Ricardo Corral Montoya

Expediente 769/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
769/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
27/12/2019

Partes del expediente

  • Ricardo Corral Montoya

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia de seis de diciembre de dos mil diecinueve, en la cual se negó el amparo y protección de la justicia federal solicitada, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción IV, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en cita. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero, del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Por otra parte, toda vez que tanto el expediente en que se actúa, como el original del incidente derivado del presente expediente se encuentran clasificados como depurables, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse, cuando sean transferidas al Centro de Documentación y Análisis. Finalmente, en relación al cuaderno de sigilo formado con motivo de las constancias remitidas respecto de la tercero interesada, al carecer las misma de relevancia documental, se ordena su destrucción. Notifíquese. Lo proveyó y firma el licenciado **********, Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, en funciones de Juez de Distrito, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cinco de diciembre de dos mil diecinueve, y con apoyo de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la licenciada ***************. Doy fe.

  2. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; seis de diciembre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 769/2019-II, promovido por *******. Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. El dieciséis de octubre de dos mil diecinueve, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. La parte quejosa demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra el acto del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, de quien reclamó el auto de vinculación a proceso emitido en su contra. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 8 y 20 de la Convención Americana de Derechos Humanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, la demanda de amparo se registró con el número 769/2019-II y se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, el cual se practicó en el cuaderno de sigilo y, por último, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. Considerando PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que la parte quejosa reclama: - Del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el auto de vinculación a proceso que se emitió en toca penal *******, deducida de la causa penal *******, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial Bravos, por la comisión del delito de violación, con penalidad agravada. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 255, tomo XIX, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a abril de 2004, que consta del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Existencia del acto reclamado. El Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, en su informe justificado manifestó que es cierto el acto reclamado, pues el veintiséis de septiembre del año en curso, dentro del toca penal *******, en lo que interesa dictó en contra de *******, auto de vinculación a proceso, por el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. En relación con lo anterior, el Magistrado responsable remitió copia certificada de la transcripción de la sentencia relativa, así como de las videograbaciones de las audiencias relativas. Pruebas que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por la Jueza de Control del Distrito Judicial Bravos y por el Magistrado responsable, en ejercicio de sus funciones, quienes están dotadas de fe pública de conformidad con el artículo 83 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del auto de vinculación a proceso reclamado. En apoyo a lo anterior es aplicable la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 2000, quinta época, tomo VI, Materia Común, página 231, del siguiente tenor: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Inexistencia de causas de improcedencia. Las partes legitimadas en este juicio de amparo no alegaron causas de improcedencia que deban ser analizadas respecto del auto de vinculación a proceso reclamado, ni este juzgador advierte que se actualice alguna; en consecuencia, se procederá al estudio los conceptos de violación esgrimidos. QUINTO. Examen constitucional del auto de vinculación a proceso. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son infundados. El análisis de la constitucionalidad del auto de vinculación que por esta vía se reclama, se realizará a la luz del artículo 19 Constitucional, que establece los requisitos que deben ser observados al dictarse resoluciones de esta naturaleza, mismo que en su parte conducente dispone: Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. La lectura del fragmento transcrito pone de manifiesto que los requisitos constitucionales que deben reunirse para emitir un auto de vinculación a proceso son la expresión de lo siguiente: 1. El delito que se impute al acusado; 2. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de aquél; 3. Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Solamente mediante el cumplimiento de estos requisitos se podrá justificar un auto de vinculación a proceso. En relación con lo anterior, los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para el mismo efecto precisan: Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señalada como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente. Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa. De estos dispositivos se advierten, además de los ya mencionados, los siguientes requisitos para dictar un auto de vinculación a proceso: a) Que se haya formulado imputación; b) Que se haya otorgado oportunidad al imputado para declarar, c) Que no esté demostrada a favor del inculpado alguna causa que extinga la acción penal o excluyente de incriminación, y d) Que se mencionen los datos personales del imputado. Es aplicable al caso, por identidad de razones, la tesis de jurisprudencia XVII.1º.P.A. J/26 (9ª), emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, publicada en la página 1940, del Libro V, Febrero 2012, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Penal, Décima Época y número de registro 160331, del rubro y texto: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. ELEMENTOS DE FORMA Y FONDO QUE DEBE CONTENER DE ACUERDO CON LOS ARTÍCULOS 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y 280 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). En términos de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el auto de vinculación a proceso debe contener los siguientes elementos de forma: primero, que se haya formulado imputación, según el caso, esto es, que exista el comunicado del Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos determinados, en un plazo que no exceda de ocho días, cuando obren datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión y considere oportuno formalizar el procedimiento por medio de la intervención judicial; segundo, que el imputado haya rendido su declaración preparatoria o manifestado su deseo de no declarar, en el entendido de que, en la audiencia correspondiente, después de haber verificado el Juez que el imputado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso penal o, en su caso, después de habérselos dado a conocer, deberá ofrecerse la palabra al Ministerio Público para que exponga verbalmente el delito que se le imputare, la fecha, el lugar y el modo de su comisión, el grado de intervención que se atribuye al imputado, así como el nombre de su acusador; tercero, únicamente podrá dictarse por hechos que fueron motivo de la formulación de la imputación, pero el Juez puede otorgarles una clasificación jurídica diversa a la asignada por el Ministerio Público y, cuarto, que se establezca el lugar, el tiempo y la circunstancia de ejecución de tales hechos. Elementos de fondo: que de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público en la audiencia correspondiente, se adviertan datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, y no se encuentre demostrada, más allá de toda duda razonable, una causa de extinción de la acción penal o una excluyente de incriminación, es decir, que no existan elementos objetivos perceptibles y verificables, dentro de la carpeta de investigación, que demuestren alguno de esos extremos. Cabe precisar que en esta clase de actos también pueden transgredirse derechos humanos distintos de los consagrados en el artículo 19 Constitucional, en virtud de que si bien dicho precepto contiene los requisitos de forma y fondo que un mandato de tal naturaleza debe contener, ello no significa que para su emisión sólo deba cumplirse con lo previsto en dicho artículo. En efecto, un auto de vinculación a proceso, como acto proveniente de autoridad, debe colmar también, los requisitos previstos en el artículo 16 Constitucional, que en su primer párrafo dispone: Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. En los juicios y procedimientos seguidos en forma de juicio en los que se establezca como regla la oralidad, bastará con que quede constancia de ellos en cualquier medio que dé certeza de su contenido y del cumplimiento de lo previsto en este párrafo. Es decir, que: a) debe constar por escrito; b) provenir de autoridad competente; y, c) en el documento en el que conste, debe fundarse y motivarse la causa legal del procedimiento. Establecido lo anterior, en el cometido de tener o no por cumplidos los requisitos que debe contener un auto de vinculación a proceso y que ya fueron señalados con antelación, se establece lo siguiente: El auto de vinculación a proceso consta por escrito, pues el Magistrado responsable remitió copia certificada, ya valorada, del registro escrito del mismo, así como de los discos de audio y vídeo de las audiencias levantadas en el presente asunto; del que se advierte que el auto de vinculación a proceso fue dictado por autoridad competente conforme a los artículos 16, fracción I, 59, fracción I, inciso a), y 63, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Chihuahua, pues lo dictó un Magistrado Regional, especializado en materia penal, respecto de una resolución dictada por una Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, y respecto de hechos que ocurrieron dentro del ámbito de su jurisdicción. Asimismo, se advierte que, de los antecedentes del recurso de apelación sometido a la potestad del Magistrado penal se advierte que existió formulación de imputación por parte del agente del Ministerio Público; además, el quejoso estuvo asistido en todo momento de su defensor particular; asimismo, se le dio la oportunidad de declarar respecto del hecho ilícito que se le imputó, haciéndole saber el derecho que le asistía a guardar silencio, quien se abstuvo de rendir su declaración dentro de la audiencia de vinculación a proceso. De igual manera, se advierte que el Juez de primer grado consideró que, del cúmulo de antecedentes expuestos en la audiencia de vinculación a proceso, no se acreditaba el hecho que la ley señala como el delito de violación con penalidad agravada. No obstante, al resolver el recurso de apelación, el Magistrado responsable estimó que los hechos que se hicieron de su conocimiento, son constitutivos del delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua; asimismo, estimó que de los datos que, hasta este momento procesal arrojó la carpeta de investigación, se desprendía la probabilidad de que el quejoso haya participado, de forma dolosa y en calidad de autor material, en la comisión de los hechos del ilícito mencionado. Ahora, antes de comenzar el análisis de la configuración de dicho delito, conforme a los términos propuestos, es menester precisar que basta con que el Juzgador encuadre la conducta a la norma penal, de manera que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable, esto con el fin de no anticipar un juicio técnico procesal sobre los elementos del tipo (objetivos, subjetivos y normativos), propio de una etapa diversa posterior del proceso penal. Lo anterior implica que la comprobación de la configuración del hecho ilícito, para el dictado de un auto de vinculación a proceso, también es en grado de probabilidad, al igual que la participación del imputado en su comisión. Al respecto se cita, por analogía, la jurisprudencia por contradicción de tesis 1ª./J. 35/2017 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 360, del Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, materia penal, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2014800, que establece: AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley. Precisado lo anterior, se tiene que los artículos 172, fracción II, así como 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, disponen lo siguiente: Artículo 172. Se aplicarán de diez a treinta años de prisión a quien: [.] II. Introduzca por vía anal o vaginal cualquier elemento, instrumento o cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene en una persona menor de catorce años de edad o persona que no tenga capacidad de comprender el significado del hecho, o por cualquier causa no pueda resistirlo. [.] Artículo 175. Las penas previstas para la violación y el abuso sexual, se aumentarán en dos terceras partes, cuando fueren cometidos: [.] II. Quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto; [.] Conforme a tales normas, para que los hechos materia de la imputación, configuren el delito que nos ocupa, es necesario que el sujeto activo introduzca por vía vaginal, cualquier parte del cuerpo humano distinto del pene, en una persona menor de catorce años de edad, quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación que inspire confianza y respeto. Ahora, el Magistrado responsable, acertadamente estimó que los hechos materia de la imputación, en esta etapa procesal, sí son susceptibles de configurar el mencionado ilícito, y que resultaban incorrectas las razones que condujeron al Juez de Control a no tener por demostrado el hecho típico del delito de violación agravada y, en consecuencia, la probable responsabilidad del imputado, al considerar lo siguiente: En principio, se considera correcto que el Magistrado responsable analizara el caso sometido a su potestad, juzgando con perspectiva de género, por tratarse de una persona menor de edad (niña), la que se vio afectada en el presente asunto, pues a partir de esa determinación estimó que resultaba equivocado que el Juez natural le hubiera exigido a la víctima, mayor información respecto a los hechos que vivió, al estimar que al momento de realizar la declaración ministerial ya contaba "con casi 16 años", lo anterior debido a que al momento de los hechos sólo contaba con once años, por ende, resultaba desacertado exigir que brindara detalles de acuerdo a su etapa como adolescente y no como infante, en los términos en que se narró en la sentencia tildada de inconstitucional, la cual se apoyó en la opinión experta de Analía Castañer, en la colección de libros editados por la Oficina de los Derechos de la Infancia, A.C., a partir de lo cual consideró que siempre debía tenerse en cuenta para valorar la declaración de una niña, niño o adolescente, su etapa de desarrollo, características cognoscitivas, emocionales, y morales que incluyen en el caso particular, la capacidad de la persona menor de edad para hacer una remembranza del hecho, que consistió en un único evento. Tanto más que, como destacó el tribunal de apelación, la víctima sí proporcionó el motivo por el que recordaba la agresión que sufrió, que en el caso se debió a que existía una reunión en casa de su abuelita. En efecto, este órgano de control constitucional estima correcta la valoración que el Magistrado responsable confirió al dicho de la víctima, pues los delitos de índole sexual se llevan a cabo por lo general en ausencia de testigos, debe otorgarse a la versión de la víctima especial preponderancia y credibilidad, pues de lo contrario a ningún efecto jurídico conduciría la denuncia de hechos de esa naturaleza. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 1ª CLXXXIV/2017 (10ª), estableció que tratándose de delitos que impliquen violencia sexual hacia la mujer, el juzgador debe valorar los datos de prueba que deriven de la carpeta de investigación, con perspectiva de género, a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas que generen en el ánimo del juzgador, una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Dicho criterio se encuentra publicado en la página 460, del Libro 48, Noviembre de 2017, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materias Constitucional y Penal, Décima Época y número de registro 2015634, cuyo contenido es el siguiente: VIOLENCIA SEXUAL CONTRA LA MUJER. REGLAS PARA LA VALORACIÓN DE SU TESTIMONIO COMO VÍCTIMA DEL DELITO. De acuerdo con lo previsto en el artículo 7 de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, el Estado debe establecer procedimientos legales, justos y eficaces para que las mujeres puedan acceder efectivamente a la justicia, pues las mujeres víctimas de violencia, en especial la de tipo sexual, enfrentan barreras extraordinarias cuando intentan ejercer este derecho. Por lo tanto, con el objeto de remover esas barreras, los testimonios de las víctimas de la totalidad de delitos que involucren actos de violencia sexual contra la mujer, deben ser valorados con una perspectiva de género a fin de evitar afirmaciones, insinuaciones y alusiones estereotipadas, que generen en el ánimo del juzgador una inadecuada valoración que reste credibilidad a la versión de las víctimas. Esas reglas de valoración fueron sostenidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al resolver los casos Fernández Ortega y Rosendo Cantú y por el Pleno de esta Suprema Corte en la tesis P. XXIII/2015 de rubro: "TORTURA EN SU VERTIENTE DE VIOLACIÓN SEXUAL. EL ANÁLISIS PROBATORIO RELATIVO DEBE REALIZARSE CON PERSPECTIVA DE GÉNERO.", las cuales deben ser observadas por las personas impartidoras de justicia en este tipo de casos, que incluyen, al menos, los siguientes elementos: a) se debe considerar que los delitos sexuales son un tipo de agresión que, en general, se producen en ausencia de otras personas más allá de la víctima y la persona o personas agresoras, por lo que requieren medios de prueba distintos de otras conductas. En razón de lo anterior no se puede esperar la existencia de pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho. Asimismo, al analizar la declaración de la víctima se debe tomar en cuenta que las agresiones sexuales corresponden a un tipo de delito que la víctima no suele denunciar por el estigma que dicha denuncia conlleva usualmente; b) se debe tener en cuenta la naturaleza traumática de los actos de violencia sexual. En razón de ello se debe entender que es usual que el recuento de los hechos pueda presentar algunas inconsistencias o variaciones en cada oportunidad que se solicita realizarlo; c) Se deben tomar en cuenta algunos elementos subjetivos de la víctima, como su edad, condición social, pertenencia a un grupo vulnerable o históricamente discriminado, entre otros; d) se debe analizar la declaración de la víctima en conjunto con otros elementos de convicción, recordando que la misma es la prueba fundamental. Entre esos otros elementos se pueden encontrar dictámenes médicos psiquiátricos, testimonios, examinaciones médicas, pruebas circunstanciales, indicios y presunciones; y e) las pruebas circunstanciales, indicios y presunciones, deben ser utilizadas como medios de prueba siempre que de ellos puedan inferirse conclusiones consistentes sobre los hechos. Aunado a lo anterior, en el caso, la víctima tiene la calidad de niña y tanto la responsable, al momento de resolver la situación jurídica del imputado, como este juzgador de amparo al resolver este asunto, debemos atender a su interés superior, lo que implica, desde luego, tomar en cuenta su dicho, máxime que existen otros datos de prueba que permiten darle credibilidad, de esa manera se protege su integridad física y emocional. Al respecto, la Primera Sala del más alto Tribunal del país, en la tesis 1a. LXXXIII/2015 (10a.), determinó que en materia jurisdiccional, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez, de manera que, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial. Criterio consultable en la página 1397, del Libro 15, Febrero de 2015, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia Constitucional, Décima Época y número de registro 2008546, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR COMO ELEMENTO DE INTERPRETACIÓN EN EL ÁMBITO JURISDICCIONAL. El interés superior del menor tiene un contenido de naturaleza real y relacional, que demanda una verificación y especial atención de los elementos concretos y específicos que identifican a los menores, por lo que el escrutinio que debe realizarse en controversias que afecten dicho interés, de forma directa o indirecta, es más estricto que el de otros casos de protección a derechos fundamentales. Particularmente, en el ámbito jurisdiccional el interés superior del menor es tanto un principio orientador como una clave heurística de la actividad interpretativa relacionada con cualquier norma jurídica que deba aplicarse a un niño en un caso concreto o que pueda afectar sus intereses. Así, el interés superior del menor ordena la realización de una interpretación sistemática que considere los deberes de protección de los menores y los derechos especiales de éstos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los tratados internacionales y en las leyes de protección de la niñez; de este modo, el principio del interés superior del menor se consagra como criterio orientador fundamental de la actuación judicial; de ahí que conlleva ineludiblemente a que el juzgador tome en cuenta, al emitir sus resoluciones, algunos aspectos que le permitan determinar con precisión el ámbito de protección requerida, tales como la opinión del menor, sus necesidades físicas, afectivas y educativas; el efecto sobre él de un cambio; su edad, sexo y personalidad; los males que ha padecido o en que puede incurrir, y la posibilidad de que cada uno de sus padres responda a sus posibilidades. En suma, el principio del interés superior del menor debe informar todos los ámbitos de la actividad estatal que estén relacionados directa o indirectamente con los menores, lo que necesariamente implica que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas reforzadas o agravadas, ya que los intereses de los niños deben protegerse siempre con una mayor intensidad. Credibilidad y preponderancia que se otorga al dicho de la víctima, atendiendo a los criterios de perspectiva de género e interés superior del menor, máxime que ello no es arbitrario, ni deriva únicamente de sus manifestaciones consideradas de forma aislada e individual, sino que tal apreciación deriva también de lo declarado por su madre, de lo asentado por las peritos en psicología y en medicina, en el sentido en que el Magistrado lo consideró. De esta manera, a juicio de quien resuelve, resulta apegado a derecho que el Magistrado responsable considerara que había resultado errónea la decisión de la Juez A quo al determinar que el dicho de la sujeto pasivo era insuficiente, pues la narrativa efectuada por la menor efectivamente resultaba congruente, al ser analizada desde el contexto en que se suscitó la agresión, pues es verdad que se encontraba en una posición vulnerable ante el imputado. Es esta tesitura, la versión de la víctima formulada en el sentido de que ".en el mes de junio de dos mil quince se encontraban su mamá [*******], su abuelita [*******], sus tías, tíos y sus hermanos, en una fiesta familiar en la casa de su abuelita quien vive en la calle [*******] y [*******] número [*******] en la colonia [*******], que como ella estaba cansada se subió al segundo piso al cuarto que su abuelita tiene para ellos, que se encontraba sentada en la cama con la piernas dobladas medio abiertas, que estaba usando su celular, cuando de pronto llegó su tío [*******] quien es pareja de su tía [*******], que él se metió al cuarto se le acercó, se inclinó hacia ella, le abrió más las piernas, que ella traía puesto un short, que él le metió su mano debajo de su short y le tocó la vagina, metiéndole sus dedos adentro de la vagina, que a ella le dolió, que esto duró como diez minutos aproximadamente, que ella no dijo nada ni gritó porque no supo que hacer en ese momento. Que luego él se levantó y se salió sin decirle nada. Que ella no le dijo a su mamá por miedo a que fuera haber un problema en la familia.", se estima que sí contaba con un alcance probatorio suficiente, al menos en esta etapa procesal, para demostrar que se le introdujo vía vaginal una parte del cuerpo distinta del miembro viril (dedos), máxime que el deposado de la persona menor de edad se encontraba robustecido con el resto de los datos de prueba proporcionados por la agente del Ministerio Público, a saber: En primer lugar, porque como lo destacó el Magistrado responsable ese testimonio fue rendido por la persona que percibió de manera directa los hechos, a través de sus sentidos, sin que se aduzca ni obra dato alguno que suponga que la deponente pretendiera conducirse con mendacidad; además, porque sostuvo su versión durante las diversas intervenciones que tuvo ante las peritas de la Fiscalía General Diana Fabiola López Peinado (médica legista) y Nora Olivia del Río Magallanes (psicóloga), de quienes el magistrado advirtió que no se requirió estimulación alguna para que aquélla hiciera la narrativa de los hechos y fue persistente en identificar al ahora quejoso como la persona que la agredió y a quien identificó como su tío. En segundo término, la señalada declaración la encontró robustecida con los datos aportados por su madre, la señora ******* y su tía *******, ambas de apellidos con iniciales R.M., quienes proporcionaron como datos de prueba que la víctima y su madre viven en El Paso, Texas, que el ahora quejoso fue pareja de la señora Perla Rubí, que la persona menor de edad víctima del delito fue quien le contó a sus amigas que su tío había abusado de ella, de lo cual se enteró "*******" quien le contó a su madre (*******), y quien a su vez se lo contó a su hermana y madre de la víctima (*******), todo ello en el sentido de que un sábado en una reunión familiar en casa de la mamá de la testigo, el aquí quejoso le hizo para un lado el short a la víctima y su calzón y le metió el dedo, lo que la deponente (madre de la víctima) corroboró con su hija para cerciorarse de los hechos, quien le manifestó que efectivamente ******* había ejecutado el acto sexual en cita, cuando ella tenía once años, en los términos descritos en su declaración; dato de prueba al que el Juzgador estimó con eficacia probatoria de conformidad con lo que establecen los numerales 263 y 265 del Código Nacional de Procedimientos Penales, porque consideró que las narrativas resultaron coherentes, ya que las mismas en principio se enteraron de los hechos por referencia de terceros y no de voz de la propia víctima quien no dio noticia de los mismos para evitar un conflicto familiar, pero posteriormente sí fueron corroborados tales eventos por quien directamente los vivió. Aunado a lo anterior, también existía el informe de agresión sexual que realizó la doctora *******, del que se desprendía que ante ella la menor relató lo ocurrido y señaló como su agresor al solicitante del amparo; así como el dictamen psicológico elaborado por *******, del que el Magistrado advirtió datos que daban cuenta de que la víctima presentaba una afectación emocional leve como consecuencia de su experiencia de violación, tales como reactividad al estrés, arrojo o inquietud, pérdida de apetito, temblores, mareos, conductas nerviosas, temor, irritabilidad, dificultad para dormir y necesidad de estar sola, y posibilidad de re victimización. A tales informes, acertadamente se les reconoció valor probatorio, porque como se señaló en la resolución reclamada, no existían datos que pudieran poner en evidencia que las profesionistas carecieran de capacidad para emitir opiniones expertas en materia de medicina y psicología respectivamente; ello, en concatenación con el hecho de que la citada psicóloga expresó, tanto en su dictamen, como fue su declaración en audiencia, la metodología utilizada para emitir su opinión y establecer que sus conclusiones las basó en su observación, en la entrevista clínica realizada a la víctima y el resultado de las pruebas e instrumentos psicológicos que aplicó -como el Inventario de depresión de Beck, la escala de ansiedad manifiesta en adultos, el índice de reactividad al estrés IRE-32-, así como el hecho de que la experta indagó sobre una violación sexual y la afectación emocional que presentó en el momento que se realizó el dictamen; por ende, es correcto que estimara que la perito señaló con claridad que lo que ella indagó fue sobre la violación sexual ocurrida en perjuicio de la persona menor de edad, de quien sí advirtió rasgos compatibles con hechos de la naturaleza de los que denunció la infante. En ese sentido, como estimó el Tribunal Ad Quem, este Juzgador considera que el relato de la víctima no se trataba de un dato aislado, en la medida que su versión se encontraba sustentada, además, en los datos de prueba de las expertas. Apoya la anterior consideración, la tesis XXVII.3o.28 P (10a.), aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 37, de diciembre de 2016, Tomo II, materia penal, página 1728, del siguiente contenido: DELITOS SEXUALES (VIOLACIÓN). AL CONSUMARSE GENERALMENTE EN AUSENCIA DE TESTIGOS, LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA O VÍCTIMA DE ESTE ILÍCITO CONSTITUYE UNA PRUEBA FUNDAMENTAL, SIEMPRE QUE SEA VEROSÍMIL, SE CORROBORE CON OTRO INDICIO Y NO EXISTAN OTROS QUE LE RESTEN CREDIBILIDAD, ATENTO A LOS PARÁMETROS DE LA LÓGICA, LA CIENCIA Y LA EXPERIENCIA. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia de rubro: "DELITOS SEXUALES, VALOR DE LA DECLARACIÓN DE LA OFENDIDA TRATÁNDOSE DE.", publicada con el número 436, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre de 2011, Tomo III, Penal, Primera Parte, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sección-Adjetivo, página 400, estableció que, tratándose de delitos sexuales, adquiere especial relevancia el dicho de la ofendida, por ser este tipo de ilícitos refractarios a prueba directa. Lo que es acorde con lo establecido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la sentencia condenatoria de 30 de agosto de 2010 en el caso Fernández Ortega y otros vs. México, en el sentido de que la violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más allá de la víctima y el agresor o los agresores y, por ende, la naturaleza de esta forma de violencia, no puede esperar a la existencia de pruebas testimoniales, gráficas o documentales, por ello la declaración de la víctima constituye una "prueba fundamental sobre el hecho". De lo anterior se concluye que como los delitos de índole sexual, por su naturaleza, se consuman generalmente en ausencia de testigos, la declaración de la víctima del delito de violación debe considerarse una prueba esencial, siempre que sea verosímil, se corrobore con cualquier otro indicio y no existan otros que le resten credibilidad, atento a los parámetros de la lógica, la ciencia y la experiencia, que sin constituir cada uno de ellos un requisito o exigencia necesario para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, objetiva y de la persistencia en la incriminación. Como se aprecia de lo anterior, el Magistrado responsable acertadamente concluyó que lo expuesto por la víctima del delito se encontraba robustecido con lo declarado por su madre, así como por los dictámenes en materia de medicina legal y psicología, los cuales son suficientes para demostrar, en esta etapa temprana del proceso, la existencia del delito que la ley califica como violación con penalidad agravada. Ahora, respecto al valor probatorio que el quejoso cuestiona, debe indicarse que este Juzgador no advierte que exista transgresión al conferirle eficacia a los datos de prueba que consideró el Responsable al emitir su sentencia, debido a que los datos de prueba que derivan de las manifestaciones de la menor víctima, por lo general se cometen en ausencia de testigos, por lo que cobra especial relevancia la declaración de la víctima. Relacionado con lo anterior, como lo precisó la Sala responsable, se cuenta con el examen psicológico que la psicóloga adscrita a la Fiscalía General del Estado Zona Norte practicó a la víctima, quien determinó que, conforme a su experticia, la menor presentaba una afectación emocional moderada, que le generó un impacto psicológico a partir de las características de los hechos que vivió. Así pues, como lo consideró la Sala responsable, de conformidad con los artículos 272, 368 y 369 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el dictamen médico y psicológico ya descrito, es posible estimar demostrado, en este momento procesal, que a la menor víctima se le introdujo una parte del cuerpo distinto del pene vía vaginal. Así pues, adversamente a lo que sostiene el quejoso, con los datos de prueba descritos y valorados es posible concluir, en este momento procesal, que probablemente en junio de dos mil quince, a la menor víctima se le introdujo una parte del cuerpo distinta del pene (dedos), vía vaginal, quien cuenta con la calidad específica requerida, pues en el momento de los hechos era menor de catorce años, concretamente tenía once años de edad. De igual manera, se estima acertado que el Magistrado haya determinado que el tipo penal de violación no exige que haya desgarro en el himen, como pretendió argumentar la defensa del imputado, porque a juicio de este Juzgado Federal el delito de violación, en la hipótesis bajo análisis, exige únicamente como elemento integrador, la introducción del objeto o instrumento distinto del pene, vía vaginal, para que se considere agotado el delito, no obstante que el himen permanezca íntegro, pues la interpretación de los términos "introducir" y "vía" no debe ser rigorista ni ajena a la lógica convencional con la que se afecta el bien jurídico tutelado por el tipo penal en cuestión, ya que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la palabra "introducir" significa meter o hacer entrar algo en otra cosa, mientras que "vía" se considera a cada uno de los conductos por donde pasan en el organismo los fluidos, los alimentos y los residuos. Por tanto, el verbo introducir, debe interpretarse en su sentido literal y convencional, debido a que el vocablo es suficientemente preciso y cierto para delimitar cuándo el bien jurídico tutelado por la norma penal ha sido lesionado y, en consecuencia, de un correcto análisis, se contribuye a hacer respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal; máxime que el tipo penal en estudio alude a la vía -vaginal- y no a la profundidad. En esas condiciones, en el caso concreto, el bien jurídico protegido resultó vulnerado por la mera invasión al cuerpo de la víctima por la vía vaginal, en la medida que el Legislador no realizó distingo alguno en torno a la profundidad de la introducción una vez acreditado que se hizo por esa vía; de ahí que el que la perito médica no haya concluido sobre la existencia de hallazgos que revelen una penetración que se vea reflejada en el himen de la sujeto pasivo, a juicio de este Juzgador no son indicativo de que la violación equiparada no haya existido y, por el contrario, el resto de los datos de prueba -en esta etapa temprana del procedimiento- brindan información sobre la existencia de hechos que determinan que el activo introdujo sus dedos en la víctima, vía vaginal, lo que basta para que el bien jurídico tutelado por la norma penal se vea lesionado, porque, se itera, lo que se sanciona es la introducción en las vía indicada y no la desfloración ni la penetración hasta determinado lugar, toda vez que el legislador no distinguió entre una entrada anterior o posterior al himen, sino que basta que en la vía vaginal haya introducción, aunque sea parcial, para que se considere agotado el delito de que se trata. Es apoyo de esta consideración, la tesis XX.2o.1 P (10a.), sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, que se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 8, de julio de 2014, Tomo II, materia penal, página 1329, del siguiente tenor: VIOLACIÓN EQUIPARADA. PARA CONSIDERAR AGOTADO ESTE DELITO, BASTA LA INTRODUCCIÓN DEL OBJETO O INSTRUMENTO DISTINTO DEL PENE EN LA VÍCTIMA, VÍA VAGINAL O ANAL, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE EL HIMEN PERMANEZCA ÍNTEGRO, DE LA PROFUNDIDAD DE LA PENETRACIÓN O DE QUE ÉSTA SEA PARCIAL (ABANDONO DEL CRITERIO CONTENIDO EN LAS TESIS XX.2o.100 P Y XX.2o.101 P). Este tribunal sostuvo, por mayoría, las tesis aisladas XX.2o.100 P y XX.2o.101 P, publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, abril de 2011, páginas 1473 y 1445, de rubros: "VIOLACIÓN EQUIPARADA. NO SE CONFIGURA SI EL ACTIVO MANIPULA CUALQUIER PARTE DE LA VULVA, PORQUE ES UNA REGIÓN EXTERNA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO, DIFERENTE A LA VAGINA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS)." y "VIOLACIÓN EQUIPARADA. EN EL SUPUESTO DE QUE LA OFENDIDA SEA VIRGEN Y SE ACREDITE QUE EL HIMEN PERMANECIÓ ÍNTEGRO, SE PRESUME QUE NO HUBO INTRODUCCIÓN, POR LO QUE LA CARGA DE LA PRUEBA PARA ACREDITAR QUE ESA MEMBRANA ERA DE TIPO COMPLACIENTE LE CORRESPONDE AL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).", respectivamente. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema conduce a apartarse de ambos criterios, para establecer, de manera unánime, que el tipo penal de que se trata exige únicamente como elemento integrador, la introducción del objeto o instrumento distinto del pene, vía vaginal o anal, para que se considere agotado el delito, no obstante que el himen permanezca íntegro, pues la interpretación de los términos "introducir" y "vía" no debe ser rigorista ni ajena a la lógica convencional con la que se afecta el bien jurídico tutelado por el tipo penal en cuestión, ya que de conformidad con el Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia, la palabra "introducir" significa meter o hacer entrar algo en otra cosa, mientras que "vía" se considera a cada uno de los conductos por donde pasan en el organismo los fluidos, los alimentos y los residuos. Por tanto, el verbo introducir, debe interpretarse en su sentido literal y convencional, debido a que el vocablo es suficientemente preciso y cierto para delimitar cuándo el bien jurídico tutelado por la norma penal ha sido lesionado y, en consecuencia, de un correcto análisis, se contribuye a hacer respetar el principio de exacta aplicación de la ley penal. Asimismo, el tipo penal en estudio alude a la vía, ya sea vaginal o anal, y no a la profundidad. En esas condiciones, el bien jurídico protegido resulta vulnerado por la mera invasión al cuerpo de la víctima por las vías o conductos supraindicados, ya que el legislador nada expresó en relación con la profundidad de la introducción una vez acreditado que se hizo por esa vía; por ende, si existen elementos suficientes para determinar que el activo introdujo uno de sus dedos en la víctima, vía vaginal o anal, ello basta para que el bien jurídico tutelado por la norma penal se vea lesionado, porque lo que se sanciona es la introducción en las vías indicadas y no la desfloración ni la penetración hasta determinado lugar, toda vez que el legislador no distinguió entre una entrada anterior o posterior al himen, sino que basta que en la vía (anal o vaginal) haya introducción, aunque sea parcial, para que se considere agotado el delito de que se trata. Así, es infundado lo que aduce en torno a que no le resultaba lógico ni creíble que si a la menor de edad -que no cuenta con un himen elástico, ni complaciente- se le introduzcan dos o más dedos en su vagina, no se deje ningún vestigio, pues como se señaló en líneas previas, el tipo penal de violación no exige que haya desgarro en el himen, antes bien, el delito de violación, en la hipótesis bajo análisis, exige únicamente como elemento integrador, la introducción del objeto o instrumento distinto del pene, vía vaginal, para que se considere agotado el delito, no obstante que el himen permanezca íntegro, debido a que el vocablo es suficientemente preciso y cierto para delimitar cuándo el bien jurídico tutelado por la norma penal ha sido lesionado, pues el tipo penal en estudio alude a la vía vaginal y no a la profundidad en que haya ocurrido la introducción; de ahí que la existencia de vestigios de una penetración no es un requisito indispensable para tener por configurado el hecho delictivo. En ese sentido, este Juzgador estima que existe base legal para que el Magistrado responsable considerara que los datos de prueba que se allegaron al proceso del que deriva el acto reclamado, resultaban suficientes para determinar que el activo introdujo sus dedos en la víctima, vía vaginal, lo cual basta para que el bien jurídico tutelado por la norma penal se vea lesionado, porque lo que se sanciona es la introducción en la vía indicada de una parte del cuerpo diferente del pene y no la desfloración, la penetración hasta determinado lugar, o la generación de lesiones o daños, toda vez que el legislador no distinguió entre una entrada anterior o posterior al himen, sino que basta que en la vía vaginal, haya introducción, aunque sea parcial, para que se considere agotado el delito de que se trata; de ahí que la circunstancia aducida en torno al resultado del peritaje ginecológico no desvirtúa el dicho de la víctima, por el simple hecho de que no se detectó lesiones en la cavidad vaginal y menos aún por el hecho de que no se precisara lo relativo a si la pasivo contaba o no con un himen elástico o complaciente, cuenta habida que, como se ha referido, para la configuración del delito de violación que se analiza, no es preponderante que exista desfloración, penetración hasta determinado lugar o la generación de lesiones o daños en el cuerpo de la persona que resintió en su cuerpo los hechos materia del ilícito que nos atañe. De esta manera, en oposición a lo que refiere el solicitante del amparo, el hecho de que el himen de la tercero interesada no haya presentado desgarros o rompimientos, ni que se encuentre acreditado que aquélla tiene un himen de características elástico o complaciente, a juicio de quien resuelve, no constituye un parámetro objetivo que permita arribar a la convicción de que no haya existido penetración, mucho menos tiene el efecto de considerar que no se ejecutaron en su persona los hechos constitutivos del delito de violación y menos aún hace inverosímil el dicho de la víctima, en la medida que la ausencia de hallazgos de penetración en la zona vaginal de la tercero interesada, no basta para desvirtuar su dicho en el sentido de que el ahora quejoso le introdujo sus dedos en la vagina, pues ese dicho se encuentra corroborado con el resto de los datos de prueba que tuvo en consideración el Magistrado responsable; además de que, como este último lo señaló, lo argumentado por el quejoso tiene una naturaleza meramente especulativa que, por el momento, no encuentra apoyo en la pericial que señala, puesto que en el mencionado peritaje no se han determinado las características del himen de la víctima. Aunado a lo señalado y contrario a lo que refiere el solicitante del amparo, en el caso, el dicho de la víctima sí adquirió valor preponderante, por resultar verosímil, congruente y compatible con la agresión que narró en diversas ocasiones, y se encuentra apoyado por otros datos de prueba que destacó el Juzgador responsable, como se apuntó en líneas que anteceden. Asimismo, adversamente a lo que refiere, la perito en psicología fue enfática en señalar que las secuelas emocionales que presenta la víctima sí eran compatibles con los hechos de agresión sexual que narró haber sufrido; de ahí que es infundada la argumentación parcial consignada en los conceptos de violación en torno a los factores que pueden dañar la estabilidad emocional de la víctima, tales como "la ciudad en la que nos encontramos" o "cualquier acto de violencia que haya presenciado la menor", dado que, se itera, en la audiencia en que la experta rindió su deposado fue enfática en referir que los sesgos de afectación que presentaba la quejosa eran compatibles con la violación, lo que no debe confundirse -como hace la parte quejosa- con los exámenes, técnicas e instrumentos de medición aplicados a la víctima, comunes a todas las personas que pudieron sufrir un evento traumatizante; sin embargo, adversamente a lo que pretende argumentar el quejoso, la perito fue enfática en señalar que, en el análisis preliminar que realizó en la persona menor de edad víctima, con los instrumentos de evaluación que le fueron aplicados, detectó que la afectación sí provenía de los hechos que aquélla denunció y de los hechos que estaban narrándose ante ella (minuto 11:30 de la audiencia de vinculación a proceso celebrada el veintiocho de junio de dos mil diecinueve -once horas con veintisiete minutos del día de la audiencia- y siguientes); de ahí que, en ese aspecto carezca de razón lo que argumenta el solicitante del amparo. En el mismo sentido, son infundados los restantes motivos de disenso en los que, medularmente, el quejoso argumenta que existió una transgresión al principio de inmediación al valorarse la prueba, porque: - El Magistrado responsable revaloró la prueba o datos de prueba, que ya habían sido valorados por parte del Juzgador de primera instancia, y con ello vulneró el principio de inmediación del cual sólo goza el Juzgador de primera instancia, en virtud de que en segunda instancia no se desahoga prueba alguna, toda vez que la doble valoración que se hizo por el Magistrado responsable, es como si en la materia penal, existiera la doble instancia, es decir, que la representación social y la víctima tengan la oportunidad de que si en primera instancia no se valora la prueba o los datos de prueba a su favor, puedan acudir en segunda instancia a efecto de que se valore de nueva cuenta la prueba o los datos de prueba y finalmente se consiga que el Magistrado revalore e incluso determine darle una valoración totalmente distinta a la valoración de primera instancia y resuelva totalmente distinto a lo que se había resuelto en primera instancia. - Que se violaron los principios reguladores de la valoración probatorios, así como también se transgredió el principio de inmediación y la congruencia que debe existir entre la formulación y la vinculación a proceso. - Que el Magistrado responsable transgredió el principio de inmediación, así como la autonomía del Juzgador de primera instancia, en virtud de que revaloró la declaración de la perito en psicología, siendo que dicha perito fue escuchada en la audiencia de vinculación o no a proceso, y a la cual, el Juzgador de primera instancia no le concedió eficacia probatoria, ya que a pesar de que el Juzgador de primera instancia valoró el dicho de la perito en cuestión, bajo el tamiz de la sana crítica, y observando las reglas de la lógica, así como los principios de la libertad probatoria, y tomó como consideración para efecto de la aplicación de los instrumentos psicológicos para realizar el informe preliminar en materia de psicología, en la cual le arrojó como conclusión que la menor presenta una afectación leve, en la cual no descartó cuál fue el motivo por el cual la víctima presentó la afectación detectada, sin que el Magistrado responsable lo tomara en consideración, toda vez que no tuvo a la vista a la perito como el Juzgador de primera instancia. - Que el Magistrado Responsable ni siquiera se tomó la molestia de revisar o escuchar el audio y video de la audiencia de vinculación o no a proceso que se emitió el 28 de junio de 2019, toda vez que en su resolución no hizo alusión alguna a la declaración de viva voz de la perito en psicología, lo que inevitablemente lo llevó a tomar en decisión por demás errónea, que no se encuentra ajustada a derecho. Como se adelantó, son infundados los reseñados motivos de disentimiento. Para evidenciar esta afirmación, es necesario considerar que el concepto de inmediación en relación con su efecto en cuanto a la legalidad del proceso sobre los razonamientos de los hechos y el juicio de valor, se puede entender que la motivación no está al margen de las sentencias del sistema acusatorio adversarial, como principio previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no es posible, so pretexto de privilegiar la inmediación, que en el recurso de alzada o en el juicio de amparo, no sea revisable la percepción de los hechos por el juzgador que recibió directamente las pruebas, porque ello es insustituible. En efecto, con tal argumentación se encubre una valoración de íntima convicción y evita motivar las sentencias judiciales, entendidas éstas como su justificación y, por ende, no permite realizar su control racional. La motivación del juicio sobre los hechos, si bien se da en un primer momento a través de la contradicción, ex post puede controlarse a través de la justificación de la sentencia, la cual constituye el objeto del derecho contenido en el artículo 16 constitucional, siendo su función principal, hacer posible un control posterior sobre las razones presentadas por el Juez como fundamento de la decisión, del cual no existe ningún impedimento, pues las audiencias son videograbadas e integradas como constancias a los expedientes. Por ende, si carecieran de control, la videograbación sería innecesaria; de ahí que, conforme al sistema de justicia penal de corte acusatorio, el principio de inmediación no impide que se revise su racionalidad en cuanto a las pruebas aportadas por las partes al proceso, ya sea en los recursos de alzada o en el juicio de amparo, como cumplimiento, entre otros, al derecho de motivación. A mayor abundamiento, debe decirse que de la interpretación del artículo 468, fracción II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, aplicable analógicamente, en relación con los diversos 458, 461, 468, 471, 476, 477, 479 y 481 del propio código, se advierte que son materia de la resolución de apelación aquellas violaciones graves al debido proceso, ello debe entenderse en un sentido amplio con una connotación sustantiva, pues es obligación de los órganos de alzada analizar la determinación recurrida y vigilar que no exista ninguna transgresión a los derechos fundamentales, lo que es acorde con los artículos 461 y 481 citados, que obligan al tribunal de apelación a realizar un análisis oficioso para determinar si hubo violaciones al debido proceso. Por ende, la restricción de no analizar la valoración de la prueba realizada por el a quo no tendría sentido si se parte de la base de que el tribunal de apelación debe estudiar oficiosamente el debido proceso, que se define como el estándar constitucional con implicaciones sustantivas en que no solamente se debe ser juzgado por tribunales previamente establecidos, de acuerdo con las leyes vigentes y exactamente aplicables al caso, sino que en materia probatoria, se decanta por el respeto al núcleo esencial del derecho humano que versa sobre la admisión, desahogo y valoración de las pruebas; de manera que el tribunal de apelación, en acatamiento a este derecho, y atento a la interpretación conforme del artículo 468, fracción II, indicado, puede analizar la valoración de la prueba realizada por el tribunal de enjuiciamiento de primera instancia, sin que ello comprometa el principio de inmediación, porque el artículo 61 del Código Nacional de Procedimientos Penales señala la obligación de videograbar el desarrollo de todas las audiencias en las distintas fases del procedimiento penal acusatorio, a través de las cuales se apreciará el desarrollo de la prueba; de ahí que los argumentos que vierte en este sentido el quejoso sean infundados. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis XVII.1o.P.A.18 P (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 18, Mayo de 2015, Tomo III, materias constitucional y penal, página 2224, del siguiente tenor: INMEDIACIÓN. ESTE PRINCIPIO NO IMPIDE REVISAR SU RACIONALIDAD EN CUANTO A LAS PRUEBAS APORTADAS POR LAS PARTES AL JUICIO, YA SEA EN LOS RECURSOS DE ALZADA O EN EL JUICIO DE AMPARO, COMO CUMPLIMIENTO, ENTRE OTROS, AL DERECHO DE MOTIVACIÓN (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA). El concepto de inmediación en relación con su efecto en cuanto a la legalidad del juicio sobre los razonamientos de los hechos y el juicio de valor, se puede entender que la motivación no está al margen de las sentencias del sistema acusatorio adversarial, como principio previsto en el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no es posible, so pretexto de privilegiar la inmediación, que en el recurso de alzada o en el juicio de amparo, no sea revisable la percepción de los hechos por el juzgador que recibió directamente las pruebas, porque ello es insustituible; pues con esa falacia, se encubre una valoración de íntima convicción y evita motivar las sentencias judiciales, entendidas éstas como su justificación y, por ende, no permite realizar su control racional. La motivación del juicio sobre los hechos, si bien se da en un primer momento a través de la contradicción, ex post puede controlarse a través de la justificación de la sentencia, la cual constituye el objeto del derecho contenido en el artículo 16 constitucional, siendo su función principal, hacer posible un control posterior sobre las razones presentadas por el Juez como fundamento de la decisión, del cual no existe ningún impedimento, pues las audiencias son videograbadas e integradas como constancias a los expedientes. La distracción del juzgador puede suceder tanto en el juicio, por cansancio u otras condiciones personales, o en las instancias revisoras, al reproducir las videograbaciones para su estudio, pero ello no es razón para prescindir de la revisión de los juicios sobre los hechos y de su valor jurídico emitidos en primera instancia. Si carecieran de control, la videograbación sería innecesaria. Es decir, el control de la motivación se realiza analizando el razonamiento justificativo mediante el que el Juez muestra que la decisión se funda sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable. Además, la motivación permite el control de la discrecionalidad del Juez en la utilización y valoración de las pruebas, toda vez que la motivación debe dar cuenta de los datos empíricos asumidos como elementos de prueba, de las inferencias que partiendo de ellos se han formulado y de los criterios utilizados para extraer sus conclusiones probatorias; debe dar cuenta también, de los criterios con los que se justifica la valoración conjunta de los distintos elementos de prueba, así como de las razones que fundamenten la elección final para que la hipótesis sobre el hecho esté justificada. Por otra parte, el deber de motivar la valoración de la prueba obliga a confrontarse con ella en una clave de racionalidad explícita; de ahí que, conforme al nuevo sistema de justicia penal en el Estado de Chihuahua, el principio de inmediación no impide que se revise su racionalidad en cuanto a las pruebas aportadas por las partes al juicio, ya sea en los recursos de alzada o en el juicio de amparo, como cumplimiento, entre otros, al derecho de motivación. Asimismo, adversamente a lo que argumenta el quejoso, de la interpretación sistemática de los artículos 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el tribunal de alzada puede refrendar las consideraciones adoptadas por el juzgador, cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso, a partir de la revisión de la racionalidad de los argumentos expresados por el A quo, sobre la base de la inconformidad planteada en los agravios y emitir la decisión que sustituya a la impugnada, al no existir la figura del reenvío en materia penal -como incorrectamente también lo arguye el quejoso-, ya que el análisis es acerca de la legalidad de los razonamientos utilizados por el Juez natural al momento de emitir la resolución impugnada, ponderando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, para determinar si fue correcta o incorrecta su decisión y no sobre la infracción a un derecho fundamental que amerite la reposición del procedimiento, sin que dicho proceder transgreda el principio de inmediación, ya que el artículo 468 del código referido que trata de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables, en su fracción II, correspondiente a las sentencias definitivas, es aplicable analógicamente a la emisión del auto de vinculación a proceso, circunstancia que, por identidad de razón, permite al tribunal de apelación examinar el fondo del recurso interpuesto contra el auto de vinculación o de no vinculación a proceso, a través de lo cual podrá establecerse si el juzgador sustentó su decisión sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable, bajo los principios de la valoración lógica (principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente), de las máximas de la experiencia (conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza) y del conocimiento científico, y no ordenar la reposición del procedimiento, para prescindir de datos de prueba ya desahogados ante el Juez y emitir únicamente por escrito su decisión. Sobre estas bases jurídicas, adversamente a lo que refiere el quejoso, el Magistrado responsable no infringió las reglas sobre la valoración de los datos de prueba al emitir el auto de vinculación reclamado, ni transgredió el principio de inmediación que rige en el sistema penal de corte acusatorio, pues la legislación lo faculta válidamente para emprender el análisis relativo, a la luz de los agravios que se le hayan expuesto por la parte apelante; de ahí que no haya incurrido en algún exceso en sus funciones al emprender una valoración distinta de los datos de prueba que se presentaron ante el Juez de Control, pues dentro de las facultades del Magistrado responsable, se encuentran las de atender al agravio que se le plasmó en torno a la inadecuada valoración de los datos de prueba, como ocurrió en el presente caso; sostener lo contrario implicaría que el magistrado estuviera limitado en la posibilidad de atender prácticamente cualquier motivo de disentimiento que le sea formulado, lo que es contrario al sistema de medios de impugnación que prevé la codificación procesal de la materia. Aunado a ello, debe destacarse la circunstancia relativa a que, en materia del recurso de apelación que se prevé para impugnar la legalidad del auto de vinculación a proceso, la legislación no prevé el reenvío para que el Juez de Control pueda, en su caso, realizar una nueva valoración de los datos de prueba que le fueron allegados; de ahí que sean infundados los conceptos de violación de vierte el solicitante del amparo. Es sustento de las anteriores consideraciones, la tesis XV.4o.9 P (10a.), aprobada por el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 70, de septiembre de 2019, Tomo III, materia penal, página 2207, del siguiente tenor: RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE CORTE ACUSATORIO. SI AL CONOCER DEL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN O DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTE UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, AL REASUMIR JURISDICCIÓN DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE Y NO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De la interpretación sistemática de los artículos 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el tribunal de alzada puede refrendar las consideraciones adoptadas por el juzgador, cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso, a partir de la revisión de la racionalidad de los argumentos expresados por el tribunal de enjuiciamiento, con base en la inconformidad planteada en los agravios y emitir la decisión que sustituya a la impugnada, al no existir la figura del reenvío en materia penal, ya que el análisis es acerca de la legalidad de los razonamientos utilizados por el Juez natural al momento de emitir la resolución impugnada, ponderando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, para determinar si fue correcta o incorrecta su decisión y no sobre la infracción a un derecho fundamental que amerite la reposición del procedimiento, sin que dicho proceder transgreda el principio de inmediación, ya que el artículo 468 del código referido que trata de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables, en su fracción II, correspondiente a las sentencias definitivas, señala que se puede entrar a las consideraciones contenidas en la propia resolución definitiva: "...distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación...", circunstancia que, por identidad de razón, permite al tribunal de apelación examinar el fondo del recurso interpuesto contra el auto de vinculación o de no vinculación a proceso, a través de lo cual podrá establecerse si el juzgador sustentó su decisión sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable, bajo los principios de la valoración lógica (principios de identidad, contradicción, tercero excluido y razón suficiente), de las máximas de la experiencia (conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza) y del conocimiento científico, y no ordenar la reposición del procedimiento, para prescindir de datos de prueba ya desahogados ante el Juez y emitir únicamente por escrito su decisión. De la misma manera, es aplicable la tesis I.9o.P.226 P (10a.), del Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que es consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 59, Octubre de 2018, Tomo III, materia penal, página 2188, del siguiente contenido: APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL TRIBUNAL DE ALZADA QUE CONOZCA DE DICHO RECURSO DEBE ESTUDIAR DE OFICIO LA DEMOSTRACIÓN DEL HECHO SEÑALADO POR LA LEY COMO DELITO, ASÍ COMO LA PROBABLE PARTICIPACIÓN DEL IMPUTADO EN SU REALIZACIÓN, AUN CUANDO ÉSTE NO LO HUBIERE ALEGADO EN SUS AGRAVIOS [ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LAS TESIS AISLADAS I.9o.P.164 P (10a.) Y I.9o.P.165 P (10a.)]. De los artículos 17 y 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, numeral 2, inciso h), de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, numeral 2, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, se advierte el derecho humano a la tutela judicial efectiva en su vertiente de recurso efectivo, el cual implica la obligación para los tribunales de resolver los conflictos que se les plantean sin obstáculos o dilaciones innecesarias y evitando formalismos o interpretaciones no razonables que impidan o dificulten el enjuiciamiento de fondo y la auténtica tutela judicial. En este sentido, el derecho de toda persona a un recurso, debe ser entendido integralmente, esto es, que el medio ordinario de defensa debe ser sencillo, rápido y efectivo; por tanto, ello obliga al tribunal de alzada que conozca del recurso de apelación promovido contra el auto de vinculación a proceso, a efectuar el estudio oficioso de la demostración del hecho señalado por la ley como delito, así como la probable participación del imputado en su realización, aun cuando éste no lo hubiere alegado en sus agravios, pues sólo de ese modo (examinando exhaustivamente el actuar del Juez de Control), puede constatar la existencia o inexistencia de violaciones a derechos fundamentales del apelante. En atención a los anteriores razonamientos, este tribunal se aparta del criterio sostenido en las tesis aisladas I.9o.P.164 P (10a.) y I.9o.P.165 P (10a.), de títulos y subtítulos: "RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. CUANDO EL RECURRENTE, YA SEA EL PROPIO SENTENCIADO O EL OFENDIDO, NO HAGA VALER EN SU EXPRESIÓN DE AGRAVIOS VIOLACIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES, EL TRIBUNAL DE ALZADA NO SE ENCUENTRA OBLIGADO A ESTUDIAR DE OFICIO LOS ASPECTOS RELATIVOS A LA ACREDITACIÓN DEL DELITO, LA DEMOSTRACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL Y LA INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA, PARA CONSTATAR SI EXISTE O NO DICHA VULNERACIÓN (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 457, 461, 468, 480 Y 481 CON EL DIVERSO 2o. DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES)." y "RECURSO DE APELACIÓN PROMOVIDO CONTRA LA SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN EL SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO Y ORAL. SI AL RESOLVERLO SE ADVIERTE QUE EL TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, AL INDIVIDUALIZAR LAS PENAS, RESOLVIÓ INCORRECTAMENTE SOBRE LA REPARACIÓN DEL DAÑO, SIN QUE EXISTA AGRAVIO ALGUNO ENCAMINADO A REBATIRLA, EL TRIBUNAL DE ALZADA ESTÁ IMPEDIDO PARA ABORDARLA Y REPARARLA DE OFICIO, AUN CUANDO ELLO PUEDA FAVORECER AL SENTENCIADO.", respectivamente. De la misma manera, carece de sustento lo que aduce el quejoso en torno a que el Magistrado Responsable no revisó, ni escuchó el audio y video de la audiencia de no vinculación a proceso; toda vez que, adversamente a lo que sostiene, de la lectura de la sentencia que se revisa, así como de la audiencia de veintiséis de septiembre del año en curso, en la que se dictó, se advierte que la responsable sí tomó en consideración todos los datos de prueba que fueron puestos en conocimiento del Juez de Control e incluso citó en su resolución, a pie de página, los datos de los discos y minutos en que se hizo referencia a los citados datos de prueba; de ahí que, contra lo que sostiene, para quien resuelve se encuentra acreditado que la Sala responsable sí se impuso de las actuaciones desarrolladas en primera instancia, al momento de emitir su resolución; por tanto, en este aspecto, no existe afectación alguna que deba ser reparada. Finalmente, aun cuando no existe motivo de disenso expresamente señalado, a efecto de no pasar por alto el reclamo esencial del quejoso en torno al no acreditamiento de los hechos constitutivos del ilícito que se le atribuye, es menester precisar que este Juzgado comulga con la circunstancia agravante del delito prevista en el artículo 175 del Código Penal del Estado de Chihuahua, consistente en que se haya quebrantando la fe que expresa o tácitamente nace de cualquier relación de parentesco, como estimó la responsable, en esta etapa procesal se encuentra demostrada, pues de los antecedentes se desprendió que el activo era pareja sentimental de la tía de la víctima y al cual ubicó, en un contexto de familiaridad, como su "tío"; por tanto, es válido concluir que entre ellos existía una relación de parentesco de hecho y/o que inspira confianza y respeto, al momento en que se cometieron los hechos, de la cual el imputado se valió para hacer tocamientos a la menor; de ahí que en este aspecto sea correcta la determinación del Magistrado responsable. Por lo expuesto, tal como lo concluyó el Magistrado responsable, en esta etapa procesal se encuentra demostrada la existencia del hecho que la ley señala como delito de violación, previsto y sancionado, sin prejuzgar, por el artículo 172, fracción II, en relación con el diverso 175, fracción II, del Código Penal del Estado de Chihuahua, el cual es de consumación instantánea, en términos del numeral 17, fracción I, del mismo ordenamiento sustantivo legal. De manera que, como concluyó la responsable, en el momento procesal que nos ocupa, está demostrada la probabilidad de que el imputado, aquí quejoso, *******, haya participado en la comisión del delito de violación con penalidad agravada, ya analizado, en términos de los artículos 18, fracción I y 21, fracción I, del Código de Procedimientos Penales, esto es, a título de dolo y en calidad de autor material, sin que en este momento procesal se encuentre demostrada, una causa de extinción de la acción penal o excluyente de delito. Por tanto, al resultar debidamente fundado y motivado el auto de vinculación a proceso reclamado, pues se expusieron las razones y normas que demostraron, en grado de probabilidad, la comisión del hecho señalado en la ley como el delito mencionado y la participación del aquí quejoso en su comisión, así como las circunstancias de lugar, tiempo y modo de ejecución, al no estar demostrada en su favor, hasta este momento, alguna excluyente de incriminación, ni la extinción de la pretensión punitiva y al resultar infundados los conceptos de violación formulados, lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, *******, en relación al auto de vinculación a proceso dictado en su contra por su probable participación en el delito de violación con penalidad agravada, previsto y sancionado, sin prejuzgar, en los artículos 172, fracción II, así como 175, fracción II, del Código Penal para el Estado de Chihuahua. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 61, fracción XII, 62, 63, fracciones IV y V, 64, 65, 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a *******, contra el acto y autoridad que fueron precisados en el considerando segundo de esta sentencia, de conformidad con lo analizado en el último considerando de la misma. Notifíquese; por correo electrónico a la parte tercero interesada. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diecinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos, se advierte que no se ha podido emplazar a *******, representante legal de la tercero interesada menor de edad, en el entendido de que el catorce de los actuales se realizaron las gestiones pertinentes para lograr lo anterior, según se puede apreciar de las constancias que integran el cuadernillo de sigilo que se lleva por separado este juzgado. Ahora, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la citada audiencia y se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para su desahogo. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  4. Incidental

    Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 769/2019-II, y; Resultando PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el diecisiete de los corrientes, *******, solicitó la protección de la justicia federal, así como la suspensión de los actos reclamados a la autoridad responsable, Magistrado de la Cuarta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, de quien reclamó el auto de vinculación a proceso dictado en su contra por el delito de violación con penalidad agravada. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de veinticuatro de octubre del actual, se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitó el informe previo a la autoridad responsable y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental. Considerando PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, Magistrado de la Cuarta Sala Penal Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, al rendir su informe previo aceptó la existencia del acto que se le reclamó, consistente en el auto de vinculación a proceso dictado en contra del solicitante del amparo, por hechos constitutivos del delito de violación agravada. TERCERO. Negativa de la suspensión. Toda vez que se advierte que el acto reclamado es el auto de vinculación a proceso dictado por el Tribunal de Alzada, con fundamento en el numeral 107, fracción X, de la Constitución Federal y 128 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada, en virtud de que se trata de un acto consumado, en caso contrario se le daría efectos restitutorios a la medida cautelar, los que sólo son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia 12 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se localiza en la página 13, del Apéndice 2000, Tomo VI, materia común, Jurisprudencia SCJN, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie. Asimismo, es aplicable la jurisprudencia II.3o. J/37, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 51 del Tomo 60, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, correspondiente al mes de Diciembre de 1992, que establece: ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. De igual manera, conviene indicar que en el nuevo sistema acusatorio, el auto de vinculación es, en estricto sentido, la decisión judicial de continuar con la etapa de investigación en su parte formalizada. En otras palabras, el juez, o en este caso, el Magistrado, autoriza continuar con el proceso, pero esta decisión no implica una segunda consecuencia, como sucedía con el auto de formal prisión, pues éste tenía como secuela seguir con el proceso y traía aparejada, en la mayoría de los casos, la prisión preventiva; en tanto, en el sistema acusatorio, la prisión preventiva resulta una decisión separada de la vinculación a proceso, pues ella se decide a través de diversa determinación -medidas cautelares-. Por lo que, la vinculación a proceso es la decisión judicial de continuar con la etapa de investigación en su parte formalizada, cuyos efectos consisten en dar pleno acceso al imputado a la investigación y establecer un periodo para cerrar la investigación. De manera que, no puede concederse la suspensión para el efecto de que las cosas en el juicio natural se mantengan en el estado que guardaban hasta antes de la emisión del acto reclamado, como solicita el quejoso, pues ello equivaldría a detener la marcha regular del juicio natural, lo cual es contrario al orden público, pues la colectividad está interesada, desde luego, en que las controversias, en el caso, de índole penal, sean sometidas a la autoridad jurisdiccional para resolverlas conforme a derecho y que el procedimiento relativo se observe sin obstáculos. Es aplicable al caso, la tesis 34, sustentada por el entonces Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, que se publicó en la Séptima Época, del Informe al Semanario Judicial de la Federación de 1987, Tercera Parte, visible en la página 663, registro 247380, del tenor siguiente: SUSPENSIÓN DE PROCEDIMIENTO IMPROCEDENTE POR SER ESTE DE ORDEN PÚBLICO. La continuidad del procedimiento es de orden público y si se suspende se afectaría el interés general, de manera que la suspensión no puede otorgarse para detener la tramitación de un juicio; máxime que dichos efectos ya no serían para mantener las cosas en el estado en que se encuentran, sino que las retrotraerían al estado en que se encontraban antes de dictarse el acto reclamado; efectos que sólo puede tener la sentencia que se dicte en cuanto al fondo del amparo. Además, de pronunciarse sobre la petición del quejoso respecto de la medida cautelar que, desde su perspectiva, le será impuesta, se introducirían a la litis constitucional actos reclamados que no son materia del juicio, por no haber sido reclamados en la demanda de amparo. CUARTO. Otorgamiento de la medida suspensional. En otro contexto, respecto de los efectos procesales del auto de vinculación a proceso y con independencia de lo que se resolvió en el cuaderno principal, toda vez que se encuentran reunidos los requisitos que señala el artículo 128 de la Ley de Amparo, a saber: que la suspensión sea solicitada por el agraviado y, que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, a efecto de evitar un cambio de situación jurídica que haga imposible restituir al quejoso en los derechos que aduce le fueron transgredidos. De este modo, indíquese al Magistrado responsable, que deberá hacer saber al Juez de Control del Distrito Judicial Bravos, que lleva la causa penal 2106/2019 instruida contra el aquí quejoso, en atención a que en este asunto se reclama la vinculación a proceso, que a efecto de evitar un cambio de situación jurídica que acarree la consumación irreparable de las violaciones constitucionales reclamadas por el peticionario de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XVII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, deberá suspender el procedimiento, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificado del acuerdo en que quede firme la resolución definitiva que recaiga a este juicio de amparo; lo que la autoridad responsable deberá acreditar ante este juzgado, dentro de los tres días posteriores a la recepción del oficio respectivo. Apoya las anteriores consideraciones, en lo conducente, la tesis III.2o.P.124 P (10a.), aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 50, de enero de 2018, Tomo IV, materias común y penal, página 2338, del siguiente tenor: SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL QUEJOSO EXPRESAMENTE LA SOLICITÓ EN SU DEMANDA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PRONUNCIAR SU DETERMINACIÓN POR CUERDA SEPARADA, AUN CUANDO AL ADMITIRLA, HUBIERE INDICADO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE SUSPENDIERA EL PROCEDIMIENTO EN LA CAUSA RESPECTIVA UNA VEZ CERRADA LA ETAPA INTERMEDIA, SIN APERTURAR LA DE JUICIO ORAL. Los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo establecen, esencialmente, que la suspensión del acto reclamado se decretará de oficio o a petición del quejoso, y que con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará en todas las materias (con las excepciones previstas), cuando la solicite el quejoso y no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; asimismo, que la medida se tramitará en incidente por separado y por duplicado. En ese orden, si el quejoso expresamente solicitó en su demanda de amparo la suspensión provisional del acto reclamado (auto de vinculación a proceso), la determinación que el Juez adopte debe pronunciarse por cuerda separada, es decir, en el cuaderno relativo al incidente de suspensión; sin que obste a lo anterior que el Juez Federal, en el juicio principal, al admitir la demanda, hubiere indicado a la autoridad responsable que suspendiera el procedimiento en la causa respectiva una vez cerrada la etapa intermedia, sin aperturar la de juicio oral, con el fin de mantener viva la materia del juicio de amparo; pues con dicha determinación no se suspendió el acto que es la pretensión del quejoso, aunado a que ese pronunciamiento es una obligación que surge de la propia ley para las autoridades responsables, específicamente del segundo párrafo de la fracción XVII del artículo 61 de la ley citada. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: PRIMERO. Se niega a *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto del acto y autoridades precisados en el considerando segundo de esta resolución. SEGUNDO. Se concede a *******, la suspensión definitiva que solicitó respecto de los efectos procesales del auto de vinculación a proceso, en los términos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

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