Ricardo Melchor Cano Martín

Expediente 527/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
527/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
03/11/2021

Partes del expediente

  • Ricardo Melchor Cano Martín

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de noviembre de dos mil veintiuno. Declaratoria de estado El plazo de quince días establecido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, por la que se declaró cumplida la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto, transcurrió sin que alguna de las partes lo hubiera interpuesto, según se advierte de la certificación que antecede. Consecuentemente, de conformidad con el citado artículo 202, de la ley de la materia, aplicado en sentido contrario, se declara que dicha resolución de cumplimiento ha causado estado para todos los efectos legales. Háganse las anotaciones en el libro respectivo, y en su oportunidad archívese este expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, pues en el presente asunto se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitada. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto; la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada; este proveído en que se acuerda el archivo como asunto concluido; y los demás documentos que considere la titular de este juzgado, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, en términos del numeral 9 del Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, el expediente deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Atento a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dos de septiembre de dos mil veintiuno. Declaratoria de causa ejecutoria Vista la certificación que antecede, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, para interponer recurso de revisión en contra de la sentencia por la que se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, transcurrió sin que ninguna de las partes se hubiera pronunciado al respecto. En consecuencia, se declara que la resolución ha causado ejecutoria, con fundamento en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2°. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento de cumplimiento de sentencia En la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto se otorgó el amparo y la protección de la Justicia Federal, al quejoso ******* para efecto de que el licenciado *******, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y contra el cumplimiento de la Pensión Alimentaria-FEM, realice lo siguiente: Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que expida a la parte quejosa las copias certificadas de la carpeta de investigación *******, que instó mediante el escrito que le presentó el tres de mayo del año en curso. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere al Licenciado *******, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y contra el cumplimiento de la Pensión Alimentaria-FEM, para que, en el término de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificado de este proveído, de cumplimiento a la sentencia de amparo y lo informe a este juzgador, lo que deberá acreditar con las constancias respectivas. Lo anterior con el apercibimiento que de no hacerlo así o de dejar de informar la imposibilidad que tienen para acatar el fallo, se procederá conforme a lo dispuesto por el artículo 192, en relación con los diversos 238 y 258, ambos de la Ley de Amparo, se le impondrá como sanción multa de cien unidades de medida y actualización, equivalentes a la cantidad de ocho mil novecientos sesenta y dos pesos moneda nacional ($8,962.00), prevista en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar en la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad penal correspondiente. Asimismo, según lo dispuesto por los arábigos 192, párrafo tercero y 194 de la Ley de Amparo vigente, se requiere a la Fiscal Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, Zona Norte, en su carácter de de superior jerárquico de la responsable referida en párrafos precedentes, que le conmine a la autoridad responsable que cumpla con la ejecutoria, lo cual deberá informar a este juzgado dentro del plazo de tres días, computados legalmente, en la inteligencia de que de no hacerlo, igualmente, se procederá en términos de lo precisado en el párrafo anterior. Sirve de apoyo al procedimiento de ejecución, la jurisprudencia 54/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 12, noviembre de dos mil catorce, Tomo I, Materia Común, visible en la página 19, con registro 2007918, de rubro y texto: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 527/2021-I-2, promovido por *******, y; Resultando Primero. Presentación de la demanda. El doce de julio de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficialía Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, residente en esta ciudad, se recibió la demanda promovida por *******. En el escrito inicial la parte quejosa solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del licenciado Cornelio Valencia Santiago, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y contra el cumplimiento de la Pensión Alimentaria-FEM, a quien reclamó lo siguiente: VI.- ACTOS RECLAMADOS. De la autoridad señalada reclamo: LA ILEGAL OMISIÓN DE EXPEDIR A MI FAVOR COPIA AUTORIZADAS GRATUITAS DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NUMERO NUMERO UNICO DE CASO: *******, EN EL QUE TENGO EL CARÁCTER DE VICTIMA INDIRECTA, Y QUE SE ENCUENTRA A SU CARGO. Segundo. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1°, 4°, 14 párrafo segundo, 16 párrafo primero, 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Tercero. Tramitación de la demanda. Por auto de catorce de julio de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la demanda de amparo, la cual se registró con el consecutivo 527/2021-I-2 y se admitió a trámite, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y, se señaló hora y fecha para celebrar la audiencia constitucional. Una vez que se tramitó el juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede y los autos quedaron en estado de resolución. Considerando Primero. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo en virtud que es un asunto en el que se reclama una omisión cuyas consecuencias tienen efectos en el lugar donde esta juzgadora ejerce su jurisdicción. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 94, 103, fracción I y 107 fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33 fracción IV, 35 y 37, 107 fracción II de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ambas legislaciones vigentes al dos de abril de dos mil trece, así como el Acuerdo General 3/2013 y los diversos que lo modifican y adicionan, todos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de la litis. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados. Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclamó de la responsable la omisión de expedir las copias que solicitó mediante escrito presentado ante la misma el tres de mayo de dos mil veintiuno. Bajo este contexto, resulta procedente tener como acto reclamado el señalado en los párrafos precedentes, que será estudiado enseguida. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Sirve de sustento, por identidad de razón, la jurisprudencia 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, del siguiente tenor: DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación el licenciado Cornelio Valencia Santiago, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y contra el cumplimiento de la Pensión Alimentaria-FEM, negó el acto que se le reclama; adjuntando, para corroborar lo anterior, copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación *******. Documental que cuenta con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fue certificada respecto de su original por un servidor público, dotado de fe pública, en ejercicio de sus funciones. Asimismo, en cuanto a la valoración asignada a tal documento, se cita la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 153, Tomo VI, del Apéndice de 1995, registro 394182, de rubro y texto siguientes: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. No obstante lo anterior, de las anteriores copias certificadas se desprende que la responsable de mérito no otorgó las copias peticionadas por la parte quejosa, en escrito presentado el tres de mayo del año en curso; en consecuencia, se desvirtúa la negativa referida por la responsable, por lo que se tiene por cierta la omisión reclamada por el peticionario de amparo. CUARTO. Procedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegan causas de improcedencia, ni la suscrita juzgadora advierte que se actualice alguna; por tanto, se procede al análisis de los conceptos de violación que expresa la parte quejosa, los cuales no se transcribirán en obvio de innecesarias repeticiones, sin que dicha circunstancia la deje en estado de indefensión, dado que no se le priva de la oportunidad para recurrir la resolución y alegar lo que estime pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad. Consideración que se sustenta en la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830 del tomo XXXI, correspondiente al mes de mayo de dos mil diez, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, Novena Época, registro 164618, del rubro siguiente: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. El quejoso arguye la transgresión a su derecho humano de acceso a la justicia e igualdad de las partes, porque la responsable ha omitido expedirle la copia certificada de las constancias que integran la carpeta de investigación ******* que peticionó. El concepto de violación esgrimido resulta fundado y suficiente para otorgar la protección constitucional solicitada. El artículo 20, apartado C, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ordena lo siguiente: 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: I. Recibir asesoría jurídica; ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal; [...] Del precepto reproducido se desprenden que, uno de los derechos a los que la víctima u ofendido tiene derecho durante el proceso penal (incluida la etapa de investigación no formalizada), será el de recibir asesoría jurídica, ser informado de los derechos que en su favor establece la Constitución y, cuando lo solicite, ser informado del desarrollo del procedimiento penal. Asimismo, el diverso precepto 109, fracción XXII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece lo siguiente: 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXII. A tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional; [.] Del numeral anterior se desprende que la víctima tendrá derecho a tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, salvo que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional. En consecuencia, lo antes expuesto pone de relieve que la responsable no constriñó su actuación a los lineamientos que imponen la norma constitucional y secundaria citadas, con lo que vulneró el derecho fundamental de acceso a la justicia e igualdad de las partes, en atención a que ha incumplido con la obligación de expedir las copias certificadas que le fueron solicitas por el aquí quejoso, respecto de la carpeta de investigación ******* de su índice. Esto es así, porque el auto mediante el cual la responsable dio contestación a la parte quejosa en relación a la petición de copias, en el que señaló que en la referida carpeta de investigación constaban las mismas fojas que cuando le fueron expedidas las diversas copias certificadas el veintisiete de octubre de dos mil veinte. De modo que, con dicha actuación la responsable vulneró los derechos de la víctima, en virtud de que el numeral 109, fracción XXII, del código adjetivo de la materia, no establece limitación alguna en cuanto a la solicitud de copias a dicha parte (víctima), ya que sólo establece que será derecho de la misma el tener acceso a los registros de la investigación durante el procedimiento, así como a obtener copia gratuita de éstos, con la salvedad de que la información esté sujeta a reserva así determinada por el Órgano jurisdiccional, pero no a un número determinado de copias, sin posibilidad de instarlas posteriormente. Por tanto, al existir la omisión señalada, en perjuicio del quejoso, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados, para que expida a la parte quejosa las copias certificadas de la carpeta de investigación *******, que instó mediante el escrito que le presentó el tres de mayo del año en curso. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, primer párrafo, 74, 75, 77, fracción II y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a *******, contra los actos reclamados al Licenciado Cornelio Valencia Santiago, agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Delitos de Violencia Familiar y contra el cumplimiento de la Pensión Alimentaria-FEM, por las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese y cúmplase. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiocho de julio de dos mil veintiuno. Informe justificado Agréguense a los autos el informe justificado, rendido por el agente del Ministerio Público de la Unidad de Delitos de Violencia Familiar y Contra el Cumplimiento de la Pensión Alimentaria FEM., residente en esta ciudad, en atención a su contenido, de conformidad con los artículos 117 y 119, de la Ley de Amparo, con su contenido y con la documental que acompaña, dese vista a las partes a fin de que estén en posibilidad de realizar las manifestaciones legales que a su interés convenga. Lo precedente, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, acorde a lo establecido en el artículo 124 de la legislación en cita. Notifíquese y cúmplase. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por vacaciones de la titular, autorizadas por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de catorce de junio de dos mil veintiuno, y con apoyo del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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