Ricardo Melchor Cano Martín y Otros.
Expediente 379/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 29 actuaciones registradas, la última del 2 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 29
- Última actuación
- 02/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo Melchor Cano Martín y Otros.
- Ricardo Melchor Cano Martín
Actuaciones
Las 4 más recientes de 29.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de marzo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra de la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintidós, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. El presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió el amparo y protección de la justicia federal. Esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Finalmente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los siguientes noventa días, este órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere el titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LOS TERCEROS INTERESADOS EL ACUERDO DE FECHA VEINTISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDOS, EL CUAL A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vistos los autos, se procede a revisar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo indirecto 379/2021-II, promovido por *******, por sí y en representación de su menor hija cuyo nombre tiene las iniciales *******, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Considerando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el mismo día, *******, por sí y en representación de su menor hija cuyo nombre tiene las iniciales *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: La resolución emitida en audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual se determinó que no era procedente pronunciarse respecto a la medida de protección instada (separación de la infanta ******* del domicilio de su madre), bajo el argumento de que tal determinación le corresponde al Juez familiar que lleva el juicio de guarda y custodia y que no puede invadir su competencia. Segundo. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se mandó aclarar la demanda de amparo; y una vez acatada la prevención, en proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y el veintinueve de octubre de tal anualidad se emitió la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, por sí y en representación de su menor hija cuyo nombre tiene las iniciales *******, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Tercero. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Dado que ninguna de las partes se inconformó con la resolución definitiva, por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria, por lo que, en la propia fecha se requirió el cumplimiento del fallo protector en los siguientes términos: I. Deje insubsistente, de la resolución emitida en audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual determinó no pronunciarse en torno a la medidas de protección que le fue instada en favor de la menor quejosa, *******; desde la última determinación ahí tomada, que es la decisión que emitió en el caso, hasta el momento en que las partes terminan sus intervenciones en el debate relativo; quedando a salvo la totalidad de manifestaciones vertidas previo a la emisión propiamente de la resolución, incluso, obvio es, la orden que emitió de girar oficios a las dependencias que indicó para que fueran designados asesores para la representación en la causa penal de origen, de la quejosa menor de edad. II. Parta de la premisa de que la parte solicitante le instó la aplicación de la medida de protección contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la separación inmediata de la infanta, del domicilio de su madre. III. Inste al asesor o asesores de la menor víctima, que ordenó fueran designados, a efecto de que comparezcan a la citada audiencia; para lo cual, podrá solicitar a las partes, impongan a ese profesional sobre el contexto del caso concreto, o cuestionarlos con ese objeto; asimismo, dé oportunidad al asesor o asesores de la menor víctima, que expongan lo que a su derecho corresponda, abriendo el debate en torno a lo que éstos manifiesten, o las demás partes; hasta que obtenga toda la información que estime atinente para emitir su resolución. IV. Por último, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente, de manera fundada y motivada, para lo cual, debe atender a las consideraciones expuestas a lo largo de esta sentencia en cuanto al interés superior del menor; y, concluya negar la medida de protección propuesta (como el equivalente a "cancelar"), sustituir la propuesta por una que se estimara más idónea (como el equivalente a "modificar") o conceda la medida propuesta (como el equivalente a "ratificar"). Cuarto. Determinaciones emitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, hizo del conocimiento de este juzgado lo siguiente: -Que dejó insubsistente la resolución emitida en audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno. -Y en su lugar, determinó a través de resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, la medida de protección consistente en la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima de iniciales A.I.C.P., a cargo exclusivamente de la imputada, *******. Audiencia de la cual remitió este a juzgado copia certificada de su respectivo audio y video. Constancias a la que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Quinto. Vista a las partes. En proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. En torno a tal vista, la aquí quejosa refirió que no se encontraba cumplido el fallo protector, porque a su parecer, esencialmente, la medida que debía aplicarse era la contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la separación inmediata de la infanta, del domicilio de su madre; no la diversa que estimó viable el Juez responsable, contemplada en la diversa fracción I del aducido numeral. Además, en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a los aquí terceros interesados (agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y Delitos que atentan contra el cumplimiento de la Obligación Alimentaria, que interviene en la causa ordinaria *******, ******* y *******), con tales constancias y disco compacto, con sustento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, previamente invocado, a efecto de que manifestaran en el periodo ya aludido lo que a sus intereses conviniera, sin que se hayan pronunciado al respecto. Sexto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tanto del oficio remitido por la autoridad y de la videograbación de la audiencia, se advierte que el Juez responsable, en audiencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en primer lugar, dejó insubsistente la audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno emitida en autos de la causa penal *******; y en su lugar partió de la premisa de que la parte solicitante (padre de la menor víctima, aquí quejoso) le instó la aplicación de la medida de protección contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la separación inmediata de la infante, del domicilio de su madre. Enseguida, dio el uso de la voz a los asesores de la menor víctima, licenciados ******* y ******* -que ordenó en la audiencia previa ya referida, fueran así designados en su favor- a efecto de obtener la información necesaria para emitir nuevamente una resolución en los parámetros establecidos en la ejecutoria de amparo, con el objeto de que efectuaran las manifestaciones que estimaran atinentes; coincidiendo ambos en la inviabilidad de la medida instada de separación de la niña del domicilio de su madre. Para ello, la asesora de la menor víctima ******* señaló que la evaluación psicológica de la madre de la menor, de nombre *******, practicada el doce de abril de dos mil veintiuno por la licenciada *******, psicóloga adscrita a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, arrojó que aquélla, no mostraba indicadores de patologías de tendencias agresivas o factores que pudieran ser consideradas de riesgo para la niña aquí quejosa; por lo que estimó que no había riesgo alguno de que ésta continuara viviendo en el domicilio de su madre, la señora *******. En audiencia, tal profesional entregó a las partes constancia de dicho dictamen psicológico, al referir que recién le había sido dado momentos antes de dicha audiencia. Por su parte, *******, también asesor jurídico de la menor víctima, aquí quejosa, se sumó a las manifestaciones de la diversa profesional y añadió que separar a la infanta del domicilio donde se encuentra -que fue, dicho sea de paso, fue el determinado por la Jueza Segundo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en el juicio *******, al resolver en definitiva sobre la guarda y custodia de la menor de nombre cuyas iniciales son *******, en favor de su madre, *******- le podría provocar afectaciones. Enseguida, se dio el uso de la voz al aquí quejoso, ******* y a su asesor jurídico; quienes aludieron sucintamente, en lo que aquí interesa, su reiteración de la solicitud de la medida de protección en cuestión, esto es, la contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la separación inmediata de la infante, del domicilio de su madre. Además, indicaron que cuando el aquí quejoso, *******, tiene convivencia remota con la menor, se ha percatado de que la infanta las realiza desde la casa de la abuela, la imputada en la causa penal de origen, *******. Asimismo, adujeron que la menor, aparentemente, sufre violencia por parte de sus hermanas, dentro del domicilio de su madre, donde reside. En suma a lo anterior, hicieron referencia al informe en materia de medicina elaborado por el doctor ******* en el que la niña víctima se dolió de agresiones por parte de su abuela, la imputada *******. Continuado el debate con el resto de las partes, dando en tres ocasiones a cada uno oportunidad de réplica y concluido el debate, enseguida, el Juez responsable, instó a las partes para que efectuaran una reseña de la materia de dicha audiencia. Efectuado ello, dictaminó en favor de la menor víctima la medida de protección consistente en la prohibición a la imputada *******, de acercarse o comunicarse con aquélla, esto es, estimó viable sustituir la propuesta (separación inmediata de la infanta, del domicilio de su madre) por una que se estimó más idónea, contemplada en la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para arribar a dicha conclusión, el Juez responsable, primero, comenzó por destacar que, efectivamente, existe un riesgo para la menor víctima, aquí quejosa, pues refirió que la abuela de la menor, de nombre *******, fue vinculada a proceso ante la probable comisión del delito de violencia familiar en perjuicio de aquélla, lo que constituye -en grado de probabilidad- un riego en perjuicio de la menor de quien tiene la guarda y custodia su madre y a quien suele visitar la imputada, abuela materna de la menor. Por otro lado, el Juez responsable indicó que la Jueza Segundo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informó en este juicio de amparo biinstancial -tal como se precisó en la sentencia emitida en este asunto- que en el juicio *******, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, resolvió en definitiva sobre la guarda y custodia de la menor de nombre cuyas iniciales son *******, otorgándola en favor de su madre, *******; determinación en contra de la cual, el aquí quejoso, *******, padre de la menor en cita, interpuso recurso de apelación; respecto al cual, la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos ordenó revocar su admisión, por estimar que fue extemporáneo. De modo que, reiteró, que aunque existe un riesgo para la menor víctima, no es por parte de su madre, sino por parte de su abuela, la imputada de nombre *******, quien fue vinculada a proceso en la causa penal ya indicada, precisamente ante la probabilidad de que hubiera ejercido violencia en contra de la citada niña. Con relación al informe en materia de medicina (elaborado por el doctor ******* en el que la víctima se dolió de agresiones por parte de su abuela, la imputada *******) invocado por el aquí quejoso, *******, y su asesor jurídico, destacó el Juez responsable que tal pronunciamiento de agresiones efectuado por la menor, no era respecto a su madre -quien tiene su guarda y custodia definitiva- sino únicamente de la aludida imputada. Asimismo, refirió el Juez responsable, en cuanto a lo señalado por el aquí quejoso y su asesor jurídico, de que se había percatado aquél de que en las videoconferencias a través de las cuales convive con la menor quejosa, que ésta se conectaba desde la casa de su abuela, que es ahí donde debe enfocarse su decisión; e indicó que no se ventiló en el debate información suficiente para estimar que la madre de la niña de nombre, representaba un peligro para ésta. En consecuencia, indicó que para estimar el riesgo inminente que existe para la menor con relación a la imputada (su abuela), no tomó en cuenta el informe en materia en psicología invocado por la asesora jurídica de la víctima; ello, atendiendo a que el asesor de ******* (aquí quejoso) indicó que no tenía conocimiento del mismo; empero, destacó que a pesar de dicha exclusión, considerando en su integridad la totalidad de información con que contaba en ese momento, ésta era suficiente para estimar que la imputada *******, implicaba un riesgo para la niña, no así la madre de la menor, *******, quien incluso es víctima indirecta. Señaló el Juez responsable que no pasó por alto que ******* (aquí quejoso) haya aducido que refirió amenazas en las que estaba involucrada la señora *******, ni las manifestaciones de que se dolió ésta última en torno a ello, ni lo acotado por la imputada quien aludió que el referido quejoso aparentemente suele portar armas; pues reiteró el Juez responsable que el análisis materia de esa audiencia (y del cumplimiento del fallo protector emitido en este asunto) versaba -exclusivamente- sobre el riesgo que pudiera presentar la integridad de la menor víctima, no sobre tales cuestiones, respecto a las cuales existen diversas carpetas de investigación. Indicó luego que atendiendo al status quo de la menor quejosa, procurando lo más benéfico para ella, que no advirtió que se hubiere expuesto en dicha audiencia ni en la previa -de la que quedaron subsistentes, entre otros aspectos, las manifestaciones efectuadas por las partes ahí presentes- elementos bastantes para atender a la petición de su separación del domicilio de la madre. Por ende, el Juez responsable, atendiendo a la cuestión planteada y por tales razonamientos, con plenitud de jurisdicción, impuso en favor de la infanta la medida de protección contemplada en la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sustituyendo así (como equivalente a "modificar") la medida instada (de separación del domicilio de la madre) por estimar aquélla la más idónea y benéfica para la menor quejosa, en razón de las particularidades del caso que le fueron sometidas a su intelección. Esto es, en lugar de otorgar en favor de tal menor la medida de separación, contemplada en la fracción III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue solicitada por el padre de aquélla, aquí quejoso; el Juez responsable, por estimarla más idónea de acuerdo a los argumentos que expuso, dio en favor de la infanta la contemplada en la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a la prohibición de ******* de acercarse o comunicarse con la víctima. Por ende, ante lo anterior, se estima cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Tal aseveración, ya que, primero, el Juez responsable, como se expuso, dejó insubsistente, de la resolución emitida en audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual determinó no pronunciarse en torno a la medidas de protección que le fue instada en favor de la menor quejosa, *******; desde la última determinación ahí tomada, que es la decisión que emitió en el caso, hasta el momento en que las partes terminan sus intervenciones en el debate relativo; quedando a salvo la totalidad de manifestaciones vertidas previo a la emisión propiamente de la resolución, incluso la orden que emitió de girar oficios a las dependencias que indicó para que fueran designados asesores para la representación en la causa penal de origen, de la quejosa menor de edad. Hecho ello, partió de la premisa de que la parte solicitante le instó la aplicación de la medida de protección contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la separación inmediata de la infanta, del domicilio de su madre. Además, comparecieron a dicha audiencia los licenciados ******* y *******, asesores jurídicos de la niña, que ordenó fueran designados con esa calidad; asimismo, solicitó a las partes que refirieran los elementos torales sobre el contexto del caso concreto; además dio oportunidad a tales profesionales de se pronunciaran en torno a la medida solicitada, abriendo el debate al respecto a todas las partes, para lo cual les dio oportunidad de replicar en tres rondas. Por último, con plenitud de jurisdicción, resolvió de manera fundada y motivada lo conducente, en torno a la medida de protección instada, es decir, la medida de separación, contemplada en la fracción III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en lugar de otorgarla, concluyó sustituirla por una que estimó más idónea (como el equivalente a "modificar"): la contemplada en la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para efecto de otorgar claridad a lo anterior, se estima atinente invocar el contenido del referido numeral: Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. (.) Aunado a lo previo, es pertinente precisar -tal como se resaltó en la sentencia emitida en este asunto- que este Juzgado Federal no prejuzgó sobre los datos que derivan de los antecedentes del acto aquí reclamado, ni si resultaba procede o no, la necesidad de aplicación de alguna de las medidas de protección contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, como también se destacó en el fallo protector, se encontraban expeditas las facultades del Juez responsable para decidir lo que en derecho correspondiera, de acuerdo a los efectos arribados en el mismo; lo cual, se estima, así sucedió. Por lo que, como se anunció, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 379/2021-II ha quedado cumplida. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como a las terceras interesadas ******* y *******; vía correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público tercero interesado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiséis de enero de dos mil veintidós. Vistos los autos, se procede a revisar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el juicio de amparo indirecto 379/2021-II, promovido por *******, por sí y en representación de su menor hija cuyo nombre tiene las iniciales *******, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Considerando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el mismo día, *******, por sí y en representación de su menor hija cuyo nombre tiene las iniciales *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quien reclamó lo siguiente: La resolución emitida en audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual se determinó que no era procedente pronunciarse respecto a la medida de protección instada (separación de la infanta ******* del domicilio de su madre), bajo el argumento de que tal determinación le corresponde al Juez familiar que lleva el juicio de guarda y custodia y que no puede invadir su competencia. Segundo. Tramitación de la demanda. Mediante auto de veinticinco de mayo de dos mil veintiuno, se mandó aclarar la demanda de amparo; y una vez acatada la prevención, en proveído de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, se solicitó informe justificado a la autoridad señalada como responsable, se ordenó emplazar a los terceros interesados, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, y el veintinueve de octubre de tal anualidad se emitió la sentencia correspondiente, en la que se determinó lo siguiente: Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, por sí y en representación de su menor hija cuyo nombre tiene las iniciales *******, en contra de la autoridad que señaló en este juicio como responsable, por las razones expuestas en el considerando quinto de esta sentencia, para los efectos precisados en el mismo, in fine. Tercero. Determinación por la que causa ejecutoria la sentencia. Dado que ninguna de las partes se inconformó con la resolución definitiva, por auto de uno de diciembre de dos mil veintiuno causó ejecutoria, por lo que, en la propia fecha se requirió el cumplimiento del fallo protector en los siguientes términos: I. Deje insubsistente, de la resolución emitida en audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual determinó no pronunciarse en torno a la medidas de protección que le fue instada en favor de la menor quejosa, *******; desde la última determinación ahí tomada, que es la decisión que emitió en el caso, hasta el momento en que las partes terminan sus intervenciones en el debate relativo; quedando a salvo la totalidad de manifestaciones vertidas previo a la emisión propiamente de la resolución, incluso, obvio es, la orden que emitió de girar oficios a las dependencias que indicó para que fueran designados asesores para la representación en la causa penal de origen, de la quejosa menor de edad. II. Parta de la premisa de que la parte solicitante le instó la aplicación de la medida de protección contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la separación inmediata de la infanta, del domicilio de su madre. III. Inste al asesor o asesores de la menor víctima, que ordenó fueran designados, a efecto de que comparezcan a la citada audiencia; para lo cual, podrá solicitar a las partes, impongan a ese profesional sobre el contexto del caso concreto, o cuestionarlos con ese objeto; asimismo, dé oportunidad al asesor o asesores de la menor víctima, que expongan lo que a su derecho corresponda, abriendo el debate en torno a lo que éstos manifiesten, o las demás partes; hasta que obtenga toda la información que estime atinente para emitir su resolución. IV. Por último, con plenitud de jurisdicción, resuelva lo conducente, de manera fundada y motivada, para lo cual, debe atender a las consideraciones expuestas a lo largo de esta sentencia en cuanto al interés superior del menor; y, concluya negar la medida de protección propuesta (como el equivalente a "cancelar"), sustituir la propuesta por una que se estimara más idónea (como el equivalente a "modificar") o conceda la medida propuesta (como el equivalente a "ratificar"). Cuarto. Determinaciones emitidas por la autoridad responsable para dar cumplimiento al fallo protector. Por auto de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, la autoridad responsable, Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, hizo del conocimiento de este juzgado lo siguiente: -Que dejó insubsistente la resolución emitida en audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno. -Y en su lugar, determinó a través de resolución de seis de diciembre de dos mil veintiuno, la medida de protección consistente en la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima de iniciales A.I.C.P., a cargo exclusivamente de la imputada, *******. Audiencia de la cual remitió este a juzgado copia certificada de su respectivo audio y video. Constancias a la que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición de su artículo 2°. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en el disco compacto de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Quinto. Vista a las partes. En proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dio vista a la parte quejosa para que dentro del término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera respecto del cumplimiento a la sentencia de amparo, apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna, se procedería a resolver acerca de dicho cumplimiento. En torno a tal vista, la aquí quejosa refirió que no se encontraba cumplido el fallo protector, porque a su parecer, esencialmente, la medida que debía aplicarse era la contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la separación inmediata de la infanta, del domicilio de su madre; no la diversa que estimó viable el Juez responsable, contemplada en la diversa fracción I del aducido numeral. Además, en auto de treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno, se ordenó dar vista a los aquí terceros interesados (agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y Delitos que atentan contra el cumplimiento de la Obligación Alimentaria, que interviene en la causa ordinaria *******, ******* y *******), con tales constancias y disco compacto, con sustento en el numeral 196 de la Ley de Amparo, previamente invocado, a efecto de que manifestaran en el periodo ya aludido lo que a sus intereses conviniera, sin que se hayan pronunciado al respecto. Sexto. Examen sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria federal. Se procede a revisar oficiosamente el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida dentro del presente asunto, tomando en cuenta los elementos que existen en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Tanto del oficio remitido por la autoridad y de la videograbación de la audiencia, se advierte que el Juez responsable, en audiencia de seis de diciembre de dos mil veintiuno, en primer lugar, dejó insubsistente la audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno emitida en autos de la causa penal *******; y en su lugar partió de la premisa de que la parte solicitante (padre de la menor víctima, aquí quejoso) le instó la aplicación de la medida de protección contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la separación inmediata de la infante, del domicilio de su madre. Enseguida, dio el uso de la voz a los asesores de la menor víctima, licenciados ******* y ******* -que ordenó en la audiencia previa ya referida, fueran así designados en su favor- a efecto de obtener la información necesaria para emitir nuevamente una resolución en los parámetros establecidos en la ejecutoria de amparo, con el objeto de que efectuaran las manifestaciones que estimaran atinentes; coincidiendo ambos en la inviabilidad de la medida instada de separación de la niña del domicilio de su madre. Para ello, la asesora de la menor víctima ******* señaló que la evaluación psicológica de la madre de la menor, de nombre *******, practicada el doce de abril de dos mil veintiuno por la licenciada *******, psicóloga adscrita a la Subprocuraduría de Protección Auxiliar de la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, arrojó que aquélla, no mostraba indicadores de patologías de tendencias agresivas o factores que pudieran ser consideradas de riesgo para la niña aquí quejosa; por lo que estimó que no había riesgo alguno de que ésta continuara viviendo en el domicilio de su madre, la señora *******. En audiencia, tal profesional entregó a las partes constancia de dicho dictamen psicológico, al referir que recién le había sido dado momentos antes de dicha audiencia. Por su parte, *******, también asesor jurídico de la menor víctima, aquí quejosa, se sumó a las manifestaciones de la diversa profesional y añadió que separar a la infanta del domicilio donde se encuentra -que fue, dicho sea de paso, fue el determinado por la Jueza Segundo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, en el juicio *******, al resolver en definitiva sobre la guarda y custodia de la menor de nombre cuyas iniciales son *******, en favor de su madre, *******- le podría provocar afectaciones. Enseguida, se dio el uso de la voz al aquí quejoso, ******* y a su asesor jurídico; quienes aludieron sucintamente, en lo que aquí interesa, su reiteración de la solicitud de la medida de protección en cuestión, esto es, la contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistente en la separación inmediata de la infante, del domicilio de su madre. Además, indicaron que cuando el aquí quejoso, *******, tiene convivencia remota con la menor, se ha percatado de que la infanta las realiza desde la casa de la abuela, la imputada en la causa penal de origen, *******. Asimismo, adujeron que la menor, aparentemente, sufre violencia por parte de sus hermanas, dentro del domicilio de su madre, donde reside. En suma a lo anterior, hicieron referencia al informe en materia de medicina elaborado por el doctor ******* en el que la niña víctima se dolió de agresiones por parte de su abuela, la imputada *******. Continuado el debate con el resto de las partes, dando en tres ocasiones a cada uno oportunidad de réplica y concluido el debate, enseguida, el Juez responsable, instó a las partes para que efectuaran una reseña de la materia de dicha audiencia. Efectuado ello, dictaminó en favor de la menor víctima la medida de protección consistente en la prohibición a la imputada *******, de acercarse o comunicarse con aquélla, esto es, estimó viable sustituir la propuesta (separación inmediata de la infanta, del domicilio de su madre) por una que se estimó más idónea, contemplada en la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para arribar a dicha conclusión, el Juez responsable, primero, comenzó por destacar que, efectivamente, existe un riesgo para la menor víctima, aquí quejosa, pues refirió que la abuela de la menor, de nombre *******, fue vinculada a proceso ante la probable comisión del delito de violencia familiar en perjuicio de aquélla, lo que constituye -en grado de probabilidad- un riego en perjuicio de la menor de quien tiene la guarda y custodia su madre y a quien suele visitar la imputada, abuela materna de la menor. Por otro lado, el Juez responsable indicó que la Jueza Segundo de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, informó en este juicio de amparo biinstancial -tal como se precisó en la sentencia emitida en este asunto- que en el juicio *******, el diecisiete de agosto de dos mil veintiuno, resolvió en definitiva sobre la guarda y custodia de la menor de nombre cuyas iniciales son *******, otorgándola en favor de su madre, *******; determinación en contra de la cual, el aquí quejoso, *******, padre de la menor en cita, interpuso recurso de apelación; respecto al cual, la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos ordenó revocar su admisión, por estimar que fue extemporáneo. De modo que, reiteró, que aunque existe un riesgo para la menor víctima, no es por parte de su madre, sino por parte de su abuela, la imputada de nombre *******, quien fue vinculada a proceso en la causa penal ya indicada, precisamente ante la probabilidad de que hubiera ejercido violencia en contra de la citada niña. Con relación al informe en materia de medicina (elaborado por el doctor ******* en el que la víctima se dolió de agresiones por parte de su abuela, la imputada *******) invocado por el aquí quejoso, *******, y su asesor jurídico, destacó el Juez responsable que tal pronunciamiento de agresiones efectuado por la menor, no era respecto a su madre -quien tiene su guarda y custodia definitiva- sino únicamente de la aludida imputada. Asimismo, refirió el Juez responsable, en cuanto a lo señalado por el aquí quejoso y su asesor jurídico, de que se había percatado aquél de que en las videoconferencias a través de las cuales convive con la menor quejosa, que ésta se conectaba desde la casa de su abuela, que es ahí donde debe enfocarse su decisión; e indicó que no se ventiló en el debate información suficiente para estimar que la madre de la niña de nombre, representaba un peligro para ésta. En consecuencia, indicó que para estimar el riesgo inminente que existe para la menor con relación a la imputada (su abuela), no tomó en cuenta el informe en materia en psicología invocado por la asesora jurídica de la víctima; ello, atendiendo a que el asesor de ******* (aquí quejoso) indicó que no tenía conocimiento del mismo; empero, destacó que a pesar de dicha exclusión, considerando en su integridad la totalidad de información con que contaba en ese momento, ésta era suficiente para estimar que la imputada *******, implicaba un riesgo para la niña, no así la madre de la menor, *******, quien incluso es víctima indirecta. Señaló el Juez responsable que no pasó por alto que ******* (aquí quejoso) haya aducido que refirió amenazas en las que estaba involucrada la señora *******, ni las manifestaciones de que se dolió ésta última en torno a ello, ni lo acotado por la imputada quien aludió que el referido quejoso aparentemente suele portar armas; pues reiteró el Juez responsable que el análisis materia de esa audiencia (y del cumplimiento del fallo protector emitido en este asunto) versaba -exclusivamente- sobre el riesgo que pudiera presentar la integridad de la menor víctima, no sobre tales cuestiones, respecto a las cuales existen diversas carpetas de investigación. Indicó luego que atendiendo al status quo de la menor quejosa, procurando lo más benéfico para ella, que no advirtió que se hubiere expuesto en dicha audiencia ni en la previa -de la que quedaron subsistentes, entre otros aspectos, las manifestaciones efectuadas por las partes ahí presentes- elementos bastantes para atender a la petición de su separación del domicilio de la madre. Por ende, el Juez responsable, atendiendo a la cuestión planteada y por tales razonamientos, con plenitud de jurisdicción, impuso en favor de la infanta la medida de protección contemplada en la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, sustituyendo así (como equivalente a "modificar") la medida instada (de separación del domicilio de la madre) por estimar aquélla la más idónea y benéfica para la menor quejosa, en razón de las particularidades del caso que le fueron sometidas a su intelección. Esto es, en lugar de otorgar en favor de tal menor la medida de separación, contemplada en la fracción III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que fue solicitada por el padre de aquélla, aquí quejoso; el Juez responsable, por estimarla más idónea de acuerdo a los argumentos que expuso, dio en favor de la infanta la contemplada en la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, relativa a la prohibición de ******* de acercarse o comunicarse con la víctima. Por ende, ante lo anterior, se estima cumplida la ejecutoria de amparo emitida en este asunto. Tal aseveración, ya que, primero, el Juez responsable, como se expuso, dejó insubsistente, de la resolución emitida en audiencia de veinte de mayo de dos mil veintiuno, a través de la cual determinó no pronunciarse en torno a la medidas de protección que le fue instada en favor de la menor quejosa, *******; desde la última determinación ahí tomada, que es la decisión que emitió en el caso, hasta el momento en que las partes terminan sus intervenciones en el debate relativo; quedando a salvo la totalidad de manifestaciones vertidas previo a la emisión propiamente de la resolución, incluso la orden que emitió de girar oficios a las dependencias que indicó para que fueran designados asesores para la representación en la causa penal de origen, de la quejosa menor de edad. Hecho ello, partió de la premisa de que la parte solicitante le instó la aplicación de la medida de protección contemplada en el artículo 137, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, es decir, la separación inmediata de la infanta, del domicilio de su madre. Además, comparecieron a dicha audiencia los licenciados ******* y *******, asesores jurídicos de la niña, que ordenó fueran designados con esa calidad; asimismo, solicitó a las partes que refirieran los elementos torales sobre el contexto del caso concreto; además dio oportunidad a tales profesionales de se pronunciaran en torno a la medida solicitada, abriendo el debate al respecto a todas las partes, para lo cual les dio oportunidad de replicar en tres rondas. Por último, con plenitud de jurisdicción, resolvió de manera fundada y motivada lo conducente, en torno a la medida de protección instada, es decir, la medida de separación, contemplada en la fracción III del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales; y en lugar de otorgarla, concluyó sustituirla por una que estimó más idónea (como el equivalente a "modificar"): la contemplada en la fracción I del artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para efecto de otorgar claridad a lo anterior, se estima atinente invocar el contenido del referido numeral: Artículo 137. Medidas de protección El Ministerio Público, bajo su más estricta responsabilidad, ordenará fundada y motivadamente la aplicación de las medidas de protección idóneas cuando estime que el imputado representa un riesgo inminente en contra de la seguridad de la víctima u ofendido. Son medidas de protección las siguientes: I. Prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima u ofendido; II. Limitación para asistir o acercarse al domicilio de la víctima u ofendido o al lugar donde se encuentre; III. Separación inmediata del domicilio; IV. La entrega inmediata de objetos de uso personal y documentos de identidad de la víctima que tuviera en su posesión el probable responsable; V. La prohibición de realizar conductas de intimidación o molestia a la víctima u ofendido o a personas relacionados con ellos; VI. Vigilancia en el domicilio de la víctima u ofendido; VII. Protección policial de la víctima u ofendido; VIII. Auxilio inmediato por integrantes de instituciones policiales, al domicilio en donde se localice o se encuentre la víctima u ofendido en el momento de solicitarlo; IX. Traslado de la víctima u ofendido a refugios o albergues temporales, así como de sus descendientes, y X. El reingreso de la víctima u ofendido a su domicilio, una vez que se salvaguarde su seguridad. Dentro de los cinco días siguientes a la imposición de las medidas de protección previstas en las fracciones I, II y III deberá celebrarse audiencia en la que el juez podrá cancelarlas, o bien, ratificarlas o modificarlas mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. (.) Aunado a lo previo, es pertinente precisar -tal como se resaltó en la sentencia emitida en este asunto- que este Juzgado Federal no prejuzgó sobre los datos que derivan de los antecedentes del acto aquí reclamado, ni si resultaba procede o no, la necesidad de aplicación de alguna de las medidas de protección contempladas en el artículo 137 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por lo que, como también se destacó en el fallo protector, se encontraban expeditas las facultades del Juez responsable para decidir lo que en derecho correspondiera, de acuerdo a los efectos arribados en el mismo; lo cual, se estima, así sucedió. Por lo que, como se anunció, se declara cumplida la sentencia dictada en este juicio, pues con su actuación, la responsable restituyó a la parte quejosa en el goce de los derechos que estimó transgredidos, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, en términos de la fracción I, del artículo 77 de la Ley de Amparo. Aunado a lo anterior, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se advierte que con dicho proceder la autoridad responsable no incurrió en exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia. Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 192, 193, 194, 195, 196, 197 y 198 de la Ley de, se resuelve: Único. Se declara que la ejecutoria de amparo dictada en el juicio de amparo indirecto 379/2021-II ha quedado cumplida. Notifíquese personalmente a la parte quejosa, así como a las terceras interesadas ******* y *******; vía correo electrónico al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y por oficio a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público tercero interesado. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Vistos los autos, se desprende que en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, donde se otorgó vista con el aparente cumplimiento dado al fallo protector por parte del Juez responsable, no se ordenó su notificación a los terceros interesados para que, de ser su deseo, se pronunciaran en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Por ende, se comisiona a la actuaria de la adscripción a efecto de que, con el contenido del oficio y el disco óptico que se atendieron en el citado acuerdo, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, se dé vista a los terceros interesados (agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y Delitos que atentan contra el cumplimiento de la Obligación Alimentaria, que interviene en la causa ordinaria ********************, ********************y********************, para que, dentro del plazo de tres días, computados legalmente, manifiesten lo que a su interés legal convenga. En la inteligencia que transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este órgano judicial de amparo dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está. Cúmplase; y notifíquese personalmente a las terceras interesadas ********************y******************** así como mediante oficio a la autoridad con esa calidad. Lo proveyó y firma la licenciada **, Secretaria del juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, con apoyo en el artículo transitorio tercero de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente y el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación anterior, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **. Doy fe.
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