Ricardo Corral Montoya
Expediente 241/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 241/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 21/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo Corral Montoya
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta se advierte que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, contra la sentencia dictada en este asunto, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, se declara que la citada resolución ha causado estado. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la certificación de cuenta, expediente principal es susceptible de destrucción, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte¸ al haberse sobreseído este juicio de amparo. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el expediente principal, lo cual, deberá constar en el acuerdo de desincorporación. Asimismo, se califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado. Y, las partes no entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de abril de dos mil veintiuno. Visto para resolver el juicio de amparo 241/2021-II, promovido por *******. Resultando Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el cinco de abril de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoséptimo Circuito, con residencia en esta localidad, turnado a este juzgado el día hábil posterior, *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal en contra del Tribunal de Enjuiciamiento y del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio, ambos del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, de quienes reclamó lo siguiente: AUTORIDADES RESPONSABLES EN SU CARÁCTER DE AUTORIDAD ORDENADORA: 1.- C. LIC. *******, en su carácter de Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, con domicilió conocido en Calle Barranco Azul sin número de la Colonia Toribio Ortega en esta Ciudad Juárez Chihuahua. 2.- C. TRIBUNAL DE ENJUICIAMIENTO, DEL DISTRITO JUDICIAL BRAVOS CHIHUAHUA, con domicilio conocido en Calle Barranco Azul sin número de la Colonia Toribio Ortega en esta Ciudad Juárez Chihuahua, en lo que se conoce como la Ciudad Judicial. ACTOS RECLAMADOS De las autoridades señaladas como ORDENADORAS reclamo lo siguiente: De la autoridad ordenadora señalada con el punto número 1, reclamo el hecho de que no ha remitido en tiempo y forma, el expediente que se generó con la causa penal *******, del Indicie del Honorable Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, en esta Ciudad Juárez Chihuahua, en virtud de que la audiencia INTERMEDIA, se celebró en fecha 03 de Diciembre de 2020 y en esta misma fecha se DICTÓ EL AUTO DE APERTURA A JUICIO ORAL Y por ende y de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 467 y 471 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, que prevén que El AUTO DE APERTURA, puede ser impugnado en APELACIÓN, y en virtud de que el término para interponer tal recurso es de TRES DÍAS HÁBILES, más CINCO DÍAS CONTEMPLÁNDOLOS COMO HÁBILES POR EL QUEJOSO, que prevé el articulo 347 penúltimo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales vigente, para remitir el expediente al Tribunal de Enjuiciamiento es decir, el día 13 de Diciembre de 2020, fenecían los TRES DÍAS HÁBILES, MAS LOS 5 DIAS, en que el H. Tribunal de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, debió de haber remitido el expediente al H. Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, para que a su vez este último Tribunal radicara el expediente en el término de Ley. De la autoridad ordenadora señalada en el punto número 2, reclamo el hecho de no haber señalado fecha y hora, para que tenga verificativo mi juicio oral (.) (sic). Segundo. Derechos constitucionales que el quejoso estimó violentados. El quejoso señaló como derechos vulnerados, los contenidos en los artículos 14, 16 y 20, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Tercero. Tramitación de la demanda. En proveído de siete de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda, se solicitó informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se ordenó emplazar al agente del Ministerio Público tercero interesado, se dio vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señalaron día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Segundo. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, de la totalidad de constancias que integran el presente juicio, se desprende que el quejoso reclamó lo siguiente, de las autoridades señaladas enseguida: Del Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La omisión de remitir la causa penal *******, al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, luego de la verificación de la audiencia intermedia y el auto de apertura a juicio oral, de tres de diciembre de dos mil veinte. Del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad: La omisión de señalar fecha y hora para que tenga verificativo la audiencia de debate a juicio oral. Tercero. Inexistencia de acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, a través del cual lo negó categóricamente. Asimismo, acompañó a su informe, con copia certificada del auto de apertura a juicio oral, del que se deprende que el tres de diciembre de dos mil veinte, luego de la verificación de la audiencia intermedia, dictó auto de apertura a juicio oral, mismo que hizo llegar al Tribunal responsable el once de diciembre de dos mil veinte, tal como se desprende del sello que obra en el acuse de recibo del oficio *******, mediante el cual lo remitió al Tribunal de Enjuiciamiento en Materia Penal del Distrito Judicial Bravos, que también envió en copia certificada. En dicho auto de apertura, además, refirió que el aquí quejoso se encontraba bajo la medida cautelar de prisión preventiva, misma que fenecerá, expuso, el doce noviembre del año en curso. Documentales que poseen valor probatorio pleno conforme a los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por un servidor público, dotado de fe pública y en ejercicio de sus funciones, como lo es el propio Juez responsable. Sin que el quejoso, por sí o por conducto de sus autorizados, hubiera aportado medio de convicción alguno a fin de desvirtuar tal negativa. Respecto a lo anterior, tiene aplicación al caso la jurisprudencia 284, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo VI, mil novecientos diecisiete- dos mil, Materia común, página 236, del contenido: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado a tal autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.) Cuarto. Certeza del diverso acto reclamado. Es cierto el diverso acto combatido por el accionante del amparo, pues así lo señaló el Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, quien, al rendir su informe con justificación, refirió que, efectivamente, al momento de la promoción del juicio de amparo que originó este asunto, existía la omisión de señalar fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de debate a juicio oral. Lo previo, encuentra sustento en la jurisprudencia 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, tomo VI, materia común, página 231, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Al respecto, informó e hizo constar con la documental respectiva, debidamente certificada, que el nueve de abril de dos mil veintiuno, señaló las quince horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para celebrar la audiencia de debate a juicio oral del aquí quejoso. Documental a la que se le confiere valor probatorio pleno, de conformidad con los numerales previamente invocados. Por lo tanto, se tiene por acreditada la existencia del acto atribuido por el quejoso, a la autoridad en cita. Quinto. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se procede a analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima la actualización de una hipótesis de improcedencia. Ello es así, porque, si bien al momento de la presentación de la demanda de amparo que originó este juicio, es decir, el cinco de abril de dos mil veintiuno, sí existía la omisión atribuida al Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, el nueve del mismo mes y año, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia de referencia, tal como lo informó y acreditó, como fue acotado supra líneas. Con lo anterior, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.). Luego, a fin de establecer los alcances de la cesación de efectos es oportuno citar el contenido del artículo 71 de la Ley de Amparo, en que se establece: Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. (.) De los preceptos legales transcritos, se advierte que para considerar que el juicio de amparo es improcedente por cesación de efectos del acto -omisivo- reclamado, se requiere la concurrencia de los siguientes elementos: Que por virtud de mandamiento de la autoridad responsable o por cualquier otra circunstancia se deje sin efecto el acto -omisivo- reclamado; Que se hayan destruido todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional; Que las cosas vuelvan al estado que guardaban antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo; y, Que no se hayan causado consecuencias con la ejecución total o parcial del acto reclamado, que deban ser analizadas en la sentencia constitucional, a pesar de que se haya derogado o revocado el acto reclamado. Así lo consideró la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia 59/99 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, consultable en la página 38, cuyo rubro y texto se insertan a continuación: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje allí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, en este juicio de amparo, el quejoso reclamó del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta ciudad, la omisión de señalar fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia de debate a juicio oral. Al respecto, como ya se ha referido, en auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, el Tribunal responsable proveyó en torno al oficio número *******, signado por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, mediante el cual éste le remitió el auto de apertura a juicio oral dictado en la causa penal *******, que se sigue en contra de *******, aquí quejoso y, entre otras cosas, señaló las quince horas del treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, para celebrar la audiencia de debate a juicio oral. Con lo que, se estima que las cosas han vuelto al estado que guardaban antes de la violación constitucional alegada por el quejoso, tal como si se le hubiese otorgado el amparo. Por lo tanto, como se anunció, cesó tal acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia 9/98, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, con registro 196820, que a la letra dice: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. Así como la diversa tesis P.CL/97, que sostuvo el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VI, noviembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época, con registro 197367, que es del tenor literal: ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad. De igual forma, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 2ª./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En consecuencia, lo procedente es sobreseer respecto de dicho acto, de conformidad con el artículo 63, fracción V, con relación al diverso 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 63, 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, con relación a los actos reclamados a las autoridades responsables precisadas en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintidós de abril de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos el oficio y anexo enviados por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Tribunal de Enjuiciamiento del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; téngasele dando cumplimiento al requerimiento efectuado el dieciséis de los actuales, pues remite copia certificada del acuerdo que emitió de nueve de abril del año en curso, a través del cual informa y acredita que fijó fecha y hora para la verificación de la audiencia de debate. Con lo previo, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que puedan imponerse de su contenido y considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el artículo 124 de la ley de la materia. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de abril de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Juez de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio del Distrito Judicial Bravos, residente en esta ciudad; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma la Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.
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