Ricardo Corral Montoya
Expediente 1167/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 1 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1167/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 01/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo Corral Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; uno de marzo de dos mil veintitrés. Declaratoria de estado Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan recurrido el auto por el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, emitido el nueve de febrero de dos mil veintitrés. En consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado, con fundamento en la fracción II del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación de la materia, por mandato expreso de su artículo 2. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Resguardo de archivo de trámite Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Valoración del expediente Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Este expediente es destruible una vez se haya cumplido el plazo de conservación de tres años de haberse dictado este acuerdo, dado que, se trata de un juicio de amparo en el que se sobreseyó fuera de audiencia por cesación de efectos, de conformidad con lo establecido en el inciso a), del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Finalmente, se hace constar que, no obran documentos originales, por lo que, es innecesaria la notificación personal de este auto. Notifíquese en lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agrega oficio de autoridad Glósense a los autos para que obren como legalmente el oficio *******, que remite el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones de Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con residencia en esta ciudad y documental que adjunta. Por otra parte, se le tiene dando cumplimiento al proveído de siete de febrero del actual e informando que señaló las doce horas con treinta minutos del día catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el que se debatirá acerca de la concesión o no de un beneficio preliberacional a favor del aquí quejoso, y a fin de acreditar lo anterior envía copia certificada del proveído de veintitrés de enero del presente año. Constancia que cuenta con valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de la Ley de Amparo, pues se remitió copia certificada de la misma. Sobreseimiento fuera de audiencia Atento a lo anterior, es oportuno precisar que, del estado que guardan los presentes autos, se desprende que mediante escrito recibido en este órgano jurisdiccional, el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, *******, demandó el amparo y protección de la justicia federal, en contra del Juez de Ejecución de Penas competente del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, Titular del Centro de Reinserción Social Número Tres y Fiscal General del Sistema Penitenciario, Ejecución de Penas y Medidas Judiciales, a quienes en esencia reclamó el retardo injustificado respecto a su solicitud de fijar fecha para la audiencia constitucional ante el Juez de Ejecución, para debatir el beneficio de la libertad anticipada, ello al incumplir con sus responsabilidades esto es remitir las constancias necesarias para fijar fecha para la celebración de dicha audiencia. Bajo este contexto, y de conformidad con lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, la suscrita estima actualizada la causa de improcedencia del presente juicio de amparo prevista en la fracción 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.] En cuanto a la hipótesis en comento debe precisarse que el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, señala que el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es lo que sigue en virtud de una causa, el fin para el que se hace una cosa. Cabe señalar que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el injusto jamás hubiera nacido. Esto es, el acto debe quedar insubsistente, pues únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho violado; para que se pueda admitir que han cesado los efectos del mandato de autoridad, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera afectado la esfera jurídica del impetrante, esto es, debe existir una revocación total de éste y de los efectos que haya producido y la revocación debe ser definitiva y no provisional. Del precepto legal invocado, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: 1. Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto reclamado; 2. Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; 3. Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, 4. Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo determinó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 9/98, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, página 210, materia Común, Novena Época, con registro digital 196820, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, pues el veintitrés de enero del año en curso, el Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con funciones de Sistema Tradicional Distrito Judicial Bravos, emitió un proveído en la carpeta de ejecución *******, en el cual tuvo por recibido el oficio signado por la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado, por el que le envió la información necesaria para fijar fecha y hora para llevar a cabo la audiencia en la cual se debatirá sobre el beneficio preliberacional que marca la ley, en términos del artículo 124 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. En la misma data, convocó a los intervinientes a la audiencia púbica que tendrá verificativo a las doce horas del catorce de febrero de dos mil veintitrés, y para acreditar su dicho, remitió copia certificada de la documental conducente. Ahora bien, en el asunto que nos ocupa no obstante que el acto reclamado era la omisión por parte de las autoridades de remitir las constancias para que el Juez de Ejecución estuviera en posibilidad de señalar fecha para debatir sobre el beneficio de la libertad preliberacional, lo cual como se precisó en el párrafo que antecede ya aconteció, por lo que, sin lugar a dudas, cesaron los efectos del acto reclamado, lo cual actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia analizada, ello en virtud de que a la fecha de presentar la demanda de amparo esto es el dieciséis de diciembre de dos mil veintidós, sí existía una omisión por parte de las responsables, la cual dejo de existir al momento de fijar fecha para la celebración de la multicitada audiencia. En ese contexto, la situación que vulneraba los derechos de la parte quejosa, se destruyó, tal como si se le hubiera otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, lo cual hubiera ocurrido, precisamente, para el efecto de que las responsables enviaran la documentación necesaria al Juez de Ejecución, para que este a su vez pudiera señalar fecha para la audiencia en la cual se debatiría el beneficio de la libertad preliberacional del quejoso. En tales condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de amparo fuera de audiencia, respecto a los actos reclamados, con apoyo en el artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado. Asimismo, la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, marzo de dos mil tres, página 386, registro 184572, del contenido siguiente: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Por lo antes expuesto, se dejan sin efectos las diez horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para el verificativo de la audiencia constitucional, relativa al presente asunto. Notifíquese por lista electrónica a las partes, personalmente a la parte quejosa, agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de febrero de dos mil veintitrés. Estado de autos Visto el estado que guardan autos y la certificación de cuenta se advierte que, para el día de hoy se encuentra señalada la audiencia constitucional; sin embargo no se está en aptitud de llevarse a cabo toda vez que se encuentra transcurriendo el término de tres días concedido en proveído de siete de los actuales al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad. Diferimiento de audiencia En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere su celebración y se señalan las diez horas del nueve de marzo de dos mil veintitrés. Notificación por lista electrónica a las autoridades responsables Los acuerdos de trámite de menor trascendencia se notificaran por lista a las partes, entre ellas a la autoridad, ya sea como responsable o como tercero interesado, de conformidad con lo establecido en la jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de 2013, Tomo 2, Materia Común, visible en la página 1253, del siguiente tenor: NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Notifíquese por lista electrónica a las partes. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; siete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos se desprende del informe justificado rendido por la Directora de Ejecución de Penas y Medidas Judiciales del Estado de Chihuahua, que por oficio *******, de fecha cinco de enero de dos mil veintitrés, el cual contiene el Plan de Actividades así como su debido cumplimiento y partida jurídica, ello a fin de que fuera analizada la posibilidad de otorgamiento o denegación de algún beneficio regulado en la Ley. En consecuencia, a fin de resolver el presente juicio conforme a derecho, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, contados a partir de su legal notificación, informe a este juzgado si ya señalo fecha para resolver respecto a los beneficios preliberacionales del aquí quejoso Ricardo Corral Montoya, para lo cual deberá remitir las constancias que acrediten su dicho. Apercibido que de no dar cumplimiento al presente proveído, conforme a lo dispuesto por el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, previstas en el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, equivalente a la cantidad de diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional ($10,374.00). Notifíquese por lista electrónica a las partes y por oficio al Juez del Tribunal de Ejecución de Penas con Funciones del Sistema Tradicional del Distrito Judicial Bravos. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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