRECISADO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 166 DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBE HACER UN ANÁLISIS DE PONDERACIÓN DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA FRENTE AL INTERÉS SOCIAL Y LA NO CONTRAVENCIÓN DE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO, ANALIZANDO CASO POR CASO, CONFORME A LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN X, CONSTITUCIONAL, 138 Y 147 DE LA LEY DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron en forma divergente al analizar si procede la suspensión provisional para el efecto de poner en libertad al quejoso, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, cuando éste ya se encuentre materialmente detenido por delito que no implica prisión preventiva oficiosa, bajo el análisis de la inconvencionalidad del párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que no obstante ser convencional el párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo, los efectos de la suspensión provisional cuando el quejoso ya se encuentra materialmente detenido por orden de autoridad competente podrá tener efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, para lo cual el órgano de amparo, al resolver, deberá atender caso por caso, con apoyo en la herramienta que dan los artículos 107, fracción X, constitucional, 138 y 147 de la Ley de Amparo, bajo la ponderación de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora frente al interés social y la no contravención de disposiciones de orden público. Justificación: El párrafo segundo del artículo 166 de la Ley de Amparo es convencional, toda vez que no prohíbe de forma tajante la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios, tratándose de la medida cautelar consistente en la prisión preventiva justificada; por tanto, bajo una interpretación conforme del citado artículo, acorde con lo establecido en los artículos 138 y 147 de la propia ley, en relación con el 107, fracción X, constitucional, no debe limitarse al efecto señalado, porque ello no representa ningún beneficio y no protege el derecho humano a la libertad personal. En ese sentido, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 62/2016 en sesión de 6 de julio de 2017, estableció que hay excepciones al analizar la suspensión de los actos que se impugnan en el amparo, siendo al juzgador de amparo a quien le corresponde analizar cada caso concreto y realizar la determinación relativa atento a la naturaleza del acto, al interés social, a la apariencia del buen derecho y al peligro en la demora, a efecto de determinar si alguna medida cautelar o de protección puede ser suspendida; por lo que el órgano de amparo, basado en dicha interpretación, atenderá al segundo párrafo del artículo 147 de la Ley de Amparo, que dispone que la suspensión puede tener un efecto de tutela anticipada, es decir, de restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado en tanto se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, y al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho analizará si efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) cumple con los siguientes requisitos: a) que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana sobre Derechos Humanos; b) que la medida adoptada sea idónea para cumplir con el fin perseguido; c) que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia; d) que resulte estrictamente proporcional; y e) que dicha medida esté lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. Es decir, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, a la luz de los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 138 y 147 de la Ley de Amparo y conforme a la metodología indicada expresamente en la ejecutoria relativa; suspensión definitiva que, de ser el caso, podrá tener efectos restitutorios, precisamente conforme a la jurisprudencia recién citada. En efecto, dicha jurisprudencia, deriva de la Contradicción de Criterios 36/2023, resuelta por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, que en su parte conducente, consideró que el estudio relativo a la suspensión, en este caso, definitiva, de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debe realizarse en los siguientes términos: 193. De ahí que, en pleno acatamiento al deber de salvaguardar la tutela de Derechos Humanos bajo un principio de progresividad, que consagra el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y ante la probabilidad de que el acto reclamado pueda declararse inconstitucional al momento en que se resuelva lo principal del juicio de amparo, la suspensión provisional concedida también podría tener efectos restitutorios, es decir, que el quejoso sea puesto en libertad, siempre y cuando el órgano de amparo al realizar la ponderación de la apariencia del buen derecho (juicio valorativo de probabilidad) advierta que efectivamente el acto reclamado (prisión preventiva justificada) no cumple con los siguientes requisitos:(38) - Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas), (39) y - La relación del quejoso con ese hecho. 194. En el entendido de que dicha determinación no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, dado que ello será decidido por un Juez diverso al de amparo, esto es, al que en su momento resuelva el fondo del asunto. Así como: - Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana. - Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. - Que sea necesaria, en la medida que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. - Que resulte estrictamente proporcional. - Que dicha medida está lo suficientemente motivada atento a que permita evaluar si se ajusta a todo lo señalado. 195. En caso de conceder la suspensión con efectos restitutorios, es decir, la libertad del quejoso, conforme a lo previsto en el artículo 168 de la Ley de Amparo, estará condicionada a satisfacer las garantías que aseguren la comparecencia de éste en el juicio. (41) 196. Siendo enunciativas las siguientes: - Presentarse ante la autoridad responsable, para la continuación del proceso. - Comparecer a registrar firma semanal ante el órgano de amparo. - Exhibir garantía económica; (42) - Y aquellas que considere necesarias según el caso, para regir la libertad del peticionario de amparo, en tanto se resuelve la suspensión definitiva, o en su caso, hasta el dictado de la sentencia ejecutoriada del juicio principal. 197. Precisando que los anteriores requisitos atienden a la apariencia del buen derecho que, como instrumento de preservación de derechos humanos se encomienda a todo juzgador, en uso de su discrecionalidad, por lo que le corresponde adoptar la decisión que se considere más óptima a la luz de las circunstancias de cada caso concreto para maximizar ese fin. 198. De ahí que, al resolver sobre cada situación, deberá exponer premisas valorativas que lleven a considerar que la decisión adoptada es la mejor disponible para en su caso, otorgar o no, la suspensión con efectos restitutorios, que se traducirá en la libertad del quejoso; es decir, la apariencia del buen derecho no sólo supone un juicio valorativo de probabilidad, sino también de verosimilitud en relación con el derecho del solicitante. 199. En ese orden de ideas, debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por este Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. (.) Conforme a tales consideraciones y a los numerales citados, el Juez de amparo debe realizar una ponderación de la apariencia del buen derecho y el interés social, respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, de manera que se verifique que el Juez de proceso haya cumplido con los siguientes aspectos: 1. Que existan presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito (deben estar fundados y expresados con base en hechos específicos, no en meras conjeturas). 2. La relación del quejoso con ese hecho (esto, en el entendido de que la verificación de dicha relación, por parte del Juez de amparo, no debe tener ningún efecto respecto de la responsabilidad del quejoso, pues ello será decidido por el Juez de proceso correspondiente, en el momento en que se resuelva sobre el fondo del asunto -causa penal-). Asimismo, deberá realizarse test de proporcionalidad respecto de la medida cautelar de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, pues deberá verificarse lo siguiente: 3. Que la finalidad de la medida que prive la libertad sea compatible con la Convención Americana de Derechos Humanos. 4. Que la medida adoptada sea idónea, para cumplir con el fin perseguido. 5. Que sea necesaria, en la medida en que sean absolutamente indispensables para conseguir el fin legítimo, es decir, que el quejoso no impedirá el desarrollo del procedimiento, ni eludirá la acción de la justicia. 6. Que resulte estrictamente proporcional. 7. Además, desde luego, dicha medida cautelar, deberá estar suficientemente motivada, de manera que el Juzgador de amparo pueda evaluar si se ajusta a todo lo anterior (apartados 1 al 6). A efecto de realizar dicho análisis, es necesario indicar los argumentos de cada una de las partes, esgrimidos en la audiencia de revisión de medidas cautelares, de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, celebrada en la causa penal 6176/2022. En principio, la defensa acotó que deseaba que desahogaran en audiencia dos pruebas: una a cargo de una experta en psicología y una testimonial. El Juez responsable, en consecuencia, cuestionó a la agente del Ministerio Público y a la asesoría jurídica de la víctima que si tenían algo que manifestar con relación a esos datos de prueba y tales partes no efectuaron alegación alguna al respecto. Luego, el Juez hizo pasar al testigo ofertado por la defensa del aquí quejoso, de nombre Pedro Alejandro Chávez Tagle, a quien, luego de tomarle sus generales y de protestarlo de conducirse con verdad, fue interrogado. Al cuestionamiento de la defensa, dicha persona respondió que conoce al imputado porque fue en su momento asesor jurídico del Instituto Nacional Electoral y aquél era representante del partido político Encuentro Solidario y que posteriormente lo contrató como abogado para auxiliarlo en su divorcio contencioso con la señora Jaqueline Cardiel; que ese proceso se sumó al equipo de abogados en marzo de dos mil veintiuno y que culminó en junio de ese año; que lo ayudó a denunciar a la pareja de su ex esposa, de nombre Pedro Treviño, tras haberle mencionado el hijo menor de ambos que él lo golpeaba; que Fiscalía, tras estudios practicados al menor, determinó que sí existía un grado de violencia hacia él, por parte de esa persona, de nombre Pedro Treviño, que eso se le presentó al Juez Familiar quien refirió al respecto que el niño debía mantenerse con su padre, el imputado, con quien estuvo de agosto a octubre de dos mil veintiuno; que CECOFAM (Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Chihuahua) informaba incidencias al Juzgado Familiar, que nunca hubo altercado entre Ricardo Isaí y Jaqueline, pues no convivieron; que aunque no es un perito en la materia, que siempre se distinguió por ser buen padre; que el proceso familiar está detenido; que siempre acató las instrucciones del Juzgado Familiar, para poder ver a su hijo. El Juez responsable cuestionó a la agente del Ministerio Público y a la asesoría jurídica de la víctima, sobre si deseaban interrogar al testigo y ambos respondieron en forma negativa. Luego, el Juez hizo pasar a la psicóloga por la defensa del aquí quejoso, de nombre Laura Luz Ramírez Meléndez, a quien, luego de tomarle sus generales y de protestarla de conducirse con verdad, fue interrogada. Al cuestionamiento de la defensa, dicha persona respondió que es psicóloga, maestra en Psicoterapia Humanista y Educación para La Paz, que tiene diplomados en derechos humanos, peritaje y otros entrenamientos; que está adscrita al Instituto de Estudios Psicológicos y Socioeconómicos desde noviembre de dos mil veintidós, y antes de esa fecha, en CECOFAM (Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Chihuahua), donde laboró de noviembre de dos mil dieciocho a noviembre de dos mil veintidós; que sus labores consistían en supervisar convivencias de menores con sus progenitores; que sí recuerda al imputado como usuario de ese centro de convivencia; que recuerda dos periodos de convivencia de enero a abril y de mayo a septiembre (sin indicar año); que convivía con el niño de inicial A, quien tenía cinco o seis años; que lo llevaba a las convivencias su madre o su abuelo materno; que en las convivencias no hubo reporte alguno de que el imputado molestara a la madre del menor, de nombre Jaqueline Cardiel; mientras que ésta demeritaba las cualidades como padre del imputado, que llegaba tarde, que al cuestionarse al niño, como pregunta de rigor a sus llegadas, si deseaba convivir con su padre, la madre intervenía y le decía que si mejor no quería ir a una fiesta o a otro lado; que ella trataba de evitar la convivencia del menor con el imputado; que cesaron convivencias porque ella justificaba sus ausencias o retardo por situaciones médicas de ella o de sus familiares; que a pesar de que se había determinado que el niño pasara quince días, como periodo vacacional, con su padre y el mismo periodo con su madre, que ésta no lo llevó al centro en la temporalidad en que correspondían a su padre, el aquí quejoso; que el protocolo al recibir, se reciben y saludan a las partes, que hay puertas diversas para custodio y conviviente, que se revisa al infante que vaya en buenas condiciones; que hay convivencia 1) en sala y 2) en modalidad "entrega y regreso" donde se le da la confianza al progenitor de convivir fuera del centro; que en primer término se cuestiona al niño si desea convivir; que al regreso igualmente se revisa al niño para ver que esté en buenas condiciones, se entrevista al niño para preguntarle cómo le fue con la convivencia, que al asegurarse de que el infante está bien, se regresa al progenitor o parte que lo custodia, que con ello se realiza un informe y se remite al Juzgado Familiar; que durante las convivencias, notó que siempre fue puntual, cordial, que fue muy receptivo al aceptar sugerencias; que no desacató medida judicial alguna. El Juez responsable cuestionó a la agente del Ministerio Público, sobre si deseaba interrogar a la experta y respondió de forma afirmativa. A los cuestionamientos de la representación social, dicha perito en psicología respondió los periodos de convivencia de enero a abril y de mayo a septiembre, a que había hecho referencia en el cuestionamiento de la defensa, correspondieron al año de de dos mil veintidós; que además de ella, hubo más supervisores que guardaron vínculo con las convivencias del aquí quejoso y su menor hijo A, quienes fueron los licenciados Magdalena Márquez, Luis Gaytán y Lorena de quien no recordó el apellido; que en su mayoría ella atendía los regresos del infante, no la llegada de éste; que hay guardias en cada acceso, que se da prioridad al progenitor que tiene la custodia para que salga de las instalaciones y al otro progenitor se le pide que espere aproximadamente diez minutos, para que no se encuentren. Refirió enseguida que era todo el interrogatorio. Después, el Juez responsable cuestionó al asesor jurídico de la víctima si tenía cuestionamientos y respondió negativamente. Enseguida, dio el Juez responsable la palabra a la defensa, quien cuestionó a la experta si ella supervisaba las convivencias y ésta respondió afirmativamente. La agente del Ministerio Público no agregó más preguntas. Luego, la defensa externó que era deseo del aquí quejoso emitir declaración. El Juez responsable le explicó que declarar es derecho humano del imputado; y le advirtió que lo que dijera podía ser usado en su contra. No obstante esto, el imputado decidió declarar. Ante los cuestionamientos de su defensa, el aquí quejoso externó que antes de ser detenido, se desempeñaba como Coordinador de Prevención del Delito de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Chihuahua, donde estaba a cargo de proyectos sociales de prevención del delito con niños, niñas y adolescentes; que fue asignado en esa posición porque ya había trabajado en una escuela primaria y tenía trato con niños y adolescentes, que lo asignaron con ese puesto porque lo conocían de mucho tiempo en labores sociales; que su deseo siempre fue ver por el bienestar de su hijo, que se divorciaron por diversos motivos y que su ex esposa optó por divorciarse contenciosamente, a pesar de que ya habían pactado hacerlo de forma voluntaria, que finalmente se cambió la vía, hasta que supo de la guardería de su hijo que era golpeado; que su hijo A tiene cinco años cumplidos; que no convive con él desde hace más de un año, desde que su ex esposa no lo llevaba a las convivencias, que ya no respondía llamadas del centro de convivencias, que recibió una amenaza por parte de su hermano en su iglesia, donde habían alrededor de ciento cincuenta personas, que optó por dejarle el tema al Juez Familiar porque, dados los antecedentes y carácter de esa persona, sí creyó que lo fuera a lastimar; que quiere su libertad para poder trabajar y poder tener recursos para demostrar su inocencia, así como ver a su hijo, de quien no sabe nada; que tuvo una cirugía de columna recientemente y que le preocupa esa parte de su salud, pues donde se encuentra recluido no tiene los cuidados que esa intervención precisan; que tiene un domicilio en esta ciudad, a nombre de su madre, donde había permanecido desde que se separó y como domicilio secundario el lugar de su actual esposa, con quien se casó hace un mes, estando privado de su libertad. Concluyó el interrogatorio la defensa. Luego, la agente del Ministerio Público no deseo interrogar; sí el asesor jurídico de la víctima. El aquí quejoso, a los cuestionamientos de éste, externó que trabajó de febrero de dos mil veintidós hasta antes de ser detenido; que antes de trabajar ahí laboró como gerente de plaza de la funeraria "Mausoleos", que en el partido político "Encuentro Solidario", donde era secretario de estrategia electoral. Que conoce a Marisela Sáenz, a quien conoció dentro de ese partido. Concluyó el interrogatorio y las restantes partes externaron su deseo de no agregar más preguntas. Después, la defensa tomó la palabra y ofreció como diverso dato de prueba, el acta de matrimonio celebrado entre el quejoso y su actual esposa; que ésta tiene su domicilio en calle Tito Huizar número 440. Además, el informe de evaluación de riesgo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés por el licenciado Juan Manuel Nevarez Hernández, del Instituto de Servicios Previos al Juicio. Que plasmó en los riesgos, que no encontró con actividad económica actual ni es propietario de un domicilio, pero que ya dijo que vive con sus papás. Que en factores de estabilidad: que ha permanecido tres años en la vivienda familiar, en esta ciudad, que proporcionó domicilio correcto, identificado, no ha vivido en diversa ciudad fuera del Estado, que no tiene pasaporte, que no viaja fuera de la ciudad ni del Estado, cuenta con domicilio secundario el cual fue verificado, no consume drogas. En peligro de obstaculización, en los riesgos, que se detectó que los hechos fueron en el domicilio de la víctima y en factores de estabilidad, no hay registros de amenazas. En cuanto al riesgo para la víctima, que existe una víctima registrada en el proceso, a quien conoce; en factores de estabilidad, que vive lejos de la víctima y que no hay amenazas. Enseguida, la defensa instó que se levantara la medida de prisión preventiva justificada y como segunda petición, que se impusiera al aquí quejoso, diversa medida. La agente del Ministerio Público, ofreció como testigos a Jaqueline Cardiel Cano y a Virginia Cardiel Cano; a lo que el Juez responsable accedió y la hizo pasar; a quien, luego de tomarle sus generales y de protestarla de conducirse con verdad, fue interrogada. Ante los cuestionamientos de la representación social, Jaqueline Cardiel Cano externó que conoce el motivo de la audiencia, que nunca la notificaron; que cree que necesita protección porque después de que se divorciaron tiene una denuncia por violencia familiar porque fue a maltratarla y que fue a decirles a sus hijos que su mamá era una "puta"; que la detención se llevó a cabo porque ella estuvo buscándolo porque no daba respuesta al Ministerio Público, que tenía contactos que se encargaron de rastrearlo, que el imputado se fue a vivir a Chihuahua y después a Ciudad de México y que sólo volvía para ver a su novia; que él la amenazaba y que Marisela Sáenz lo estaba ayudando y que iba a darle "carpetazo" a sus asuntos; que de su trabajo lo trasladaron a Chihuahua y después a Ciudad de México; que no puede revelar quién le dio la información de los movimientos del imputado, que son compañeros de trabajo de él; que en las convivencias tenía una conducta normal y que después la agredía, que por eso se empezaron a llevar las convivencias por medio de CECOFAM (Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Chihuahua); que el imputado la seguía a su casa y a su domicilio; que le da miedo que le puedan cambiar la medida cautelar, que él la amenazó muchas veces, respecto de que conoce a la diputada Marisela Sáenz, así como compañeros suyos de Fiscalía. Terminó el interrogatorio. El asesor de la víctima no formuló preguntas. Luego, a los cuestionamientos de la defensa, Jaqueline Cardiel Cano externó que llevó proceso de divorcio y de convivencias respecto del menor A; primero, dijo que quien dejó de acudir a CECOFAM (Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Chihuahua), fue el imputado; luego, tras lo señalado por la defensa, respecto a que tenían registros que ella fue quien dejó de acudir, acotó "fuimos los dos"; que primero él se presentaba pero que tras la orden de aprehensión dejó de presentarse; que Pedro Treviño es su exnovio, que tiene una denuncia por supuesta violencia en perjuicio de su hijo menor A; que desconoce si Víctor Cardiel, su hermano, tiene una denuncia por parte del aquí quejoso. Terminó el interrogatorio, mismo que tampoco amplió la representación social. Después, se hizo pasar a la siguiente testigo ofrecida por la representación social, de nombre Virginia Cardiel Cano, a quien, luego de que el Juez responsable le tomara sus generales y de protestarla de conducirse con verdad, fue interrogada. Ante los cuestionamientos de la representación social, Virginia Cardiel Cano externó que el imputado sabe cómo manipular a las personas, que es una persona agresiva, que teme por la vida de sus sobrinos y de su hermana, que a sus papás los ha amenazado; que él tiene contactos en la fiscalía, que porque nunca sabían dónde vivía y que no lograban localizarlo. Terminó el interrogatorio. La asesoría jurídica de la víctima no deseó interrogar. Luego, a las preguntas de la defensa, dicha testigo externó que la menor que en apariencia sufrió el ilícito de que se trata, por parte del imputado, estudia en esta ciudad; que ella no aparece como tutora; que amedrentaba a su familia como dos años atrás, de lo cual no interpusieron denuncia; que a ella sí le constaban las vigilancias hacia su hermana; que no sabe de qué era la denuncia que interpuso el imputado respecto al infante A; que le consta que su hermana no dejó de acudir a las convivencias. Terminó el interrogatorio por la representación social. Después, la representación social preguntó a la persona en comento cómo se enteró de esa audiencia y respondió que le dijo su hermana; que se enteró ese día a las siete de la mañana; que no tuvieron tiempo de llevar pruebas de lo que estaba diciendo. Terminó el interrogatorio. Posteriormente, la defensa continuó con las alegaciones y reiteró su deseo de que se le aplicara diversa medida cautelar; dijo que la finalidad de su representado es sujetarse al proceso. Enseguida, la representación social dijo que no se debía tomar en cuenta el informe de evaluación de riesgo de dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés por el licenciado Juan Manuel Nevarez Hernández, del Instituto de Servicios Previos al Juicio; puesto que a las personas que se entrevistaron eran la actual esposa y la madre del imputado. En el rubro "riesgos para la víctima" sólo se tomaron en cuenta los datos proporcionados por la defensora y así se precisó. Además, solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, en atención a los siguientes argumentos: Que en la causa penal 705/2022 por violencia familiar, tres de octubre de dos mil veintidós no se llevó audiencia intermedia, en la cual el imputado, también tiene esa calidad. Que existe peligro de fuga. Que el propio imputado dijo que tendría acceso a su trabajo en la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo que implica un riesgo para las víctimas. Que las víctimas (directa e indirecta) así como sus familiares están en riesgo, en sus integridades y vidas, puesto que el imputado sabe quiénes son, sabe dónde localizarlos y sabe sus domicilios. Que existió casi un año para la detención de la persona, a pesar de que trabajaba en dicha secretaría y sabía de la existencia de tal orden de captura. Que no han variado las condiciones que se tomaron en consideración para imponer la prisión preventiva oficiosa. Que se debe velar por el interés superior del menor. A lo anterior, luego de que el Juez responsable permitiera su intervención, la asesoría jurídica de las víctimas, adujo: Que como dijo la representación social, no han variado las condiciones que se tomaron en consideración para imponer la prisión preventiva oficiosa al imputado. Que el informe de evaluación de riesgos, es parcial. Que existe riesgo para las víctimas. Que puede sustraerse de la acción de la justicia, dado que pasó más de un año sin que se materializara la orden de captura que se emitió en su contra. Después, la defensa, adujo: Que el informe de riesgo era parcial. Que se le giró oficio por parte del licenciado Juan Manuel Nevarez Hernández y que por eso proporcionó la información solicitada (nombre de las víctimas u ofendidos). Que diversas medidas cautelares pueden cumplir con la finalidad de que el imputado quede sujeto al proceso. Respecto de la causa penal que llegó hasta la audiencia intermedia, dijo que no ha continuado debido a la existencia de un juicio de amparo. En cuanto al peligro de fuga, que el imputado dijo que el hermano de Jaqueline lo había amenazado de muerte y que esa es la razón por la cual había estado alejado. Que respecto a que el imputado sabe dónde viven la víctima y la ofendida, que puede imponérsele diversa medida cautelar para evitar que se acerque al inmueble y que ante falla puede aprehendérsele, aunque ella no estima que el imputado la incumpliría. Que sí han variado circunstancias, por el informe, por los documentos que hizo llegar en audiencia, por los testimonios que ofreció y la propia declaración del testigo. Después, el Juez responsable volvió a dar la palabra a la representación social, quien acotó: Que respecto al dictamen, que la persona debió dirigirse a la representación social o a la víctima, no a la defensa. Que sí existe riesgo procesal porque el imputado tardó más de diez meses en ser privado de su libertad, a partir de que se emitió el mandato de captura. Reiteró que el Estado tiene el deber de garantizar el interés superior de la menor víctima. El asesor de la víctima, dijo: Que de cambiarse la medida cautelar se estaría en riesgo de que se atentara contra la víctima o que se alteraran los medios probatorios. Luego, la defensa, únicamente acotó: Que el riesgo procesal de fuga debe sujetarse en circunstancias objetivas y que no sean de mera alegación. Con lo anterior, el Juez de Control responsable cerró el debate y emitió la siguiente determinación, en los siguientes términos: (.) Cerramos debate. Escuchados que han sido los intervinientes, este juzgador cierra el debate y resuelve en los siguientes términos: Es evidente que ha fluido suficiente información en la presente audiencia información que advierto controvertida, que advierto que de acuerdo a este sistema adversarial la naturaleza del control horizontal de la información es precisamente que el final del debate tengamos información de calidad dirigida a este traslado, a este control de las partes, en ese sentido advierto información controvertida, que no me permite tomar una decisión diversa a la que se decretó en un principio, y las razones son las siguientes: este juzgador nunca ha decretado, a pesar de que había una obligación de decretar medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, nunca la decretó aun siendo una ley vigente, siempre la decretó de manera justificada, porque se considera que es la obligación estatal y legal para cualquier tribunal, en ese sentido, la prisión preventiva se decretó en principio de acuerdo al protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género, de acuerdo a las leyes y tratados internacionales, las leyes generales y estatales, para protección a las víctimas y ofendidos; se debe garantizar el acceso a cualquier mujer o cualquier niña o adolescente el acceso a una vida libre de violencia, y principalmente el acceso a una tutela de poder judicial que sea efectiva, este juzgador de igual forma considera que el derecho a la igualdad a las partes se debe garantizar y sí advierto una relación asimétrica de la información que ha fluido en principio desde que este juzgado tomó la causa hasta esta audiencia, sí advierto esta relación asimétrica de esta categoría sospechosa, que me obliga a privilegiar el interés superior de la niña víctima de la presente causa que se dice víctima, respecto de los derechos humanos del ciudadano procesado, debe haber una ponderación adecuada y debe haber un equilibrio en ese sentido. Los derechos humanos tienden a optimizarse de manera ilimitada, únicamente se pueden limitar cuando coalicionen con otro derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia al procesado, el derecho a la libertad que le asiste y a ser tratado como inocente durante todo el proceso, se debe ponderar a la luz también del derecho también que a garantizarle una seguridad a las víctimas a la ofendida incluso, y que esta tutela judicial sea efectiva, pero principalmente medidas especiales de actuación que atiendan a optimizar a este interés superior de los niños. Advierto dos menores en la presente causa, uno victima directa, y otro testigo y ofendido, hijo del procesado, y la intención de este juzgado siempre va a ser no solo darle una prioridad, si no darle un lugar especial a los niños sino tenerlos como piedra rectora, la prioridad en cualquier proceso. En ese sentido, este juzgador quisiera privilegiar la paternidad también las convivencias del menor de inicial A con su padre, sin embargo esto si sería una merma en cuanto a la tutela judicial que se debe garantizar de manera efectiva para la niña, en ese sentido, el tribunal considera que se debe inclinar la balanza a los argumentos que menciona la Agente del ministerio público, si bien se tiene información de que la ofendida obstaculizó las convivencias del procesado con su hijo que dejo de llevar al menor al CECUFAM o centro de convivencias del poder judicial, a través de un juzgado familiar, que no contestaba las llamadas telefónicas, que hacía opiniones negativas de la paternidad y de esto proviene la información de una licenciada que trabaja que realiza sus funciones en otro centro de convivencias y esta información que se toma en consideración. También en control horizontal comparece la propia ofendida y manifiesta que la razones por las cuales dejó de llevar al niño a las convivencias es porque tiene conocimiento de la orden de aprehensión que se había librado, incluso menciona y es una información que de manera objetiva está en la carpeta, los tiempos son evidentes, menciona que se duró cerca de un año en poder localizar al procesado para hiciera frente al proceso, es una información que sí llama la atención a este juzgador, que siendo un integrante de la Secretaria de Seguridad Pública Estatal, tuviera cierta residencia en la Ciudad de México, fluya información por parte del asesor jurídico y de las partes, y las constancias de la carpeta, en estas relaciones de influencias, este juzgador no afirma que existan, pero son indicios que fluyen en la información que este juzgador debe de analizar justipreciar de acuerdo a una crítica racional de lo que acontece, entonces menciona que se pretendía dar "carpetazo", de la terminología que se utilizó, que se entiende coloquialmente como una influencia en los procesos a través de un poder político o de un poder jurídico que no estaría acorde a los márgenes de la legalidad que se debe establecer en los procesos; la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad entre los sujetos procesales, la igualdad entre los derechos humanos es a lo que se debe privilegiar. En ese sentido, menciona la defensa, que esta ausencia del imputado durante cerca de un año, en esta localidad, atiende no a estas cuestiones de poder, sino a unas cuestiones de seguridad ya que había una amenaza de muerte por parte del hermano de la ofendida para respecto al indiciado. Esta es una información que se contrapone que son de imposible aclaración pero lo que este juzgador advierte que tomando en consideración todos estos indicios, en esta etapa del proceso, el modificar la medida cautelar, podría generar alguna alteración, unos riesgos procesales, incluso para la propia seguridad del procesado, el hecho de que esta información fluya y no haya mayor información, mayor debate, mayores documentos, mayores argumentaciones, que permitan a este tribunal decidir lo más favorable, debe de subsistir el derecho a la víctima y a la ofendida, a esta vida libre de violencia, a esta tutela judicial efectiva y principalmente, vuelvo a resaltar, el interés superior de la menor. De manera objetiva este juzgador advierte en el dicho de la niña, se dice víctima, que es lo que debemos de privilegiar en este tipo de delitos, de realización oculta, el dicho de la menor se encuentra robustecido, concatenado a esta etapa del proceso, por una sintomatología psicológica que se advierte en afectaciones por parte de quien se dice en las constancias el agresor, quien es el procesado, la niña menciona, cuestiones que no podría un infante inventar, imaginar sin haberlas experimentado en su persona, y se advierten dichos de la menor que si están robustecidos con demás datos y esto es algo que este juzgador tomó en consideración no solo para la vinculación a proceso al procesado, sino para la medida cautelar, en ese sentido, se considera que si bien la información que proviene del Instituto de Servicios Previos a Juicio es una información que este juzgador la considera objetiva, imparcial, la considera neutral, que proviene de estas instituciones que se conducen de acuerdo a los márgenes de profesionalismo, a los márgenes de objetividad y de lealtad, de buena fe, una institución seria que realizan sus opiniones, de acuerdo a la información que advierten, si bien se pueden tomar en consideración que no existiera un riesgo de fuga, un riesgo de obstaculización, un riesgo de alterar los medios de convicción, sí considera este juzgador como lo mencionó al principio, que debe prevalecer el interés superior de la niña, y aun así del diverso menor que está involucrado en el presente asunto. Estas condenas al estado mexicano por la prisión preventiva oficiosa o por la violación al derecho a la libertad por cuestiones que se decreten como medidas cautelares, únicamente por la pretensión delictiva, no fue la determinación de este juzgador, he mencionado que la determinación se tomó de acuerdo a una justipreciación global de todo el contexto de la causa; de igual forma, el contexto lo advierto no solo por el dicho de la menor y su categoría vulnerable, de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino todas las cuestiones que son indicadores de una evaluación asimétrica, como pueden ser esta influencia política, este acceso a los cuerpos de seguridad pública estatal por parte del ciudadano, la posibilidad de fuga, la posibilidad de sustracción, la posibilidad de obstaculización del proceso, y vuelvo a resaltar en esta etapa en la que nos encontramos, en la que está por cerrarse la investigación judicializada, está por pasarse a la siguiente etapa que es una audiencia intermedia, considera el tribunal que lo más prudente es que subsista la medida cautelar de prisión preventiva y así se ordena en este acto, resolución que puede ser recurrida por las partes para que un tribunal superior en grado, de acuerdo a los agravios que presenten, pueda confirmar mi determinación, o también podría modificarla o revocarla. En ese sentido este juzgador considera, que hasta esta tesitura del proceso, lo más sano, lo más prudente, es garantizar la seguridad del procesado, aun en el Centro Penitenciario, por las amenazas que se han mencionado, garantizar el acceso a la tutela judicial de la menor y de la ofendida, este protocolo para juzgar con perspectiva de género, como medidas especiales de actuación, para garantizar el interés superior, considera este juzgador, que en esta etapa del proceso, la variación de la medida cautelar, puede generar que se altere la prueba que se va a desahogar o que se puede desahogar, que se debe desahogar en la eventual audiencia de debate, ya que este juzgador advierte de una manera objetiva que no existiría una posibilidad de mecanismo de aceleración hasta este momento, y que se van a continuar con las etapas procesales, para continuar, para garantizar estas finalidades del proceso, que cuáles son, conocer la verdad histórica de los hechos, procurar que los delitos no queden impunes, también proteger las personas inocentes, y a las víctimas garantizarles esta reparación del daño, esta tutela judicial, entonces considera este juzgador que hasta este momento, la información que se toma en consideración, pero vuelve a prevalecer este interés superior de la niña, debe prevalecer lo que la Suprema Corte ordena para juzgar en el protocolo con perspectiva de género, y principalmente lo que he mencionado de una tutela judicial que sea efectiva para la niña y la ofendida, considera el tribunal que estas son las principales razones de hecho y derecho para negar la modificación en la medida cautelar y vuelvo a resaltar que existe el derecho procesal de las partes para recurrir la determinación de este juez de primera instancia, siendo esta la resolución a la petición de la defensa técnica, tiene el uso de la voz por si hubiera petición diversa (.) Pues bien, una vez referido el debate, así como la decisión del Juez de Control responsable, se procede a revisar la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, al aquí quejoso, conforme a la metodología indicada líneas arriba. En principio, se cumple con lo señalado en los numerales 1 y 2, pues en la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veintidós, se refirió que en la causa penal 6176/2022, de la que deriva el acto reclamado, se ventilan hechos considerados por la ley como delito (violación agravada [previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 172, fracción I y último párrafo, con relación al diverso 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua]); además, se estableció la relación que el aquí quejoso, tiene con esos hechos (desde luego en grado de probabilidad), pues precisamente por los mismos, se le dictó auto de vinculación a proceso. Continuando con el test de proporcionalidad, de la argumentación expuesta por el Juez de Control responsable, sí se desprende que la finalidad de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, es la de proteger a la (aparente) menor víctima y asegurar la observancia del interés superior que le asiste (debido a las razones que más delante se indicarán), lo que es acorde con el artículo 153 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pero además, es acorde con el artículo 7.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en tanto prevé que nadie puede ser privado de la libertad personal, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, lo cual, a su vez, es acorde con el citado artículo 19, segundo párrafo, primera parte, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el citado artículo 155, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, de modificarse la medida cautelar de prisión preventiva, como acertadamente refirió el Juez de la causa, podría generar riesgos procesales, incluso para la propia seguridad del procesado, quien se dijo, fue amenazado de muerte por el hermano de su ex esposa; asimismo, se estima acertada la ponderación de subsistencia del derecho a la víctima y la ofendida, a una vida libre de violencia, una tutela judicial efectiva y sobre todo, al interés superior de la menor víctima. Así, como acotó, el dicho de la menor se encuentra robustecido, concatenado a esa etapa del proceso, por una sintomatología psicológica que derivó en diversas afectaciones por parte de quien se dice en las constancias el agresor, quien es el procesado, alegaciones que están robustecidas con los demás datos de prueba que fueron aportados por las partes. Pero además, como lo expuso el Juez de Control responsable, la menor tiene la categoría vulnerable, de acuerdo al Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Género y es palpable del contexto del proceso de origen, concluir objetivamente una relación asimétrica de poder respecto del imputado, aquí quejoso, como puede ser la influencia política que se dice que tiene éste, el acceso a los cuerpos de seguridad pública estatal, la posibilidad de fuga, la posibilidad de sustracción y la posibilidad de obstaculización del proceso, pues, destacó que transcurrió casi un año para que se cristalizara en su contra, la orden de captura que fue previamente emitida. Ahora bien, también se estima que la medida cautelar de prisión preventiva que el Juez de Control responsable impuso al aquí quejoso, es estrictamente proporcional con los hechos que se ventilan en la causa penal que se le sigue. Al respecto esta Juzgadora de amparo, estima necesario indicar que si bien el quejoso, como cualquier persona imputada, en principio, tiene derecho a llevar el procedimiento en libertad, también lo es que ese derecho debe ponderarse en relación con la posible afectación al interés social, y al realizar tal ejercicio, se advierte que no existe medida diversa que resulte más idónea o proporcional, por las razones que han sido asentadas. Por lo tanto, al resultar constitucional y convencional, la medida de prisión preventiva justificada impuesta al quejoso, así como al ser la idónea para obtener la finalidad que se persigue, necesaria y proporcional, además de que, en un análisis preliminar de la decisión del Juez de Control en el sentido de imponer al quejoso dicha medida cautelar, se advierte que tal decisión está fundada y motivada, pero además, al ponderar la apariencia del buen derecho y el interés social, así como el interés superior de quien se dice, es víctima del ilícito, resultando de mayor relevancia ésto último, lo procedente es negar la suspensión definitiva. Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: Por lo expuesto y fundado, en términos del artículo 146 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se niega la suspensión definitiva a ********************, por las razones señaladas en el último considerando de esta resolución incidental. Notifíquese por lista electrónica; por oficio a la autoridad responsable. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.RJVM / JAIP
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