Ricardo Isai Huitron Rodriguez

Expediente 651/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 21 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
651/2023
Año
2023
Actuaciones
21
Última actuación
31/10/2023

Partes del expediente

  • Ricardo Isai Huitron Rodriguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en los presentes autos, sin que así lo hubieran hecho. En consecuencia, se declara que la sentencia ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro respectivo y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el expediente principal e incidental son conservables y serán transferidos una vez que se cumpla el plazo de tres años, conforme lo establece el artículo 17, fracción III, incisos a) y b, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, pues en el expediente principal se sobreseyó y concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, mientras que en el incidente se negó y concedió la medida cautelar instada. Atento a la certificación de cuenta, esta juzgadora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica; y mediante oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez. Doy fe.

  2. Principal

    Vista la razón del actuario de hace efectivo el apercibimiento y se ordena notificar por medio de lista a asesor jurídico de la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mie veintitrés que dice: Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 651/2023-II, promovido por **. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veintinueve de los mismos, **, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez de Primera Instancia en materia penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con el acto reclamado se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 651/2023-II, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró el uno de septiembre de dos mil veintitrés, conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: Del Juez de Primera Instancia en materia penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 6176/2022 el siete de junio de dos mil veintitrés, por su probable participación en el delito de violación agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 172, fracción I y último párrafo, con relación al diverso 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juez de Primera Instancia en materia penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la transcripción del auto de vinculación a proceso, de la que el acto combatido en este juicio se deduce, misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, el Juez responsable remitió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en dos discos compactos, a los que se reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; pues a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal 2566/2019, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) IV. La de vinculación a proceso; (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. (Es propio lo destacado.) De cuya intelección se desprende, el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el siete de junio de dos mil veintitrés, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte de la agente del Ministerio Público; además, durante la audiencia inicial, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensa privada; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien ejerció este derecho; aunque después, en la continuación de la audiencia inicial, como uno de los elementos de prueba que aportó la defensa, emitió su declaración con sustento en el interrogatorio que le formuló ésta, así como el contra interrogatorio que formularon tanto la representación social, como el asesor jurídico de la víctima. Luego, se tiene que el Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor material, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o (.) Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) II. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; (.). Conforme a tales normas, y tal como lo resaltó el Juez responsable, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo: Realice cópula con una persona menor de catorce años; Con quien tenga una relación que inspire confianza y respeto y; Con su proceder ilícito, haya quebrantado la fe que expresa o tácitamente, nacía de dicha relación. De modo que, los previos, son los elementos para la configuración del ilícito de que se trata, tal como correctamente lo indicó el Juez responsable. Al respecto, el artículo 171, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establece qué se entiende por cópula para efectos de la configuración del delito que nos ocupa: Artículo 171. (.) Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público, consistentes en: Denuncia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, ante la representación social, en la cual compareció **, en nombre de su hija **., en contra de **, el aquí quejoso. En la misma, se dijo que relató que estuvo casada con él siete años y que hace dos disolvió el vínculo. Que el veintidós de junio de dos mil veintidós, estaba platicando con su hija K, quien le dijo que la hermana de su mejor amiga, había sido violada; que notó que K se puso triste y empezó a llorar y dijo que le daba tristeza hablar de esas cosas; que le preguntó que si había conocido a la niña a la que le ocurrió eso y que dijo que no. Que como dos horas después, volvió a retomar el tema y que le preguntó a la infante si algo le había pasado o si alguien la había tocado; que la niña empezó a llorar mucho y que le dijo que su papá Isaí la había violado, que la amenazó que si le decía a su mamá, mataría a ésta. Que le dijo fueron muchas veces, que la última vez fue en enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las nueve de la mañana en su domicilio ** cuando ella se iba a trabajar; que ese día, ** aquí quejoso, mandó a su hijo a recoger las heces de sus perros y luego le habló a K y le dijo que fuera a su recámara, que empezó a frotarla con sus manos en sus senos, por debajo de la blusa, que él se bajó su ropa y que luego de subirla a la cama, también le bajó a ella su pantalón y calzón y que la penetró vaginalmente, que después, se subió la ropa y que fue a sentarse a la sala. Comparecencia de la niña **, de veintitrés de junio de dos mil veintidós, acompañada de su madre. Se relató que la menor dijo que fueron muchas veces en las que su padre (padrastro) frotó sus manos en su cuerpo sin su consentimiento, que metía sus dedos y miembro en su vagina y en su ano. Que él aprovechaba que su mamá trabajaba y que se quedaba cuidándolos. Que un día, que no recuerda la fecha exacta, le dijo a la niña que si decía algo a su mamá, la iba a matar. Que la última vez que la violó fue en enero de dos mil veintiuno, que a las nueve de la mañana aproximadamente; que ella y su hermano estaban viendo la televisión, que **, aquí quejoso, le gritó a su hermano que fuera a limpiar los excrementos de los perros y que a ella le habló que fuera a la recamara donde dormía con su madre, que le metió la mano en su playera y le tocó los senos, que se bajó su pantalón y su calzón y que la subió a la cama para bajárselos a ella también; que después metió su pene en su vagina, que le dolió mucho, que después de unos minutos se quitó de encima y que ella volvió a la sala, una vez que se puso su ropa nuevamente. Informe de agresión sexual de veinticinco de junio de dos mil veintidós, realizado por la médico legista de nombre***, a la menor víctima. La infante, ante esa profesional, se dijo que le relató, que desde junio de dos mil veinte, su papá (padrastro) **, aquí quejoso, comenzó a tocarla, que le tocaba sus pechos, su colita y su vagina; que le agarraba su mano y hacía que lo frotara su miembro, que ello ocurrió hasta enero de dos mil veintiuno, que aun en esa fecha vivía en el domicilio confirmó la madre; que él ponía su pene en su vagina y en su ano y que le dolía. Que el agresor le dijo que si le comentaba algo a su mamá, la iba a matar. Que en el examen paragenital que se practicó a la menor, no se encontraron huellas de violencia física recientes ni antiguas en región paragenital. En el examen ginecológico se encontró monte de venus con características normales para la edad, labios mayores y menores íntegros, introito vaginal con himen anular sin presencia de desgarros recientes o antiguos. Que concluyó que se trataba de una femenina con datos compatibles a afectación emocional, que aunque el himen se encontraba anular sin presencia de desgarros recientes o antiguos, no descartaba contacto directo como frotamiento o roce de un pene en área himeneal y bulbar, así como que debido a las características de elasticidad no se haya producido algún desgarro visible al examen ginecológico. En cuanto al examen proctológico, se dijo que no presentó desgarros presentes ni antiguos, pero no descartó frotamiento ni penetración parcial de un pene primera sección (glande), y la posibilidad de que debido a las características de elasticidad de los tejidos que integran la región anal, no se haya producido un desgarro observable al examen. Finalmente, que no encontró huellas de violencia física externas en la infante que aparentemente fue víctima del delito. Dictamen en materia de psicología elaborado por la profesional de nombre **, a la menor víctima. Que arrojó que identifica a su padrastro, el imputado, como su agresor; que refirió que tenía como siete u ocho años cuando inició a violarla; que lo hacía cuando su mamá se iba a trabajar, que metía sus dedos y su pene en su vagina y su ano; que la tocaba por debajo de la playera o por encima de la ropa, sin su consentimiento; que le dolía pero no había dicho nada porque la tenía amenazada, con matar a su mamá; que la última vez que la violó fue en enero de dos mil veintiuno, en la mañana, cuando ella y su hermano estaban en la sala viendo la televisión, que el aquí quejoso le dijo a su hermano que fuera a recoger las heces de los perros al patio y que ella fuera al cuarto, que cuando fue él cerró la puerta, que le bajó el pantalón y el calzón para penetrarla, que cuando se quitó de encima se fue a la sala. Señaló la experta que la mejor estaba irritable, explosiva y con miedo, que les grita a sus hermanos y que en la escuela se aisló de los demás; que batalla para dormir. Adujo que la menor le refirió que se siente triste, enojada y con odio hacia él (su aparente agresor). Que en el formato de indicadores de abuso sexual reflejó pérdida de sueño, pérdida de control de esfínteres, hiperactividad, pérdida de apetito, llantos frecuentes y miedo a estar sola, cambios bruscos de conducta y resistencia a desnudarse o cambiarse, aislamiento, miedo generalizado, hostilidad, agresividad, culpa, vergüenza, depresión, ansiedad, desconfianza, conocimiento sexual precoz, masturbación compulsiva, déficit en habilidades sociales, entre muchos otros. Concluyó que emitió un testimonio creíble, acorde a los elementos cognitivos, afectivos y conductuales, los cuales son comprensibles y están en consonancia con la narración expuesta. Por último, le recomendó cincuenta y seis sesiones de terapia y tratamiento psicoterapéutico. Certificado de nacimiento expedido por el gobierno de El Paso, Texas, donde se advirtió que la menor ** nació el veintiuno de octubre de dos mil doce. Parte informativo de policía investigadora, realizado por la agente de nombre **, donde se acotó que realizó diversas entrevistas, entre ellas a la menor víctima, así como a la señora **, el trece de julio de dos mil veintidós, que se dijo, se sucintaron en los mismos términos que en la denuncia y comparecencia; así como una serie fotográfica del lugar de los hechos, consistente en seis tomas. Por su parte, la defensa ofertó los siguientes datos de prueba en la continuación de la audiencia inicial, ahí desahogados; en los que, en esencia, se desarrolló lo siguiente: Declaración del testigo de nombre **, quien dijo que era compañero de trabajo del inculpado al momento en que incurrieron los hechos. -Que conocía al aquí quejoso desde proceso electoral de dos mil dieciocho, que ambos formaban parte del desaparecido partido político denominado Partido Encuentro Solidario. Él y el imputado eran secretarios de estrategia electoral de partido; que las oficinas estaban ubicadas en avenida ** en esta ciudad. -Que iniciaron a trabajar en dos mil veinte, hasta extinción del partido, en diciembre de dos mil veintiuno. -Que ambos entraban a trabajar a las ocho y media de la mañana (8:30), sin horario de salida, por las cargas de trabajo; que laboraban de lunes a sábado. -A la pregunta si recordaba alguna particularidad que haya acontecido en enero de dos mil veintiuno, dijo el testigo, que a partir de la primera semana de ese mes y año, dieron arranque al procedimiento electoral y empezaron a recibir precandidatos. -Que no notó nada extraño en enero de dos mil veintiuno más que le notificaron al aquí quejoso una demanda de pensión alimenticia, presentada por su ex esposa **. Testimonio de **, madre del indiciado, aquí quejoso. -Dijo que se dedicaba a vender ropa de segunda que traía de El Paso, hasta antes octubre de dos mil veinte porque las fronteras estaban cerradas con motivo de la pandemia (ocasionada por la enfermedad COVID-19). -Que en octubre de dos mil veinte hasta febrero de dos mil veintiuno, trabajaba cuidando a ** (todos hijos de Jaqueline y sólo el último, de ésta y del aquí quejoso). Que ayudaba a limpiar la casa, hacía desayuno y bañaba a los niños. Que le pagaban novecientos pesos ($900.00 moneda nacional), semanalmente. -Que llegaba a más tardar a las ocho y media de la mañana. Que mientras ella los cuidaba ** trabajaba en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que también trabajaba ** que él se iba entre ocho y ocho y media de la mañana y volvía tarde. Que cuidaba a los niños de lunes a miércoles, que porque los descansos de Jaqueline eran jueves y viernes; que a veces también se quedaba en jueves. -Que a veces iba el abuelo (papá de **), cuando ella cuidaba a los niños. -Que un día ella llegó y que ** estaba reprendiendo a uno de los niños, G de trece años de edad, que porque le hizo cosas a su hermana K. Que los menores G y K (víctima) no son hijos biológicos de **. -Que ella cree que la relación entre **, era buena; hasta diciembre de dos mil veinte, cuando la niña K, le dijo que su mamá hacía llorar mucho a su papá, que lo corría de la casa, que platicaba con un hombre de barba (llamado **) a quien llamaba mi amor, que decía que cuando se separaran ella se quería quedar con su papá. Que ellos terminaron en febrero de dos mil veintiuno, cuando ella recibió un mensaje en la red social Messenger de la hermana de Jaqueline, de nombre **, donde le pidió su teléfono. Que en la llamada le dijo que ella le iba a contar cómo estaban las cosas, que su hermana ya andaba por otro lado, con otra persona, que Isaí era un buen muchacho. Que luego le marcó a Isaí, para que se saliera de la casa y se fuera con ella. Que en enero de dos mil veintiuno, su hijo aún vivía en la casa ya indicada, con su ex esposa. -Que después de que le impusieron a **, actual pareja de **, medidas de restricción, fue que ésta empezó con la denuncia de K en contra de **. Declaración del directo quejoso. -Adujo que trabajaba en el entonces Partido Encuentro Solidario; en dos mil veinte entró como nómina, como secretario de organización y estrategia, hasta finales de dos mil veintiuno, cuando perdió el registro el partido; en un horario formal de ocho y media de la mañana a cinco treinta de la tarde (8:30 a 5:30), pero que por la carga de trabajo salía más tarde. -Que su familia estaba conformada por él, **(el último, su único hijo biológico); que se casaron el diez de octubre de dos mil catorce. -Que él se encargaba de pagar la guardería de los niños, después de divorciados. Que un día le llamaron de la guardería para decirle que los niños llevaban doce horas ahí, que él le habló a *** para decirle que si quería, él podía recogerlos y que ella le dijo que no, que él no era su papá, que él le respondió que al menos podía recoger a A, pero que ella le insistió que no y que se molestó mucho. Que ese mismo fin de semana que fue a recoger a su hijo a casa de los papás de ella, salió su hijo G a saludarlo y salió la niña K y que le dijo tú no eres mi papá. Que habló con el papá de ** y él le dijo que ésta ya le había confesado a la niña K que él no era su papá biológico. Que a partir de ahí cambió, la relación con K. Que la menor víctima K, todo el tiempo, hasta antes de eso, pensó que **, era su papá biológico. Que su ex esposa Jaqueline, en diciembre de dos mil veinte, empezó a cambiar su actitud hacia él. Que siempre fueron muy abiertos con sus teléfonos, pero que inició a ver que ella se encerraba mucho tiempo en el baño con el teléfono, que cambió su contraseña del teléfono, que empezó a llegar más tarde, que a veces cuando llegaba se quedaba hablando afuera de la casa, por teléfono, que le decía que tenía un amigo que se llamaba **; que un día le llegó una notificación en la noche que decía hola mi amor de ** y que le preguntó que qué pasaba ahí y que le dijo que esa persona así le decía a todas; que empezó a llegar con flores. Que lo corrió de la casa en enero de dos mil veintiuno pero le pidió quince días para buscar un lugar y sacar sus cosas. Que ella inició un divorcio contencioso, aunque había quedado con él que iban a divorciarse de forma voluntaria. Que un día marcó un sábado para la guardería, con el objeto de saber cuál era el adeudo de esa semana (porque dijo que Jaqueline no dejaba los niños a diario), y que en esa llamada, le preguntó la directora de la guardería quién era "Aligena", que él no sabía, pero después de preguntarle a su hijo A, le dijo que así le decía a Pedro. Que su hijo A le dijo que Pedro le pegaba en sus manos y que le dolía mucho. Que al llegar a pagar, en la guardería le dijeron que el infante A dijo a sus compañeros que "Aligena" le pegaba y lo maltrataba, que su mamá no lo defendía. Que al cuestionarla sobre esa situación, Jaqueline se puso agresiva y le dijo a **, aquí quejoso, que ella no permitiría eso y que hiciera lo que le diera la gana. Y que fue ese día sábado a denunciar a ** a Fiscalía. Que el domingo llegaron unos policías municipales a donde estaba viviendo y que ** y su mamá llegaron a ese lugar también, diciendo que no le quería dar al niño, con una copia de la sentencia de divorcio; que él negó que no lo quisiera devolver y dijo que estaba en su tiempo de convivencia y que la pareja de ** le pegaba al niño, por lo que se lo dejaron los policías. Que el agente del Ministerio Público le dijo que no le diera el niño a la señora, que el niño compareció y dijo lo mismo, que Pedro lo maltrataba. Que el CECOFAM (Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Chihuahua) han asentado que el niño no quiere ir con su mamá. Que justo después, él trabajaba en una funeraria. Que le llevaron una orden de aprehensión porque no acudió a una comparecencia, de la que dice que no lo notificaron, por violencia familiar en contra de **, que no prosperó pues no se judicializó. Que después, ** le puso otra denuncia por maltratar a sus hijos, que tampoco se judicializó. Que ** lo amenazó en su iglesia. Que después fue su hermano y que lo agredió frente a una multitud en la iglesia, donde lo amenazó de muerte. Que le hablaron a la policía. Que fue a ponerle una denuncia, a su ex cuñado, de nombre **, pero que éste nuevamente lo amenazó, por teléfono y dejó de gestionar ese asunto, por temor y por los antecedentes violentos de esa persona. Que la guardia y custodia de A la tiene **. Que tomaron la decisión de que regresara con su mamá, pero que existe una orden de alejamiento en contra de Pedro, que no ha sido respetada. Que la relación con K cuando se fue de la casa fue buena. Hasta cuando pasó lo de la guardería y Jaqueline le prohibió acercarse a K y le contó a ésta que ** no era su papá. De los cuales, concluyó el Juez responsable, existe la posibilidad de que el aquí quejoso, haya cometido el delito de violación agravada en perjuicio de la menor K.S.C., contemplado en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que se le imputa. Indicó primero, respecto de los datos que ofertó la defensa, adujo que resultaban insuficientes para desvirtuar la imputación en contra del aquí quejoso, lo que no significaba que se le restara credibilidad a lo desahogado en audiencia; no obstante, acotó que por lo que hizo al testimonio de **, si bien conocía al imputado, los horarios laborales que tenía cuando trabajaban juntos, incluso, de las creencias religiosas y de la espiritualidad de éste, no fue un testigo presencial que de manera directa y a través de sus sentidos haya percibido el hecho materia de imputación. Luego, refirió el Juez responsable que lo mismo ocurría respecto de la madre del imputado; indicó que aunque brindó un contexto de los cuidados que ella daba para con los hijos, ello no permitió, hasta esta etapa procesal, afirmar que el hecho no aconteció o que no pudo haber acontecido. Y que aunque emitió diversas manifestaciones en torno a la vida amorosa de Jaqueline y la violencia que en apariencia se ejerce en contra del diverso menor A, eso no era materia de la Litis. Enseguida, destacó, respecto de la declaración que emitió el directo quejoso, adujo que en ese momento vivía en el lugar donde en apariencia, ocurrieron los hechos; que como adujo la defensa en audiencia, vivir en ese lugar, no significaba que por ello, había cometido el ilícito ya referido, pero continuó el Juez responsable, que sí constituía un indicio de que se situaba en ese lugar y en ese espacio temporal materia de la formulación de imputación. Precisó el Juez responsable luego, que el dicho la víctima debía ser privilegiado; y que el propio indiciado manifestó que la menor de edad K nunca conoció a su padre biológico, que él la aceptó y fue su figura paterna, desde los nueve meses de edad; de modo que, ya que la menor de edad refirió que su papá fue quien cometió en su contra el delito de que se trata, eso lo llevaba a concluir que hablaba del indiciado, aquí quejoso; y no de diversa persona. Luego, dijo el Juez responsable que lo relativo al alejamiento que tuvo la menor K para con el imputado una vez que supo que no es su padre biológico, que no podría afirmar, que por el impacto psicológico en la menor al saber la noticia, realizara imputaciones falsas en contra del aquí quejoso; pues dijo que eran cuestiones que se desfasarían de una crítica racional de la información y sería una justipreciación no adecuada de la información que se expuso. Luego, dijo el Juez que la defensa técnica en su argumentación, que se tomara en cuenta el trasfondo del asunto, esto es, el hecho de que el imputado presentó una denuncia en contra de la actual pareja de la ofendida y que en apariencia, esa es la razón por la cual se dio la denuncia que originó esa causa penal en estudio; indicó que no por ello podía discriminar el dicho de la menor víctima y considerar que es falaz. Asimismo, precisó que se encontraba obligado a ello, de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género y desde una visión oficiosa del interés superior de los menores, como es el caso de la menor víctima; y que debía, privilegiar el dicho de la menor, que lo encontró robustecido al menos con el dictamen psicológico. Dijo luego que llamaba su atención que en el dictamen de agresión sexual que se practicó a la menor, no advirtió ningún indicio de violencia sexual, que se asentó que tenía himen anular sin presencia de desgarros recientes ni antiguos; empero, acotó que el delito de que se trata, no es uno de resultado, de modo que, dijo, no es un requisito indispensable que se dé alguna ruptura o desgarro en el himen, incluso destacó que se señaló en ese dictamen que la menor de edad presentó una himen flexible anular y que de acuerdo a esta flexibilidad no se descarta el roce de penetración incompleta, por ambas vías. En torno a lo alegado por la defensa en cuanto al punto, donde tachó esa acotación de la médico legista como una especulación, acotó que no consideraba que se tratara de tal cosa, sino que fue lo que esa profesional advirtió, de acuerdo a la ciencia que profesa y a experiencia de que goza. Precisó además que la menor narró circunstancias específicas ante la psicóloga, de temporalidad, en enero de dos mil veintiuno, que se situaron en el lugar del domicilio familiar; detalló situaciones específicas, como el imputado se bajó el pantalón y el calzón y que la penetró vía vaginal; lo que concatenó a lo señalado por la psicóloga, en torno a los trastornos que se dijo, padecía la menor, como un aislamiento escolar, pérdida del sueño, tristeza, entre otros. Determinó, en consecuencia, que tal sintomatología si puede ser estimada como un nexo causal de la conducta que se le atribuye al imputado, con independencia del contexto que se da el divorcio, las amenazas, la infidelidad de la madre, las denuncias y el restante entorno que las partes describieron; pues en su criterio, reiteró, el dicho de la menor sí encontró razonabilidad y sí se encontró en ella una sintomatología que se derivó, probablemente, del ilícito que se dijo la menor, sufrió, de acuerdo con el estándar con que se evalúa esa etapa del proceso penal; sin embargo, acotó que cualquier pronunciamiento que tienda a demostrar de manera plena el hecho de la violación y de la responsabilidad de más allá de toda duda razonable, tendría que ser materia de una audiencia de debate a juicio oral. Acotó que el hecho de que se vincule a proceso al indiciado, aquí quejoso, sólo significaba abrir una investigación judicializada, formalizada, supeditada por el Poder Judicial para evitar cualquier vulneración de derechos tanto del imputado como de la víctima; y que respecto de los indicios de aleccionamiento de la menor que adujo la defensa, acotó que existen metodologías de psicología novedosa en la etapa de investigación, como pudiera ser algún dictamen de aleccionamiento, emitidos por peritos en psicología especializados en descartar cualquiera de esas posibilidades, así como técnicas especiales para la extracción de información de niñas y niños que son involucrados en delitos de violencia sexual, como en la especie acontece, que permiten conocer la verdad histórica de los hechos, como una de las finalidades ulteriores del Sistema Penal. Determinado lo anterior, el Juez responsable se hizo cargo de los elementos del delito de que se trata, que lo llevaron a concluir, atendido al estándar probatorio que rige esa etapa, que, en grado de probabilidad, el aquí quejoso, violó a la menor de edad K, pues en apariencia, en el mes de enero de dos mil veintiuno, en el domicilio familiar, ya indicado, le impuso cópula, vía vaginal, usando violencia psicológica para conseguirlo, es decir, la amenaza de matar a su madre si contaba, aprovechándose de la confianza y del vínculo por parentesco; con lo que, luego de su análisis, estimó actualizado el tipo penal contenido en los artículos 172 fracción I y último párrafo, así como 175, fracción ll, todos el Código Penal del Estado; pues aludió a que en términos del numeral 175 fracción II Código Penal del Estado. Enseguida, precisó que la edad de la menor estaba plenamente demostrada, con su acta de nacimiento, que no fue controvertida por las partes; de modo que, tuvo por certera la fecha de natalicio de la menor, como el veintiuno de octubre de dos mil doce. Ante lo anterior, concluyó emitir auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, acto que constituye el aquí reclamado ante tal probabilidad de la comisión del delito de referencia; y analizó cada uno de los requisitos que según el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debía acatar. Con lo que se estima además, que el Juez responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, fue colmada; pues, además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la posibilidad de que el aquí quejoso haya cometido el ilícito de que se trata -de acuerdo a la etapa tan temprana en que se encuentra el proceso-. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados en los medios de prueba; las circunstancias consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso del aquí quejoso. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica inmediata o intrínsecamente que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación Indicado lo anterior, en su primer concepto de violación, el accionante del amparo argumenta medularmente lo siguiente: Que le causa agravio que el Juez responsable haya tenido por acreditado el delito de violación, a pesar de que en el examen ginecológico se señaló que la víctima tenía introito vaginal con himen anular sin presencia de desgarros recientes o antiguos y con región perianal normal, sin presencia de desgarros recientes o antiguos. Por ende, dice, no se encontró evidencia compatible con el delito de violación, al no haber hallado la existencia de desgarros, laceraciones o lesiones en la víctima, que pudieran suponer que hubo penetración reciente o antigua en el área vaginal o anal. Que la perito médico señaló que aunque no había desgarros ni lesiones en la vagina o ano de la víctima, no descartaba contacto directo con tocamientos o frotamientos, lo adujo sin un dato objetivo para sostenerlo. Que el Juez equivocó al decir que a pesar de no tener desgarro alguno, pudo deberse a la elasticidad de los tejidos de la zona. Señala, que es una conclusión absurda, porque dice que el cuerpo de la víctima no ha alcanzado la madurez para tener relaciones sexuales y que si las tuviera, dejarían ineludiblemente marcas de desgarro y daños por la inmadurez del tejido para lubricar. Que no es suficiente el dicho de la víctima para sustentar el auto de vinculación a proceso combatido. Que si bien es cierto que esa clase de delitos son de realización oculta, no menos cierto es que el dicho de la menor no debe ser analizado aislado y que, por el contrario, debe concatenarse con diversos datos de prueba que hagan suponer su veracidad.Por ello, estima que se vulneraron en su perjuicio los criterios con los siguientes rubros: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA y VIOLACION, DECLARACION DE LA OFENDIDA EN CASO DE. PARA TENER EFICACIA, DEBE SER VEROSIMIL Y ESTAR ADMINICULADA CON OTRAS PRUEBAS. Es infundado en su totalidad tal motivo de disenso. En principio, es cierto que en el informe de agresión sexual de veinticinco de junio de dos mil veintidós, realizado por la médico legista de nombre **, a la menor víctima, acompañada por su madre, el citado profesional no encontró hallazgos de desgarros antiguos o recientes en el área vaginal o anal de la víctima. Empero, la referida perito médico, no asentó en su dictamen que estimaba que no hubo violación en la infante de referencia; sino que, lo que acotó fue que la menor no presentaba datos de desgarros antiguos ni recientes, en dichas áreas; al respecto como lo argumentó el Juez responsable al analizar la configuración del delito, eso no implica que no haya ocurrido la penetración; en efecto, el legislador no acotó qué profundidad debía tener la intromisión del miembro viril, como para asegurar que esa introducción del pene deba generar alteraciones físicas en la región vaginal o anal, como refirió el defensor del quejoso. Es así, como se indicó en el primer argumento que compone el concepto de violación en análisis (y como también lo refirió en la audiencia de la que se dedujo el auto de vinculación a proceso), la defensa del quejoso refirió que al no encontrase en la revisión de la víctima, evidencia compatible con la existencia de desgarros, laceraciones o lesiones en la víctima, que pudieran suponer que hubo penetración reciente o antigua en el área vaginal o anal, es evidente que no existió penetración en la menor, pues adujo que, de haber sucedido, invariablemente, debió presentarse algún desgarro o lesión. Sin embargo, dicha aseveración, se trata de una apreciación subjetiva; pues la defensa del quejoso, éste, ni el Juez responsable, son peritos en medicina ginecológica o proctológica así como tampoco esta Juzgadora; como para concluir que, con una penetración vaginal o anal aun de poca profundidad ineludiblemente deba presentarse un enrojecimiento, un desgarro, una laceración o lesión. Además, sobre el punto, la defensa del aquí quejoso en la citada audiencia, no ofreció dato de prueba alguno; de modo que, su dicho en torno a que forzosamente debió generarse en la menor alguna lesión o desgarro con la penetración que en apariencia sufrió, no se vio apoyado en dictamen emitido por un experto en el tema, que confirmara su aseveración subjetiva. Asimismo, en el momento procesal en que se encuentra la causa penal de origen, se desconoce la dimensión distal del miembro viril del quejoso, de modo que no puede afirmarse que con el dictamen médico practicado a la menor víctima se demuestra que no se ejecutó en su persona el hecho típico que se le atribuye, ni es posible afirmar que la penetración en la persona de ésta es fisiológicamente imposible. Además, tal como lo señaló el Juez responsable, para considerar configurado el delito de violación, no es necesario que se localicen en el cuerpo de la menor víctima lesiones corporales y que así se asiente en el dictamen médico, pues para efectos de la configuración de esta conducta típica, la cópula se entiende perfecta aunque sea solo parcial. Al respecto, se cita la tesis II.1o.P.63 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 1473, que ilustra el argumento anterior, cuyo rubro es: VIOLACIÓN DE IMPÚBER, DELITO DE. PARA QUE SE ACTUALICE EL ELEMENTO CÓPULA BASTA CON UNA PENETRACIÓN PARCIAL AUN CUANDO LA PASIVO NO PRESENTE DESFLORACIÓN O LESIONES CORPORALES. Para que se tengan por integrados los elementos del tipo penal de violación de impúber, no es indispensable que se agote fisiológicamente el acto sexual, ya que la penetración o introducción del órgano viril en la vagina de la pasivo, hace posible la cópula sin hacer necesaria la existencia de desfloración o de lesiones corporales, en virtud de que si bien la noción restringida de la cópula se refiere a la introducción del órgano sexual masculino (pene) en la parte femenina (vagina o vulva) y que en sentido lato cópula implica la penetración del órgano sexual masculino en la vagina o en el ano de persona del mismo o diferente sexo, para los efectos penales resulta indiferente la seminatio o eyaculación o que no se dé el goce sexual y aún más, la cópula se reputa perfecta aunque la introducción o penetración sólo sea parcial; por tanto si el quejoso manifiesta que no hubo penetración y de los dictámenes periciales se desprende que la ofendida no presentó lesiones ni desfloración, ello no es óbice para tener por consumado el ilícito en comento. Para los efectos penales, conforme a tal criterio, resulta indiferente si se presentó o no eyaculación y aún más, que la cópula se reputa perfecta aunque la introducción o penetración sólo sea parcial, pudiendo ser ésta, como determina dicha tesis y como alude la codificación penal respectiva, vaginal, anal o bucal. (2) Después, en cuanto al siguiente argumento del quejoso, donde indica que la perito médico señaló que aunque no había desgarros ni lesiones en la vagina o ano de la víctima, no descartaba contacto directo con tocamientos o frotamientos, lo adujo sin un dato objetivo para sostenerlo; tampoco le asiste la razón. Tal como le respondió el Juez responsable, en la audiencia del que derivó el auto de vinculación a proceso aquí reclamado, no se estima que la acotación que realizó la experta se haya tratado de una especulación sin sustento, como dijo, sino que fue lo que esa profesional advirtió, acorde a su conocimiento empírico en el área. (3) Respecto al argumento del quejoso en el que alega que el Juez equivocó al decir que a pesar de que K no tuvo desgarro alguno, que pudo deberse a la elasticidad de los tejidos de la zona y que esa conclusión es absurda, porque dice que el cuerpo de la víctima no ha alcanzado la madurez para tener relaciones sexuales y que si las tuviera, dejarían ineludiblemente marcas de desgarro y daños por la inmadurez del tejido para lubricar; no le asiste la razón. Primero, como ya se dijo, ni el quejoso, su defensa, el Juez responsable o esta Juzgadora Federal, son peritos en medicina, como para emitir un pronunciamiento como el que realiza el peticionario del amparo, en torno a que, indefectiblemente, en caso de penetración vía anal o vaginal, a la menor, por su corta edad, debía darse alguna lesión o desgarro. De modo que, esa conclusión deviene sin sustento alguno. Por su parte, el argumento al que arribó el Juez responsable, se estima acertado, pues se apoyó en la opinión experta de la médico legista que practicó en la humanidad de la menor víctima, las exploraciones a que ya se ha hecho referencia; la perito médico que dada su experiencia y funciones, se encuentra apta para emitir pronunciamientos como el de la índole. En consecuencia, es infundado el argumento del quejoso en análisis, porque la manifestación del Juez responsable, como se dijo, encuentra sustento en el dictamen médico legista de nombre **; en cambio, la que él externa, no tiene apoyo en dictamen médico alguno, de diverso experto que, tras el análisis del caso particular de la víctima, arribara a la conclusión a que hace referencia. (4) Enseguida, en cuanto al siguiente argumento del quejoso, en el sentido de que no es suficiente el dicho de la víctima para sustentar el auto de vinculación a proceso combatido, pues, en su consideración, solo se tomó en cuenta el mismo para emitir el acto reclamado, no le asiste la razón. Ello es así, pues contrariamente a lo que aduce no se consideró únicamente ese dato de prueba, sino todos los que invocó la agente del ministerio público y su propia defensa en la audiencia respectiva, mismos que fueron adminiculados y analizados en su integridad, de forma armónica y lógica por el Juez responsable para determinar, en grado de probabilidad, la participación del aquí quejoso en el ilícito de que se trata. Luego, el Juez responsable, calificó la totalidad de los medios de prueba que se pusieron a su consideración; y posterior a un análisis razonado, estimó que eran bastantes, en ese momento procesal, para estimar en grado de probabilidad, que el aquí quejoso cometió el delito de referencia. Así, el Juez responsable, atendiendo al estándar probatorio que opera en la etapa en que el asunto se encuentra, tomó en cuenta los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar en grado de probabilidad que los hechos configuran el delito ya precisado y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Además, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, y podrá, de ser su deseo, ofrecer los que estime adecuados para desplegar su defensa; tal como se acotó en el punto previo, diverso dictamen médico o psicológico, o como el que inclusive le refirió, en audiencia, acertadamente el Juez responsable, en torno a algún dictamen en aleccionamiento, emitido por un perito en psicología especializado en esa rama, dedicado a la extracción de información de niñas y niños que son involucrados en delitos de violencia sexual, como el del caso. (5) Debe indicarse al quejoso, que los delitos de índole sexual se llevan a cabo por lo general en ausencia de testigos y por ello debe otorgarse al dicho de la víctima especial preponderancia y credibilidad, pues de lo contrario a ningún efecto jurídico conduciría la denuncia de hechos de esa naturaleza; máxime que en el caso prevalece el interés superior del menor, lo que implica, precisamente, dar especial preeminencia al contenido de la denuncia de la infante víctima, pues constituye una prueba fundamental sobre el hecho, así como tener en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que usualmente ello implica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.), estableció que tratándose de delitos en que las víctimas sean infantes, el juzgador debe valorar su dicho, bajo la perspectiva del interés superior de menor, tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, a fin de evitar que se reste credibilidad a su versión bajo el argumento de narraciones incompletas, verbigracia. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 267, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias Constitucional y Penal, Décima Época y número de registro 2010615, cuyo contenido es el siguiente: MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. Aunado a lo anterior, en el caso, la víctima tiene la calidad de niña y tanto el juez de Control responsable, al momento de resolver la situación jurídica del imputado, como esta Juzgadora de amparo al resolver este asunto, deben atender a su interés superior, lo que implica, desde luego, tomar en cuenta su dicho, máxime que existen otros datos de prueba que permiten darle credibilidad, contrario a lo que señala, pues, se reitera, el dicho de la víctima no fue apreciado de forma aislada, sino que se encontró adminiculado con los diversos elementos de prueba, sobre todo con el dictamen psicológico ya referido, del que se desprendieron diversos padecimientos emocionales que aquejan a la menor, en apariencia, derivado del ilícito en cita. Al respecto, la Primera Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 1a. LXXXIII/2015 (10a.), determinó que en materia jurisdiccional, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez, de manera que, el principio de interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. Criterio consultable en la página 1397, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2008546, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Se invoca como sustento, de igual modo, la tesis número LXXXII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1398 del Tomo II, Libro 15, Febrero de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia constitucional, Décima Época y número de registro 2008547, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. Así pues, el señalamiento de la menor víctima, adminiculado con la denuncia de su madre, **, el dictamen psicológico que reveló las múltiples afecciones que padece la infante, en conjunción con los restantes medios de prueba en este momento procesal arrojan datos de prueba suficientes para estimar en grado de probabilidad que en la persona de la menor víctima se ejecutó la conducta típica ya descrita. Lo anterior, pues en el momento procesal que guarda la causa penal, los datos de prueba ya listados, no pueden ser apreciados conforme al estándar de valoración correspondiente a un medio de convicción como tal, esto es, no puede exigirse que la información que de tales diligencias se desprende, sea demostrada fehacientemente, de manera que tengan pleno valor probatorio, pues ese ejercicio de valoración corresponde a una etapa posterior del proceso penal; mientras que, se insiste, para dictar un auto de vinculación a proceso, como lo señala el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es suficiente que se cuente con datos de prueba con los que se demuestren los extremos indicados, en grado de probabilidad. Asimismo, ninguno de los datos de prueba invocados por la representación social, fue controvertido durante la audiencia de vinculación a proceso, más que argumentativamente, desvirtuándose por parte del Juez responsable, de forma acertada; pero no a través del ofrecimiento de dictamen diverso, sino únicamente con las dos testimoniales ya indicadas y la declaración mediante preguntas, por parte del indiciado, de las cuales, como ya se dijo, también se desprendió en el momento en que se encuentra el proceso- la probabilidad de que el quejoso haya cometido, en perjuicio de la menor que se dice víctima, el delito en cita. Ante lo anterior, es evidente que no se vulneraron en su perjuicio los criterios a que hizo referencia, que son respectivamente, del siguiente contenido: a) Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, tesis aislada, del siguiente tenor: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE., publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. Pues adverso al sentir del quejoso, el citado criterio, no fue contrariado por el Juez responsable, pues el dicho de la menor, aunque fue preponderado de acuerdo a las tesis jurisprudenciales arriba citadas, emitidas por el Más Alto Tribunal del País no fue un elemento de prueba único ni aislado, sino que, como se ha venido señalando, fue adminiculado con los restantes que las partes ofertaron. Además, se insiste al quejoso, dado el parámetro probatorio que rige la etapa tan prematura del proceso penal, los datos de prueba ofertados, analizados en su conjunto, permitieron al Juez responsable suponer de forma razonable, en grado de probabilidad, la comisión del ilícito de que se trata y también en grado de posibilidad, la intervención en el mismo por parte de aquél.b) Emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 673, del texto:VIOLACION, DECLARACION DE LA OFENDIDA EN CASO DE. PARA TENER EFICACIA, DEBE SER VEROSIMIL Y ESTAR ADMINICULADA CON OTRAS PRUEBAS. Aun cuando la declaración de la ofendida en el delito de violación es de relevancia singular, dado que ese ilícito, por su naturaleza es de consumación privada o secreta, debe atenderse a que esa declaración, para que pueda tener efectos probatorios dentro de la causa, además de estar adminiculada con otras pruebas, debe ser verosímil en cuanto a las circunstancias y accidentes de los hechos que motivaron la violación sexual. Tesis aislada que, al igual que la diversa ya citada -emitida por tribunal en circuito diverso al en que se encuentran el Juez responsable y estas Juzgadora Federal- no fue vulnerada en perjuicio del quejoso, pues, se reitera, el dicho de la menor no fue asilado ni el único elemento de prueba ofertado como parte de la teoría acusatoria. Segundo concepto de violación Enseguida, en su siguiente concepto de violación, el accionante del amparo argumenta medularmente lo siguiente: Que le causa agravio que el Juez responsable lo haya vinculado por el delito de violación, aunque, al no haber cópula, pudo reclasificar el delito. Que por lo tanto se vulneró en su perjuicio la tesis de rubro RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.No asiste la razón al quejoso, por lo que se califica de infundado el citado motivo de disenso. Adverso a lo que señala el quejoso y como se ha venido repitiendo a lo largo de este fallo, en el momento en que se haya el proceso penal, no es preciso comprobar fehacientemente la realización del delito, ni la participación del imputado en el mismo; sino, que, razonablemente, existan indicios que permitan estimar, en grado de probabilidad, que ambas circunstancias ocurrieron. Sentado lo anterior, contrario a lo que señala el quejoso, en ningún momento los elementos de prueba aportados por ambas partes, permitieron concluir que no existió cópula (impuesta) en perjuicio de la infante víctima. Por el contrario, de las conclusiones extraídas por la experta en psicología, se advirtieron, verbigracia, diversas afectaciones en esa materia, en la psique de la víctima. Además, como bien lo resaltó el Juez responsable en audiencia, y como ya previamente en esta sentencia se había precisado, el hecho de que no se hayan encontrado en la niña K, desgarros o lesiones en su vagina o en su ano, no significa que no haya ocurrido, en grado de probabilidad, la penetración del miembro viril del aquí quejoso en esos sitios, como ella adujo; pues, se repite, en atención al mínimo estándar probatorio que rige la etapa, sí se advirtieron indicios bastantes para suponer que probablemente, ello ocurrió, mismos que no pudo obviar la autoridad responsable y tampoco lo hace esta Juzgadora. Además, el legislador no determinó los alcances de la penetración que debía tener la vaginal o la anal, para estimarse alcanzada la cópula, como se desprende del artículo 171 de la referida codificación, que se considera pertinente invocar de nueva cuenta enseguida: Artículo 171. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. En segundo lugar, como ya se dijo, en el examen médico practicado a menor víctima **, la médico legista no asentó expresamente en su dictamen que estimaba que no hubo violación en la infante de referencia; sino que lo que acotó fue que no presentaba datos de desgarros antiguos ni recientes, en las zonas de referencia; sin embargo, eso no implica que no haya ocurrido la penetración, pues el legislador no acotó qué profundidad debía tener la intromisión del miembro viril, como para asegurar que esa introducción del pene deba, ineludiblemente generar alteraciones físicas en la región anal, como refirió la defensa del quejoso. Además, como también ya fue explicado, el defensor del aquí quejoso en la citada audiencia, no ofreció dato de prueba alguno, que resultara eficaz en cuanto al punto, que hubiere sido emitido por experto en medicina, con el cual pudiera sustentar su apreciación; de modo que, su dicho en torno a que forzosamente debió generarse en la menor alguna lesión o desgarro con la penetración que en apariencia sufrió, no se vio apoyado en dictamen emitido por un experto en el tema, que confirmara su aseveración subjetiva. Por lo anterior, es acertado que, contrario a su parecer, no se haya reclasificado el delito; reclasificación que, dicho sea de paso, no fue alegada en momento alguno por su defensa, en la audiencia inicial. Respecto a la reclasificación del delito, es oportuno señalar que el auto de vinculación a proceso, se dicta sobre ciertos hechos considerados como delito, cuya clasificación jurídica puede variar en distintas etapas del procedimiento. Es decir, el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso ésta puede ser precisada en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria. Por tanto, lo que se determina en la vinculación a proceso son los hechos delictivos que serán motivo de investigación, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues deben subsistir los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé diversas oportunidades en las que es posible variar la clasificación jurídica de los hechos considerados como delito materia de un proceso. Una de estas es la prevista en el numeral 316 del invocado código, que en la parte que aquí interesa dispone lo siguiente: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. De lo anterior se desprende que se podrá otorgar a los hechos por los cuales se formule imputación, una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público; cuyo efecto del auto de vinculación a proceso será solamente establecer los hechos delictuosos sobre los que continuará el proceso o se determinará las formas anticipadas de terminación del proceso. Por su parte, el artículo 318 del código en comento establece lo siguiente: Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. De esta manera, conforme al aludido precepto legal, son los hechos delictivos y no su calificación jurídica los que servirán de base para continuar con el proceso, determinar las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento; de ahí que el proceso no debe forzosamente ceñirse a la calificación jurídica que se fijó en el auto de vinculación. Un segundo momento en el que es posible variar tal clasificación jurídica, es al concluir el plazo de la investigación complementaria, en el que el fiscal puede solicitar el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso, o bien formular acusación. Esto, como se advierte de los numerales 324 y 335 del citado código, que dicen: Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes De lo anterior se desprende que, aunque no se haya efectuado una reclasificación jurídica de momento -lo cual, como se indicó, se estima acertado, pues contrario a lo que señala, se acreditó, de forma indiciaria, con los elementos de prueba aportados, que en grado de probabilidad, se impuso la cópula-; elemento base del delito de que se trata. Finalmente, contrapuesto a lo que señala el quejoso, no se violó en su perjuicio la siguiente tesis aislada, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 1013, del contenido: RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al Juez de Control para otorgar una clasificación jurídica distinta a los hechos que fueron motivo de la imputación, siempre y cuando el Juez de Control les haga saber al imputado y a su defensor en la propia audiencia que va a clasificar de manera distinta los hechos para que en esa misma diligencia pueda tener la oportunidad de defenderse, sobre todo expresando alegatos previos a la determinación de la vinculación a proceso. Esa fórmula es acorde con lo interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 7546/2017, en el que, entre otras consideraciones, estableció que es factible variar la clasificación legal de los hechos delictuosos, pero previendo mecanismos adecuados para que el imputado pueda ejercer su derecho fundamental a la defensa; contemplando como tal el consignado en el penúltimo párrafo del citado numeral, ya que garantiza que el imputado conozca oportunamente ese cambio en la clasificación jurídica de los hechos, con lo cual se generan las condiciones para que cuente con la oportunidad de ejercer su derecho fundamental de defensa, que le permite ofrecer los datos de prueba que considere, así como formular los alegatos respectivos, con el fin de desvirtuar dicha calificación jurídica. De modo que si el Juez de Control decide "motu proprio" cambiar la clasificación jurídica de los hechos expuestos por el Ministerio Público en la formulación de la imputación; previamente, debe comunicarlo al imputado y a su defensor, a fin de no trastocar los derechos fundamentales de defensa adecuada, audiencia y debido proceso, puesto que desde una perspectiva de lógica jurídica, sería evidente que el imputado quedaría inaudito y se tornaría en letra muerta el contenido de la norma procesal en comento. Ello, por la simple razón de que el Juez responsable no reclasificó el delito que adujo la representación social que conoce la causa penal de origen, que se había actualizado, en grado de probabilidad, en perjuicio de la menor K; de modo que, el caso concreto, no encuadra en la hipótesis a que alude el referido criterio aislado. Tercer concepto de violación Luego el accionante del amparo argumenta lo que a continuación se expone en su diverso motivo de disenso: Que el lenguaje de la víctima en su denuncia dista de la capacidad cognitiva de un niño de su edad, lo que podría arrojar que fue aleccionada; pues en la pericial en psicología, en lugar de usar ano o vagina, dice colita, lo que le causa agravio pues dice que el Juez responsable no analizó lo anterior de forma armónica con los datos de prueba de su defensa y de la representación social. Es infundado dicho concepto de violación. Primero, el hecho de que, en apariencia, la víctima conoce las denominaciones certeras de las partes del cuerpo humano a que hizo referencia, por sí mismo, no puede reflejar aleccionamiento alguno como aduce el quejoso, sino, en su caso, simplemente que como parte de su educación familiar o escolar, probablemente, le han sido indicados los nombres correctos de las partes del organismo humano, no con eufemismos. Tampoco permite concluir que existió aleccionamiento a la menor, que en posterior ocasión, ante la experta en psicología, se haya referido a esas partes como colita, pues el hecho de que pudiera conocer los nombres acertados de las partes del cuerpo humano, no menoscaban el hecho de que sigue siendo una niña de nueve años, al momento de la denuncia y pueda emplear en su lenguaje habitual, esa índole de expresiones. Además, como ya le fue referido, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, y podrá, de ser su deseo, ofrecer los medios de prueba que estime adecuados para desplegar su defensa; tal como se acotó antes, como el que inclusive le refirió acertadamente el Juez responsable, en torno a algún dictamen en aleccionamiento, emitido por un perito en psicología especializado en esa rama, dedicado a la extracción de información de niñas y niños que son involucrados en delitos de violencia sexual, como el del caso. Por tanto, no implica, el que no se haya resuelto conforme a sus intereses, que el Juez responsable no lo haya hecho de forma armónica con el contexto de que fue impuesto, sino, se insiste, meramente atendiendo al patrón probatorio que rige la fase en que se encuentra el proceso. Cuarto concepto de violación En su siguiente motivo de disenso, el accionante del amparo argumenta medularmente: Que él no se encontraba en domicilio en esas horas ni en esos momentos con la menor víctima, ya que se encontraba trabajando; que el hecho de que no haya negado vivir ahí en enero de dos mil veintiuno, no quiere decir que hubiera agredido a la víctima. Que la niña también era cuidada por sus abuelos y por su hermano y que no se cuenta con las declaraciones de ellos. Que aunque el Juez responsable dijo juzgar con perspectiva de género y de interés superior de la menor, hacerlo con esa deficiencia, llevaría al extremo de que bastaría con la sola manifestación de la víctima menor de edad para lograr un auto de vinculación a proceso o una eventual sentencia. Es infundado en su totalidad el citado motivo de disenso. Ante lo señalado por el quejoso, debe reiterársele: En el momento procesal en que se encuentra la causa penal natural, el estándar probatorio es bajo y basta con que se estime razonablemente, que existe la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del ilícito de que se trata, para emitir auto de vinculación a proceso; lo que esta Jueza Constitucional estima, fue adecuado, como se ha venido acotando. En consecuencia, es en etapa diversa ulterior, que podrá, mediante los datos de prueba que estime pertinentes, demostrar, como dice, que no estuvo en el inmueble donde en apariencia sucedieron los hechos, en el horario en que adujo la niña K, por encontrase laborando. Respecto de que no se cuenta con las declaraciones de sus abuelos maternos y su hermano, quienes también, dice, cuidaban de K; tal como su defensa ofertó tres elementos de prueba en la continuación de la audiencia inicial, pudo también ofertar en ésta los testimonios de esas personas, de así desearlo, si lo consideraba trascendente para su teoría defensiva; o bien, hacerlo en las ulteriores etapas del proceso penal, pues no solo atañe a la representación social, ofertar datos de prueba, sino que válidamente, como ya lo hizo su defensa, puede hacerlo también el quejoso, por conducto de ésta y optar por una estrategia de defensa más proactiva, se insiste, si así a su teoría de protección, conviene. En cuanto a lo que dice respecto a que el Juez responsable adujo juzgar con perspectiva de género y de interés superior de la menor, llevaría al extremo de que bastaría con la sola manifestación de la víctima menor de edad para lograr un auto de vinculación a proceso o una eventual sentencia, no le asiste la razón. Una vez más, se señala al quejoso, el dicho de la víctima no fue aislado, sino analizado con los diversos elementos de prueba aportados; y las perspectivas tanto de género como de interés de la infancia, como también ya se dijo, son pautas que el Juez responsable y que esta Juzgadora, no pueden obviar.Eso no implica, como dice, que por tener en cuenta esos preceptos baste con que cualquier persona menor de edad aduzca que fue violada para emitir auto de vinculación a proceso en contra del aparente agresor, o su posterior condena en sentencia, sino que lo primero, dependerá preponderantemente, de la existencia de elementos de prueba suficientes que permitan suponer de forma razonable, que exista posibilidad de la comisión del delito y de la participación del indiciado; y lo segundo, mayormente, de lo efectiva o no, que resulten las estrategias de defensa y la acusatoria, en cuanto a revelar la verdad jurídica de los hechos. Quinto concepto de violación Después, en el posterior motivo de disenso, el accionante del amparo adujo: Que el Juez responsable sustentó el auto de vinculación a proceso reclamado en la mera lectura de los antecedentes contenidos en la carpeta de investigación que realizó la Ministerio Público; no en el análisis de las argumentaciones de los datos de prueba. Que la fiscalía no expuso argumentos para justificar la petición de vinculación a proceso, previo a que se decidir sobre el plazo para resolver su situación jurídica; por lo que, estima, se violó en su perjuicio la tesis con número de registro 2015704. Que debió efectuar una argumentación lógico jurídico necesario para acreditar los extremos que establece el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que no aplicó criterios identificados con los números de registro 2007811, 2020966 y 2017728.Que se violaron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.Es infundado en su totalidad dicho concepto de violación. (1) Primero, no tiene razón el quejoso en cuanto a que la agente del Ministerio Público que conoce la causa penal, dio lectura a los antecedentes de la carpeta de investigación de origen. Por el contrario, la representación social en cita acotó los elementos de prueba con que, hasta ese momento, contaba en su investigación, para sustentar la petición de vinculación a proceso del aquí quejoso. De modo que, si la defensa del aquí quejoso, en el momento de la audiencia, estimaba, como adujo, que aquélla estaba dando lectura íntegra a la carpeta de investigación, debió acotarlo al juez responsable, en términos del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, conforme al cual, dada la oralidad que debe imperar en audiencias como esa, el propio Juez responsable, de ser el caso, debía conminar a la representación social a que se abstuviera de la lectura, lo cual no ocurrió así. (2) Luego, el accionante del amparo, alude a que la fiscalía no expuso argumentos para justificar la petición de vinculación a proceso, previo a que se decidir sobre el plazo para resolver su situación jurídica; por lo que, estima, se violó en su perjuicio la tesis con número de registro 2015704. Es incorrecto el parecer del quejoso. Las etapas de formulación de imputación y vinculación a proceso, si bien se llevan a cabo ambas en la audiencia inicial, son etapas independientes y diferenciadas. La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Cuando se formula imputación, deben acotarse los antecedentes de los elementos de prueba con que la representación cuente en la carpeta de investigación, para sustentar su petición. Una vez que la parte indiciada y su defensa de impongan de esa información, es que el Juez responsable cuestionará a aquélla sobre el periodo en el que desea que sea resuelta su situación jurídica. Asimismo, la vinculación a proceso se debe pedir justificadamente después de que se formuló la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo Ahora bien, conforme a lo previsto en la fracción VI del apartado B del artículo 20 Constitucional, todo imputado y su defensa tienen derecho a acceder a los registros de la investigación antes de que tenga lugar su primer comparecencia ante el Juez; de tal suerte que formulada la imputación, efectivamente esté en condiciones de contestar el cargo y, por otro, que el plazo de setenta y dos horas o su duplicidad, establecidos en el artículo 19 Constitucional, constituye un derecho fundamental del imputado a fin de que su libertad personal no se vea restringida por un tiempo mayor, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, desprendiéndose así que su ampliación procede única y exclusivamente cuando lo solicita, debiendo operar esa extensión temporal a su favor y no en su contra. En ese contexto, se cuenta con las siguientes premisas: 1) la vinculación a proceso se debe pedir justificadamente después de que se formuló la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de setenta y dos horas establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede única y exclusivamente cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que tal extensión temporal debe operar a su favor y nunca en su contra. Las anteriores premisas constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues la finalidad de ello es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el numeral 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad, únicamente para el imputado, no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Lo que, en el caso, sucedió conforme a derecho, pues en primer lugar, al formular la representación social, imputación en contra del aquí quejoso, le indicó los antecedentes de los elementos de prueba con que contaba en la carpeta de investigación, para sustentar su petición. Luego de conocerlos, el aquí quejoso, asesorado en todo momento de su defensa, optó porque su situación jurídica fuera resuelta en la duplicidad del término constitucional. Finalmente, se solicitó por parte de la agente del Ministerio Público su vinculación a proceso y expuso los elementos de prueba y las argumentaciones atinentes para dar apoyo a lo que instó. Por ende, como se anunció, es evidente que el quejoso confunde las etapas de formulación a imputación y de vinculación a proceso, que como ya se analizó, son diferentes y autónomas entre sí; pues aduce que la fiscalía no expuso argumentos para justificar la petición de vinculación a proceso, previo a que se decidir sobre el plazo para resolver su situación jurídica. Lo anterior, pone en evidencia que no se vulneró en perjuicio del quejoso, la jurisprudencia por contradicción de criterios (antes, por contradicción de tesis) 1a./J. 120/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues tal tesis, como se expuso líneas arriba, explica en qué momento es que el agente del Ministerio Público puede válidamente solicitar la vinculación a proceso del imputado. Lo que en el caso, se repite, ocurrió de forma acertada; es decir: primero, se señalaron, al formular la representación social, imputación en contra del aquí quejoso, los antecedentes de los elementos de prueba con que contaba en la carpeta de investigación, para sustentar su petición; una vez que los conoció, el quejoso, asesorado por su defensa, eligió el periodo que estimó pertinente para la resolución de su situación jurídica; hecho lo anterior, la representación social aquí tercera interesada, solicitó su vinculación a proceso y expuso, tanto los elementos de prueba como las argumentaciones que estimó atinentes para apoyar esa petición. La aludida tesis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 392, es del siguiente contenido: VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica o a su ampliación, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional o a su ampliación para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar. Lo destacado es propio.Lo anterior, pues, como se dijo, lo que la representación social justifica previo a que decida sobre el periodo para resolución de su situación jurídica, es la formulación de imputación; en una etapa diversa, como ya se expuso, se da la petición de vinculación a proceso, momento en el cual, nuevamente, la representación social tiene a su cargo sustentar su petición. Tal como, correctamente, aconteció en el caso. (3) Después, el quejoso dice que el Juez responsable debió efectuar una argumentación lógico jurídico necesario para acreditar los extremos que establece el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. No le asiste la razón al quejoso, pues adverso a su parecer, el Juez responsable sí acató esa obligación. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I.Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierten, como ya se estudió previamente, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora, el quejoso alude a que el Juez responsable no acató la pauta contenida en la fracción III, pues estima que no existieron datos de prueba bastantes para estimar que se ha cometido en apariencia, el ilícito y que probablemente, el directo quejoso participó en su comisión. Dichos datos de prueba, como ya había sido señalado previamente, son los siguientes: Denuncia ante el agente del Ministerio Público, por parte de **, en su carácter de madre de la menor de edad de iniciales **. Comparecencia de la menor víctima, ante la representación social, en presencia de su madre. Informe de agresión sexual de veinticinco de junio de dos mil veintidós, realizado por la médico legista de nombre **, a la menor víctima. Dictamen en materia de psicología elaborado por la profesional de nombre **, a la menor víctima. Parte informativo de policía investigadora, realizado por la agente de nombre **, donde se acotó que realizó diversas entrevistas, entre ellas a la menor víctima, así como a la señora **. Documental pública consistente en el acta de nacimiento de la menor víctima. La totalidad de los datos de prueba invocados por la agente del Ministerio Público en audiencia, fueron con base en sus atribuciones de órgano investigador de que la enviste el artículo 21 Constitucional, que precisa expresamente que la representación social tiene a su cargo la investigación de las conductas aparentemente delictivas y tendrá bajo su conducción a los elementos policiacos respectivos, quienes la auxiliarán en el ejercicio de tal función; se estiman bastantes -adminiculados a los ofertados por la defensa- para estimar, como ya se ha expuesto, en grado de probabilidad razonable, tanto la comisión del hecho ilícito de que se trata como la participación del aquí directo quejoso. Por ende, contrario a su sentir, el Juez responsable sí acató esa pauta como las diversas a las que se encontraba obligado constitucionalmente y legalmente tal como se ha puesto de manifiesto. (4) Enseguida, el quejoso dice que el Juez responsable no aplicó los criterios identificados con los números de registro 2007811, 2017728 y 2020966. Los mismos, son del siguiente contenido: Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2377: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2388: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2391: FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI EN LA AUDIENCIA RELATIVA EL MINISTERIO PÚBLICO SÓLO DIO LECTURA ÍNTEGRA A AQUÉLLA Y A LOS DATOS DE PRUEBA EN QUE SE APOYA, SIN EXPONER LOS ARGUMENTOS DE SU POSTURA, NI LOS DATOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD Y LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De conformidad con el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, la oralidad en el sistema penal acusatorio constituye un instrumento de relevancia primordial, porque marca una estructura general del procedimiento, que estrictamente se refiere a una norma de comunicación -referencia verbal- y da consecución a los principios que constitucional y legalmente se prevén como rectores del novedoso sistema penal, en el caso, de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Por tanto, si se advierte que en la audiencia de comunicación de la imputación el Ministerio Público dio lectura íntegra a la formulación de la imputación y a los datos de prueba en que ésta se apoya, y no expuso los argumentos por los cuales demuestra su postura ni explicó al imputado ni al órgano jurisdiccional en proposiciones concisas las circunstancias fácticas que pretende imputarle y las razones por las que los datos de prueba o parte del dato la acreditan, con ello infringió el principio de oralidad a que se refiere el citado precepto constitucional y, en consecuencia, las formalidades esenciales del procedimiento exigidas por el diverso artículo 14 de la Constitución Federal. Luego, en estas circunstancias, como uno de los requisitos indispensables para dictar un auto de vinculación a proceso es, precisamente, que se haya formulado la imputación, según lo dispone el artículo 316, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe asumirse que el auto de vinculación a proceso también participa de esa ilegalidad y, por ende, procede otorgar la protección constitucional solicitada en la vía indirecta para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir de la audiencia de comunicación de la imputación. Las primeras dos tesis de jurisprudencia, emitidas ambas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, sí fueron acatadas por el Juez responsable, debido a los múltiples razonamientos expuestos a los largo de esta sentencia, que lo han puesto de manifiesto. Respecto de la tercera, es aislada y emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, es decir, por una Alzada de Circuito Judicial diverso al en que se encuentra el Juez responsable; de modo que su observancia, para dicha autoridad y para este Juzgado de Amparo, no resulta obligatoria; además, con independencia de ello, no se estima que se surta en la especie. (5) Después, por lo que hace a la aparente vulneración de los artículos 14 y 16 Constitucionales por parte del Juez responsable, no le asiste la razón al quejoso. Debe destacarse que, es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos, de conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con relación a ello, debe acotarse que en las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como fue ya destacado antes en este fallo, se encuentra la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. Esta garantía obliga a la autoridad a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la apelación así como las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes, de tal forma que resuelva sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Al respecto, el Juez responsable, en su determinación combatida, ya transcrita, contrario a lo estimado por el aquí quejoso, sí cumplió con una adecuada fundamentación y motivación y acató las formalidades esenciales del procedimiento, tal como fue demostrado previamente al efectuarse el análisis oficioso de la determinación de que se trata. Ahora, el numeral Constitucional 17, que adujo le fue vulnerado, es del siguiente contenido: Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos jurisdiccionales, a saber: I.Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. II. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. III. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes, o arbitrariedad en su sentido. IV. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Lo que, en el caso, se considera que cumplió el Juez responsable, pues celebró la audiencia inicial, en su primera parte y la continuación, en las fechas y en los horarios que previamente se habían fijado, emitió un estudio completo del asunto relativo a la fase en que se encuentra la causa penal de origen de forma imparcial y sin que haya sido onerosa. De modo que, el hecho de que el Juez responsable haya optado tal como lo solicitó el agente del Ministerio Público que conoce del asunto por la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, no implica que se hayan vulnerado los numerales a que alude, pues ese acto, como se ha expuesto, fue justificado por la representación social y emitido de forma acertada, dada la etapa del proceso natural, por parte del Juez responsable. Conclusión Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Primera Instancia en materia penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal 6176/2022 el siete de junio de dos mil veintitrés, por su probable participación en el delito de violación agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 172, fracción I y último párrafo, con relación al diverso 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a la responsable y a la representante social tercera interesada; personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito; así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez, hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto para resolver el juicio de amparo 651/2023-II, promovido por **. Resultando Primero. Demanda de amparo. Mediante escrito recibido el veintiocho de junio de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, turnado a este juzgado el día hábil posterior, veintinueve de los mismos, **, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra un acto del Juez de Primera Instancia en materia penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Segundo. Derechos constitucionales que la parte quejosa estimó transgredidos. La parte quejosa consideró que con el acto reclamado se vulneraron en su perjuicio los derechos fundamentales contemplados en los artículos 1º, 14, 16, 17 y 20, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Mediante acuerdo de treinta de junio de dos mil veintitrés, se registró la demanda bajo el consecutivo 651/2023-II, se admitió a trámite, se pidió a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se celebró el uno de septiembre de dos mil veintitrés, conforme al acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I y 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo; 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; con relación al Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio se precisa que la parte quejosa reclamó lo siguiente, de la autoridad que a continuación se apunta: Del Juez de Primera Instancia en materia penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: El auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 6176/2022 el siete de junio de dos mil veintitrés, por su probable participación en el delito de violación agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 172, fracción I y último párrafo, con relación al diverso 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Tercero. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto atribuido al Juez de Primera Instancia en materia penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. De igual forma, el Juez responsable remitió copia certificada de la transcripción del auto de vinculación a proceso, de la que el acto combatido en este juicio se deduce, misma que posee valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Asimismo, el Juez responsable remitió copia certificada del registro de audio y video de la audiencia inicial, constante en dos discos compactos, a los que se reconoce valor probatorio, en términos de los numerales invocados supra líneas, del Código Federal de Procedimientos Civiles, además del diverso artículo 210-A, del mismo. Al respecto, cabe precisar que la información contenida en los discos compactos de referencia, también se valora como una prueba documental pública, la cual se tuvo por desahogada desde el momento en que fue remitida por la autoridad responsable, sin necesidad de fijar una audiencia especial para su desahogo; pues a fin de brindar certeza jurídica a las partes, se ordenó dar vista oportunamente con ella y con el contenido del informe justificado emitido. Al respecto, es aplicable la Jurisprudencia 43/2013 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, visible en la página 703, Libro XXIII, Tomo 1, Agosto de 2013, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro señala: VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Cuarto. Procedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme se dispone en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan la actualización de hipótesis de improcedencia, ni quien suscribe advierte que se actualice alguna, por lo que, se procede al análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, según lo determinado en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. Quinto. Examen constitucional del acto reclamado. Previo a efectuar el análisis del auto de vinculación a proceso reclamado, se considera oportuno acotar que en este asunto opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación, en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, en virtud de la especial situación en que se encuentra el aquí quejoso, esto es, en su carácter de imputado en la causa penal 2566/2019, que se instruye en su contra, siempre que ello le resulte benéfico. Es aplicable, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 67/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el rubro SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRILDE 2013). Pues bien, el análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente, dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento antes transcrito, pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso, son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; y, 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Es decir, solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. Por su parte el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierte, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden violarse derechos fundamentales distintos a las consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que, si bien, dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en el mismo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo, dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, que: a) Debe constar por escrito; b) Provenir de autoridad competente; y, c) En el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Por lo que hace a la fundamentación, motivación y el nexo lógico entre ambos, se pueden conceptuar, de forma sintética, de la manera siguiente: 1. Motivación: es expresar las razones por las cuales se toma determinada decisión. 2. Fundamentación: básicamente es indicar la hipótesis normativa aplicable al caso concreto. 3. Adecuación (nexo lógico): relación apropiada entre el precepto legal aplicable y la situación de hecho. Consecuentemente, para determinar si una resolución jurisdiccional cumple con una adecuada fundamentación y motivación, los razonamientos judiciales utilizados deben justificar la racionalidad de la decisión, con el fin de dar certeza a los gobernados a quienes se dirigen del porqué se llegó a una conclusión y la razón por la cual es la más acertada, en tanto: (i) permiten resolver el problema planteado, (ii) responden a los elementos de hecho y de derecho relevantes para el caso, y (iii) muestran si la decisión es consistente respecto de las premisas dadas, con argumentos razonables. Es aplicable, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 139/2005, visible en la página 162, Tomo XXII, diciembre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época (registro 176546), que estipula: FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Juez responsable remitió copia certificada, ya valorada, de la transcripción del auto de vinculación a proceso, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 67, fracción IV, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Dicho numeral, en lo que interesa, es del siguiente contenido: Artículo 67. Resoluciones judiciales La autoridad judicial pronunciará sus resoluciones en forma de sentencias y autos. Dictará sentencia para decidir en definitiva y poner término al procedimiento y autos en todos los demás casos. Las resoluciones judiciales deberán mencionar a la autoridad que resuelve, el lugar y la fecha en que se dictaron y demás requisitos que este Código prevea para cada caso. Los autos y resoluciones del Órgano jurisdiccional serán emitidos oralmente y surtirán sus efectos a más tardar al día siguiente. Deberán constar por escrito, después de su emisión oral, los siguientes: (.) IV. La de vinculación a proceso; (.) En ningún caso, la resolución escrita deberá exceder el alcance de la emitida oralmente, surtirá sus efectos inmediatamente y deberá dictarse de forma inmediata a su emisión en forma oral, sin exceder de veinticuatro horas, salvo disposición que establezca otro plazo. (Es propio lo destacado.) De cuya intelección se desprende, el Juez responsable deberá emitir en forma escrita, luego de su verificación oral y hasta un periodo máximo de veinticuatro horas posteriores a su celebración, la audiencia relativa a la vinculación, o no, a proceso, cuya extensión no podrá exceder el alcance de la emitida en la diversa forma. Al respecto, ya que dicho numeral no señala expresamente que la transcripción escrita deba ser íntegra, sino únicamente que no deberá exceder de lo ocurrido oralmente, se colige que válidamente la reproducción a papel puede ser parcial. Ante lo anterior, es evidente que el Juez responsable colmó dicho requisito, pues emitió de manera escrita, el siete de junio de dos mil veintitrés, esto es, el propio día de la continuación de la audiencia inicial, la constancia relativa a la misma, a través de la cual se dictó auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso. Asimismo, el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 15, fracción II, 77, 82 y 105, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad, especializado en materia penal, respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Lo anterior, previa formulación de imputación por parte de la agente del Ministerio Público; además, durante la audiencia inicial, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensa privada; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien ejerció este derecho; aunque después, en la continuación de la audiencia inicial, como uno de los elementos de prueba que aportó la defensa, emitió su declaración con sustento en el interrogatorio que le formuló ésta, así como el contra interrogatorio que formularon tanto la representación social, como el asesor jurídico de la víctima. Luego, se tiene que el Juez de Control responsable, estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprende la probabilidad de que el quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor material, en la comisión del ilícito mencionado. Pues bien, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos por el Juez de Control responsable en el auto de vinculación a proceso reclamado, es menester precisar que basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Penal, Décima Época y número de registro 2014800, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: I. Realice cópula con persona menor de catorce años de edad o con persona que no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo; o (.) Si se ejerciera violencia física o moral, la pena prevista se aumentará en una mitad. Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: (.) II. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; (.). Conforme a tales normas, y tal como lo resaltó el Juez responsable, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo: Realice cópula con una persona menor de catorce años; Con quien tenga una relación que inspire confianza y respeto y; Con su proceder ilícito, haya quebrantado la fe que expresa o tácitamente, nacía de dicha relación. De modo que, los previos, son los elementos para la configuración del ilícito de que se trata, tal como correctamente lo indicó el Juez responsable. Al respecto, el artículo 171, segundo párrafo, del Código Penal del Estado de Chihuahua, establece qué se entiende por cópula para efectos de la configuración del delito que nos ocupa: Artículo 171. (.) Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. Para determinar lo anterior, tomó en cuenta los datos de prueba que relacionó el agente del Ministerio Público, consistentes en: Denuncia de veintitrés de junio de dos mil veintidós, ante la representación social, en la cual compareció **, en nombre de su hija **., en contra de **, el aquí quejoso. En la misma, se dijo que relató que estuvo casada con él siete años y que hace dos disolvió el vínculo. Que el veintidós de junio de dos mil veintidós, estaba platicando con su hija K, quien le dijo que la hermana de su mejor amiga, había sido violada; que notó que K se puso triste y empezó a llorar y dijo que le daba tristeza hablar de esas cosas; que le preguntó que si había conocido a la niña a la que le ocurrió eso y que dijo que no. Que como dos horas después, volvió a retomar el tema y que le preguntó a la infante si algo le había pasado o si alguien la había tocado; que la niña empezó a llorar mucho y que le dijo que su papá Isaí la había violado, que la amenazó que si le decía a su mamá, mataría a ésta. Que le dijo fueron muchas veces, que la última vez fue en enero de dos mil veintiuno, aproximadamente a las nueve de la mañana en su domicilio ** cuando ella se iba a trabajar; que ese día, ** aquí quejoso, mandó a su hijo a recoger las heces de sus perros y luego le habló a K y le dijo que fuera a su recámara, que empezó a frotarla con sus manos en sus senos, por debajo de la blusa, que él se bajó su ropa y que luego de subirla a la cama, también le bajó a ella su pantalón y calzón y que la penetró vaginalmente, que después, se subió la ropa y que fue a sentarse a la sala. Comparecencia de la niña **, de veintitrés de junio de dos mil veintidós, acompañada de su madre. Se relató que la menor dijo que fueron muchas veces en las que su padre (padrastro) frotó sus manos en su cuerpo sin su consentimiento, que metía sus dedos y miembro en su vagina y en su ano. Que él aprovechaba que su mamá trabajaba y que se quedaba cuidándolos. Que un día, que no recuerda la fecha exacta, le dijo a la niña que si decía algo a su mamá, la iba a matar. Que la última vez que la violó fue en enero de dos mil veintiuno, que a las nueve de la mañana aproximadamente; que ella y su hermano estaban viendo la televisión, que **, aquí quejoso, le gritó a su hermano que fuera a limpiar los excrementos de los perros y que a ella le habló que fuera a la recamara donde dormía con su madre, que le metió la mano en su playera y le tocó los senos, que se bajó su pantalón y su calzón y que la subió a la cama para bajárselos a ella también; que después metió su pene en su vagina, que le dolió mucho, que después de unos minutos se quitó de encima y que ella volvió a la sala, una vez que se puso su ropa nuevamente. Informe de agresión sexual de veinticinco de junio de dos mil veintidós, realizado por la médico legista de nombre***, a la menor víctima. La infante, ante esa profesional, se dijo que le relató, que desde junio de dos mil veinte, su papá (padrastro) **, aquí quejoso, comenzó a tocarla, que le tocaba sus pechos, su colita y su vagina; que le agarraba su mano y hacía que lo frotara su miembro, que ello ocurrió hasta enero de dos mil veintiuno, que aun en esa fecha vivía en el domicilio confirmó la madre; que él ponía su pene en su vagina y en su ano y que le dolía. Que el agresor le dijo que si le comentaba algo a su mamá, la iba a matar. Que en el examen paragenital que se practicó a la menor, no se encontraron huellas de violencia física recientes ni antiguas en región paragenital. En el examen ginecológico se encontró monte de venus con características normales para la edad, labios mayores y menores íntegros, introito vaginal con himen anular sin presencia de desgarros recientes o antiguos. Que concluyó que se trataba de una femenina con datos compatibles a afectación emocional, que aunque el himen se encontraba anular sin presencia de desgarros recientes o antiguos, no descartaba contacto directo como frotamiento o roce de un pene en área himeneal y bulbar, así como que debido a las características de elasticidad no se haya producido algún desgarro visible al examen ginecológico. En cuanto al examen proctológico, se dijo que no presentó desgarros presentes ni antiguos, pero no descartó frotamiento ni penetración parcial de un pene primera sección (glande), y la posibilidad de que debido a las características de elasticidad de los tejidos que integran la región anal, no se haya producido un desgarro observable al examen. Finalmente, que no encontró huellas de violencia física externas en la infante que aparentemente fue víctima del delito. Dictamen en materia de psicología elaborado por la profesional de nombre **, a la menor víctima. Que arrojó que identifica a su padrastro, el imputado, como su agresor; que refirió que tenía como siete u ocho años cuando inició a violarla; que lo hacía cuando su mamá se iba a trabajar, que metía sus dedos y su pene en su vagina y su ano; que la tocaba por debajo de la playera o por encima de la ropa, sin su consentimiento; que le dolía pero no había dicho nada porque la tenía amenazada, con matar a su mamá; que la última vez que la violó fue en enero de dos mil veintiuno, en la mañana, cuando ella y su hermano estaban en la sala viendo la televisión, que el aquí quejoso le dijo a su hermano que fuera a recoger las heces de los perros al patio y que ella fuera al cuarto, que cuando fue él cerró la puerta, que le bajó el pantalón y el calzón para penetrarla, que cuando se quitó de encima se fue a la sala. Señaló la experta que la mejor estaba irritable, explosiva y con miedo, que les grita a sus hermanos y que en la escuela se aisló de los demás; que batalla para dormir. Adujo que la menor le refirió que se siente triste, enojada y con odio hacia él (su aparente agresor). Que en el formato de indicadores de abuso sexual reflejó pérdida de sueño, pérdida de control de esfínteres, hiperactividad, pérdida de apetito, llantos frecuentes y miedo a estar sola, cambios bruscos de conducta y resistencia a desnudarse o cambiarse, aislamiento, miedo generalizado, hostilidad, agresividad, culpa, vergüenza, depresión, ansiedad, desconfianza, conocimiento sexual precoz, masturbación compulsiva, déficit en habilidades sociales, entre muchos otros. Concluyó que emitió un testimonio creíble, acorde a los elementos cognitivos, afectivos y conductuales, los cuales son comprensibles y están en consonancia con la narración expuesta. Por último, le recomendó cincuenta y seis sesiones de terapia y tratamiento psicoterapéutico. Certificado de nacimiento expedido por el gobierno de El Paso, Texas, donde se advirtió que la menor ** nació el veintiuno de octubre de dos mil doce. Parte informativo de policía investigadora, realizado por la agente de nombre **, donde se acotó que realizó diversas entrevistas, entre ellas a la menor víctima, así como a la señora **, el trece de julio de dos mil veintidós, que se dijo, se sucintaron en los mismos términos que en la denuncia y comparecencia; así como una serie fotográfica del lugar de los hechos, consistente en seis tomas. Por su parte, la defensa ofertó los siguientes datos de prueba en la continuación de la audiencia inicial, ahí desahogados; en los que, en esencia, se desarrolló lo siguiente: Declaración del testigo de nombre **, quien dijo que era compañero de trabajo del inculpado al momento en que incurrieron los hechos. -Que conocía al aquí quejoso desde proceso electoral de dos mil dieciocho, que ambos formaban parte del desaparecido partido político denominado Partido Encuentro Solidario. Él y el imputado eran secretarios de estrategia electoral de partido; que las oficinas estaban ubicadas en avenida ** en esta ciudad. -Que iniciaron a trabajar en dos mil veinte, hasta extinción del partido, en diciembre de dos mil veintiuno. -Que ambos entraban a trabajar a las ocho y media de la mañana (8:30), sin horario de salida, por las cargas de trabajo; que laboraban de lunes a sábado. -A la pregunta si recordaba alguna particularidad que haya acontecido en enero de dos mil veintiuno, dijo el testigo, que a partir de la primera semana de ese mes y año, dieron arranque al procedimiento electoral y empezaron a recibir precandidatos. -Que no notó nada extraño en enero de dos mil veintiuno más que le notificaron al aquí quejoso una demanda de pensión alimenticia, presentada por su ex esposa **. Testimonio de **, madre del indiciado, aquí quejoso. -Dijo que se dedicaba a vender ropa de segunda que traía de El Paso, hasta antes octubre de dos mil veinte porque las fronteras estaban cerradas con motivo de la pandemia (ocasionada por la enfermedad COVID-19). -Que en octubre de dos mil veinte hasta febrero de dos mil veintiuno, trabajaba cuidando a ** (todos hijos de Jaqueline y sólo el último, de ésta y del aquí quejoso). Que ayudaba a limpiar la casa, hacía desayuno y bañaba a los niños. Que le pagaban novecientos pesos ($900.00 moneda nacional), semanalmente. -Que llegaba a más tardar a las ocho y media de la mañana. Que mientras ella los cuidaba ** trabajaba en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Que también trabajaba ** que él se iba entre ocho y ocho y media de la mañana y volvía tarde. Que cuidaba a los niños de lunes a miércoles, que porque los descansos de Jaqueline eran jueves y viernes; que a veces también se quedaba en jueves. -Que a veces iba el abuelo (papá de **), cuando ella cuidaba a los niños. -Que un día ella llegó y que ** estaba reprendiendo a uno de los niños, G de trece años de edad, que porque le hizo cosas a su hermana K. Que los menores G y K (víctima) no son hijos biológicos de **. -Que ella cree que la relación entre **, era buena; hasta diciembre de dos mil veinte, cuando la niña K, le dijo que su mamá hacía llorar mucho a su papá, que lo corría de la casa, que platicaba con un hombre de barba (llamado **) a quien llamaba mi amor, que decía que cuando se separaran ella se quería quedar con su papá. Que ellos terminaron en febrero de dos mil veintiuno, cuando ella recibió un mensaje en la red social Messenger de la hermana de Jaqueline, de nombre **, donde le pidió su teléfono. Que en la llamada le dijo que ella le iba a contar cómo estaban las cosas, que su hermana ya andaba por otro lado, con otra persona, que Isaí era un buen muchacho. Que luego le marcó a Isaí, para que se saliera de la casa y se fuera con ella. Que en enero de dos mil veintiuno, su hijo aún vivía en la casa ya indicada, con su ex esposa. -Que después de que le impusieron a **, actual pareja de **, medidas de restricción, fue que ésta empezó con la denuncia de K en contra de **. Declaración del directo quejoso. -Adujo que trabajaba en el entonces Partido Encuentro Solidario; en dos mil veinte entró como nómina, como secretario de organización y estrategia, hasta finales de dos mil veintiuno, cuando perdió el registro el partido; en un horario formal de ocho y media de la mañana a cinco treinta de la tarde (8:30 a 5:30), pero que por la carga de trabajo salía más tarde. -Que su familia estaba conformada por él, **(el último, su único hijo biológico); que se casaron el diez de octubre de dos mil catorce. -Que él se encargaba de pagar la guardería de los niños, después de divorciados. Que un día le llamaron de la guardería para decirle que los niños llevaban doce horas ahí, que él le habló a *** para decirle que si quería, él podía recogerlos y que ella le dijo que no, que él no era su papá, que él le respondió que al menos podía recoger a A, pero que ella le insistió que no y que se molestó mucho. Que ese mismo fin de semana que fue a recoger a su hijo a casa de los papás de ella, salió su hijo G a saludarlo y salió la niña K y que le dijo tú no eres mi papá. Que habló con el papá de ** y él le dijo que ésta ya le había confesado a la niña K que él no era su papá biológico. Que a partir de ahí cambió, la relación con K. Que la menor víctima K, todo el tiempo, hasta antes de eso, pensó que **, era su papá biológico. Que su ex esposa Jaqueline, en diciembre de dos mil veinte, empezó a cambiar su actitud hacia él. Que siempre fueron muy abiertos con sus teléfonos, pero que inició a ver que ella se encerraba mucho tiempo en el baño con el teléfono, que cambió su contraseña del teléfono, que empezó a llegar más tarde, que a veces cuando llegaba se quedaba hablando afuera de la casa, por teléfono, que le decía que tenía un amigo que se llamaba **; que un día le llegó una notificación en la noche que decía hola mi amor de ** y que le preguntó que qué pasaba ahí y que le dijo que esa persona así le decía a todas; que empezó a llegar con flores. Que lo corrió de la casa en enero de dos mil veintiuno pero le pidió quince días para buscar un lugar y sacar sus cosas. Que ella inició un divorcio contencioso, aunque había quedado con él que iban a divorciarse de forma voluntaria. Que un día marcó un sábado para la guardería, con el objeto de saber cuál era el adeudo de esa semana (porque dijo que Jaqueline no dejaba los niños a diario), y que en esa llamada, le preguntó la directora de la guardería quién era "Aligena", que él no sabía, pero después de preguntarle a su hijo A, le dijo que así le decía a Pedro. Que su hijo A le dijo que Pedro le pegaba en sus manos y que le dolía mucho. Que al llegar a pagar, en la guardería le dijeron que el infante A dijo a sus compañeros que "Aligena" le pegaba y lo maltrataba, que su mamá no lo defendía. Que al cuestionarla sobre esa situación, Jaqueline se puso agresiva y le dijo a **, aquí quejoso, que ella no permitiría eso y que hiciera lo que le diera la gana. Y que fue ese día sábado a denunciar a ** a Fiscalía. Que el domingo llegaron unos policías municipales a donde estaba viviendo y que ** y su mamá llegaron a ese lugar también, diciendo que no le quería dar al niño, con una copia de la sentencia de divorcio; que él negó que no lo quisiera devolver y dijo que estaba en su tiempo de convivencia y que la pareja de ** le pegaba al niño, por lo que se lo dejaron los policías. Que el agente del Ministerio Público le dijo que no le diera el niño a la señora, que el niño compareció y dijo lo mismo, que Pedro lo maltrataba. Que el CECOFAM (Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Poder Judicial del Estado de Chihuahua) han asentado que el niño no quiere ir con su mamá. Que justo después, él trabajaba en una funeraria. Que le llevaron una orden de aprehensión porque no acudió a una comparecencia, de la que dice que no lo notificaron, por violencia familiar en contra de **, que no prosperó pues no se judicializó. Que después, ** le puso otra denuncia por maltratar a sus hijos, que tampoco se judicializó. Que ** lo amenazó en su iglesia. Que después fue su hermano y que lo agredió frente a una multitud en la iglesia, donde lo amenazó de muerte. Que le hablaron a la policía. Que fue a ponerle una denuncia, a su ex cuñado, de nombre **, pero que éste nuevamente lo amenazó, por teléfono y dejó de gestionar ese asunto, por temor y por los antecedentes violentos de esa persona. Que la guardia y custodia de A la tiene **. Que tomaron la decisión de que regresara con su mamá, pero que existe una orden de alejamiento en contra de Pedro, que no ha sido respetada. Que la relación con K cuando se fue de la casa fue buena. Hasta cuando pasó lo de la guardería y Jaqueline le prohibió acercarse a K y le contó a ésta que ** no era su papá. De los cuales, concluyó el Juez responsable, existe la posibilidad de que el aquí quejoso, haya cometido el delito de violación agravada en perjuicio de la menor K.S.C., contemplado en los artículos 172, fracción I y último párrafo, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, que se le imputa. Indicó primero, respecto de los datos que ofertó la defensa, adujo que resultaban insuficientes para desvirtuar la imputación en contra del aquí quejoso, lo que no significaba que se le restara credibilidad a lo desahogado en audiencia; no obstante, acotó que por lo que hizo al testimonio de **, si bien conocía al imputado, los horarios laborales que tenía cuando trabajaban juntos, incluso, de las creencias religiosas y de la espiritualidad de éste, no fue un testigo presencial que de manera directa y a través de sus sentidos haya percibido el hecho materia de imputación. Luego, refirió el Juez responsable que lo mismo ocurría respecto de la madre del imputado; indicó que aunque brindó un contexto de los cuidados que ella daba para con los hijos, ello no permitió, hasta esta etapa procesal, afirmar que el hecho no aconteció o que no pudo haber acontecido. Y que aunque emitió diversas manifestaciones en torno a la vida amorosa de Jaqueline y la violencia que en apariencia se ejerce en contra del diverso menor A, eso no era materia de la Litis. Enseguida, destacó, respecto de la declaración que emitió el directo quejoso, adujo que en ese momento vivía en el lugar donde en apariencia, ocurrieron los hechos; que como adujo la defensa en audiencia, vivir en ese lugar, no significaba que por ello, había cometido el ilícito ya referido, pero continuó el Juez responsable, que sí constituía un indicio de que se situaba en ese lugar y en ese espacio temporal materia de la formulación de imputación. Precisó el Juez responsable luego, que el dicho la víctima debía ser privilegiado; y que el propio indiciado manifestó que la menor de edad K nunca conoció a su padre biológico, que él la aceptó y fue su figura paterna, desde los nueve meses de edad; de modo que, ya que la menor de edad refirió que su papá fue quien cometió en su contra el delito de que se trata, eso lo llevaba a concluir que hablaba del indiciado, aquí quejoso; y no de diversa persona. Luego, dijo el Juez responsable que lo relativo al alejamiento que tuvo la menor K para con el imputado una vez que supo que no es su padre biológico, que no podría afirmar, que por el impacto psicológico en la menor al saber la noticia, realizara imputaciones falsas en contra del aquí quejoso; pues dijo que eran cuestiones que se desfasarían de una crítica racional de la información y sería una justipreciación no adecuada de la información que se expuso. Luego, dijo el Juez que la defensa técnica en su argumentación, que se tomara en cuenta el trasfondo del asunto, esto es, el hecho de que el imputado presentó una denuncia en contra de la actual pareja de la ofendida y que en apariencia, esa es la razón por la cual se dio la denuncia que originó esa causa penal en estudio; indicó que no por ello podía discriminar el dicho de la menor víctima y considerar que es falaz. Asimismo, precisó que se encontraba obligado a ello, de acuerdo al protocolo para juzgar con perspectiva de género y desde una visión oficiosa del interés superior de los menores, como es el caso de la menor víctima; y que debía, privilegiar el dicho de la menor, que lo encontró robustecido al menos con el dictamen psicológico. Dijo luego que llamaba su atención que en el dictamen de agresión sexual que se practicó a la menor, no advirtió ningún indicio de violencia sexual, que se asentó que tenía himen anular sin presencia de desgarros recientes ni antiguos; empero, acotó que el delito de que se trata, no es uno de resultado, de modo que, dijo, no es un requisito indispensable que se dé alguna ruptura o desgarro en el himen, incluso destacó que se señaló en ese dictamen que la menor de edad presentó una himen flexible anular y que de acuerdo a esta flexibilidad no se descarta el roce de penetración incompleta, por ambas vías. En torno a lo alegado por la defensa en cuanto al punto, donde tachó esa acotación de la médico legista como una especulación, acotó que no consideraba que se tratara de tal cosa, sino que fue lo que esa profesional advirtió, de acuerdo a la ciencia que profesa y a experiencia de que goza. Precisó además que la menor narró circunstancias específicas ante la psicóloga, de temporalidad, en enero de dos mil veintiuno, que se situaron en el lugar del domicilio familiar; detalló situaciones específicas, como el imputado se bajó el pantalón y el calzón y que la penetró vía vaginal; lo que concatenó a lo señalado por la psicóloga, en torno a los trastornos que se dijo, padecía la menor, como un aislamiento escolar, pérdida del sueño, tristeza, entre otros. Determinó, en consecuencia, que tal sintomatología si puede ser estimada como un nexo causal de la conducta que se le atribuye al imputado, con independencia del contexto que se da el divorcio, las amenazas, la infidelidad de la madre, las denuncias y el restante entorno que las partes describieron; pues en su criterio, reiteró, el dicho de la menor sí encontró razonabilidad y sí se encontró en ella una sintomatología que se derivó, probablemente, del ilícito que se dijo la menor, sufrió, de acuerdo con el estándar con que se evalúa esa etapa del proceso penal; sin embargo, acotó que cualquier pronunciamiento que tienda a demostrar de manera plena el hecho de la violación y de la responsabilidad de más allá de toda duda razonable, tendría que ser materia de una audiencia de debate a juicio oral. Acotó que el hecho de que se vincule a proceso al indiciado, aquí quejoso, sólo significaba abrir una investigación judicializada, formalizada, supeditada por el Poder Judicial para evitar cualquier vulneración de derechos tanto del imputado como de la víctima; y que respecto de los indicios de aleccionamiento de la menor que adujo la defensa, acotó que existen metodologías de psicología novedosa en la etapa de investigación, como pudiera ser algún dictamen de aleccionamiento, emitidos por peritos en psicología especializados en descartar cualquiera de esas posibilidades, así como técnicas especiales para la extracción de información de niñas y niños que son involucrados en delitos de violencia sexual, como en la especie acontece, que permiten conocer la verdad histórica de los hechos, como una de las finalidades ulteriores del Sistema Penal. Determinado lo anterior, el Juez responsable se hizo cargo de los elementos del delito de que se trata, que lo llevaron a concluir, atendido al estándar probatorio que rige esa etapa, que, en grado de probabilidad, el aquí quejoso, violó a la menor de edad K, pues en apariencia, en el mes de enero de dos mil veintiuno, en el domicilio familiar, ya indicado, le impuso cópula, vía vaginal, usando violencia psicológica para conseguirlo, es decir, la amenaza de matar a su madre si contaba, aprovechándose de la confianza y del vínculo por parentesco; con lo que, luego de su análisis, estimó actualizado el tipo penal contenido en los artículos 172 fracción I y último párrafo, así como 175, fracción ll, todos el Código Penal del Estado; pues aludió a que en términos del numeral 175 fracción II Código Penal del Estado. Enseguida, precisó que la edad de la menor estaba plenamente demostrada, con su acta de nacimiento, que no fue controvertida por las partes; de modo que, tuvo por certera la fecha de natalicio de la menor, como el veintiuno de octubre de dos mil doce. Ante lo anterior, concluyó emitir auto de vinculación a proceso en contra del aquí quejoso, acto que constituye el aquí reclamado ante tal probabilidad de la comisión del delito de referencia; y analizó cada uno de los requisitos que según el numeral 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, debía acatar. Con lo que se estima además, que el Juez responsable acató la obligación que tenía de fundar y motivar dicha determinación, fue colmada; pues, además de invocar las porciones normativas aplicables para sustentar la resolución de que se trata, demostró fehacientemente las razones por las cuales consideró, que existe la posibilidad de que el aquí quejoso haya cometido el ilícito de que se trata -de acuerdo a la etapa tan temprana en que se encuentra el proceso-. Para lo cual, además, expuso de forma concreta los hechos jurídicamente relevantes destacados en los medios de prueba; las circunstancias consideradas por las partes; y, finalmente, resolvió procedente la vinculación a proceso del aquí quejoso. Lo anterior en encuentra apoyo en la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 143, tomo 97-102 Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: FUNDAMENTACION Y MOTIVACION. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas. Asimismo, encuentra sustento -por identidad de razones- en la tesis XXVII.3o.20 P (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, tomo III, febrero de dos mil dieciséis, que dice: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS. De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica inmediata o intrínsecamente que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculpado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente. Concluido el análisis oficioso del auto de vinculación a proceso reclamado, se procede a analizar enseguida los conceptos de violación aducidos en el ocurso de amparo, en términos del artículo 76 de la Ley de la materia, del que se advierte que el órgano jurisdiccional puede examinar de manera individual o conjunta los conceptos de violación vertidos por la parte gobernada, en el orden propuesto o en uno diverso. Ilustra además lo anterior, la tesis 2o. J/5, publicada en el tomo III del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de dos mil dieciséis, materia común, Décima Época y número de registro 2011406, cuyo rubro dice: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PROCEDE SU ANÁLISIS DE MANERA INDIVIDUAL, CONJUNTA O POR GRUPOS Y EN EL ORDEN PROPUESTO O EN UNO DIVERSO. Primer concepto de violación Indicado lo anterior, en su primer concepto de violación, el accionante del amparo argumenta medularmente lo siguiente: Que le causa agravio que el Juez responsable haya tenido por acreditado el delito de violación, a pesar de que en el examen ginecológico se señaló que la víctima tenía introito vaginal con himen anular sin presencia de desgarros recientes o antiguos y con región perianal normal, sin presencia de desgarros recientes o antiguos. Por ende, dice, no se encontró evidencia compatible con el delito de violación, al no haber hallado la existencia de desgarros, laceraciones o lesiones en la víctima, que pudieran suponer que hubo penetración reciente o antigua en el área vaginal o anal. Que la perito médico señaló que aunque no había desgarros ni lesiones en la vagina o ano de la víctima, no descartaba contacto directo con tocamientos o frotamientos, lo adujo sin un dato objetivo para sostenerlo. Que el Juez equivocó al decir que a pesar de no tener desgarro alguno, pudo deberse a la elasticidad de los tejidos de la zona. Señala, que es una conclusión absurda, porque dice que el cuerpo de la víctima no ha alcanzado la madurez para tener relaciones sexuales y que si las tuviera, dejarían ineludiblemente marcas de desgarro y daños por la inmadurez del tejido para lubricar. Que no es suficiente el dicho de la víctima para sustentar el auto de vinculación a proceso combatido. Que si bien es cierto que esa clase de delitos son de realización oculta, no menos cierto es que el dicho de la menor no debe ser analizado aislado y que, por el contrario, debe concatenarse con diversos datos de prueba que hagan suponer su veracidad.Por ello, estima que se vulneraron en su perjuicio los criterios con los siguientes rubros: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA y VIOLACION, DECLARACION DE LA OFENDIDA EN CASO DE. PARA TENER EFICACIA, DEBE SER VEROSIMIL Y ESTAR ADMINICULADA CON OTRAS PRUEBAS. Es infundado en su totalidad tal motivo de disenso. En principio, es cierto que en el informe de agresión sexual de veinticinco de junio de dos mil veintidós, realizado por la médico legista de nombre **, a la menor víctima, acompañada por su madre, el citado profesional no encontró hallazgos de desgarros antiguos o recientes en el área vaginal o anal de la víctima. Empero, la referida perito médico, no asentó en su dictamen que estimaba que no hubo violación en la infante de referencia; sino que, lo que acotó fue que la menor no presentaba datos de desgarros antiguos ni recientes, en dichas áreas; al respecto como lo argumentó el Juez responsable al analizar la configuración del delito, eso no implica que no haya ocurrido la penetración; en efecto, el legislador no acotó qué profundidad debía tener la intromisión del miembro viril, como para asegurar que esa introducción del pene deba generar alteraciones físicas en la región vaginal o anal, como refirió el defensor del quejoso. Es así, como se indicó en el primer argumento que compone el concepto de violación en análisis (y como también lo refirió en la audiencia de la que se dedujo el auto de vinculación a proceso), la defensa del quejoso refirió que al no encontrase en la revisión de la víctima, evidencia compatible con la existencia de desgarros, laceraciones o lesiones en la víctima, que pudieran suponer que hubo penetración reciente o antigua en el área vaginal o anal, es evidente que no existió penetración en la menor, pues adujo que, de haber sucedido, invariablemente, debió presentarse algún desgarro o lesión. Sin embargo, dicha aseveración, se trata de una apreciación subjetiva; pues la defensa del quejoso, éste, ni el Juez responsable, son peritos en medicina ginecológica o proctológica así como tampoco esta Juzgadora; como para concluir que, con una penetración vaginal o anal aun de poca profundidad ineludiblemente deba presentarse un enrojecimiento, un desgarro, una laceración o lesión. Además, sobre el punto, la defensa del aquí quejoso en la citada audiencia, no ofreció dato de prueba alguno; de modo que, su dicho en torno a que forzosamente debió generarse en la menor alguna lesión o desgarro con la penetración que en apariencia sufrió, no se vio apoyado en dictamen emitido por un experto en el tema, que confirmara su aseveración subjetiva. Asimismo, en el momento procesal en que se encuentra la causa penal de origen, se desconoce la dimensión distal del miembro viril del quejoso, de modo que no puede afirmarse que con el dictamen médico practicado a la menor víctima se demuestra que no se ejecutó en su persona el hecho típico que se le atribuye, ni es posible afirmar que la penetración en la persona de ésta es fisiológicamente imposible. Además, tal como lo señaló el Juez responsable, para considerar configurado el delito de violación, no es necesario que se localicen en el cuerpo de la menor víctima lesiones corporales y que así se asiente en el dictamen médico, pues para efectos de la configuración de esta conducta típica, la cópula se entiende perfecta aunque sea solo parcial. Al respecto, se cita la tesis II.1o.P.63 P, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IX, Marzo de 1999, página 1473, que ilustra el argumento anterior, cuyo rubro es: VIOLACIÓN DE IMPÚBER, DELITO DE. PARA QUE SE ACTUALICE EL ELEMENTO CÓPULA BASTA CON UNA PENETRACIÓN PARCIAL AUN CUANDO LA PASIVO NO PRESENTE DESFLORACIÓN O LESIONES CORPORALES. Para que se tengan por integrados los elementos del tipo penal de violación de impúber, no es indispensable que se agote fisiológicamente el acto sexual, ya que la penetración o introducción del órgano viril en la vagina de la pasivo, hace posible la cópula sin hacer necesaria la existencia de desfloración o de lesiones corporales, en virtud de que si bien la noción restringida de la cópula se refiere a la introducción del órgano sexual masculino (pene) en la parte femenina (vagina o vulva) y que en sentido lato cópula implica la penetración del órgano sexual masculino en la vagina o en el ano de persona del mismo o diferente sexo, para los efectos penales resulta indiferente la seminatio o eyaculación o que no se dé el goce sexual y aún más, la cópula se reputa perfecta aunque la introducción o penetración sólo sea parcial; por tanto si el quejoso manifiesta que no hubo penetración y de los dictámenes periciales se desprende que la ofendida no presentó lesiones ni desfloración, ello no es óbice para tener por consumado el ilícito en comento. Para los efectos penales, conforme a tal criterio, resulta indiferente si se presentó o no eyaculación y aún más, que la cópula se reputa perfecta aunque la introducción o penetración sólo sea parcial, pudiendo ser ésta, como determina dicha tesis y como alude la codificación penal respectiva, vaginal, anal o bucal. (2) Después, en cuanto al siguiente argumento del quejoso, donde indica que la perito médico señaló que aunque no había desgarros ni lesiones en la vagina o ano de la víctima, no descartaba contacto directo con tocamientos o frotamientos, lo adujo sin un dato objetivo para sostenerlo; tampoco le asiste la razón. Tal como le respondió el Juez responsable, en la audiencia del que derivó el auto de vinculación a proceso aquí reclamado, no se estima que la acotación que realizó la experta se haya tratado de una especulación sin sustento, como dijo, sino que fue lo que esa profesional advirtió, acorde a su conocimiento empírico en el área. (3) Respecto al argumento del quejoso en el que alega que el Juez equivocó al decir que a pesar de que K no tuvo desgarro alguno, que pudo deberse a la elasticidad de los tejidos de la zona y que esa conclusión es absurda, porque dice que el cuerpo de la víctima no ha alcanzado la madurez para tener relaciones sexuales y que si las tuviera, dejarían ineludiblemente marcas de desgarro y daños por la inmadurez del tejido para lubricar; no le asiste la razón. Primero, como ya se dijo, ni el quejoso, su defensa, el Juez responsable o esta Juzgadora Federal, son peritos en medicina, como para emitir un pronunciamiento como el que realiza el peticionario del amparo, en torno a que, indefectiblemente, en caso de penetración vía anal o vaginal, a la menor, por su corta edad, debía darse alguna lesión o desgarro. De modo que, esa conclusión deviene sin sustento alguno. Por su parte, el argumento al que arribó el Juez responsable, se estima acertado, pues se apoyó en la opinión experta de la médico legista que practicó en la humanidad de la menor víctima, las exploraciones a que ya se ha hecho referencia; la perito médico que dada su experiencia y funciones, se encuentra apta para emitir pronunciamientos como el de la índole. En consecuencia, es infundado el argumento del quejoso en análisis, porque la manifestación del Juez responsable, como se dijo, encuentra sustento en el dictamen médico legista de nombre **; en cambio, la que él externa, no tiene apoyo en dictamen médico alguno, de diverso experto que, tras el análisis del caso particular de la víctima, arribara a la conclusión a que hace referencia. (4) Enseguida, en cuanto al siguiente argumento del quejoso, en el sentido de que no es suficiente el dicho de la víctima para sustentar el auto de vinculación a proceso combatido, pues, en su consideración, solo se tomó en cuenta el mismo para emitir el acto reclamado, no le asiste la razón. Ello es así, pues contrariamente a lo que aduce no se consideró únicamente ese dato de prueba, sino todos los que invocó la agente del ministerio público y su propia defensa en la audiencia respectiva, mismos que fueron adminiculados y analizados en su integridad, de forma armónica y lógica por el Juez responsable para determinar, en grado de probabilidad, la participación del aquí quejoso en el ilícito de que se trata. Luego, el Juez responsable, calificó la totalidad de los medios de prueba que se pusieron a su consideración; y posterior a un análisis razonado, estimó que eran bastantes, en ese momento procesal, para estimar en grado de probabilidad, que el aquí quejoso cometió el delito de referencia. Así, el Juez responsable, atendiendo al estándar probatorio que opera en la etapa en que el asunto se encuentra, tomó en cuenta los datos que consideró, constituyen indicios para demostrar en grado de probabilidad que los hechos configuran el delito ya precisado y la posibilidad de que el imputado haya participado en su comisión. Además, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, y podrá, de ser su deseo, ofrecer los que estime adecuados para desplegar su defensa; tal como se acotó en el punto previo, diverso dictamen médico o psicológico, o como el que inclusive le refirió, en audiencia, acertadamente el Juez responsable, en torno a algún dictamen en aleccionamiento, emitido por un perito en psicología especializado en esa rama, dedicado a la extracción de información de niñas y niños que son involucrados en delitos de violencia sexual, como el del caso. (5) Debe indicarse al quejoso, que los delitos de índole sexual se llevan a cabo por lo general en ausencia de testigos y por ello debe otorgarse al dicho de la víctima especial preponderancia y credibilidad, pues de lo contrario a ningún efecto jurídico conduciría la denuncia de hechos de esa naturaleza; máxime que en el caso prevalece el interés superior del menor, lo que implica, precisamente, dar especial preeminencia al contenido de la denuncia de la infante víctima, pues constituye una prueba fundamental sobre el hecho, así como tener en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que usualmente ello implica. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1a. CCCLXXXVIII/2015 (10a.), estableció que tratándose de delitos en que las víctimas sean infantes, el juzgador debe valorar su dicho, bajo la perspectiva del interés superior de menor, tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, a fin de evitar que se reste credibilidad a su versión bajo el argumento de narraciones incompletas, verbigracia. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 267, del Libro 25, Diciembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias Constitucional y Penal, Décima Época y número de registro 2010615, cuyo contenido es el siguiente: MENOR DE EDAD VÍCTIMA DEL DELITO. VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO EN LOS PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. En la práctica judicial en materia penal, cuando un menor interviene como víctima del delito, su interés superior encauza al juzgador a tomar las medidas necesarias para garantizar y proteger su desarrollo, así como el ejercicio pleno de los derechos que le son inherentes, por lo que el juez, al valorar el testimonio de un menor víctima del delito, deberá tomar en cuenta que los infantes tienen un lenguaje diferente, por lo que la toma de declaraciones debe realizarse con apoyo de personal especializado, sin que ello implique una limitación en la posibilidad de cuestionar o comunicarse con el niño, pues sólo se trata de modular la forma en que se desarrolle dicha comunicación por medio de una persona especializada en el lenguaje infantil. Así, el testimonio de un infante debe analizarse tomando en cuenta su minoría de edad, pues de no ser así se corre el riesgo de una valoración inadecuada; esto es, debe considerarse su desarrollo cognitivo y emocional, pues un niño narra un evento vivido de forma desordenada e interrumpida a partir de los recuerdos que le son relevantes e influenciado por la presencia de emociones, y si la declaración es analizada por personal no especializado, es posible que bajo el argumento de aparentes contradicciones se le reste credibilidad. En ese sentido, debe procurarse reducir el número de entrevistas, declaraciones y audiencias en las que deba participar el menor, y evitar que éstas sean demasiado prolongadas, pues los procedimientos suelen ser periodos angustiantes para los menores que repercuten negativamente en sus sentimientos. Por otra parte, debe evitarse el contacto innecesario con el presunto autor del delito, su defensa y otras personas que no tengan relación directa con el proceso, para así proteger la identidad del niño, lo cual es un deber establecido por el artículo 20, apartado C, fracción V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como excepción al principio de publicidad, pues su actuación en presencia de actores ajenos o incluso de su agresor, le genera una situación atemorizante y estresante, mucho mayor a la que siente un adulto. Asimismo, en virtud de que la revictimización social y la vulnerabilidad emocional y cognitiva del niño, generan un impacto real y significativo en su desarrollo, deben utilizarse medios de ayuda para facilitar su testimonio, así como garantizar que sea interrogado con tacto y sensibilidad, mediante la supervisión y la adopción de las medidas necesarias. Aunado a lo anterior, en el caso, la víctima tiene la calidad de niña y tanto el juez de Control responsable, al momento de resolver la situación jurídica del imputado, como esta Juzgadora de amparo al resolver este asunto, deben atender a su interés superior, lo que implica, desde luego, tomar en cuenta su dicho, máxime que existen otros datos de prueba que permiten darle credibilidad, contrario a lo que señala, pues, se reitera, el dicho de la víctima no fue apreciado de forma aislada, sino que se encontró adminiculado con los diversos elementos de prueba, sobre todo con el dictamen psicológico ya referido, del que se desprendieron diversos padecimientos emocionales que aquejan a la menor, en apariencia, derivado del ilícito en cita. Al respecto, la Primera Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 1a. LXXXIII/2015 (10a.), determinó que en materia jurisdiccional, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez, de manera que, el principio de interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. Criterio consultable en la página 1397, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2008546, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Se invoca como sustento, de igual modo, la tesis número LXXXII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1398 del Tomo II, Libro 15, Febrero de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia constitucional, Décima Época y número de registro 2008547, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. Así pues, el señalamiento de la menor víctima, adminiculado con la denuncia de su madre, **, el dictamen psicológico que reveló las múltiples afecciones que padece la infante, en conjunción con los restantes medios de prueba en este momento procesal arrojan datos de prueba suficientes para estimar en grado de probabilidad que en la persona de la menor víctima se ejecutó la conducta típica ya descrita. Lo anterior, pues en el momento procesal que guarda la causa penal, los datos de prueba ya listados, no pueden ser apreciados conforme al estándar de valoración correspondiente a un medio de convicción como tal, esto es, no puede exigirse que la información que de tales diligencias se desprende, sea demostrada fehacientemente, de manera que tengan pleno valor probatorio, pues ese ejercicio de valoración corresponde a una etapa posterior del proceso penal; mientras que, se insiste, para dictar un auto de vinculación a proceso, como lo señala el artículo 19, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es suficiente que se cuente con datos de prueba con los que se demuestren los extremos indicados, en grado de probabilidad. Asimismo, ninguno de los datos de prueba invocados por la representación social, fue controvertido durante la audiencia de vinculación a proceso, más que argumentativamente, desvirtuándose por parte del Juez responsable, de forma acertada; pero no a través del ofrecimiento de dictamen diverso, sino únicamente con las dos testimoniales ya indicadas y la declaración mediante preguntas, por parte del indiciado, de las cuales, como ya se dijo, también se desprendió en el momento en que se encuentra el proceso- la probabilidad de que el quejoso haya cometido, en perjuicio de la menor que se dice víctima, el delito en cita. Ante lo anterior, es evidente que no se vulneraron en su perjuicio los criterios a que hizo referencia, que son respectivamente, del siguiente contenido: a) Emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1728, tesis aislada, del siguiente tenor: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE., publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. Pues adverso al sentir del quejoso, el citado criterio, no fue contrariado por el Juez responsable, pues el dicho de la menor, aunque fue preponderado de acuerdo a las tesis jurisprudenciales arriba citadas, emitidas por el Más Alto Tribunal del País no fue un elemento de prueba único ni aislado, sino que, como se ha venido señalando, fue adminiculado con los restantes que las partes ofertaron. Además, se insiste al quejoso, dado el parámetro probatorio que rige la etapa tan prematura del proceso penal, los datos de prueba ofertados, analizados en su conjunto, permitieron al Juez responsable suponer de forma razonable, en grado de probabilidad, la comisión del ilícito de que se trata y también en grado de posibilidad, la intervención en el mismo por parte de aquél.b) Emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, página 673, del texto:VIOLACION, DECLARACION DE LA OFENDIDA EN CASO DE. PARA TENER EFICACIA, DEBE SER VEROSIMIL Y ESTAR ADMINICULADA CON OTRAS PRUEBAS. Aun cuando la declaración de la ofendida en el delito de violación es de relevancia singular, dado que ese ilícito, por su naturaleza es de consumación privada o secreta, debe atenderse a que esa declaración, para que pueda tener efectos probatorios dentro de la causa, además de estar adminiculada con otras pruebas, debe ser verosímil en cuanto a las circunstancias y accidentes de los hechos que motivaron la violación sexual. Tesis aislada que, al igual que la diversa ya citada -emitida por tribunal en circuito diverso al en que se encuentran el Juez responsable y estas Juzgadora Federal- no fue vulnerada en perjuicio del quejoso, pues, se reitera, el dicho de la menor no fue asilado ni el único elemento de prueba ofertado como parte de la teoría acusatoria. Segundo concepto de violación Enseguida, en su siguiente concepto de violación, el accionante del amparo argumenta medularmente lo siguiente: Que le causa agravio que el Juez responsable lo haya vinculado por el delito de violación, aunque, al no haber cópula, pudo reclasificar el delito. Que por lo tanto se vulneró en su perjuicio la tesis de rubro RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO.No asiste la razón al quejoso, por lo que se califica de infundado el citado motivo de disenso. Adverso a lo que señala el quejoso y como se ha venido repitiendo a lo largo de este fallo, en el momento en que se haya el proceso penal, no es preciso comprobar fehacientemente la realización del delito, ni la participación del imputado en el mismo; sino, que, razonablemente, existan indicios que permitan estimar, en grado de probabilidad, que ambas circunstancias ocurrieron. Sentado lo anterior, contrario a lo que señala el quejoso, en ningún momento los elementos de prueba aportados por ambas partes, permitieron concluir que no existió cópula (impuesta) en perjuicio de la infante víctima. Por el contrario, de las conclusiones extraídas por la experta en psicología, se advirtieron, verbigracia, diversas afectaciones en esa materia, en la psique de la víctima. Además, como bien lo resaltó el Juez responsable en audiencia, y como ya previamente en esta sentencia se había precisado, el hecho de que no se hayan encontrado en la niña K, desgarros o lesiones en su vagina o en su ano, no significa que no haya ocurrido, en grado de probabilidad, la penetración del miembro viril del aquí quejoso en esos sitios, como ella adujo; pues, se repite, en atención al mínimo estándar probatorio que rige la etapa, sí se advirtieron indicios bastantes para suponer que probablemente, ello ocurrió, mismos que no pudo obviar la autoridad responsable y tampoco lo hace esta Juzgadora. Además, el legislador no determinó los alcances de la penetración que debía tener la vaginal o la anal, para estimarse alcanzada la cópula, como se desprende del artículo 171 de la referida codificación, que se considera pertinente invocar de nueva cuenta enseguida: Artículo 171. Se entiende por cópula, la introducción del pene en el cuerpo humano por vía vaginal, anal o bucal. En segundo lugar, como ya se dijo, en el examen médico practicado a menor víctima **, la médico legista no asentó expresamente en su dictamen que estimaba que no hubo violación en la infante de referencia; sino que lo que acotó fue que no presentaba datos de desgarros antiguos ni recientes, en las zonas de referencia; sin embargo, eso no implica que no haya ocurrido la penetración, pues el legislador no acotó qué profundidad debía tener la intromisión del miembro viril, como para asegurar que esa introducción del pene deba, ineludiblemente generar alteraciones físicas en la región anal, como refirió la defensa del quejoso. Además, como también ya fue explicado, el defensor del aquí quejoso en la citada audiencia, no ofreció dato de prueba alguno, que resultara eficaz en cuanto al punto, que hubiere sido emitido por experto en medicina, con el cual pudiera sustentar su apreciación; de modo que, su dicho en torno a que forzosamente debió generarse en la menor alguna lesión o desgarro con la penetración que en apariencia sufrió, no se vio apoyado en dictamen emitido por un experto en el tema, que confirmara su aseveración subjetiva. Por lo anterior, es acertado que, contrario a su parecer, no se haya reclasificado el delito; reclasificación que, dicho sea de paso, no fue alegada en momento alguno por su defensa, en la audiencia inicial. Respecto a la reclasificación del delito, es oportuno señalar que el auto de vinculación a proceso, se dicta sobre ciertos hechos considerados como delito, cuya clasificación jurídica puede variar en distintas etapas del procedimiento. Es decir, el auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, pues incluso ésta puede ser precisada en definitiva en la acusación, partiendo de la información que se recabe en las fases inicial y complementaria. Por tanto, lo que se determina en la vinculación a proceso son los hechos delictivos que serán motivo de investigación, lo que permite al imputado preparar su estrategia de defensa a partir de dicha información, pues deben subsistir los mismos hechos que sirvieron como base al Ministerio Público para formular imputación. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé diversas oportunidades en las que es posible variar la clasificación jurídica de los hechos considerados como delito materia de un proceso. Una de estas es la prevista en el numeral 316 del invocado código, que en la parte que aquí interesa dispone lo siguiente: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. De lo anterior se desprende que se podrá otorgar a los hechos por los cuales se formule imputación, una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público; cuyo efecto del auto de vinculación a proceso será solamente establecer los hechos delictuosos sobre los que continuará el proceso o se determinará las formas anticipadas de terminación del proceso. Por su parte, el artículo 318 del código en comento establece lo siguiente: Artículo 318. Efectos del auto de vinculación a proceso El auto de vinculación a proceso establecerá el hecho o los hechos delictivos sobre los que se continuará el proceso o se determinarán las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento. De esta manera, conforme al aludido precepto legal, son los hechos delictivos y no su calificación jurídica los que servirán de base para continuar con el proceso, determinar las formas anticipadas de terminación del proceso, la apertura a juicio o el sobreseimiento; de ahí que el proceso no debe forzosamente ceñirse a la calificación jurídica que se fijó en el auto de vinculación. Un segundo momento en el que es posible variar tal clasificación jurídica, es al concluir el plazo de la investigación complementaria, en el que el fiscal puede solicitar el sobreseimiento parcial o total, la suspensión del proceso, o bien formular acusación. Esto, como se advierte de los numerales 324 y 335 del citado código, que dicen: Artículo 324. Consecuencias de la conclusión del plazo de la investigación complementaria Una vez cerrada la investigación complementaria, el Ministerio Público dentro de los quince días siguientes deberá: I. Solicitar el sobreseimiento parcial o total; II. Solicitar la suspensión del proceso, o III. Formular acusación. Artículo 335. Contenido de la acusación Una vez concluida la fase de investigación complementaria, si el Ministerio Público estima que la investigación aporta elementos para ejercer la acción penal contra el imputado, presentará la acusación. La acusación del Ministerio Público, deberá contener en forma clara y precisa: XIII. La solicitud de que se aplique alguna forma de terminación anticipada del proceso cuando ésta proceda. La acusación sólo podrá formularse por los hechos y personas señaladas en el auto de vinculación a proceso, aunque se efectúe una distinta clasificación, la cual deberá hacer del conocimiento de las partes De lo anterior se desprende que, aunque no se haya efectuado una reclasificación jurídica de momento -lo cual, como se indicó, se estima acertado, pues contrario a lo que señala, se acreditó, de forma indiciaria, con los elementos de prueba aportados, que en grado de probabilidad, se impuso la cópula-; elemento base del delito de que se trata. Finalmente, contrapuesto a lo que señala el quejoso, no se violó en su perjuicio la siguiente tesis aislada, emitida por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 76, Marzo de 2020, Tomo II, página 1013, del contenido: RECLASIFICACIÓN JURÍDICA DE LOS HECHOS MATERIA DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI LA REALIZA EL JUEZ DE CONTROL SIN HACERLO DEL CONOCIMIENTO DEL IMPUTADO, EN LA MISMA AUDIENCIA PREVIO A RESOLVER LA VINCULACIÓN A PROCESO, TRANSGREDE SUS DERECHOS DE DEFENSA ADECUADA, AUDIENCIA Y DEBIDO PROCESO. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, faculta al Juez de Control para otorgar una clasificación jurídica distinta a los hechos que fueron motivo de la imputación, siempre y cuando el Juez de Control les haga saber al imputado y a su defensor en la propia audiencia que va a clasificar de manera distinta los hechos para que en esa misma diligencia pueda tener la oportunidad de defenderse, sobre todo expresando alegatos previos a la determinación de la vinculación a proceso. Esa fórmula es acorde con lo interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver el amparo directo en revisión 7546/2017, en el que, entre otras consideraciones, estableció que es factible variar la clasificación legal de los hechos delictuosos, pero previendo mecanismos adecuados para que el imputado pueda ejercer su derecho fundamental a la defensa; contemplando como tal el consignado en el penúltimo párrafo del citado numeral, ya que garantiza que el imputado conozca oportunamente ese cambio en la clasificación jurídica de los hechos, con lo cual se generan las condiciones para que cuente con la oportunidad de ejercer su derecho fundamental de defensa, que le permite ofrecer los datos de prueba que considere, así como formular los alegatos respectivos, con el fin de desvirtuar dicha calificación jurídica. De modo que si el Juez de Control decide "motu proprio" cambiar la clasificación jurídica de los hechos expuestos por el Ministerio Público en la formulación de la imputación; previamente, debe comunicarlo al imputado y a su defensor, a fin de no trastocar los derechos fundamentales de defensa adecuada, audiencia y debido proceso, puesto que desde una perspectiva de lógica jurídica, sería evidente que el imputado quedaría inaudito y se tornaría en letra muerta el contenido de la norma procesal en comento. Ello, por la simple razón de que el Juez responsable no reclasificó el delito que adujo la representación social que conoce la causa penal de origen, que se había actualizado, en grado de probabilidad, en perjuicio de la menor K; de modo que, el caso concreto, no encuadra en la hipótesis a que alude el referido criterio aislado. Tercer concepto de violación Luego el accionante del amparo argumenta lo que a continuación se expone en su diverso motivo de disenso: Que el lenguaje de la víctima en su denuncia dista de la capacidad cognitiva de un niño de su edad, lo que podría arrojar que fue aleccionada; pues en la pericial en psicología, en lugar de usar ano o vagina, dice colita, lo que le causa agravio pues dice que el Juez responsable no analizó lo anterior de forma armónica con los datos de prueba de su defensa y de la representación social. Es infundado dicho concepto de violación. Primero, el hecho de que, en apariencia, la víctima conoce las denominaciones certeras de las partes del cuerpo humano a que hizo referencia, por sí mismo, no puede reflejar aleccionamiento alguno como aduce el quejoso, sino, en su caso, simplemente que como parte de su educación familiar o escolar, probablemente, le han sido indicados los nombres correctos de las partes del organismo humano, no con eufemismos. Tampoco permite concluir que existió aleccionamiento a la menor, que en posterior ocasión, ante la experta en psicología, se haya referido a esas partes como colita, pues el hecho de que pudiera conocer los nombres acertados de las partes del cuerpo humano, no menoscaban el hecho de que sigue siendo una niña de nueve años, al momento de la denuncia y pueda emplear en su lenguaje habitual, esa índole de expresiones. Además, como ya le fue referido, la etapa intermedia tiene por objeto precisamente el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba, y podrá, de ser su deseo, ofrecer los medios de prueba que estime adecuados para desplegar su defensa; tal como se acotó antes, como el que inclusive le refirió acertadamente el Juez responsable, en torno a algún dictamen en aleccionamiento, emitido por un perito en psicología especializado en esa rama, dedicado a la extracción de información de niñas y niños que son involucrados en delitos de violencia sexual, como el del caso. Por tanto, no implica, el que no se haya resuelto conforme a sus intereses, que el Juez responsable no lo haya hecho de forma armónica con el contexto de que fue impuesto, sino, se insiste, meramente atendiendo al patrón probatorio que rige la fase en que se encuentra el proceso. Cuarto concepto de violación En su siguiente motivo de disenso, el accionante del amparo argumenta medularmente: Que él no se encontraba en domicilio en esas horas ni en esos momentos con la menor víctima, ya que se encontraba trabajando; que el hecho de que no haya negado vivir ahí en enero de dos mil veintiuno, no quiere decir que hubiera agredido a la víctima. Que la niña también era cuidada por sus abuelos y por su hermano y que no se cuenta con las declaraciones de ellos. Que aunque el Juez responsable dijo juzgar con perspectiva de género y de interés superior de la menor, hacerlo con esa deficiencia, llevaría al extremo de que bastaría con la sola manifestación de la víctima menor de edad para lograr un auto de vinculación a proceso o una eventual sentencia. Es infundado en su totalidad el citado motivo de disenso. Ante lo señalado por el quejoso, debe reiterársele: En el momento procesal en que se encuentra la causa penal natural, el estándar probatorio es bajo y basta con que se estime razonablemente, que existe la probabilidad de que el imputado participó en la comisión del ilícito de que se trata, para emitir auto de vinculación a proceso; lo que esta Jueza Constitucional estima, fue adecuado, como se ha venido acotando. En consecuencia, es en etapa diversa ulterior, que podrá, mediante los datos de prueba que estime pertinentes, demostrar, como dice, que no estuvo en el inmueble donde en apariencia sucedieron los hechos, en el horario en que adujo la niña K, por encontrase laborando. Respecto de que no se cuenta con las declaraciones de sus abuelos maternos y su hermano, quienes también, dice, cuidaban de K; tal como su defensa ofertó tres elementos de prueba en la continuación de la audiencia inicial, pudo también ofertar en ésta los testimonios de esas personas, de así desearlo, si lo consideraba trascendente para su teoría defensiva; o bien, hacerlo en las ulteriores etapas del proceso penal, pues no solo atañe a la representación social, ofertar datos de prueba, sino que válidamente, como ya lo hizo su defensa, puede hacerlo también el quejoso, por conducto de ésta y optar por una estrategia de defensa más proactiva, se insiste, si así a su teoría de protección, conviene. En cuanto a lo que dice respecto a que el Juez responsable adujo juzgar con perspectiva de género y de interés superior de la menor, llevaría al extremo de que bastaría con la sola manifestación de la víctima menor de edad para lograr un auto de vinculación a proceso o una eventual sentencia, no le asiste la razón. Una vez más, se señala al quejoso, el dicho de la víctima no fue aislado, sino analizado con los diversos elementos de prueba aportados; y las perspectivas tanto de género como de interés de la infancia, como también ya se dijo, son pautas que el Juez responsable y que esta Juzgadora, no pueden obviar.Eso no implica, como dice, que por tener en cuenta esos preceptos baste con que cualquier persona menor de edad aduzca que fue violada para emitir auto de vinculación a proceso en contra del aparente agresor, o su posterior condena en sentencia, sino que lo primero, dependerá preponderantemente, de la existencia de elementos de prueba suficientes que permitan suponer de forma razonable, que exista posibilidad de la comisión del delito y de la participación del indiciado; y lo segundo, mayormente, de lo efectiva o no, que resulten las estrategias de defensa y la acusatoria, en cuanto a revelar la verdad jurídica de los hechos. Quinto concepto de violación Después, en el posterior motivo de disenso, el accionante del amparo adujo: Que el Juez responsable sustentó el auto de vinculación a proceso reclamado en la mera lectura de los antecedentes contenidos en la carpeta de investigación que realizó la Ministerio Público; no en el análisis de las argumentaciones de los datos de prueba. Que la fiscalía no expuso argumentos para justificar la petición de vinculación a proceso, previo a que se decidir sobre el plazo para resolver su situación jurídica; por lo que, estima, se violó en su perjuicio la tesis con número de registro 2015704. Que debió efectuar una argumentación lógico jurídico necesario para acreditar los extremos que establece el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que no aplicó criterios identificados con los números de registro 2007811, 2020966 y 2017728.Que se violaron en su perjuicio las garantías contenidas en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.Es infundado en su totalidad dicho concepto de violación. (1) Primero, no tiene razón el quejoso en cuanto a que la agente del Ministerio Público que conoce la causa penal, dio lectura a los antecedentes de la carpeta de investigación de origen. Por el contrario, la representación social en cita acotó los elementos de prueba con que, hasta ese momento, contaba en su investigación, para sustentar la petición de vinculación a proceso del aquí quejoso. De modo que, si la defensa del aquí quejoso, en el momento de la audiencia, estimaba, como adujo, que aquélla estaba dando lectura íntegra a la carpeta de investigación, debió acotarlo al juez responsable, en términos del artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales, conforme al cual, dada la oralidad que debe imperar en audiencias como esa, el propio Juez responsable, de ser el caso, debía conminar a la representación social a que se abstuviera de la lectura, lo cual no ocurrió así. (2) Luego, el accionante del amparo, alude a que la fiscalía no expuso argumentos para justificar la petición de vinculación a proceso, previo a que se decidir sobre el plazo para resolver su situación jurídica; por lo que, estima, se violó en su perjuicio la tesis con número de registro 2015704. Es incorrecto el parecer del quejoso. Las etapas de formulación de imputación y vinculación a proceso, si bien se llevan a cabo ambas en la audiencia inicial, son etapas independientes y diferenciadas. La formulación de la imputación es la comunicación que el Ministerio Público efectúa al imputado, en presencia del Juez de control, de que desarrolla una investigación en su contra respecto de uno o más hechos que la ley señala como delito. Cuando se formula imputación, deben acotarse los antecedentes de los elementos de prueba con que la representación cuente en la carpeta de investigación, para sustentar su petición. Una vez que la parte indiciada y su defensa de impongan de esa información, es que el Juez responsable cuestionará a aquélla sobre el periodo en el que desea que sea resuelta su situación jurídica. Asimismo, la vinculación a proceso se debe pedir justificadamente después de que se formuló la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo Ahora bien, conforme a lo previsto en la fracción VI del apartado B del artículo 20 Constitucional, todo imputado y su defensa tienen derecho a acceder a los registros de la investigación antes de que tenga lugar su primer comparecencia ante el Juez; de tal suerte que formulada la imputación, efectivamente esté en condiciones de contestar el cargo y, por otro, que el plazo de setenta y dos horas o su duplicidad, establecidos en el artículo 19 Constitucional, constituye un derecho fundamental del imputado a fin de que su libertad personal no se vea restringida por un tiempo mayor, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso, desprendiéndose así que su ampliación procede única y exclusivamente cuando lo solicita, debiendo operar esa extensión temporal a su favor y no en su contra. En ese contexto, se cuenta con las siguientes premisas: 1) la vinculación a proceso se debe pedir justificadamente después de que se formuló la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de setenta y dos horas establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede única y exclusivamente cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que tal extensión temporal debe operar a su favor y nunca en su contra. Las anteriores premisas constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues la finalidad de ello es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el numeral 314 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la posibilidad, únicamente para el imputado, no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Lo que, en el caso, sucedió conforme a derecho, pues en primer lugar, al formular la representación social, imputación en contra del aquí quejoso, le indicó los antecedentes de los elementos de prueba con que contaba en la carpeta de investigación, para sustentar su petición. Luego de conocerlos, el aquí quejoso, asesorado en todo momento de su defensa, optó porque su situación jurídica fuera resuelta en la duplicidad del término constitucional. Finalmente, se solicitó por parte de la agente del Ministerio Público su vinculación a proceso y expuso los elementos de prueba y las argumentaciones atinentes para dar apoyo a lo que instó. Por ende, como se anunció, es evidente que el quejoso confunde las etapas de formulación a imputación y de vinculación a proceso, que como ya se analizó, son diferentes y autónomas entre sí; pues aduce que la fiscalía no expuso argumentos para justificar la petición de vinculación a proceso, previo a que se decidir sobre el plazo para resolver su situación jurídica. Lo anterior, pone en evidencia que no se vulneró en perjuicio del quejoso, la jurisprudencia por contradicción de criterios (antes, por contradicción de tesis) 1a./J. 120/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; pues tal tesis, como se expuso líneas arriba, explica en qué momento es que el agente del Ministerio Público puede válidamente solicitar la vinculación a proceso del imputado. Lo que en el caso, se repite, ocurrió de forma acertada; es decir: primero, se señalaron, al formular la representación social, imputación en contra del aquí quejoso, los antecedentes de los elementos de prueba con que contaba en la carpeta de investigación, para sustentar su petición; una vez que los conoció, el quejoso, asesorado por su defensa, eligió el periodo que estimó pertinente para la resolución de su situación jurídica; hecho lo anterior, la representación social aquí tercera interesada, solicitó su vinculación a proceso y expuso, tanto los elementos de prueba como las argumentaciones que estimó atinentes para apoyar esa petición. La aludida tesis, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 392, es del siguiente contenido: VINCULACIÓN A PROCESO. MOMENTO EN EL CUAL EL MINISTERIO PÚBLICO DEBE SOLICITARLA (CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES Y CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE MORELOS ABROGADO). De la lectura de los artículos 309 y 313 del Código Nacional de Procedimientos Penales de contenido similar a los numerales 280 y 281 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado, deriva una duda legítima relativa a si la solicitud de vinculación a proceso debe formularla el Ministerio Público antes de que el imputado decida si se acoge o no al lapso de 72 horas para que se resuelva sobre su situación jurídica o a su ampliación, o si puede hacerse posteriormente, incluso, en la continuación de la audiencia inicial, una vez que hubieran sido recibidos los medios de convicción presentados por la defensa. Ahora bien, para resolver dicha duda, debe partirse de las premisas siguientes: 1) la vinculación a proceso debe pedirse después de formularse la imputación y de que el imputado tuvo oportunidad de contestar el cargo; y, 2) el plazo de 72 horas como límite para la detención ante autoridad judicial, establecido por el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un derecho fundamental, cuya ampliación procede sólo cuando el propio imputado lo solicita, lo cual implica que esa extensión temporal opere a su favor y nunca en su contra. Así, dichas proposiciones constituyen la pauta interpretativa que permite considerar, por un lado, que la imputación y la solicitud de vinculación a proceso son actuaciones distintas y, por otro, que la decisión del imputado de postergar la resolución sobre la vinculación o no a proceso no puede operar en su detrimento, pues su finalidad es que tenga más tiempo para ejercer su defensa, tan es así, que el artículo 314 del Código Nacional establece la posibilidad, sólo para el imputado y no para el Ministerio Público, de incorporar durante ese lapso los medios de convicción que estime convenientes. Por lo anterior, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que el Ministerio Público, de estimarlo procedente, debe solicitar la vinculación a proceso después de formulada la imputación y de que el imputado haya tenido oportunidad de contestar el cargo, pero previamente a que el justiciable decida si se acoge o no al plazo a que alude el artículo 19 constitucional o a su ampliación para que se resuelva sobre su situación jurídica, pues sólo así la elección de postergar la resolución judicial respectiva tendrá como base el previo conocimiento de las razones específicas por las cuales los datos de prueba recabados durante la investigación informal justificarían dicho acto de molestia, permitiendo al imputado y a su defensor, como resultado de un acto informado, presentar en la continuación de la audiencia inicial los medios de prueba que consideren podrían desvirtuar la postura ministerial. En efecto, si el imputado o su defensor elige posponer la indicada resolución en aras del derecho de defensa, es lógico que esa decisión debe partir del conocimiento previo de las razones concretas por las cuales el representante social estima que los datos de prueba contenidos en la carpeta de investigación acreditan la existencia del hecho materia de la imputación y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, pues sólo así estará en condiciones de ofrecer los medios de convicción idóneos para desvirtuar la imputación; es más, de no seguirse ese orden, el Juez podría tener dificultades para calificar la pertinencia de los datos de prueba que la defensa pretende incorporar. Lo destacado es propio.Lo anterior, pues, como se dijo, lo que la representación social justifica previo a que decida sobre el periodo para resolución de su situación jurídica, es la formulación de imputación; en una etapa diversa, como ya se expuso, se da la petición de vinculación a proceso, momento en el cual, nuevamente, la representación social tiene a su cargo sustentar su petición. Tal como, correctamente, aconteció en el caso. (3) Después, el quejoso dice que el Juez responsable debió efectuar una argumentación lógico jurídico necesario para acreditar los extremos que establece el artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. No le asiste la razón al quejoso, pues adverso a su parecer, el Juez responsable sí acató esa obligación. El artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, precisa: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I.Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. De este dispositivo se advierten, como ya se estudió previamente, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; c) Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. d) Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Ahora, el quejoso alude a que el Juez responsable no acató la pauta contenida en la fracción III, pues estima que no existieron datos de prueba bastantes para estimar que se ha cometido en apariencia, el ilícito y que probablemente, el directo quejoso participó en su comisión. Dichos datos de prueba, como ya había sido señalado previamente, son los siguientes: Denuncia ante el agente del Ministerio Público, por parte de **, en su carácter de madre de la menor de edad de iniciales **. Comparecencia de la menor víctima, ante la representación social, en presencia de su madre. Informe de agresión sexual de veinticinco de junio de dos mil veintidós, realizado por la médico legista de nombre **, a la menor víctima. Dictamen en materia de psicología elaborado por la profesional de nombre **, a la menor víctima. Parte informativo de policía investigadora, realizado por la agente de nombre **, donde se acotó que realizó diversas entrevistas, entre ellas a la menor víctima, así como a la señora **. Documental pública consistente en el acta de nacimiento de la menor víctima. La totalidad de los datos de prueba invocados por la agente del Ministerio Público en audiencia, fueron con base en sus atribuciones de órgano investigador de que la enviste el artículo 21 Constitucional, que precisa expresamente que la representación social tiene a su cargo la investigación de las conductas aparentemente delictivas y tendrá bajo su conducción a los elementos policiacos respectivos, quienes la auxiliarán en el ejercicio de tal función; se estiman bastantes -adminiculados a los ofertados por la defensa- para estimar, como ya se ha expuesto, en grado de probabilidad razonable, tanto la comisión del hecho ilícito de que se trata como la participación del aquí directo quejoso. Por ende, contrario a su sentir, el Juez responsable sí acató esa pauta como las diversas a las que se encontraba obligado constitucionalmente y legalmente tal como se ha puesto de manifiesto. (4) Enseguida, el quejoso dice que el Juez responsable no aplicó los criterios identificados con los números de registro 2007811, 2017728 y 2020966. Los mismos, son del siguiente contenido: Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/5 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo III, página 2377: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE CONTROL, AL RESOLVER SOBRE SU PROCEDENCIA, NO DEBE ESTUDIAR LOS DATOS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN, SINO VALORAR LA RAZONABILIDAD DE LAS MANIFESTACIONES EXPUESTAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO Y, EN SU CASO, LA CONTRA-ARGUMENTACIÓN O REFUTACIÓN DEL IMPUTADO O SU DEFENSOR (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). De los artículos 16, párrafo tercero, 19, párrafo primero y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que el Constituyente Permanente determinó, entre otras cuestiones, la no formalización de las pruebas en cualquiera de las fases del procedimiento penal acusatorio, salvo excepciones. Asimismo, que el impedimento a los Jueces del proceso oral para revisar las actuaciones practicadas en la indagatoria fue con el fin de evitar que prejuzguen, manteniendo con ello la objetividad e imparcialidad de sus decisiones, así como los principios de igualdad y contradicción; lo anterior, dada la horizontalidad de la posición de las teorías del caso de los contendientes, por una parte, las del Ministerio Público, víctima u ofendido del delito y, por otra, del inculpado y su defensa, en relación con un hecho que la ley señale como delito y cuando exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión; de ahí que en el nuevo sistema de justicia penal acusatorio adversarial del Estado de Chihuahua, el Juez de control, al resolver sobre la procedencia del auto de vinculación del imputado, no debe estudiar los datos de la carpeta de investigación, sino valorar la razonabilidad de las manifestaciones expuestas por dicha representación social y, en su caso, la contra-argumentación o refutación del imputado o su defensor. Jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/19 (10a.), Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 2388: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. TEST DE RACIONALIDAD QUE PROCEDE APLICAR PARA EL ESTUDIO DE LOS DATOS DE PRUEBA, A PARTIR DE LOS CUALES PUEDE ESTABLECERSE QUE SE HA COMETIDO UN HECHO IMPUTADO COMO DELITO [MODIFICACIÓN DE LA TESIS XVII.1o.P.A.31 P (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito, en la tesis aislada XVII.1o.P.A.31 P (10a.), estableció el test de racionalidad que procede aplicar por el tribunal de amparo, en relación con los antecedentes de investigación como canon de control de la legalidad del auto de vinculación a proceso. Ahora bien, una nueva reflexión sobre el tema, lleva a este órgano jurisdiccional a modificar dicho criterio, para ahora definir el test que procede aplicar para el estudio de los datos de prueba a partir de los cuales puede establecerse que se ha cometido un hecho imputado como delito, el cual tiene como objetivo diferenciar el nivel de exigencia probatoria que es aplicable en las resoluciones susceptibles de ser dictadas en la audiencia inicial, frente a la sentencia definitiva dictada en el juicio oral. En la premisa fáctica se requiere para la aceptación o rechazo de una teoría: a) Una hipótesis (teoría del caso): Es una proposición que tiene como sustento un hecho captado por medio de los sentidos. b) Los enunciados que integran la hipótesis; razonamientos con cierta probabilidad o verosimilitud. c) La verificabilidad de los enunciados, mediante la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y, la valoración debe ser racional, es decir, aquella que en su práctica emplea elementos o reglas racionales, lógicas, máximas de experiencia, método científico y pensar reflexivo, para valorar e interpretar los resultados de la aportación de datos de prueba en conjunción con lo alegado para determinar qué puede dar o considerar como probado, que en última instancia no es más que evaluar el grado de probabilidad, con fundamento en los medios disponibles, si puede considerarse como verdadera una hipótesis sobre los hechos. d) La aceptación o rechazo de la hipótesis, mediante la argumentación de la hipótesis aceptada y la refutación, por contrastabilidad, de la rechazada. La aceptabilidad de una hipótesis es un juicio sobre su confirmación y no refutación. Una vez confirmada debe someterse aún a la refutación examinando los posibles hechos que -de existir- invalidarán o reducirán el grado de probabilidad de la hipótesis, es decir, el Juez contrasta unas afirmaciones -hipótesis- poniendo a prueba su valor explicativo. Una hipótesis se considera confirmada por un dato o medio de prueba si existe un nexo causal o lógico entre ambas, de modo que se configure una razón para su aceptación. La confirmación corresponde a una inferencia en virtud de la cual, a partir de unos datos de prueba y de una regla que conecta a esos datos de prueba con la hipótesis, se concluye aceptando la veracidad de esta última. Tesis aislada, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 72, Noviembre de 2019, Tomo III, página 2391: FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. SI EN LA AUDIENCIA RELATIVA EL MINISTERIO PÚBLICO SÓLO DIO LECTURA ÍNTEGRA A AQUÉLLA Y A LOS DATOS DE PRUEBA EN QUE SE APOYA, SIN EXPONER LOS ARGUMENTOS DE SU POSTURA, NI LOS DATOS DE PRUEBA QUE LA ACREDITEN, INFRINGE EL PRINCIPIO DE ORALIDAD Y LAS FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. De conformidad con el artículo 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la reforma del dieciocho de junio de dos mil ocho, la oralidad en el sistema penal acusatorio constituye un instrumento de relevancia primordial, porque marca una estructura general del procedimiento, que estrictamente se refiere a una norma de comunicación -referencia verbal- y da consecución a los principios que constitucional y legalmente se prevén como rectores del novedoso sistema penal, en el caso, de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Por tanto, si se advierte que en la audiencia de comunicación de la imputación el Ministerio Público dio lectura íntegra a la formulación de la imputación y a los datos de prueba en que ésta se apoya, y no expuso los argumentos por los cuales demuestra su postura ni explicó al imputado ni al órgano jurisdiccional en proposiciones concisas las circunstancias fácticas que pretende imputarle y las razones por las que los datos de prueba o parte del dato la acreditan, con ello infringió el principio de oralidad a que se refiere el citado precepto constitucional y, en consecuencia, las formalidades esenciales del procedimiento exigidas por el diverso artículo 14 de la Constitución Federal. Luego, en estas circunstancias, como uno de los requisitos indispensables para dictar un auto de vinculación a proceso es, precisamente, que se haya formulado la imputación, según lo dispone el artículo 316, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales, debe asumirse que el auto de vinculación a proceso también participa de esa ilegalidad y, por ende, procede otorgar la protección constitucional solicitada en la vía indirecta para el efecto de que se reponga el procedimiento a partir de la audiencia de comunicación de la imputación. Las primeras dos tesis de jurisprudencia, emitidas ambas por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, sí fueron acatadas por el Juez responsable, debido a los múltiples razonamientos expuestos a los largo de esta sentencia, que lo han puesto de manifiesto. Respecto de la tercera, es aislada y emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, es decir, por una Alzada de Circuito Judicial diverso al en que se encuentra el Juez responsable; de modo que su observancia, para dicha autoridad y para este Juzgado de Amparo, no resulta obligatoria; además, con independencia de ello, no se estima que se surta en la especie. (5) Después, por lo que hace a la aparente vulneración de los artículos 14 y 16 Constitucionales por parte del Juez responsable, no le asiste la razón al quejoso. Debe destacarse que, es menester de toda autoridad al emitir sus determinaciones, hacerlo de manera fundada y motivada, además, obvio es, de lograr un nexo lógico de ajuste entre tales elementos, de conformidad con el artículo 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Con relación a ello, debe acotarse que en las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como fue ya destacado antes en este fallo, se encuentra la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional. Esta garantía obliga a la autoridad a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la apelación así como las demás pretensiones deducidas oportunamente por las partes, de tal forma que resuelva sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Al respecto, el Juez responsable, en su determinación combatida, ya transcrita, contrario a lo estimado por el aquí quejoso, sí cumplió con una adecuada fundamentación y motivación y acató las formalidades esenciales del procedimiento, tal como fue demostrado previamente al efectuarse el análisis oficioso de la determinación de que se trata. Ahora, el numeral Constitucional 17, que adujo le fue vulnerado, es del siguiente contenido: Artículo 17. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Del texto trascrito, se desprende que la garantía de administración de justicia que consagra el artículo 17 Constitucional, contiene varios principios de derecho subjetivo a cuya observancia están obligadas las autoridades que realizan actos jurisdiccionales, a saber: I.Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. II. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y además, garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. III. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes, o arbitrariedad en su sentido. IV. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Es decir, dicha garantía de administración de justicia está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial. Lo que, en el caso, se considera que cumplió el Juez responsable, pues celebró la audiencia inicial, en su primera parte y la continuación, en las fechas y en los horarios que previamente se habían fijado, emitió un estudio completo del asunto relativo a la fase en que se encuentra la causa penal de origen de forma imparcial y sin que haya sido onerosa. De modo que, el hecho de que el Juez responsable haya optado tal como lo solicitó el agente del Ministerio Público que conoce del asunto por la emisión del auto de vinculación a proceso reclamado, no implica que se hayan vulnerado los numerales a que alude, pues ese acto, como se ha expuesto, fue justificado por la representación social y emitido de forma acertada, dada la etapa del proceso natural, por parte del Juez responsable. Conclusión Por lo tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron los razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación esgrimidos, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al aquí quejoso, con relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el Juez de Primera Instancia en materia penal del Sistema Penal Acusatorio en funciones de Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, en la causa penal 6176/2022 el siete de junio de dos mil veintitrés, por su probable participación en el delito de violación agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en el artículo 172, fracción I y último párrafo, con relación al diverso 175, fracción VII, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a la responsable y a la representante social tercera interesada; personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito; así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez, hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

  4. Principal

    VISTA LA RAZÓN DEL ACTUARIO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE ORDENA NOTIFICAR POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA DE LA SENTENCIA DE VEINTICINCO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, Y SUS RESOLUTIVOS DICEN: se resuelve: Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a **, en términos de lo expuesto en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese mediante oficio a la responsable y a la representante social tercera interesada; personalmente a la parte quejosa, a la tercera interesada y al agente del Ministerio Público adscrito; así como por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada Claudia López López, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada Reyna Jazmín Valenzuela Martínez, hoy veinticinco de septiembre de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del Juzgado. Doy fe.

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