Ricardo H. Rodríguez Rubio
Expediente 701/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 2 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 701/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 02/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo H. Rodríguez Rubio
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de octubre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa en este juicio interpusiera recurso de queja, en términos de los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, contra el proveído de veintidós de septiembre del año en curso, en el que se tuvo por no presentada su demanda de amparo, sin que se haya exhibido promoción alguna al respecto, por lo que, se declara que dicho auto ha causado estado. Consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto concluido. Asimismo, al no existir actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. En atención a la certificación, quien resuelve califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, se tiene que el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Finalmente, toda vez que el presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse e intégrese, por separado, el tomo de las documentales que deberán ser destruidas, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la comparecencia levantada el día de hoy, se desprende que el quejoso *******, se desistió de la demanda de amparo promovida en su favor, por así convenir a sus intereses. En consecuencia, de conformidad con lo que ordena el párrafo tercero del artículo 15, de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias decretadas en auto de veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de septiembre de dos mil diecinueve. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por *******, a favor de *******, contra actos del Director General De Tránsito Municipal y otra autoridad, consistentes en el arresto administrativo, de que dice, es objeto el directamente agraviado. Se ordena capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y anotar en el Libro de Gobierno correspondiente de este juzgado como juicio de amparo 701/2019-II. Se reserva la admisión de la demanda hasta que sea ratificada, en términos del artículo 15, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Con fundamento en los artículos 125, 126 y 169, de la Ley de Amparo, se decreta la suspensión de plano del arresto administrativo para que cese de inmediato, medida que no se encuentra sujeta a condición alguna impuesta por las autoridades responsables. Sirve de apoyo a la determinación anterior, por identidad de razón, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo CIII, Materia Civil, visible en la página 1784, registro 344257, de rubro y texto: ARRESTO, SUSPENSIÓN TRATANDOSE DE. Si el acto reclamado se hace consistir en el arresto que se trata de imponer al quejoso, por desobedecimiento a una orden dada por la autoridad, es evidente que, de negarse la suspensión de ese acto, quedaría sin materia el juicio de amparo, porque en el supuesto de que al quejoso le fuera concedida la protección de la justicia federal, sería imposible físicamente reponerlo en el goce de la garantía violada. Asimismo, las autoridades responsables deberán de abstenerse de realizar cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que, si como lo afirma la parte promovente la parte directamente agraviada sólo ha sido detenida en estado de ebriedad y arrestada por ello, empero no privada de la libertad en cumplimiento a una orden de detención o aprehensión, o por sorprenderla en flagrante delito, las autoridades responsables deben ponerla en inmediata libertad, sin imponerle pago alguno o carga diversa para poder estar libre. Esto, porque según los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, el juez de distrito tiene la obligación de procurar que se mantenga viva la materia del amparo, de ahí que en el supuesto mencionado, de permitirse el arresto administrativo reclamado continúe surtiendo sus efectos, se corre el riesgo de que el acto reclamado se consume irreparablemente en perjuicio de la parte quejosa. Luego, resulta innecesario establecer alguna medida de aseguramiento a la parte quejosa, pues de los hechos narrados en la demanda no se advierte la probable comisión de un hecho delictivo o la existencia de algún tercero interesado. Es aplicable al caso la jurisprudencia 75/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XII, agosto de dos mil, Materia Constitucional, Común, visible en la página 18, registro 191374, del tenor siguiente: ARRESTO COMO MEDIO DE APREMIO. A LA SUSPENSIÓN EN SU CONTRA NO LE SON APLICABLES ANALÓGICAMENTE LAS MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO DEL QUEJOSO PREVISTAS POR LOS ARTÍCULOS 130 Y 136 DE LA LEY DE AMPARO. El arresto como medida de apremio, que tiene su fundamento en el artículo 17 constitucional que exige como garantía individual la de una administración de justicia pronta, completa e imparcial, persigue vencer la resistencia de quien se opone a acatar un mandato judicial. En cambio, las órdenes de aprehensión, detención o retención dictadas por autoridades judiciales del orden penal, por el Ministerio Público o por autoridades administrativas, se refieren a un acto tipificado como delito por la ley y del que se presume probable responsable al quejoso. Las medidas de aseguramiento a que aluden los artículos 130 y 136 de la Ley de Amparo, que debe tomar en cuenta el Juez de Distrito al conceder la suspensión contra las órdenes de aprehensión, detención o retención aludidas, no pueden exigirse al concederse la suspensión contra el arresto como medio de apremio en aplicación analógica de los preceptos citados, en virtud de que el origen y los fines perseguidos en cada tipo de órdenes son distintos y, además, en las segundas no están presentes las razones que justifican el dictado de esas medidas respecto de las primeras porque en aquéllas no hay necesidad de devolver al quejoso a la autoridad responsable en caso de que se niegue el amparo pues no hay hecho delictivo respecto del que deba purgarse pena privativa de la libertad. Además, conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte el arresto como medida de apremio no puede exceder del plazo de treinta y seis horas previsto por el artículo 21 constitucional, por lo que el dictado de medidas de aseguramiento en ese supuesto podría ocasionar la consumación irreparable de los efectos del acto reclamado, tornándose nugatorios los fines de la suspensión al agotarse la materia del amparo. Por último, frente al interés particular del quejoso de obtener su libertad en ambos tipos de órdenes en las que derivan de un hecho delictivo, el interés social exige que quien resulte responsable purgue la pena correspondiente, mientras que en las otras sólo exige el acatamiento al mandato judicial, lo que puede hacer el quejoso en cualquier momento. Ahora, es importante destacar que la suspensión de plano que se concede respecto del arresto no surtirá efectos si a la parte quejosa se le sorprendió en flagrante delito o con posterioridad se decreta su detención con base en lo establecido en el artículo 16 Constitucional. De igual manera, las autoridades responsables, en su caso, deberán informar la situación jurídica de la parte directamente agraviada, el motivo por el cual se encuentra privada de su libertad y si existió la comisión de un delito ponerla a disposición, la autoridad policiaca del agente del Ministerio Público, y éste, de la autoridad jurisdiccional, en los plazos correspondientes. En tales condiciones, requiérase a las autoridades señaladas como responsables para que dentro del término de veinticuatro horas legalmente computado, informen a este órgano de control constitucional sobre el cumplimiento a la suspensión de plano; para lo cual, deberán agregar copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Con el apercibimiento que de ser omisas en acatar la suspensión de plano que se concede, dejar de informar la forma en que lo hicieron o no manifestar la imposibilidad que tengan para ello, serán sancionadas en términos del artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, que dispone: 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: [.] III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; [.] Por otra parte, como de la demanda de mérito se advierte que la parte directamente agraviada se encuentra privada de su libertad deambulatoria y de acuerdo con la última parte del artículo 15 de la Ley de Amparo, el que suscribe se encuentra obligado a tomar las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado, se faculta al actuario adscrito a este juzgado federal para que se constituya en las instalaciones que ocupa el Centro de Recuperación Cívica Total. Así, una vez que localice a dicha persona, dé fe del estado físico que presente a simple vista, la requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al que surta efectos la notificación manifieste si ratifica o no la demanda de garantías promovida a su favor; apercibida de que en caso de no hacer manifestación alguna al respecto, se tendrá por no presentada la demanda, quedando sin efecto las providencias que se hubiesen dictado. Atento a lo anterior, y dada la naturaleza de la diligencia encomendada al fedatario judicial, se requiere a las autoridades encargadas de la custodia de la parte quejosa faciliten los medios necesarios para que el servidor público de la adscripción pueda dar cumplimiento a lo ordenado en este proveído. Esto es, para que le permitan el acceso a la totalidad de las instalaciones donde pueda estar recluida la parte quejosa, para lograr su localización y entrevista. De igual manera, indíquese a las autoridades señaladas como responsables, que tienen la ineludible obligación de dirigirse, en una forma conveniente, a los funcionarios encargados de ejecutar la diligencia, a efecto de cumplimentar la suspensión decretada. Lo anterior, con el apercibimiento que de obstaculizar dicho mandamiento, sin justificación legalmente fundada y motivada, ser harán acreedoras a una medida de apremio consistente en una multa por $4,224.50 (seiscientos cuarenta y siete pesos 60/100 moneda nacional), que es el equivalente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, así como 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ello con independencia de que se apliquen las sanciones previstas en la fracción III, del artículo 262 de la legislación de la materia. Se faculta al actuario adscrito para que, en caso, de no localizar a la parte agraviada en el lugar antes referido y sea informado que se encuentra en sitio diverso, se traslade al mismo, para efecto de dar cumplimiento a la diligencia encomendada, levantando la constancia respectiva. En atención a la petición de la parte promovente, se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado, en la inteligencia de que una vez que el directamente agraviado comparezca en este juzgado a pronunciarse respecto a la ratificación o no de la demanda presentada a su favor, o en su defecto, transcurra el plazo concedido para ello, se proveerá lo conducente en torno al domicilio particular de éste. De conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que el Actuario Judicial adscrito realice las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo. Dese cumplimiento al capítulo cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, que se publicó el quince de enero de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación. En términos de lo dispuesto por el artículo 3, párrafo octavo, de la Ley de Amparo, se instruye al personal encargado de la tramitación del juicio de amparo en que se actúa, digitalice todas las promociones o documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda la información relacionada con este expediente en el sistema y, en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, serán responsables de su impresión para ser incorporadas a este cuaderno. Con fundamento en los artículos 6, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 7°, 8° y 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la referida ley, así como 28, 32, 35, 42 y 71 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos; prevalece el principio de máxima publicidad para el debido ejercicio del derecho a la transparencia, de manera que, los datos del juicio en que se actúa, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así sea solicitado, conforme al procedimiento de acceso a la información. En esta medida, infórmese a la parte quejosa, que toda la información en posesión de este órgano jurisdiccional es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público y seguridad nacional, así también, hágase saber el derecho que les asiste para manifestar su oposición de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación que de autos y sentencia se haga, en la inteligencia de que la falta de aquélla, conlleva su consentimiento para que se publiquen sin supresión de dichos datos, con excepción de los sensibles, en la medida en que ello no impida conocer el criterio sostenido, y de los nombres de las partes cuando la referida publicación se haga por medios electrónicos. Notifíquese personalmente al directamente agraviado y por medio de oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma el licenciado *******, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, *******. Doy fe.
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