Ricardo Epifanio Tovar López

Expediente 8/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 23 de febrero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
8/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
23/02/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Epifanio Tovar López
  • Ricardo Epifanio Tovar López y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veintitrés de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciséis, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso d) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Hágase del conocimiento del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito esta determinación, mediante comunicación que se dirija al recurso de queja 765/2016, de su índice. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; tres de febrero de dos mil diecisiete. Vista la constancia actuarial de cuenta, de la que se advierte que la actuaria judicial adscrita hace constar la imposibilidad que tuvo para notificar personalmente a la parte quejosa el proveído de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, pues informa que en el domicilio señalado no conocen a la parte quejosa. Por ende, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, hágase dicha notificación y las subsecuentes a la parte quejosa, por medio de lista que se fije en los estrados de este tribunal, hasta en tanto señale nuevo domicilio para tales efectos. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.RMI

  3. Principal

    EN ATENCIÓN A LO ORDENADO EN PROVÉIDO DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISIETE, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL AUTO DE TREINTA Y UNO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, A LA PARTE QUEJOSA, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal; mediante el cual informa que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictó laudo en el juicio laboral *******, del cual envía copia con firmas autógrafas; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el nueve de enero de dos mil diecisiete y turnado a este órgano el mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos de la Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, en esta ciudad, a quien le reclamó la omisión de dictar laudo en el juicio laboral génesis de este asunto. Por acuerdo de diez de enero último, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 8/2017-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento al tercereo interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se recibe en esta data, el Presidente del Tribunal responsable hace del conocimiento de este Juzgado que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se dictó laudo en el juicio laboral de origen, promovido por el aquí quejoso en contra del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, del cual remite copia con firmas autógrafas. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia con firmas originales del laudo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, revela lo siguiente: [.] Laudo que formulan los integrantes del tribunal de arbitraje municipal para el expediente ******* formado por la reclamación del c. *******, en contra del Municipio de Juárez y otros y en los términos de ley. . Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 78 del Código Municipal del Estado vigente, 163, 178 y demás relativos y aplicables del Código Administrativo del Estado, en concordancia con el artículo 123 Constitucional, esta resolución se resuelve al tenor de los siguientes puntos resolutivos. Puntos resolutivos Primero.- La parte actora no acreditó su acción y la demandada acreditó sus excepciones y en consecuencia: Segundo.- Se absuelve al Municipio De Juárez, Chihuahua, de la obligación de reinstalar al trabajador, pago a la indemnización constitucional, salarios caídos, pago de 20 días de salario por año de servicios, del pago de la prima de antigüedad, pago de tiempo extraordinario, días festivos, en los términos de lo señalado en el considerando tercero de la presente resolución. Tercero.- Se condena al Municipio De Juárez, Chih., al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo y última semana laborada, en los términos señalados en el considerando cuarto de la presente resolución, debiendo tomar en cuenta para el pago de esta prestación, el último salario que tenía asignado el ahora actor, precisado en dicho considerando. Quinto.- Se concede a la demandada un término de 15 días a efecto de que dé cumplimiento al resolutivo cuarto de la presente resolución. [.] Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Responsable el veintisiete de enero del año en curso, dictó laudo en el juicio laboral de origen, cuya omisión se le atribuyó; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con veinte minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, treinta y uno de enero de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, Tribunal de Arbitraje Municipal; mediante el cual informa que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, dictó laudo en el juicio laboral *******, del cual envía copia con firmas autógrafas; atento a lo anterior, en el caso, el acto reclamado ha cesado en sus efectos, como a continuación se pone de relieve. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, se advierte que mediante escrito recibido por la Oficina de Correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el nueve de enero de dos mil diecisiete y turnado a este órgano el mismo día, ******* demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra actos de la Tribunal de Arbitraje Municipal del Municipio de Juárez, Chihuahua, en esta ciudad, a quien le reclamó la omisión de dictar laudo en el juicio laboral génesis de este asunto. Por acuerdo de diez de enero último, se admitió a trámite y se ordenó formar expediente; registrar el asunto bajo el consecutivo 8/2017-II; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se ordenó el emplazamiento al tercereo interesado y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito se le dio la intervención legal que le compete; se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. En el oficio que se recibe en esta data, el Presidente del Tribunal responsable hace del conocimiento de este Juzgado que el veintisiete de enero de dos mil diecisiete, se dictó laudo en el juicio laboral de origen, promovido por el aquí quejoso en contra del Ayuntamiento de Juárez, Chihuahua, del cual remite copia con firmas autógrafas. Lo anterior, revela que, en la especie, se actualiza de modo manifiesto e indudable, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que dispone que procede el sobreseimiento del juicio de control constitucional, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. La cesación de efectos a que se refiere este supuesto consiste en que el acto de autoridad reclamado deja de producir sus consecuencias y, por tanto, de afectar al gobernado en su esfera jurídica, ya sea que la propia autoridad responsable lo revoque, o bien, que haya transcurrido el tiempo durante el cual debió producir sus efectos legales, y por ello, ha dejado de lesionar los derechos del agraviado. En el particular, la copia con firmas originales del laudo de veintisiete de enero de dos mil diecisiete, revela lo siguiente: [.] Laudo que formulan los integrantes del tribunal de arbitraje municipal para el expediente ******* formado por la reclamación del c. *******, en contra del Municipio de Juárez y otros y en los términos de ley. . Por lo anteriormente expuesto y con apoyo en lo dispuesto por los artículos 78 del Código Municipal del Estado vigente, 163, 178 y demás relativos y aplicables del Código Administrativo del Estado, en concordancia con el artículo 123 Constitucional, esta resolución se resuelve al tenor de los siguientes puntos resolutivos. Puntos resolutivos Primero.- La parte actora no acreditó su acción y la demandada acreditó sus excepciones y en consecuencia: Segundo.- Se absuelve al Municipio De Juárez, Chihuahua, de la obligación de reinstalar al trabajador, pago a la indemnización constitucional, salarios caídos, pago de 20 días de salario por año de servicios, del pago de la prima de antigüedad, pago de tiempo extraordinario, días festivos, en los términos de lo señalado en el considerando tercero de la presente resolución. Tercero.- Se condena al Municipio De Juárez, Chih., al pago de vacaciones, prima vacacional y aguinaldo y última semana laborada, en los términos señalados en el considerando cuarto de la presente resolución, debiendo tomar en cuenta para el pago de esta prestación, el último salario que tenía asignado el ahora actor, precisado en dicho considerando. Quinto.- Se concede a la demandada un término de 15 días a efecto de que dé cumplimiento al resolutivo cuarto de la presente resolución. [.] Esa documental adquiere valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2; la cual resulta eficaz y suficiente para demostrar, sin lugar a dudas, que cesó en sus efectos la omisión atribuida a la autoridad responsable, todo lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, pues la Responsable el veintisiete de enero del año en curso, dictó laudo en el juicio laboral de origen, cuya omisión se le atribuyó; de ahí que se actualiza la causa de improcedencia de mérito, pues el actuar de la responsable implica la restitución de los derechos que se estimaron transgredidos en este juicio. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la jurisprudencia 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a folio 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el epígrafe: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En las relacionadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo en vigor, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley en cita. Apoya esta conclusión la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, del texto: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Atento a lo anterior, se deja sin efectos la hora y fecha programada para la celebración de la audiencia constitucional, que se encontraba fijada para las diez horas con veinte minutos del ocho de febrero de dos mil diecisiete. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe. pd*agb

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