Ricardo Isai Huitron Rodriguez
Expediente 637/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 637/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo Isai Huitron Rodriguez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 637/2023-V, promovido por ********************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ********************, la cual fue recibida en la misma data en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, precisando como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: [.] De las autoridades señaladas como RESPONSABLES ORDENADORAS RECLAMO la resolución dictada por el C. LIC. ERIC ISRAEL ROBLES CHÁVEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, en audiencia de fecha 2 de junio de 2023 dentro de la causa penal ******************** en donde se me impuso la medida cautelar de prisión preventiva. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20, apartado b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo 637/2023-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO. Referencia a Menor de Edad. Cabe puntualizar, que en virtud de que en el presente expediente se encuentran involucrados derechos de una menor de edad, la referencia que se haga de ella será mediante las iniciales de su nombre y apellidos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo B, denominado "Principios rectores y sus correlativas obligaciones generales a cargo de las autoridades judiciales, fracción III, bajo el rubro Participación, en el punto 3 del epígrafe Derecho a la protección de su intimidad, identidad y vida privada, todos del "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencias", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior a fin de salvaguardar su identidad. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto de que se duele el quejoso, es 1. Del Juez de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, la resolución emitida en audiencia celebrada el dos de junio de dos mil veintitrés, en la que dentro de la causa penal ********************, impuso a ********************, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contemplada en la fracción XIV, del numeral 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se instruye por el delito de violación agravada, cometido en perjuicio de la menor de iniciales K.S.C. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, indicó que es cierto el acto que le endilga el quejoso; remitiendo al efecto copia certificada de la videograbación de la audiencia de dos de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Antecedentes. Previo al análisis del problema jurídico planteado, conviene mencionar, en lo que aquí interesa, lo sucedido en la audiencia de dos de junio de dos mil veintitrés, relativa al proceso penal ********************, del índice del juzgado responsable: (27:37) agente del Ministerio Público. Así es su señoría, y toda vez que se han colmado los requisitos de procedencia que establece el numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en relación al numeral 155 en su fracción XIV, así como el 156 de acuerdo a la proporcionalidad para imponer las medidas cautelares. Además, su señoría, de los numerales 167, en su tercer párrafo, así como el 168, 169 y 170, es decir, primeramente la de peligro de sustracción del imputado, toda vez que el máximo de la pena que en el caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito que hoy nos ocupa, el cual ha sido formulado, es de violación con penalidad agravada, y lo cual estamos sustentando como pena mínima son diez años, hasta pena máxima del tipo básico que es del 172, pueden ser hasta treinta años, sumándole las posibles agravantes que puede ser hasta la mitad de la misma, que serían cinco años más a quince, además de las dos terceras partes, esto por el numeral 175, estaríamos hablando de hasta más de sesenta y cinco años de prisión su señoría, esto como pena máxima. Además su señoría el peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación, toda vez que pues él conoce y sabe dónde viven la hoy víctima,********************, así como la señora ********************, además del riesgo para la víctima, esto su señoría de acuerdo al artículo 170, toda vez que las circunstancias del hecho y las condiciones particulares del mismo que se encuentran en los dichos sujetos dentro de la carpeta de investigación, pues nos dice que hay una amenaza por parte del señor ********************en perjuicio de una víctima de iniciales ********************por un delito de los cuales se cataloga dentro del Código de la Constitución Política en el artículo 19 Constitucional, es decir, existe es de los delitos gravosos. Además, su señoría, esto salvaguardando el interés superior del menor, esto de acuerdo al artículo 4º Constitucional, además de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 36 si no me equivoco, toda vez que nos dice que el Estado debe de garantizar la protección de un menor de edad; su señoría sería cuánto. (30:00) Defensa. Sí señor, lo único que no me quedó claro es cuál medida cautelar está solicitando la representación (30:06) Agente del Ministerio Público. Es la prisión preventiva, esto de acuerdo al artículo 155 en su fracción XIV. (30:) Defensa. Su señoría, esta defensa se opone al planteamiento realizado por la Representación Social, en torno a los datos que ha aportado en esta audiencia para tratar de justificar la prisión preventiva. Ello su señoría, en razón de que la Representación Social únicamente hace referencia a que existe un peligro de sustracción de la acción de la justicia por la posible pena a imponer en un determinado momento en una eventual sentencia condenatoria; no obstante su señoría, como es de explorado derecho y de conocimiento amplio en la ciencia del derecho mexicano, es que esta justificación, como única razón para imponer la prisión preventiva, es inconstitucional, toda vez que así lo han determinado nuestros tribunales federales en diversas sentencias y en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en razón de que ello viola la presunción de inocencia del gobernado para una posible o una eventual prisión preventiva como medida cautelar. También su señoría, hace referencia a que existe un peligro de obstaculización de únicamente porque sabe dónde vive la víctima su señoría; no obstante, ese no es un dato objetivo, ni contundente respecto a la imposición de la prisión preventiva, toda vez que mi representado en ningún momento ha realizado algún acto de amenaza, ha realizado ningún acto de intimidación o algún acto de violencia en contra de la víctima posterior a los hechos que hoy en día se le están imputando y que todavía goza de presunción de inocencia en torno a la comisión de estos hechos su señoría. Además, su señoría, debemos señalar, que los hechos por los cuales se le está atribuyendo, ocurrieron hace aproximadamente dos años, y posterior a estos dos años no se está atribuyendo ningún otro hecho en la presente causa penal, toda vez que si existieran diversos datos que pudieran servir de referencia para justificar esta prisión preventiva, los mismos no han sido ventilados en esta audiencia, ni forman parte de la carpeta de investigación. Por lo tanto, ese motivo, el cual refiere la Representación Social, se torna hasta este momento como una mera especulación o una mera presunción que no tiene fundamentos su señoría; únicamente, por dar otra razón, para justificar una prisión preventiva que a todas luces resulta completamente violatoria del principio de presunción de inocencia e inconvencional a todas luces, su señoría; toda vez que hay que recordar, que incluso en meses recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias Tzompaxtle Tecpil y otros versus el Estado Mexicano, y Rodríguez García y otro versus el Estado Mexicano, ha señalado precisamente que la prisión preventiva, en el sentido de la prisión preventiva oficiosa es en todo momento violatoria de los derechos fundamentales, no obstante que en este momento la Representación Social lo está buscando justificar con datos que no son objetivos ni contundentes dentro de esta causa penal. (33:41) Agente del Ministerio Público. La representación sigue en la misma tesitura, el solicitar la prisión preventiva como medida cautelar, toda vez que si bien es cierto, se fundó dentro del artículo 168, así como el 169, también en el 170, esto es por un riesgo de la víctima, y toda vez que hay el hecho y las condiciones particulares del mismo, es como sucedieron dentro de los antecedentes de investigación que se desprenden, pues puede poner en riesgo la integridad de la víctima, además del interés superior del menor, en el cual tenemos que velar como Estado, además de comentarle en cuanto a la sentencia que menciona la defensa, pues también hay que mencionar que hay una controversia constitucional, toda vez que. dentro de la misma, un tratado internacional no está por encima de las normas constitucionales, toda vez que el artículo 19 también establece que la prisión será de manera oficiosa en este tipo de delitos en menores de edad y además de que, como ya lo manifesté, pues el riesgo de la víctima, pues encontrarse latente, y es por eso que se tiene que salvaguardar su integridad personal y no poner en riesgo a la misma víctima. (35:00) Defensa. En la misma tesitura señoría, se parte por parte de esta defensa, que la misma medida cautelar es a todas luces desproporcional, toda vez que para cumplir con los fines del proceso penal en las etapas subsecuentes, dentro del catálogo de medidas cautelares que nos ofrece el Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que existen otras medidas cautelares que pueden cumplir con el fin instrumental del proceso penal, que es que el imputado acuda a las diversas etapas del proceso; aunado a eso, también es importante señalar, que ya como lo ha señalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala, en este tipo de supuestos, las sentencias o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta vinculante en los casos en los cuales el Estado mexicano sea parte, si a eso le sumamos el contenido del artículo 27 de la Convención de Viena. se establece que en ningún momento el derecho interno podrá estar por encima del derecho internacional, y en este caso es pertinente que se aluda al derecho internacional para poder establecer la medida cautelar que en su momento se pueda imponer, insistiendo en que no existe ningún riesgo de sustracción de la acción de la justicia, toda vez que mi representado, incluso contando con la orden de aprehensión, se encontraba dentro del Estado de Chihuahua dentro del municipio de Ciudad Juárez y en ningún momento ha ejercido ningún acto de violencia, algún acto de intimidación sobre la víctima, sobre los testigos, sobre los familiares, ni sobre nadie que rodee a la víctima en su caso, por lo cual nos oponemos a la imposición de esa medida cautelar. (36:43) Agente del Ministerio Público. Seguimos en la misma tesitura, toda vez que es una medida cautelar la cual se está solicitando, además de señalar que la representante de la víctima quiere tomar la voz en este momento. (36:56) Representante de la víctima. Para comentarle que sí ha hecho actos de acoso, él tiene una orden de restricción ya por otras denuncias mías y de mis hijos, de violencia. Entonces sí ha hecho actos de acoso. (37:22) Defensa. Qué hasta este momento esa es una manifestación aislada, no constituye un dato objetivo dentro de la presente audiencia y que por lo tanto, no puede ser tomado en consideración para la imposición de la medida cautelar. (37:36) Juez. El juzgador tiene suficiente información para resolver respecto a la solicitud de medidas cautelares y lo hace en los siguientes términos. Comparte este juzgador la apreciación de la defensa, en cuanto a que las penas que se puedan imponer por este tipo de delitos a un procesado, no debe ser una razón para considerar la sustracción de la acción de la justicia e imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Si son en todo caso, el peligro de obstaculización entonces y las demás cuestiones que tienen que ver con riesgos para la víctima; este juzgador siempre sitúa las resoluciones de acuerdo al plano de las partes de acuerdo a un plano de igualdad; si advierto que una niña de ******************** años, está en desventaja jurídica respecto de los adultos; en ese sentido, para este juzgador es importante visualizar este caso desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de la infancia, garantizar este interés superior. Si bien la defensa técnica manifiesta que hasta este momento no había diversos actos de amenazas o de coacción para la víctima o la ofendida, y menciona la madre de la menor que si ha habido algunos actos de intimidación y que hay denuncias correspondientes, esta no es información que esté confirmada hasta este momento, pero no la considero aislada. Considero que es información pertinente. Considero que es un dicho razonable, racional, y si lo tomo en consideración; si bien se menciona también por la defensa técnica que hace más de dos años de los hechos, pues bueno, lo cierto es de que si se dice que hay ciertos actos de intimidación y si es importante para este juzgador esa manifestación; no decretaré la prisión preventiva de manera oficiosa porque es violatoria de los derechos fundamentales, pero sí la considero justificada de acuerdo a una ponderación. Por un lado, tenemos el derecho del ciudadano ********************a tener un proceso en libertad con restricciones, también tenemos su derecho fundamental a una presunción de inocencia; pero, por otro lado, en una ponderación e identificación de derechos en juego, tenemos el interés superior de una menor de edad que tiene una afectación emocional producto de una violencia sexual. De igual forma, como lo mencioné, una perspectiva de la infancia a la luz de una tutela judicial efectiva para la niña, para la menor. me obliga a dictar medidas especiales de actuación en este tipo de casos que involucren a niñas, niños y adolescentes de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género. Cualquier pena de prisión o cualquier medida judicial debe de ser proporcional a los hechos. Considero que la medida cautelar de prisión preventiva atiende a este principio de proporcionalidad, y en lo que considero suficiente hasta este momento procesal, para decretar esa medida cautelar de manera excepcional, estrictamente necesaria, temporal y de una manera racional y proporcional a los hechos, siendo estas las principales razones, en este acto decreto la medida cautelar de prisión preventiva a ********************, por el plazo que dure el proceso, que no podrá ser mayor a doce meses, ejecutable en el centro penitenciario estatal de esta localidad CERESO número Tres. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, en el caso, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa a que durante la sustanciación del juicio constitucional haya cambiado la situación jurídica en la que la parte quejosa se encontraba en el procedimiento de origen. De principio, cabe precisar que por cambio de situación jurídica se entiende al conjunto de bases normativas que condicionan y rigen las circunstancias de derecho que acontecen durante un procedimiento; la cual se sustenta en actos procesales o resoluciones de diversa naturaleza que se fundamentan en disposiciones legales distintas que, por sí, excluyen a las que la anteceden. En esa lógica, dentro de un juicio se puede dictar una resolución que origine cierta situación jurídica, pero con posterioridad, en otro momento procesal del asunto, puede emitirse una diversa que no reconozca como antecedente necesario a la que le precede, por formarse de causas diferentes y atender a premisas distintas, originando entonces una situación nueva y autónoma a la anterior. En ese sentido, la emisión de esa segunda decisión judicial crea una circunstancia jurídica que, al tener base en motivaciones, fundamentos y finalidades diversas a las que la preceden, imposibilita el estudio en sede constitucional de éstas últimas. Sobre esa base, la improcedencia por dicha causal no parte del supuesto de que exista una imposibilidad material o física para restaurar las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado, sino jurídica. Ahora, en el procedimiento penal, la restricción de la libertad personal puede darse por diversas razones, siendo que, según la etapa, cada actuación de autoridad encaminada a ello atiende a objetivos distintos y encuentra fundamento en diversas normas jurídicas; de modo que cuando cambian las razones que sustentan la privación de ese derecho, dan paso a las de la que la sucede. En este tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de sus criterios, que los elementos que determinan la actualización del cambio de situación jurídica son: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo que se ve reflejado en la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, con registro digital 199808, que señala lo siguiente: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así, esta Juzgadora sustenta tal aserto, en razón de que el peticionario de amparo hizo consistir el acto reclamado en la resolución emitida en audiencia celebrada el dos de junio de dos mil veintitrés, en la que dentro de la causa penal ********************, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contemplada en la fracción XIV, del numeral 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, el ******************** de octubre de dos mil veintitrés, se recibió en este órgano jurisdiccional la demanda presentada por ********************, la cual quedó registrada bajo el número de juicio de amparo ********************-II; así, se tiene que el justiciable reclama del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Bravos, en esta ciudad, la imposición de prisión preventiva justificada, en audiencia el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, de revisión de medidas cautelares, dentro de la causa penal ********************. De este modo, en el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo ********************-II, el veintidós de noviembre del presente año, se tuvo por recibido el informe previo que rindió el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Bravos, anexo al cual envió la videograbación que contiene la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en la que resolvió sobre la revisión de medidas cautelares en el proceso penal ********************, por lo que en la misma data se resolvió sobre la suspensión definitiva del acto reclamado. Medio de prueba este último que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, al haberse desahogado en el citado juicio de amparo y por encontrase capturado en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por tanto, una vez que se revisó la videograbación que contiene la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en la que resolvió sobre la revisión de medidas cautelares en el proceso penal ********************, se advierte que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Bravos, se pronunció en los términos siguientes: (.) Cerramos debate. Escuchados que han sido los intervinientes, este juzgador cierra el debate y resuelve en los siguientes términos: Es evidente que ha fluido suficiente información en la presente audiencia información que advierto controvertida, que advierto que de acuerdo a este sistema adversarial la naturaleza del control horizontal de la información es precisamente que el final del debate tengamos información de calidad dirigida a este traslado, a este control de las partes, en ese sentido advierto información controvertida, que no me permite tomar una decisión diversa a la que se decretó en un principio, y las razones son las siguientes: este juzgador nunca ha decretado, a pesar de que había una obligación de decretar medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, nunca la decretó aun siendo una ley vigente, siempre la decretó de manera justificada, porque se considera que es la obligación estatal y legal para cualquier tribunal, en ese sentido, la prisión preventiva se decretó en principio de acuerdo al protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género, de acuerdo a las leyes y tratados internacionales, las leyes generales y estatales, para protección a las víctimas y ofendidos; se debe garantizar el acceso a cualquier mujer o cualquier niña o adolescente el acceso a una vida libre de violencia, y principalmente el acceso a una tutela de poder judicial que sea efectiva, este juzgador de igual forma considera que el derecho a la igualdad a las partes se debe garantizar y sí advierto una relación asimétrica de la información que ha fluido en principio desde que este juzgado tomó la causa hasta esta audiencia, sí advierto esta relación asimétrica de esta categoría sospechosa, que me obliga a privilegiar el interés superior de la niña víctima de la presente causa que se dice víctima, respecto de los derechos humanos del ciudadano procesado, debe haber una ponderación adecuada y debe haber un equilibrio en ese sentido. Los derechos humanos tienden a optimizarse de manera ilimitada, únicamente se pueden limitar cuando coalicionen con otro derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia al procesado, el derecho a la libertad que le asiste y a ser tratado como inocente durante todo el proceso, se debe ponderar a la luz también del derecho también que a garantizarle una seguridad a las víctimas a la ofendida incluso, y que esta tutela judicial sea efectiva, pero principalmente medidas especiales de actuación que atiendan a optimizar a este interés superior de los niños. Advierto dos menores en la presente causa, uno victima directa, y otro testigo y ofendido, hijo del procesado, y la intención de este juzgado siempre va a ser no solo darle una prioridad, si no darle un lugar especial a los niños sino tenerlos como piedra rectora, la prioridad en cualquier proceso. En ese sentido, este juzgador quisiera privilegiar la paternidad también las convivencias del menor de inicial A con su padre, sin embargo esto si sería una merma en cuanto a la tutela judicial que se debe garantizar de manera efectiva para la niña, en ese sentido, el tribunal considera que se debe inclinar la balanza a los argumentos que menciona la Agente del ministerio público, si bien se tiene información de que la ofendida obstaculizó las convivencias del procesado con su hijo que dejo de llevar al menor al CECUFAM o centro de convivencias del poder judicial, a través de un juzgado familiar, que no contestaba las llamadas telefónicas, que hacía opiniones negativas de la paternidad y de esto proviene la información de una licenciada que trabaja que realiza sus funciones en otro centro de convivencias y esta información que se toma en consideración. También en control horizontal comparece la propia ofendida y manifiesta que la razones por las cuales dejó de llevar al niño a las convivencias es porque tiene conocimiento de la orden de aprehensión que se había librado, incluso menciona y es una información que de manera objetiva está en la carpeta, los tiempos son evidentes, menciona que se duró cerca de un año en poder localizar al procesado para hiciera frente al proceso, es una información que sí llama la atención a este juzgador, que siendo un integrante de la ********************, tuviera cierta residencia en la Ciudad de México, fluya información por parte del asesor jurídico y de las partes, y las constancias de la carpeta, en estas relaciones de influencias, este juzgador no afirma que existan, pero son indicios que fluyen en la información que este juzgador debe de analizar justipreciar de acuerdo a una crítica racional de lo que acontece, entonces menciona que se pretendía dar "carpetazo", de la terminología que se utilizó, que se entiende coloquialmente como una influencia en los procesos a través de un poder político o de un poder jurídico que no estaría acorde a los márgenes de la legalidad que se debe establecer en los procesos; la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad entre los sujetos procesales, la igualdad entre los derechos humanos es a lo que se debe privilegiar. En ese sentido, menciona la defensa, que esta ausencia del imputado durante cerca de un año, en esta localidad, atiende no a estas cuestiones de poder, sino a unas cuestiones de seguridad ya que había una amenaza de muerte por parte del hermano de la ofendida para respecto al indiciado. Esta es una información que se contrapone que son de imposible aclaración pero lo que este juzgador advierte que tomando en consideración todos estos indicios, en esta etapa del proceso, el modificar la medida cautelar, podría generar alguna alteración, unos riesgos procesales, incluso para la propia seguridad del procesado, el hecho de que esta información fluya y no haya mayor información, mayor debate, mayores documentos, mayores argumentaciones, que permitan a este tribunal decidir lo más favorable, debe de subsistir el derecho a la víctima y a la ofendida, a esta vida libre de violencia, a esta tutela judicial efectiva y principalmente, vuelvo a resaltar, el interés superior de la menor. De manera objetiva este juzgador advierte en el dicho de la niña, se dice víctima, que es lo que debemos de privilegiar en este tipo de delitos, de realización oculta, el dicho de la menor se encuentra robustecido, concatenado a esta etapa del proceso, por una sintomatología psicológica que se advierte en afectaciones por parte de quien se dice en las constancias el agresor, quien es el procesado, la niña menciona, cuestiones que no podría un infante inventar, imaginar sin haberlas experimentado en su persona, y se advierten dichos de la menor que si están robustecidos con demás datos y esto es algo que este juzgador tomó en consideración no solo para la vinculación a proceso al procesado, sino para la medida cautelar, en ese sentido, se considera que si bien la información que proviene del Instituto de Servicios Previos a Juicio es una información que este juzgador la considera objetiva, imparcial, la considera neutral, que proviene de estas instituciones que se conducen de acuerdo a los márgenes de profesionalismo, a los márgenes de objetividad y de lealtad, de buena fe, una institución seria que realizan sus opiniones, de acuerdo a la información que advierten, si bien se pueden tomar en consideración que no existiera un riesgo de fuga, un riesgo de obstaculización, un riesgo de alterar los medios de convicción, sí considera este juzgador como lo mencionó al principio, que debe prevalecer el interés superior de la niña, y aun así del diverso menor que está involucrado en el presente asunto. Estas condenas al estado mexicano por la prisión preventiva oficiosa o por la violación al derecho a la libertad por cuestiones que se decreten como medidas cautelares, únicamente por la pretensión delictiva, no fue la determinación de este juzgador, he mencionado que la determinación se tomó de acuerdo a una justipreciación global de todo el contexto de la causa; de igual forma, el contexto lo advierto no solo por el dicho de la menor y su categoría vulnerable, de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino todas las cuestiones que son indicadores de una evaluación asimétrica, como pueden ser esta influencia política, este acceso a los cuerpos de seguridad pública estatal por parte del ciudadano, la posibilidad de fuga, la posibilidad de sustracción, la posibilidad de obstaculización del proceso, y vuelvo a resaltar en esta etapa en la que nos encontramos, en la que está por cerrarse la investigación judicializada, está por pasarse a la siguiente etapa que es una audiencia intermedia, considera el tribunal que lo más prudente es que subsista la medida cautelar de prisión preventiva y así se ordena en este acto, resolución que puede ser recurrida por las partes para que un tribunal superior en grado, de acuerdo a los agravios que presenten, pueda confirmar mi determinación, o también podría modificarla o revocarla. En ese sentido este juzgador considera, que hasta esta tesitura del proceso, lo más sano, lo más prudente, es garantizar la seguridad del procesado, aun en el Centro Penitenciario, por las amenazas que se han mencionado, garantizar el acceso a la tutela judicial de la menor y de la ofendida, este protocolo para juzgar con perspectiva de género, como medidas especiales de actuación, para garantizar el interés superior, considera este juzgador, que en esta etapa del proceso, la variación de la medida cautelar, puede generar que se altere la prueba que se va a desahogar o que se puede desahogar, que se debe desahogar en la eventual audiencia de debate, ya que este juzgador advierte de una manera objetiva que no existiría una posibilidad de mecanismo de aceleración hasta este momento, y que se van a continuar con las etapas procesales, para continuar, para garantizar estas finalidades del proceso, que cuáles son, conocer la verdad histórica de los hechos, procurar que los delitos no queden impunes, también proteger las personas inocentes, y a las víctimas garantizarles esta reparación del daño, esta tutela judicial, entonces considera este juzgador que hasta este momento, la información que se toma en consideración, pero vuelve a prevalecer este interés superior de la niña, debe prevalecer lo que la Suprema Corte ordena para juzgar en el protocolo con perspectiva de género, y principalmente lo que he mencionado de una tutela judicial que sea efectiva para la niña y la ofendida, considera el tribunal que estas son las principales razones de hecho y derecho para negar la modificación en la medida cautelar y vuelvo a resaltar que existe el derecho procesal de las partes para recurrir la determinación de este juez de primera instancia, siendo esta la resolución a la petición de la defensa técnica, tiene el uso de la voz por si hubiera petición diversa (.) De dicha exposición se evidencia, que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez del proceso resolvió y negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso penal ********************, instruida en contra de ********************; de ahí que no pueda emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la resolución dictada en la audiencia de dos de junio de dos mil veintitrés, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro de la referida causa penal, porque no puede decidirse sobre ella sin afectar la nueva situación a la que se encuentra sujeto el quejoso, es decir, a la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en donde se negó modificar dicha medida cautelar, ya que se trata de un diverso acto que genera sus propios efectos, de tal modo que las violaciones reclamadas por la parte quejosa, deben considerarse consumadas de modo irreparable. En ese contexto, al advertirse un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y no poder decidir en el presente juicio sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente, lo procedente es decretar el sobreseimiento al tenor de la fracción XVII del artículo 61, conexo con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De esa guisa, ante la actualización de la causa de improcedencia destacada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, lo que es acorde con el criterio orientador sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, Séptima Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, de contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado en los artículos 74 a 77, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 637/2023-V, promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades en su carácter de responsable y tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez, hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE VEINTITRÉS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 637/2023-V, promovido por ********************. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintidós de junio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por ********************, la cual fue recibida en la misma data en este órgano jurisdiccional. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, precisando como autoridad responsable y actos reclamados los siguientes: [.] De las autoridades señaladas como RESPONSABLES ORDENADORAS RECLAMO la resolución dictada por el C. LIC. ERIC ISRAEL ROBLES CHÁVEZ, JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO EN FUNCIONES DE CONTROL DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS, en audiencia de fecha 2 de junio de 2023 dentro de la causa penal ******************** en donde se me impuso la medida cautelar de prisión preventiva. [.] SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violentados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20, apartado b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de junio de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo 637/2023-V; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; se emplazó a la parte tercero interesada y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. CUARTO. Referencia a Menor de Edad. Cabe puntualizar, que en virtud de que en el presente expediente se encuentran involucrados derechos de una menor de edad, la referencia que se haga de ella será mediante las iniciales de su nombre y apellidos, conforme a lo dispuesto en el Capítulo B, denominado "Principios rectores y sus correlativas obligaciones generales a cargo de las autoridades judiciales, fracción III, bajo el rubro Participación, en el punto 3 del epígrafe Derecho a la protección de su intimidad, identidad y vida privada, todos del "Protocolo para Juzgar con Perspectiva de Infancia y Adolescencias", elaborado por la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo anterior a fin de salvaguardar su identidad. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. A efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que, del contenido íntegro del escrito de demanda, armonizando en su conjunto los datos y elementos que lo conforman, así como la información del expediente del juicio y que resulten congruentes entre sí, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, se precisa que el acto de que se duele el quejoso, es 1. Del Juez de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, la resolución emitida en audiencia celebrada el dos de junio de dos mil veintitrés, en la que dentro de la causa penal ********************, impuso a ********************, la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contemplada en la fracción XIV, del numeral 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales, que se instruye por el delito de violación agravada, cometido en perjuicio de la menor de iniciales K.S.C. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en el párrafo precedente y del cual se procederá a su análisis a lo largo de esta sentencia. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, de abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. De igual forma, es aplicable en idénticos términos, el criterio emitido por la instancia citada, visible en la página 255, Tomo XIX, de abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que estatuye: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad, indicó que es cierto el acto que le endilga el quejoso; remitiendo al efecto copia certificada de la videograbación de la audiencia de dos de junio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal ********************. Documental pública que merece valor probatorio pleno, conforme a los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2. Es aplicable al respecto, en lo conducente, la jurisprudencia en materia común 226 del Pleno del Alto Tribunal, publicada en el Apéndice de 1995, quinta época, tomo VI, Parte SCJN, página 153, registro 394182, con el rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a consultar en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, de agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, Penal, página 703, de la Décima Época, registro 2004362, del epígrafe y texto: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga. CUARTO. Antecedentes. Previo al análisis del problema jurídico planteado, conviene mencionar, en lo que aquí interesa, lo sucedido en la audiencia de dos de junio de dos mil veintitrés, relativa al proceso penal ********************, del índice del juzgado responsable: (27:37) agente del Ministerio Público. Así es su señoría, y toda vez que se han colmado los requisitos de procedencia que establece el numeral 154 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y en relación al numeral 155 en su fracción XIV, así como el 156 de acuerdo a la proporcionalidad para imponer las medidas cautelares. Además, su señoría, de los numerales 167, en su tercer párrafo, así como el 168, 169 y 170, es decir, primeramente la de peligro de sustracción del imputado, toda vez que el máximo de la pena que en el caso pudiera llegar a imponerse de acuerdo al delito que hoy nos ocupa, el cual ha sido formulado, es de violación con penalidad agravada, y lo cual estamos sustentando como pena mínima son diez años, hasta pena máxima del tipo básico que es del 172, pueden ser hasta treinta años, sumándole las posibles agravantes que puede ser hasta la mitad de la misma, que serían cinco años más a quince, además de las dos terceras partes, esto por el numeral 175, estaríamos hablando de hasta más de sesenta y cinco años de prisión su señoría, esto como pena máxima. Además su señoría el peligro de la obstaculización del desarrollo de la investigación, toda vez que pues él conoce y sabe dónde viven la hoy víctima,********************, así como la señora ********************, además del riesgo para la víctima, esto su señoría de acuerdo al artículo 170, toda vez que las circunstancias del hecho y las condiciones particulares del mismo que se encuentran en los dichos sujetos dentro de la carpeta de investigación, pues nos dice que hay una amenaza por parte del señor ********************en perjuicio de una víctima de iniciales ********************por un delito de los cuales se cataloga dentro del Código de la Constitución Política en el artículo 19 Constitucional, es decir, existe es de los delitos gravosos. Además, su señoría, esto salvaguardando el interés superior del menor, esto de acuerdo al artículo 4º Constitucional, además de la Convención de los Derechos del Niño, en el artículo 36 si no me equivoco, toda vez que nos dice que el Estado debe de garantizar la protección de un menor de edad; su señoría sería cuánto. (30:00) Defensa. Sí señor, lo único que no me quedó claro es cuál medida cautelar está solicitando la representación (30:06) Agente del Ministerio Público. Es la prisión preventiva, esto de acuerdo al artículo 155 en su fracción XIV. (30:) Defensa. Su señoría, esta defensa se opone al planteamiento realizado por la Representación Social, en torno a los datos que ha aportado en esta audiencia para tratar de justificar la prisión preventiva. Ello su señoría, en razón de que la Representación Social únicamente hace referencia a que existe un peligro de sustracción de la acción de la justicia por la posible pena a imponer en un determinado momento en una eventual sentencia condenatoria; no obstante su señoría, como es de explorado derecho y de conocimiento amplio en la ciencia del derecho mexicano, es que esta justificación, como única razón para imponer la prisión preventiva, es inconstitucional, toda vez que así lo han determinado nuestros tribunales federales en diversas sentencias y en diversas sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en razón de que ello viola la presunción de inocencia del gobernado para una posible o una eventual prisión preventiva como medida cautelar. También su señoría, hace referencia a que existe un peligro de obstaculización de únicamente porque sabe dónde vive la víctima su señoría; no obstante, ese no es un dato objetivo, ni contundente respecto a la imposición de la prisión preventiva, toda vez que mi representado en ningún momento ha realizado algún acto de amenaza, ha realizado ningún acto de intimidación o algún acto de violencia en contra de la víctima posterior a los hechos que hoy en día se le están imputando y que todavía goza de presunción de inocencia en torno a la comisión de estos hechos su señoría. Además, su señoría, debemos señalar, que los hechos por los cuales se le está atribuyendo, ocurrieron hace aproximadamente dos años, y posterior a estos dos años no se está atribuyendo ningún otro hecho en la presente causa penal, toda vez que si existieran diversos datos que pudieran servir de referencia para justificar esta prisión preventiva, los mismos no han sido ventilados en esta audiencia, ni forman parte de la carpeta de investigación. Por lo tanto, ese motivo, el cual refiere la Representación Social, se torna hasta este momento como una mera especulación o una mera presunción que no tiene fundamentos su señoría; únicamente, por dar otra razón, para justificar una prisión preventiva que a todas luces resulta completamente violatoria del principio de presunción de inocencia e inconvencional a todas luces, su señoría; toda vez que hay que recordar, que incluso en meses recientes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias Tzompaxtle Tecpil y otros versus el Estado Mexicano, y Rodríguez García y otro versus el Estado Mexicano, ha señalado precisamente que la prisión preventiva, en el sentido de la prisión preventiva oficiosa es en todo momento violatoria de los derechos fundamentales, no obstante que en este momento la Representación Social lo está buscando justificar con datos que no son objetivos ni contundentes dentro de esta causa penal. (33:41) Agente del Ministerio Público. La representación sigue en la misma tesitura, el solicitar la prisión preventiva como medida cautelar, toda vez que si bien es cierto, se fundó dentro del artículo 168, así como el 169, también en el 170, esto es por un riesgo de la víctima, y toda vez que hay el hecho y las condiciones particulares del mismo, es como sucedieron dentro de los antecedentes de investigación que se desprenden, pues puede poner en riesgo la integridad de la víctima, además del interés superior del menor, en el cual tenemos que velar como Estado, además de comentarle en cuanto a la sentencia que menciona la defensa, pues también hay que mencionar que hay una controversia constitucional, toda vez que. dentro de la misma, un tratado internacional no está por encima de las normas constitucionales, toda vez que el artículo 19 también establece que la prisión será de manera oficiosa en este tipo de delitos en menores de edad y además de que, como ya lo manifesté, pues el riesgo de la víctima, pues encontrarse latente, y es por eso que se tiene que salvaguardar su integridad personal y no poner en riesgo a la misma víctima. (35:00) Defensa. En la misma tesitura señoría, se parte por parte de esta defensa, que la misma medida cautelar es a todas luces desproporcional, toda vez que para cumplir con los fines del proceso penal en las etapas subsecuentes, dentro del catálogo de medidas cautelares que nos ofrece el Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que existen otras medidas cautelares que pueden cumplir con el fin instrumental del proceso penal, que es que el imputado acuda a las diversas etapas del proceso; aunado a eso, también es importante señalar, que ya como lo ha señalado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Primera Sala, en este tipo de supuestos, las sentencias o la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos resulta vinculante en los casos en los cuales el Estado mexicano sea parte, si a eso le sumamos el contenido del artículo 27 de la Convención de Viena. se establece que en ningún momento el derecho interno podrá estar por encima del derecho internacional, y en este caso es pertinente que se aluda al derecho internacional para poder establecer la medida cautelar que en su momento se pueda imponer, insistiendo en que no existe ningún riesgo de sustracción de la acción de la justicia, toda vez que mi representado, incluso contando con la orden de aprehensión, se encontraba dentro del Estado de Chihuahua dentro del municipio de Ciudad Juárez y en ningún momento ha ejercido ningún acto de violencia, algún acto de intimidación sobre la víctima, sobre los testigos, sobre los familiares, ni sobre nadie que rodee a la víctima en su caso, por lo cual nos oponemos a la imposición de esa medida cautelar. (36:43) Agente del Ministerio Público. Seguimos en la misma tesitura, toda vez que es una medida cautelar la cual se está solicitando, además de señalar que la representante de la víctima quiere tomar la voz en este momento. (36:56) Representante de la víctima. Para comentarle que sí ha hecho actos de acoso, él tiene una orden de restricción ya por otras denuncias mías y de mis hijos, de violencia. Entonces sí ha hecho actos de acoso. (37:22) Defensa. Qué hasta este momento esa es una manifestación aislada, no constituye un dato objetivo dentro de la presente audiencia y que por lo tanto, no puede ser tomado en consideración para la imposición de la medida cautelar. (37:36) Juez. El juzgador tiene suficiente información para resolver respecto a la solicitud de medidas cautelares y lo hace en los siguientes términos. Comparte este juzgador la apreciación de la defensa, en cuanto a que las penas que se puedan imponer por este tipo de delitos a un procesado, no debe ser una razón para considerar la sustracción de la acción de la justicia e imponer la medida cautelar de prisión preventiva. Si son en todo caso, el peligro de obstaculización entonces y las demás cuestiones que tienen que ver con riesgos para la víctima; este juzgador siempre sitúa las resoluciones de acuerdo al plano de las partes de acuerdo a un plano de igualdad; si advierto que una niña de ******************** años, está en desventaja jurídica respecto de los adultos; en ese sentido, para este juzgador es importante visualizar este caso desde una perspectiva de género y desde una perspectiva de la infancia, garantizar este interés superior. Si bien la defensa técnica manifiesta que hasta este momento no había diversos actos de amenazas o de coacción para la víctima o la ofendida, y menciona la madre de la menor que si ha habido algunos actos de intimidación y que hay denuncias correspondientes, esta no es información que esté confirmada hasta este momento, pero no la considero aislada. Considero que es información pertinente. Considero que es un dicho razonable, racional, y si lo tomo en consideración; si bien se menciona también por la defensa técnica que hace más de dos años de los hechos, pues bueno, lo cierto es de que si se dice que hay ciertos actos de intimidación y si es importante para este juzgador esa manifestación; no decretaré la prisión preventiva de manera oficiosa porque es violatoria de los derechos fundamentales, pero sí la considero justificada de acuerdo a una ponderación. Por un lado, tenemos el derecho del ciudadano ********************a tener un proceso en libertad con restricciones, también tenemos su derecho fundamental a una presunción de inocencia; pero, por otro lado, en una ponderación e identificación de derechos en juego, tenemos el interés superior de una menor de edad que tiene una afectación emocional producto de una violencia sexual. De igual forma, como lo mencioné, una perspectiva de la infancia a la luz de una tutela judicial efectiva para la niña, para la menor. me obliga a dictar medidas especiales de actuación en este tipo de casos que involucren a niñas, niños y adolescentes de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género. Cualquier pena de prisión o cualquier medida judicial debe de ser proporcional a los hechos. Considero que la medida cautelar de prisión preventiva atiende a este principio de proporcionalidad, y en lo que considero suficiente hasta este momento procesal, para decretar esa medida cautelar de manera excepcional, estrictamente necesaria, temporal y de una manera racional y proporcional a los hechos, siendo estas las principales razones, en este acto decreto la medida cautelar de prisión preventiva a ********************, por el plazo que dure el proceso, que no podrá ser mayor a doce meses, ejecutable en el centro penitenciario estatal de esta localidad CERESO número Tres. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Establecida la existencia del acto reclamado, previo al estudio de la cuestión planteada debe examinarse si se actualiza algún motivo de improcedencia del presente juicio de amparo, por su análisis preferente, al tenor de lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo en vigor. Ahora, en el caso, se estima que opera la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, relativa a que durante la sustanciación del juicio constitucional haya cambiado la situación jurídica en la que la parte quejosa se encontraba en el procedimiento de origen. De principio, cabe precisar que por cambio de situación jurídica se entiende al conjunto de bases normativas que condicionan y rigen las circunstancias de derecho que acontecen durante un procedimiento; la cual se sustenta en actos procesales o resoluciones de diversa naturaleza que se fundamentan en disposiciones legales distintas que, por sí, excluyen a las que la anteceden. En esa lógica, dentro de un juicio se puede dictar una resolución que origine cierta situación jurídica, pero con posterioridad, en otro momento procesal del asunto, puede emitirse una diversa que no reconozca como antecedente necesario a la que le precede, por formarse de causas diferentes y atender a premisas distintas, originando entonces una situación nueva y autónoma a la anterior. En ese sentido, la emisión de esa segunda decisión judicial crea una circunstancia jurídica que, al tener base en motivaciones, fundamentos y finalidades diversas a las que la preceden, imposibilita el estudio en sede constitucional de éstas últimas. Sobre esa base, la improcedencia por dicha causal no parte del supuesto de que exista una imposibilidad material o física para restaurar las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado, sino jurídica. Ahora, en el procedimiento penal, la restricción de la libertad personal puede darse por diversas razones, siendo que, según la etapa, cada actuación de autoridad encaminada a ello atiende a objetivos distintos y encuentra fundamento en diversas normas jurídicas; de modo que cuando cambian las razones que sustentan la privación de ese derecho, dan paso a las de la que la sucede. En este tenor, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido a través de sus criterios, que los elementos que determinan la actualización del cambio de situación jurídica son: a) El acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; b) Con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c) No pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica y, por ende, deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; y, d) Exista autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Lo que se ve reflejado en la tesis 2a. CXI/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo IV, diciembre de 1996, página 219, con registro digital 199808, que señala lo siguiente: CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Así, esta Juzgadora sustenta tal aserto, en razón de que el peticionario de amparo hizo consistir el acto reclamado en la resolución emitida en audiencia celebrada el dos de junio de dos mil veintitrés, en la que dentro de la causa penal ********************, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, contemplada en la fracción XIV, del numeral 155, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Luego, el ******************** de octubre de dos mil veintitrés, se recibió en este órgano jurisdiccional la demanda presentada por ********************, la cual quedó registrada bajo el número de juicio de amparo ********************-II; así, se tiene que el justiciable reclama del Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Bravos, en esta ciudad, la imposición de prisión preventiva justificada, en audiencia el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, de revisión de medidas cautelares, dentro de la causa penal ********************. De este modo, en el incidente de suspensión que deriva del juicio de amparo ********************-II, el veintidós de noviembre del presente año, se tuvo por recibido el informe previo que rindió el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Bravos, anexo al cual envió la videograbación que contiene la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en la que resolvió sobre la revisión de medidas cautelares en el proceso penal ********************, por lo que en la misma data se resolvió sobre la suspensión definitiva del acto reclamado. Medio de prueba este último que constituye un hecho notorio para este órgano de control constitucional, al haberse desahogado en el citado juicio de amparo y por encontrase capturado en el sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE). Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia P./J. 16/2018, del Pleno del Alto Tribunal del país, con registro digital 2017123, de la Décima Época, Materias Común, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 55, de junio de 2018, Tomo I, página 10, que a la letra dice: HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente. Por tanto, una vez que se revisó la videograbación que contiene la audiencia de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en la que resolvió sobre la revisión de medidas cautelares en el proceso penal ********************, se advierte que el Juez de Primera Instancia del Sistema Penal Acusatorio del Distrito Bravos, se pronunció en los términos siguientes: (.) Cerramos debate. Escuchados que han sido los intervinientes, este juzgador cierra el debate y resuelve en los siguientes términos: Es evidente que ha fluido suficiente información en la presente audiencia información que advierto controvertida, que advierto que de acuerdo a este sistema adversarial la naturaleza del control horizontal de la información es precisamente que el final del debate tengamos información de calidad dirigida a este traslado, a este control de las partes, en ese sentido advierto información controvertida, que no me permite tomar una decisión diversa a la que se decretó en un principio, y las razones son las siguientes: este juzgador nunca ha decretado, a pesar de que había una obligación de decretar medidas cautelares de prisión preventiva oficiosa, nunca la decretó aun siendo una ley vigente, siempre la decretó de manera justificada, porque se considera que es la obligación estatal y legal para cualquier tribunal, en ese sentido, la prisión preventiva se decretó en principio de acuerdo al protocolo emitido por la Suprema Corte de Justicia para juzgar con perspectiva de género, de acuerdo a las leyes y tratados internacionales, las leyes generales y estatales, para protección a las víctimas y ofendidos; se debe garantizar el acceso a cualquier mujer o cualquier niña o adolescente el acceso a una vida libre de violencia, y principalmente el acceso a una tutela de poder judicial que sea efectiva, este juzgador de igual forma considera que el derecho a la igualdad a las partes se debe garantizar y sí advierto una relación asimétrica de la información que ha fluido en principio desde que este juzgado tomó la causa hasta esta audiencia, sí advierto esta relación asimétrica de esta categoría sospechosa, que me obliga a privilegiar el interés superior de la niña víctima de la presente causa que se dice víctima, respecto de los derechos humanos del ciudadano procesado, debe haber una ponderación adecuada y debe haber un equilibrio en ese sentido. Los derechos humanos tienden a optimizarse de manera ilimitada, únicamente se pueden limitar cuando coalicionen con otro derecho fundamental, el derecho a la presunción de inocencia al procesado, el derecho a la libertad que le asiste y a ser tratado como inocente durante todo el proceso, se debe ponderar a la luz también del derecho también que a garantizarle una seguridad a las víctimas a la ofendida incluso, y que esta tutela judicial sea efectiva, pero principalmente medidas especiales de actuación que atiendan a optimizar a este interés superior de los niños. Advierto dos menores en la presente causa, uno victima directa, y otro testigo y ofendido, hijo del procesado, y la intención de este juzgado siempre va a ser no solo darle una prioridad, si no darle un lugar especial a los niños sino tenerlos como piedra rectora, la prioridad en cualquier proceso. En ese sentido, este juzgador quisiera privilegiar la paternidad también las convivencias del menor de inicial A con su padre, sin embargo esto si sería una merma en cuanto a la tutela judicial que se debe garantizar de manera efectiva para la niña, en ese sentido, el tribunal considera que se debe inclinar la balanza a los argumentos que menciona la Agente del ministerio público, si bien se tiene información de que la ofendida obstaculizó las convivencias del procesado con su hijo que dejo de llevar al menor al CECUFAM o centro de convivencias del poder judicial, a través de un juzgado familiar, que no contestaba las llamadas telefónicas, que hacía opiniones negativas de la paternidad y de esto proviene la información de una licenciada que trabaja que realiza sus funciones en otro centro de convivencias y esta información que se toma en consideración. También en control horizontal comparece la propia ofendida y manifiesta que la razones por las cuales dejó de llevar al niño a las convivencias es porque tiene conocimiento de la orden de aprehensión que se había librado, incluso menciona y es una información que de manera objetiva está en la carpeta, los tiempos son evidentes, menciona que se duró cerca de un año en poder localizar al procesado para hiciera frente al proceso, es una información que sí llama la atención a este juzgador, que siendo un integrante de la ********************, tuviera cierta residencia en la Ciudad de México, fluya información por parte del asesor jurídico y de las partes, y las constancias de la carpeta, en estas relaciones de influencias, este juzgador no afirma que existan, pero son indicios que fluyen en la información que este juzgador debe de analizar justipreciar de acuerdo a una crítica racional de lo que acontece, entonces menciona que se pretendía dar "carpetazo", de la terminología que se utilizó, que se entiende coloquialmente como una influencia en los procesos a través de un poder político o de un poder jurídico que no estaría acorde a los márgenes de la legalidad que se debe establecer en los procesos; la igualdad entre el hombre y la mujer, la igualdad entre los sujetos procesales, la igualdad entre los derechos humanos es a lo que se debe privilegiar. En ese sentido, menciona la defensa, que esta ausencia del imputado durante cerca de un año, en esta localidad, atiende no a estas cuestiones de poder, sino a unas cuestiones de seguridad ya que había una amenaza de muerte por parte del hermano de la ofendida para respecto al indiciado. Esta es una información que se contrapone que son de imposible aclaración pero lo que este juzgador advierte que tomando en consideración todos estos indicios, en esta etapa del proceso, el modificar la medida cautelar, podría generar alguna alteración, unos riesgos procesales, incluso para la propia seguridad del procesado, el hecho de que esta información fluya y no haya mayor información, mayor debate, mayores documentos, mayores argumentaciones, que permitan a este tribunal decidir lo más favorable, debe de subsistir el derecho a la víctima y a la ofendida, a esta vida libre de violencia, a esta tutela judicial efectiva y principalmente, vuelvo a resaltar, el interés superior de la menor. De manera objetiva este juzgador advierte en el dicho de la niña, se dice víctima, que es lo que debemos de privilegiar en este tipo de delitos, de realización oculta, el dicho de la menor se encuentra robustecido, concatenado a esta etapa del proceso, por una sintomatología psicológica que se advierte en afectaciones por parte de quien se dice en las constancias el agresor, quien es el procesado, la niña menciona, cuestiones que no podría un infante inventar, imaginar sin haberlas experimentado en su persona, y se advierten dichos de la menor que si están robustecidos con demás datos y esto es algo que este juzgador tomó en consideración no solo para la vinculación a proceso al procesado, sino para la medida cautelar, en ese sentido, se considera que si bien la información que proviene del Instituto de Servicios Previos a Juicio es una información que este juzgador la considera objetiva, imparcial, la considera neutral, que proviene de estas instituciones que se conducen de acuerdo a los márgenes de profesionalismo, a los márgenes de objetividad y de lealtad, de buena fe, una institución seria que realizan sus opiniones, de acuerdo a la información que advierten, si bien se pueden tomar en consideración que no existiera un riesgo de fuga, un riesgo de obstaculización, un riesgo de alterar los medios de convicción, sí considera este juzgador como lo mencionó al principio, que debe prevalecer el interés superior de la niña, y aun así del diverso menor que está involucrado en el presente asunto. Estas condenas al estado mexicano por la prisión preventiva oficiosa o por la violación al derecho a la libertad por cuestiones que se decreten como medidas cautelares, únicamente por la pretensión delictiva, no fue la determinación de este juzgador, he mencionado que la determinación se tomó de acuerdo a una justipreciación global de todo el contexto de la causa; de igual forma, el contexto lo advierto no solo por el dicho de la menor y su categoría vulnerable, de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género, sino todas las cuestiones que son indicadores de una evaluación asimétrica, como pueden ser esta influencia política, este acceso a los cuerpos de seguridad pública estatal por parte del ciudadano, la posibilidad de fuga, la posibilidad de sustracción, la posibilidad de obstaculización del proceso, y vuelvo a resaltar en esta etapa en la que nos encontramos, en la que está por cerrarse la investigación judicializada, está por pasarse a la siguiente etapa que es una audiencia intermedia, considera el tribunal que lo más prudente es que subsista la medida cautelar de prisión preventiva y así se ordena en este acto, resolución que puede ser recurrida por las partes para que un tribunal superior en grado, de acuerdo a los agravios que presenten, pueda confirmar mi determinación, o también podría modificarla o revocarla. En ese sentido este juzgador considera, que hasta esta tesitura del proceso, lo más sano, lo más prudente, es garantizar la seguridad del procesado, aun en el Centro Penitenciario, por las amenazas que se han mencionado, garantizar el acceso a la tutela judicial de la menor y de la ofendida, este protocolo para juzgar con perspectiva de género, como medidas especiales de actuación, para garantizar el interés superior, considera este juzgador, que en esta etapa del proceso, la variación de la medida cautelar, puede generar que se altere la prueba que se va a desahogar o que se puede desahogar, que se debe desahogar en la eventual audiencia de debate, ya que este juzgador advierte de una manera objetiva que no existiría una posibilidad de mecanismo de aceleración hasta este momento, y que se van a continuar con las etapas procesales, para continuar, para garantizar estas finalidades del proceso, que cuáles son, conocer la verdad histórica de los hechos, procurar que los delitos no queden impunes, también proteger las personas inocentes, y a las víctimas garantizarles esta reparación del daño, esta tutela judicial, entonces considera este juzgador que hasta este momento, la información que se toma en consideración, pero vuelve a prevalecer este interés superior de la niña, debe prevalecer lo que la Suprema Corte ordena para juzgar en el protocolo con perspectiva de género, y principalmente lo que he mencionado de una tutela judicial que sea efectiva para la niña y la ofendida, considera el tribunal que estas son las principales razones de hecho y derecho para negar la modificación en la medida cautelar y vuelvo a resaltar que existe el derecho procesal de las partes para recurrir la determinación de este juez de primera instancia, siendo esta la resolución a la petición de la defensa técnica, tiene el uso de la voz por si hubiera petición diversa (.) De dicha exposición se evidencia, que el veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, el Juez del proceso resolvió y negó la modificación de la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el proceso penal ********************, instruida en contra de ********************; de ahí que no pueda emprenderse estudio de la inconstitucionalidad planteada contra la resolución dictada en la audiencia de dos de junio de dos mil veintitrés, en la que se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, dentro de la referida causa penal, porque no puede decidirse sobre ella sin afectar la nueva situación a la que se encuentra sujeto el quejoso, es decir, a la resolución de veintidós de septiembre de dos mil veintitrés, en donde se negó modificar dicha medida cautelar, ya que se trata de un diverso acto que genera sus propios efectos, de tal modo que las violaciones reclamadas por la parte quejosa, deben considerarse consumadas de modo irreparable. En ese contexto, al advertirse un cambio de situación jurídica que imposibilita el estudio de la que prevalecía con el primer acto y no poder decidir en el presente juicio sin afectar la nueva situación jurídica originada por el acto superveniente, lo procedente es decretar el sobreseimiento al tenor de la fracción XVII del artículo 61, conexo con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. De esa guisa, ante la actualización de la causa de improcedencia destacada, se hace innecesario abordar el examen de los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, lo que es acorde con el criterio orientador sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro digital 239006, Séptima Época, Materia Común, Semanario Judicial de la Federación, Volumen 24, Tercera Parte, página 49, de contenido: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Por lo expuesto y fundado en los artículos 74 a 77, de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo 637/2023-V, promovido por ********************, por las razones y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica; personalmente a las partes, y por oficio a las autoridades en su carácter de responsable y tercero interesado. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada María Isabel Olivas Domínguez, hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; a dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se tiene que no ha sido emplazado a juicio el agente del Ministerio Público, parte en el proceso penal 6176/2022, instruido en contra de **********, ante el Juez de Primera Instancia en el Sistema Penal Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta ciudad. Atento a ello, se ordena emplazar al citado Representante Social en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia, corriendo traslado con copia de la demanda y acuerdo de radicación. Consecuentemente, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las once horas del siete de septiembre de dos mil veintitrés, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. De igual forma, por identidad de razón, sirve de sustento jurídico la jurisprudencia XV.2º.J/9, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, visible en la página 78, del Semanario Judicial de la Federación, 83, Noviembre de 1994, Octava Época, del siguiente tenor: REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE POR FALTA DE EMPLAZAMIENTO AL TERCERO PERJUDICADO. Si los demandados en el juicio natural, ahora tercero perjudicados, no fueron emplazados oportunamente en el juicio constitucional y, consecuentemente, tampoco fueron oídos, ello se traduce en una violación al procedimiento que amerita su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica y emplácese a tercero interesado por oficio. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que aún no se ha emplazado a juicio a la tercero interesada de nombre de iniciales ********************por conducto de su representante. A fin de dar margen a que ocurra lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las once horas con diez minutos del dieciocho de agosto de dos mil veintitrés, para su desahogo. Lo anterior encuentra apoyo en la tesis IX.1º.26 C emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, visible en la página 580 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta VIII, Noviembre de 1998, Novena Época, cuyo rubro y texto es el siguiente: TERCERO PERJUDICADO EN EL JUICIO DE AMPARO. RAZÓN DE SU EMPLAZAMIENTO. La necesidad de emplazar al tercero perjudicado en el juicio de amparo, tiende a observar la garantía de audiencia y así otorgarle la oportunidad legal de comparecer al mismo y defender sus intereses, haciendo las alegaciones que considere convenientes y ofrecer todas las pruebas para ese efecto. Notifíquese por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del rubro NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.IRS
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