Ricardo Cordova Esparza
Expediente 128/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 13 actuaciones registradas, la última del 21 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 128/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 21/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Ricardo Cordova Esparza
- Ricardo Cordova Esparza y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de mayo de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que surta sus efectos el oficio 3918/2019 y anexo, que remite la Secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del XVII Circuito, con residencia en esta ciudad, por medio del cual anexa testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 224/2018 de su índice; asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo 128/2018, promovido por ******; de cuyos puntos resolutivos se advierte: PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por *******, en contra de los actos reclamados al Congreso, Gobernador y Secretario General de Gobierno, en su carácter de responsable del Periódico Oficial del Estado, todos del Estado de Chihuahua, consistentes en el respectivo ámbito de su competencia, en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del Decreto LXV/APLIE/0666/2017 I.P.O., mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, particularmente, respecto del artículo primero, numeral 1.8 y 1.8.2, relativo al impuesto universitario del 4% para la Universidad Autónoma de Chihuahua y Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y numeral 1.8.1.3 que prevé la contribución extraordinaria para la Cruz Roja. Acúsese recibo, agréguese el cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones relativas en los libros de gobierno y electrónico, asimismo, en su oportunidad archívese el presente expediente. Ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de depuración según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado ******. Doy fe.
- Principal
VISTA LA RAZON DEL ACTUARIO SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEIDO DE FECHA VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL ENTRE OTRAS COSAS DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua; veintisiete de junio de dos mil dieciocho. Agréguense a sus autos para que obren como corresponda, los escritos y anexos signados por el quejoso, mediante los cuales interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Ahora bien, a efecto de proveer lo conducente en relación a tal recurso, requiérase al promovente, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que quede debidamente notificado del presente proveído, exhiba una copia más del escrito de expresión de agravios, en virtud de haber exhibido sólo siete y ser necesarias ocho copias para ser distribuidas de la siguiente manera: una para el Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, una para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en turno, cinco para las autoridades responsables y una más para agregarla a este expediente; bajo el apercibimiento que en caso de no exhibirlas, se tendrá por no interpuesto el recurso de revisión que intenta, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por los párrafos tercero y cuarto, del artículo 88, de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez Chihuahua; nueve de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a sus autos para que conste como legalmente corresponda el escrito del quejoso *********; mediante el cual da cumplimiento al requerimiento que se le efectuó el veintisiete de junio pasado y exhibe para tal efecto, dos copias de los agravios formulados. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81, fracción I inciso e), 86 y 88 de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el presente expediente, es decir, que consten la totalidad de las constancias de notificación a las partes del presente auto, remítanse al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, los autos del presente juicio de amparo, así como el escrito de expresión de agravios del recurrente y copia de éste para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al citado Tribunal, para la substanciación del recurso hecho valer. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, licenciado *********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *********. Doy fe.
- Principal
SENTENCIA Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de junio de dos mil dieciocho. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 128/2018. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. El veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnada el día siguiente hábil a este juzgado, la demanda promovida por *******. El quejoso demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua, Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua, Director o Jefe del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua y Recaudador de Rentas del Estado de Chihuahua, de quienes reclamó, en la esfera de sus respectivas competencias, el proceso legislativo por el que se emitió el Decreto Legislativo LXV/APLIE/0666/2017 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, en el capítulo correspondiente a la tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2018, específicamente en los artículos: a) Primero y Noveno, aparatado IX, numerales 7 y 10 de dicha legislación, que estatuyen el cobro del derecho de control vehicular. b) Primero, apartado 1 impuestos, numerales 1.8 y 1.8.2, relativo al impuesto universitario del 4% para UACH y UACJ. c) Primero, apartado 1 impuestos, numerales 1.8, 1.8.1 Contribuciones Extraordinarias y 1.8.1.3 Contribuciones para la Cruz Roja Mexicana. SEGUNDO. Derechos humanos que se estiman violentados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda. Por auto de veintitrés de febrero de dos mil dieciocho, la demanda de amparo se registró con el número 128/2018-II y, previa aclaración, en proveído de veintisiete del mismo mes, se admitió a trámite; se solicitó a las autoridades responsables el respectivo informe justificado, se dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el trámite del juicio, se desahogó la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo se procede a realizar la fijación de los actos reclamados, por lo que, del análisis de la demanda de amparo así como de las constancias que informan el juicio, se desprende que el quejoso reclama: 1. Del Congreso del Estado de Chihuahua la discusión, aprobación y expedición del Decreto Legislativo LXV/APLIE/0666/2017 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, en el capítulo correspondiente a la tarifa para el cobro de contribuciones para el ejercicio fiscal 2018, específicamente en los artículos: a) Primero y Noveno, aparatado IX, numerales 7 y 10 de dicha legislación, que estatuyen el cobro del derecho de control vehicular. b) Primero, apartado 1 impuestos, numerales 1.8 y 1.8.2, relativo al impuesto universitario del 4% para UACH y UACJ. c) Primero, apartado 1 impuestos, numerales 1.8, 1.8.1 Contribuciones Extraordinarias y 1.8.1.3 Contribuciones para la Cruz Roja Mexicana. 2. Del Gobernador del Estado de Chihuahua la promulgación y expedición de ese decreto. 3. Del Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y del Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, la ejecución de las normas reclamadas, consistentes en la recaudación del derecho de control vehicular (cobro). 4. Del Secretario de Gobierno, responsable del Periódico Oficial del Estado de Chihuahua -en su denominación correcta-, la publicación de las normas reclamadas. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, del rubro: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. Al rendir su informe con justificación, el Secretario de Hacienda del Estado de Chihuahua y el Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez del Gobierno del Estado de Chihuahua aceptaron la existencia del acto que quedó precisado en líneas precedentes, al indicar que fue una autoridad dependiente de esa Secretaría la que se encargó de la recepción del cobro por concepto de derechos de control vehicular para el ejercicio dos mil dos mil dieciocho, contenido en los comprobantes de pago que exhibió el quejoso adjunto a su demanda, razón por la que debería tenerse por cierto. No obstante, la certeza del acto que le fue atribuido a dichas autoridades se encuentra desvirtuada, pues en el caso, la impugnación de la ley se lleva a cabo por la actualización de un acto concreto de aplicación, al haber realizado la parte quejosa el pago correspondiente al Derecho de Control Vehicular, que como se advierte de la demanda y anexos que se exhibió, fue el propio quejoso quien voluntariamente realizó dicho entero, sin que las autoridades responsables los conminaran para tal efecto. En esta tesitura, aun cuando debería tenerse por cierta la aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, vía recepción del pago de los derechos combatidos, debe concluirse en la inexistencia de dicho acto, pues el pago de manera voluntaria de un tributo, no puede considerarse como un acto imputable a la autoridad ejecutora, aunque sí como acto de aplicación de la ley, pero como una autoaplicación que realiza la parte quejosa. En consecuencia, al no existir un acto de autoridad imputable a las autoridades precisadas en el presente considerando, con apoyo en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento por lo que hace al Secretario de Hacienda y al Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, ambas del Gobierno del Estado de Chihuahua. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, consultable en la página 367, Tomo XXVI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, correspondiente a agosto de 2007, que establece: AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. CUARTO. Existencia de los actos reclamados. Las diversas autoridades responsables, Congreso del Estado, Gobernador Constitucional y Secretario General de Gobierno en su carácter de responsable del Periódico Oficial del Estado, todas ellas del Estado de Chihuahua, aceptaron la existencia de los actos que les fueron atribuidos, consistentes en la aprobación, expedición, promulgación y publicación del decreto impugnado. De manera que, en el ámbito de sus respectivas competencias, se tiene por acreditada la existencia del proceso legislativo reclamado por la parte quejosa. Además, la certeza deriva no sólo del hecho de que así lo hayan reconocido las autoridades responsables que rindieron sus informes justificados, pues esa circunstancia se pone de manifiesto desde la misma publicación oficial del ordenamiento relativo, por tratarse de una normativa general, abstracta e impersonal que no está sujeta a prueba, sino que es presupuesto y materia propia de conocimiento del juzgador, en términos de lo dispuesto por el artículo 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2, conforme a los cuales las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no son objeto de prueba, pues basta que estén publicadas en el Periódico Oficial respectivo. Es aplicable al caso la jurisprudencia 65/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, y su Gaceta, Novena Época, tomo XII, de Agosto de 2000, página 260, de rubro: PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Asimismo, resulta aplicable, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, materia común, página 15, del siguiente rubro: LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. QUINTO. Improcedencia del juicio de amparo. Es pertinente señalar que la improcedencia del amparo es una institución por virtud de la cual existe un impedimento para establecer si el acto reclamado por la parte quejosa es constitucional o no. Consecuentemente, este órgano jurisdiccional federal analizará en primer orden la causa de improcedencia que se estima actualizada, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este Juzgador advierte que se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de la interpretación de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, porque el acto que la parte impetrante designó como primer acto de aplicación de las normas combatidas en esta vía, en realidad no es tal, respecto del impuesto universitario del 4% para UACH y UACJ, así como la contribución extraordinaria para la Cruz Roja Mexicana. Para evidenciar la anterior afirmación, es pertinente destacar que en términos del artículo 107, fracción I, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede contra normas jurídicas de observancia general que, por su sola entrada en vigor o con motivo de su primer acto de aplicación, causen alguna afectación o perjuicio al gobernado. Lo anterior significa que, por disposición expresa de la ley de la materia, el juicio de amparo contra leyes o normas de carácter general sólo procede cuando éstas provoquen alguna afectación o perjuicio en la esfera jurídica de la parte quejosa, ya sea a través de su primer acto de aplicación o con motivo de su sola entrada en vigor. Esto se torna jurídicamente razonable si se toma en cuenta que de acuerdo con lo previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución General de la República y 6° de su ley reglamentaria, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a la que le ocasione un agravio o perjuicio la norma general relativa, que produzca una afectación real y actual en su esfera jurídica, lo cual quiere decir que el agravio que resienta el propio gobernado con motivo de actos o normas de carácter general debe ser actual y directo y, por consiguiente, la afectación que se cause también debe existir al momento de instar la acción constitucional. En tal tesitura, tratándose de un juicio de amparo promovido contra normas generales la vía constitucional no procede de modo irrestricto, sino que se requiere que la norma cause perjuicio a la solicitante del amparo, desde luego, con motivo de su sola vigencia o por virtud del primer acto de aplicación, de ahí que sólo podrá analizarse el fondo del asunto, o sea, determinar si la ley atacada es o no inconstitucional, si se satisfacen los requisitos relativos a la existencia del primer acto de aplicación y a la demostración del perjuicio o afectación en la esfera jurídica de la parte inconforme. Lo expuesto pone de relieve que en el juicio de amparo contra normas generales, para demostrar el interés de la parte promovente y estar en condiciones de analizar el aspecto sustantivo de la norma legal, es indispensable que ésta haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera de derechos ya sea positiva o negativamente, por su sola vigencia o se le aplique de manera escrita o de hecho y que altere su ámbito de acción, esto es, la norma general, abstracta e impersonal, debe producir efectos en forma particular, concreta y personal en su destinatario. Al respecto, cabe citar las tesis 1794, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Novena Época, Tomo I, materia constitucional, página 1238, del siguiente tenor: LEYES HETEROAPLICATIVAS. PARA QUE SEA PROCEDENTE SU IMPUGNACIÓN, EL ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY DEBE AFECTAR AL GOBERNADO EN SU INTERÉS JURÍDICO. El análisis gramatical y sistemático de los artículos 73, fracción VI, in fine y 4o. de la Ley de Amparo, permite colegir que no cualquier acto de aplicación de la ley reclamada puede ser impugnado en el juicio de garantías, sino que es una exigencia ineludible que la acción constitucional se ejercite con motivo del primer acto de aplicación que afecte al gobernado, en su interés jurídico, pues de lo contrario se vulneraría el principio de 'instancia de parte agraviada', contenido en la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, al entrar al análisis de una ley que no ha podido causar ningún perjuicio al promovente. Por tanto, cuando el amparo lo promueve quien no sufre con la norma reclamada un agravio real y directo en su esfera jurídica, ya sea por la sola entrada en vigor de la disposición relativa o con motivo del primer acto de aplicación, éste es improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de ese ordenamiento legal, aplicado en sentido contrario. En este caso, la parte quejosa impugnó las normas jurídicas contenidas en el decreto Legislativo LXV/APLIE/0666/2017 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, específicamente en los artículos 1°, apartado 1 impuestos, numerales 1.8, 1.8.2, y 1.8.1.3, relativos al impuesto universitario del 4% para UACH y UACJ y contribuciones para la Cruz Roja Mexicana, con motivo de lo que consideró como el primer acto de aplicación en su perjuicio, en concreto, reflejado en la copia certificada de la consulta de operaciones del sistema electrónico de ingresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, del que se advierte que la Jefa del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua, en las que constan los pagos realizados por ******* (quejoso) respecto del impuesto universitario del 4% para UACH y UACJ, así como la contribución extraordinaria para la Cruz Roja Mexicana, realizado el veintiocho de enero de dos mil diecisiete. A juicio de este juzgador, dicho acto resulta insuficiente para demostrar el primer acto de aplicación, en perjuicio de la parte quejosa, de las normas jurídicas atacadas en la vía constitucional, que aquí nos ocupan -contribución del impuesto universitario y de la Cruz Roja Mexicana-. En efecto, las constancias existentes en este juicio se colige que la parte quejosa es causante de tales contribuciones, por lo menos, a partir del ejercicio fiscal dos mil diecisiete y, como tal desde ese entonces ha enterado no solamente aquel derecho sino también las contribuciones accesorias, como se aprecia en su historial de pago del sistema de ingresos del gobierno estatal. Desde luego, este hecho es apto y suficiente para acreditar que el primer acto de aplicación, en perjuicio de la parte quejosa, de las normas de la contribución de que se trata, tuvo lugar desde el ejercicio fiscal dos mil diecisiete, que fue cuando la parte quejosa enteró tal contribución, pues, aparte de que ahí le fueron aplicadas las disposiciones legales, éstas irrumpieron en su individualidad al grado de afectar su esfera de derechos, justamente, al efectuarse el pago relativo a dichos conceptos fiscales. Con esto no cabe duda que el acto que la parte quejosa designó como primer acto de aplicación de las normas que se analizan en este apartado, realmente no es tal, por lo cual esta vía de amparo es improcedente, justamente, porque no procede por virtud de todo acto de aplicación de alguna norma jurídica, sino únicamente con motivo del primero en perjuicio del solicitante del amparo, lo cual no ocurrió en la fecha que se indicó en la demanda, sino en una previa. Además, es pertinente señalar que para efectos de la procedencia del juicio de amparo contra leyes, cuando se impugna una disposición de observancia general con motivo de su primer acto de aplicación, es necesario que se demuestre fehacientemente que, en realidad, ese es el primer acto de aplicación en perjuicio de la parte inconforme y no el segundo o alguno ulterior, lo cual, sin duda, no puede derivar de las afirmaciones contenidas en la demanda, ni de los diversos escritos presentados en el juicio, sino en todo caso del contenido del supuesto acto de aplicación, con independencia de que éste emane de una autoridad, de un tercero que actúa en auxilio de la administración o del propio promovente del juicio. A ese respecto, cabe citarse la jurisprudencia 124, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2011, Novena Época, Tomo II, materia procesal-constitucional, página 3724, del siguiente tenor: LEYES, AMPARO CONTRA. EL CUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO POR IMPERATIVO LEGAL ES ACTO DE APLICACIÓN QUE PUEDE SERVIR DE BASE PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO DE IMPUGNACIÓN. Cuando del estudio del orden jurídico establecido deriva que la norma reclamada en el amparo debe ser cumplida imperativamente por el gobernado, porque de lo contrario se le impondrán sanciones o se tomarán en su contra medidas que le causen molestias, debe considerarse que el cumplimiento de dicha norma por el particular así constreñido, constituye también un acto de aplicación de la ley que puede servir de base para computar el plazo de impugnación constitucional sin necesidad de que exista un acto específico de aplicación emanado de autoridad, ya que para efectos de la procedencia del juicio de garantías, el perjuicio a la esfera jurídica del gobernado podrá surgir, tanto del acto estatal que lo coloca concretamente dentro de las hipótesis previstas por la ley, como de aquel acto por medio del cual él mismo se coloca en ellas, para evitar los efectos coercitivos correspondientes. Así, aun cuando la parte quejosa señaló en su escrito de demanda que el primer acto de aplicación de las normas atacadas se materializó con el acto de que se trata de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, lo cierto es que esto no es así, pues el cobro de esos tributos, conforme a lo acreditado por la responsable se realizó en veintiocho de enero de dos mil diecisiete. En tales condiciones, se actualiza la causal de improcedencia que se deduce de la interpretación de los artículos 61, fracción XXIII, y 107, fracción I, de la Ley de Amparo, porque el primer acto de aplicación que permite la impugnación de normas a través del juicio de amparo, es aquel en el que por primera vez se actualizaron las hipótesis jurídicas relativas, mas no el segundo o ulterior, tal como ocurrió en la especie, dado que no se trata de una norma declarada inconstitucional por jurisprudencia. Es apoyo de la anterior consideración, la tesis aislada VI/89, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Primera Parte, Enero-Junio de 1989, materias Constitucional y Común, página 162, del siguiente contenido: LEYES HETEROAPLICATIVAS, AMPARO CONTRA. PROCEDE CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. En el segundo supuesto que distingue la norma contenida en la fracción VII del artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, cabe establecer que no cualquier "acto posterior" de aplicación de la ley puede dar pauta para que el particular impugne su constitucionalidad, puesto que la citada disposición, interpretada en forma relacionada con lo que se prevé en los párrafos segundo y tercero de la fracción XII del mismo precepto, permite concluir que tal "acto posterior" de ejecución de la ley que se refiere sólo al primero y no al segundo o subsecuentes actos de aplicación. Un análisis congruente y sistemático de la indicada fracción XII lleva a sostener que dicha fracción está concebida de manera tal que cuando en juicio de amparo se impugna una ley con motivo de su aplicación concreta, es una exigencia ineludible que la acción constitucional que en contra de ella se ejercite, se haga precisamente, con motivo de su primer acto específico de individualización y no del segundo o ulteriores actos; tal exigencia, en efecto, no sólo deriva de lo dispuesto en su segundo párrafo, sino especialmente de lo que estatuye en el tercero, en el cual de un modo manifiesto se aprecia que las opciones que ahí se establecen para poder combatir la ley en juicio de garantías están referidas y parten del propio acto de aplicación de la ley, esto es el agraviado puede interponer amparo en contra de la ley al través de su primer acto de ejecución, o bien en contra de la resolución que recaiga al recurso o medio legal de defensa interpuesto en contra de dicho acto. La finalidad del sistema que adopta la Ley de Amparo en la disposición en cita radica, precisamente, en que la constitucionalidad de la ley se examine y juzgue una sola vez y no tantas veces como actos de aplicación que de dicha ley existan; esto, aparte de evitar la litispendencia y asegurar el respeto al principio de cosa juzgada asimismo, evita la contradicción de sentencia sobre el particular. Consecuentemente, si el particular promueve juicio constitucional reclamando una ley como heteroaplicativa, pero no con motivo de su primer acto de aplicación, sino del segundo o subsecuentes actos de ejecución, el juicio de amparo en tal hipótesis será improcedente. No es óbice a lo anterior que la parte quejosa acudió a demandar la protección constitucional contra las normas de que se habla, con motivo de la inclusión en la ley de ingresos del ejercicio fiscal dos mil dieciocho, como contribuciones accesorias; sin embargo, esa circunstancia no le otorga a la propia parte inconforme la oportunidad de controvertir, a través del presente juicio de amparo las contribuciones de que se trata, dado que, en primer término, no se impugnaron los decretos legislativos a través de los que fueron creadas las aludidas contribuciones y, en segundo lugar, porque para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, no existió un cambio o modificación en los elementos que las conforman en su integridad para efectos de su imposición y entero. En efecto, la posibilidad de impugnar las disposiciones que regulan el mecanismo de tributación del impuesto universitario y de la Cruz Roja Mexicana, tiene como presupuesto de procedencia que dichos numerales hayan sufrido alguna modificación o alteración en su contenido, aplicación y alcance por virtud de un nuevo acto legislativo. Esto es así, porque si bien la reforma a uno o más preceptos legales permite impugnar la constitucionalidad de éstos y la de los demás que directamente resulten afectados, también lo es que la posibilidad de hacer esa impugnación no es irrestricta, ya que es necesario que con el propio acto legislativo se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación esas otras disposiciones legales, de tal forma que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, pues de lo contrario existen limitaciones concretas acordes a los plazos previstos en la Ley de Amparo para controvertir una norma. Es aplicable en este aspecto, la jurisprudencia P./J. 114/99, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo X, de Noviembre de 1999, materia constitucional, página 18, del siguiente tenor: AMPARO CONTRA LEYES. LA REFORMA DE UN PRECEPTO NO PERMITE RECLAMAR TODA LA LEY, SINO SÓLO ESE PRECEPTO Y LOS ARTÍCULOS QUE RESULTEN DIRECTAMENTE AFECTADOS. La razón por la que se admite la procedencia del juicio de garantías en contra de una norma general que es reformada, es que de acuerdo con el artículo 72, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye un acto nuevo (principio de autoridad formal), por lo que, en principio, sólo respecto de ella se actualiza la procedencia del amparo y no en contra de los demás preceptos de una ley, los que deben estimarse ya consentidos por el gobernado si no los reclamó dentro de los plazos previstos por la Ley de Amparo. Por consiguiente, un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal, da derecho a impugnar, a través del juicio de amparo, el texto legal referido y, además, los preceptos que con el mismo acto se vean directamente afectados en cuanto a su sentido, alcance o aplicación, de tal modo que por su causa se varíe la situación que bajo ellos prevalecía, mas no aquellos que simplemente por pertenecer a una misma ley guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de la reforma y cuyas hipótesis de observancia o aplicación, por parte del receptor de la ley, no cambian. De esta guisa, resulta que no basta que se actualice la reforma o adición de un precepto de determinada ley, para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de ese dispositivo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, pues lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma legislativa, es la existencia del cambio formal, que desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo, sin perjuicio de que también puedan reclamarse aquellas disposiciones sobre las que repercuta directamente la reforma. Acorde con la jurisprudencia en cita, no basta que surja la reforma o la adición de un numeral de cierta ley para que puedan combatirse en la vía constitucional, además de dicho artículo, todos los demás de la ley relativa que guarden una relación ordinaria con el reformado, en virtud de la integración que debe tener cualquier sistema legal, porque lo que autoriza su impugnación constitucional, paralela a la reforma, es la existencia del cambio formal que, desde el punto de vista constitucional, lo convierte en un acto legislativo nuevo. Por tanto, si bien la reforma de una ley permite impugnar las disposiciones directamente modificadas y las demás con las que estén relacionadas, esa posibilidad de impugnación no es posible cuando las normas atacadas no fueron alteradas en su contenido y aplicación con el nuevo acto legislativo, dado que el nuevo acto legislativo otorga la facultad de controvertir las normas que fueron modificadas a través de él y las que guardan relación con éstas que hayan sido afectadas por virtud de la reforma, mas no genera la oportunidad de combatir aquellos dispositivos que simplemente por pertenecer a una ley, guardan una relación ordinaria y común con el que fue materia de modificación y cuyas hipótesis legales de observancia o aplicación no cambian por parte del receptor de la ley. Ahora, en el caso, el solicitante del amparo acudió a demandar la protección constitucional sólo contra el Decreto Legislativo LXV/APLIE/0666/2017 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, en relación con las contribuciones del impuesto universitario y de la Cruz Roja Mexicana para tal ejercicio, por la mera circunstancia de incluirse en el catálogo de impuestos y tributos a recaudar por la hacienda pública. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en este caso los distintos aspectos jurídicos contenidos en las normas de que se trata, en sí, no se vieron modificados con la emisión de ese decreto, que es con el que la parte quejosa se vale para la impugnación de las disposiciones de que se trata, debido a que no se advierte una alteración en el texto de esos numerales en cuanto a su contenido y alcance; máxime que las normas jurídicas que prevén la existencia de esos tributos no fue impugnada por el quejoso. Incluso, esta falta de alteración y modificación del impuesto universitario y de la Cruz Roja Mexicana, incluyéndose su texto, contenido y alcance jurídico, queda más evidente sobre todo si se toma en cuenta que la última reforma y modificación de que fueron objeto ocurrió, al menos, desde el 2002, en particular, por decreto 171/2001, publicado en el periódico oficial local el veinticinco de mayo de dos mil dos, a partir de lo cual tales contribuciones, indudablemente, no han sufrido una reforma, modificación o alteración en torno a su contenido y alcance, ni alrededor de sus elementos contributivos. Con esto es evidente que la ley de ingresos que nos ocupa, de ninguna manera repercutió en los diferentes aspectos legales y tributarios que caracterizan al impuesto universitario y al de la Cruz Roja, pues permanecen incólumes ante la existencia de tal legislación, por lo menos, a partir de la última de las reformas de que fue objeto el sistema de esas contribuciones que, se itera, ocurrió desde el decreto 171/2001, publicado en el periódico oficial el veinticinco de mayo de dos mil dos. No se soslaya que en la ley de ingresos se incursionó el impuesto universitario y el de la Cruz Roja Mexicana como medios de obtención de ingresos en la vía tributaria; sin embargo, su sola inclusión no basta para otorgar a la parte quejosa una nueva posibilidad de atacar, en esta vía, las normas jurídicas vinculadas con el tributo para los efectos de su conformación y entero. Esto es así, porque una ley de ingresos no tiene el alcance pretendido por la parte inconforme, dado que éstas tienen un carácter legislativo, desde el punto de vista material, que anualmente deben discutirse y aprobarse para establecer las contribuciones que son indispensables para cubrir el presupuesto del año fiscal de que se trate; sin embargo, la forma en que se decretan las contribuciones es haciendo en la ley de ingresos una enumeración de los diversos tributos o contribuciones que deben cubrirse durante el año, sin especificar, salvo casos excepcionales, cuotas ni maneras de constitución del tributo, debido a que sólo se establecen que las contribuciones se causarán y recaudarán conforme a las leyes en vigor. En tal virtud, tratándose específicamente de impuestos hay dos clases de disposiciones: las que fijan el monto del impuesto, los sujetos y formas de causarse y recaudarse, y aquellas otras que enumeran anualmente cuáles impuestos deben causarse, de modo que la ley general que anualmente se expide con el nombre de ley de ingresos, no contiene por regla general sino un catálogo de los impuestos que han de cobrarse en un año fiscal, pero que condicionan la aplicación de las leyes especiales que regulan los propios impuestos y que no se reexpiden cada año cuando la ley especial conserva el propio concepto del impuesto, de tal suerte que no podrá aplicarse a los sujetos pasivos si no está previsto en la ley de ingresos respectiva. Por tanto, por su naturaleza jurídica, las leyes de ingresos no son más que un catálogo de gravámenes tributarios que prevé y enumera las fuentes contributivas indispensables para cubrir el presupuesto, derivadas del deber correlativo de los mexicanos de contribuir a los gastos públicos del modo proporcional y equitativo que dispongan las leyes, en tanto que el quantum y los demás aspectos de esos tributos establecidos en las leyes de ingresos se fijan en las leyes específicas. Sobre el particular, cobra aplicación la tesis aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XXIX, Primera Parte, materia administrativa, página 158, del siguiente tenor: IMPUESTOS, CARÁCTER DE LAS LEYES SOBRE. Aun cuando las leyes de ingresos tanto de la Federación como de los Estados y de los Municipios, deben ser aprobadas anualmente por el Congreso de la Unión o las Legislaturas Locales, esto no significa que las contribuciones establecidas en las leyes fiscales relativas, tengan vigencia anual, ya que las leyes de ingresos no constituyen sino un catálogo de gravámenes tributarios, que condicionan la aplicación de las disposiciones impositivas de carácter especial, pero que no renuevan la vigencia de estas últimas, que deben estimarse en vigor desde su promulgación, en forma ininterrumpida, hasta que son derogadas. Desde esta perspectiva, es inconcuso que, para efectos de su conformación y entero, el impuesto universitario y el de la Cruz Roja Mexicana se aplica a los contribuyentes con ese deber fiscal en el ejercicio dos mil dieciocho, justamente, al estar enumerados en la ley de ingresos correspondiente; no obstante, ello no tiene el alcance que pretende la parte quejosa, esto es, darle nuevamente el derecho de combatir en esta vía las normas que regulan el impuesto de que se trata, porque dicha ley de ingresos sólo incluyó al impuesto y accesorios como parte de los gravámenes tributarios para el propio ejercicio fiscal, sin variar o modificar algún elemento esencial o accesorio del tributo, alterar su contenido o su alcance, por lo cual el juicio de amparo deviene improcedente. Finalmente, sólo resta precisar que la ley de ingresos inmersa en el decreto que nos ocupa, aunque es un nuevo acto legislativo no es el que renovó la vigencia de las leyes que prevén y regulan el impuesto universitario y la contribución de la Cruz Roja Mexicana para efectos de su conformación y entero; esto es así, dado que la vigencia de tales contribuciones se encuentra definida en los decretos que las conformaron y en las leyes especiales de la materia, a las que en todo momento debe preferirse, justamente, debido a que son las leyes especiales las que rigen la vigencia de las normas tributarias y no las leyes de ingresos; de ahí que la mera inclusión en la ley de ingresos de los impuestos impugnados es insuficiente para otorgar a la parte quejosa una nueva posibilidad de atacar, en esta vía, las normas relacionadas con tal tributo para efectos de su conformación y entero. Es aplicable, por las razones que informa, la jurisprudencia 2a./J. 158/2013 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 2, de Enero de 2014, Tomo II, materia común, página 1401, del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CUANDO SE IMPUGNA LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY DE INGRESOS MUNICIPAL CUYA VIGENCIA SE PRORROGÓ POR MANDATO DE LEY A EJERCICIOS POSTERIORES, CON MOTIVO DEL PAGO DE DERECHOS POR SERVICIO DE ALUMBRADO PÚBLICO, QUE PREVIAMENTE SE HUBIERE CONSENTIDO POR FALTA DE IMPUGNACIÓN. Cuando se reclama la inconstitucionalidad de una ley heteroaplicativa con motivo de un acto de aplicación diverso al primero que afectó al gobernado, debe entenderse que éste la consintió, al tratarse de la misma legislación y, por ende, respecto del juicio de amparo indirecto que se promueva, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013. En mérito de lo anterior, no puede reclamarse la inconstitucionalidad de una ley de ingresos municipal cuya vigencia se extendió por mandato de ley a ejercicios fiscales posteriores -en razón de la falta de expedición de la ley correspondiente-, con motivo del pago del derecho por servicio de alumbrado público, efectuado durante los ejercicios fiscales en que se prolongó su vigencia, si en ejercicios anteriores se aplicó al gobernado sin que la hubiera impugnado en su oportunidad. Ello es así, ya que la ley de ingresos cuya vigencia se amplió no constituye un nuevo acto legislativo, pues no la abrogó otra dictada conforme al procedimiento y a las formalidades que dieron nacimiento a aquélla. De la misma manera resulta aplicable, la tesis aislada del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen XXV, Primera Parte, materia administrativa, página 119, del siguiente contenido: IMPUESTOS MUNICIPALES. CARÁCTER DE LAS LEYES DE (LEGISLACIÓN DE CHIHUAHUA). Si bien es cierto que las leyes de ingresos municipales deben ser aprobados anualmente por el Congreso Local (artículo 133 y 64, fracción VIII, de la Constitución del Estado), también lo es que dichas leyes no constituyen sino un catálogo de gravámenes tributarios, que condiciona la aplicación de las disposiciones impositivas de carácter especial, pero que renueva la vigencia de las mismas, las que deben estimarse en vigor desde su promulgación, en forma ininterrumpida, hasta que son derogadas. En las relacionadas condiciones, al quedar actualizada la causal de improcedencia que se deduce de la interpretación de los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción I, aplicado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se impone sobreseer en el presente juicio respecto de los artículos Primero, apartado 1 impuestos, numerales 1.8 y 1.8.2, relativo al impuesto universitario del 4% para UACH y UACJ y Primero, apartado 1 impuestos, numerales 1.8, 1.8.1 Contribuciones Extraordinarias y 1.8.1., relativo a las contribuciones para la Cruz Roja Mexicana, del Decreto Legislativo LXV/APLIE/0666/2017 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 158/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, de Enero de 2003, materia administrativa, página 219, del siguiente contenido: ALUMBRADO PÚBLICO PARA EL MUNICIPIO DE LEÓN, GUANAJUATO. EL AMPARO SÓLO ES PROCEDENTE EN CONTRA DE LA LEY DE INGRESOS QUE ANUALMENTE FIJA LA TASA, SI NO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA LEY DE HACIENDA PARA LOS MUNICIPIOS DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA QUE CON ANTERIORIDAD YA HABÍA ESTABLECIDO LOS DEMÁS ELEMENTOS DEL TRIBUTO. La citada Ley de Hacienda publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado con fecha veintiséis de diciembre de mil novecientos ochenta y nueve establece, en sus artículos 245, 246 y 247, estos dos últimos reformados en mil novecientos noventa y siete, la contribución por servicio de alumbrado público, pero de los elementos esenciales del tributo sólo fija los sujetos, el objeto, la base y la época de pago, mientras que para las tasas, que es el otro elemento esencial, remite a la Ley de Ingresos para los Municipios del Estado de Guanajuato que, como es obvio, sólo tiene vigencia anual. Por tanto, para decidir sobre la procedencia del juicio de amparo en contra de tal tributo, debe tomarse en consideración que si no se demandó oportunamente la inconstitucionalidad de la mencionada Ley de Hacienda en relación con la contribución de mérito, dicha Ley debe tenerse tácitamente consentida y sobreseerse al respecto, pero no cabe la misma determinación, en vía de consecuencia, respecto de la impugnación de la tasa establecida en la Ley de Ingresos, pues al ser ésta un nuevo acto legislativo cada año, es evidente que con motivo de su entrada en vigor o de su primer acto de aplicación, se dé la oportunidad de promover la acción de amparo en su contra, atendiendo a la novedad formal de la norma respectiva, pues aunque se reitere la tasa, ya es otra disposición. La oportunidad de la demanda de garantías en contra de ambas Leyes, por tanto, debe examinarse por separado. De la misma forma, es ilustrativa, la jurisprudencia 2a./J. 103/2015 (10a.), aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 22, de Septiembre de 2015, Tomo I, materia común, página 684, del rubro y texto siguientes: TASA O TARIFA DE UN IMPUESTO. SU MODIFICACIÓN PUEDE IMPUGNARSE EN AMPARO, SIN QUE ELLO DÉ LUGAR A RECLAMAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL RESTO DE LOS ELEMENTOS DE AQUEL QUE HUBIERAN SIDO CONSENTIDOS. La modificación a la tasa o tarifa de un impuesto constituye un acto legislativo nuevo, sólo en cuanto a la transformación de la cuantía de dicho elemento esencial; y, en ese sentido, la hipótesis consistente en la decisión del legislador de modificar su importe puede impugnarse mediante el juicio de amparo, sin que ello otorgue a los gobernados la posibilidad de reclamar en la vía constitucional los dispositivos legales que prevén los demás elementos esenciales del impuesto de que se trata que hubieran sido consentidos; salvo que la modificación de dicha tasa o tarifa hubiere repercutido directamente sobre algún otro elemento esencial del propio impuesto. Finalmente, dado el sentido del presente fallo, no se puede abordar el examen de los conceptos de violación que haya expuesto la parte quejosa, relacionados con los artículos por los que se decretó el sobreseimiento, acorde a lo establecido en la jurisprudencia, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 49, Tomo 24, Tercera Parte, materia común, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. SEXTO. Desestimación de las causas de improcedencia invocadas. En otro contexto, en el presente considerando se realizará el análisis de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables que, a juicio de quien resuelve, resultan infundadas. Consentimiento tácito de las normas generales reclamadas Las autoridades responsables, Gobernador del Estado, Secretario General de Gobierno como autoridad encargada del Periódico Oficial del Estado, el Congreso del Estado, el Secretario de Hacienda, así como el Recaudador de Rentas en Ciudad Juárez, todas ellas del Gobierno del Estado de Chihuahua, adujeron que el presente juicio resulta improcedente, porque la demanda se promovió fuera de los plazos que para tal efecto prevé la Ley de Amparo. La causa de improcedencia alegada resulta infundada. Con el propósito de evidenciar este aserto, conviene señalar que el precepto en que se apoyan los argumentos de las Responsables es del siguiente tenor: 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento; [.] La aludida porción normativa estatuye, en lo conducente, que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales consentidas tácitamente, esto es, contra las que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos por la propia Ley; asimismo, señala que no se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Al respecto, conviene apuntar que esa causa de improcedencia se refiere expresamente al consentimiento tácito de los actos reclamados y a los diversos momentos en que pueden impugnarse de manera destacada para no tener tal carácter En el caso, el veintidós de febrero de dos mil dieciocho, se recibió en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, la demanda promovida por *******, contra actos del Congreso del Estado de Chihuahua y otras autoridades, de quienes reclamó, en la esfera de sus respectivas competencias, el proceso legislativo por el que se emitió el Decreto Legislativo LXV/APLIE/0666/2017 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, en el capítulo correspondiente a la tarifa para el cobro de derechos para el ejercicio fiscal 2018, específicamente en los que prevén el cobro del derecho de control vehicular, que consideró se encontraba regulado en sus artículos Primero y Noveno, aparatado IX, numerales 7 y 10, los cuales estatuyen: LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 ARTÍCULO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2018, la Hacienda Pública Estatal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, expresadas en pesos, que a continuación se enumeran: [.] DERECHOS Los ingresos que se perciban como contraprestación por los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establece la tarifa anexa, expedida conforme a los artículos del 308 y 308A del Código Fiscal del Estado de Chihuahua ARTÍCULO NOVENO.- Los derechos que se causen por la prestación de los servicios que realice la Dirección de la División de la Policía Vial por concepto de Derecho de Control Vehicular deberán pagarse dentro de los primeros tres meses del año 2018. Se autoriza a la Secretaría de Hacienda para que otorgue a los contribuyentes que realicen el pago en los términos establecidos en el párrafo anterior y que estén al corriente en el pago del Impuesto Sobre Tenencia o Uso de Vehículos, en Derecho de Control Vehicular e infracciones impuestas por las autoridades de tránsito, y que cuenten con licencia de conducir vigente; los estímulos fiscales sobre los derechos establecidos en el Apartado IX, numeral 7 de la Tarifa de Derechos anexa a esta Ley, consistentes en la aplicación de las cantidades que a continuación se señalan, respectivamente: a) En el mes de enero un estímulo de $730.77 b) En el mes de febrero un estímulo de $634.62 c) En el mes de marzo un estímulo de $538.46 Los contribuyentes que no cumplan con los requisitos del presente artículo deberán pagar el costo de los derechos respectivos que establece la Tarifa para el Cobro de Derechos que forma parte integrante de la presente Ley. TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018 La presente Tarifa está expresada con base en lo señalado en cada uno de los rubros que la integran y expedida con fundamento en el Artículo 64 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los Artículos 12, 27, 30 y 31 segundo párrafo, 308 y 308-A, todos del Código Fiscal del Estado y demás leyes fiscales en vigor, para el cobro de los derechos que debe percibir la Hacienda Pública Estatal por los servicios públicos que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado a los usuarios de los mismos. Las cifras señaladas en la presente Tarifa se expresan en pesos. [.] 7 Derecho de Control vehicular. 1,700.00 [.] 10 Expedición de tarjeta de circulación. 150.00 [.] Las normas en cita prevén el pago de las contribuciones que el gobernado debe erogar por concepto de derecho de control vehicular y expedición de tarjeta circulación, e imponen la obligación de efectuar el pago de acuerdo con las cuotas que fija la propia la Ley de ingresos. Las leyes de ingresos en el Sistema Jurídico Mexicano tienen vigencia anual, para un ejercicio fiscal, en la especie, para el periodo del uno de enero al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. Conforme al principio de anualidad de las leyes de ingresos, las disposiciones previstas en esas normas tienen como característica esencial una periodicidad de un año para la recaudación de las contribuciones que establecen y, a partir de ello, año con año se emiten las leyes de ingresos correspondientes a efecto de realizar el cobro del catálogo de tributos que en éstas se prevén para cada ejercicio fiscal; por regla general, previo al inicio de cada anualidad se aprueba la ley de ingresos respectiva y la nueva normativa regirá para el ejercicio fiscal que inicia el año siguiente y a virtud de ello, el Estado podrá recaudar los ingresos previstos durante ese periodo, estableciendo con ello el ámbito temporal de validez de la norma tributaria. En la especie, no puede considerarse que el quejoso consintió la aplicación de las normas que tildó de inconstitucionales, como sostienen las autoridades responsables. En efecto, el Secretario de Hacienda y el Recaudador de Rentas de Ciudad Juárez, ambas del Gobierno del Estado de Chihuahua, exhibieron copia certificada de la consulta de operaciones del sistema electrónico de ingresos del Gobierno del Estado de Chihuahua, del que se advierte que la Jefa del Departamento de Padrón y Control de Obligaciones de la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua certificó que el veintiocho de enero de dos mil diecisiete, ******* (quejoso) realizó el pago de los derechos de control vehicular para el ejercicio fiscal dos mil diecisiete. No obstante, no debe perderse de vista que lo que aquí reclamó el quejoso es el Decreto Legislativo LXV/APLIE/0666/2017 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, en lo relativo al cobro del derecho de control vehicular, cuya tarifa, como elemento esencial del tributo, se contempla en la legislación de ingresos y, por tanto, da la oportunidad al contribuyente de impugnar anualmente el sistema tributario que la contempla, a diferencia de lo que sucede respecto de las contribuciones adicionales mencionadas en el considerando quinto de esta sentencia. Luego, si se considera que el quejoso realizó el pago del derecho de control vehicular y expedición de tarjeta de circulación el treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, el plazo de quince días a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo comenzó a computarse el jueves uno de febrero y concluyó el jueves veintidós del mismo mes, sin incluir dentro de ese periodo los días tres, cuatro. Cinco, diez, once, diecisiete y dieciocho del citado mes, por ser inhábiles. Luego, si la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, precisamente el veintidós de febrero del actual, es evidente que se formuló de manera oportuna; de ahí que sea infundada la causa de improcedencia que invocaron las autoridades responsables. Actos que no fueron acatados por vicios propios En otro contexto, el Secretario General de Gobierno como autoridad encargada del Periódico Oficial del Estado aduce que el presente juicio resulta improcedente, porque la parte quejosa no reclamó la publicación de las normas generales por vicios propios y, por ende, no se le debe considerar como autoridad responsable. La causa de improcedencia alegada resulta infundada. Con el propósito de evidenciar la anterior afirmación, es necesario preciar que el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo estatuye: 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.] De conformidad con el citado precepto, cuando se impugnan normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación; pero, tratándose de la publicación del decreto respectivo, el solicitante del amparo deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. En el caso, del análisis integral de la demanda de amparo se deduce que el solicitante del amparo sí combate por vicios propios la publicación de las normas reclamadas y no sólo por formar parte del proceso de formación de leyes, ya que al respecto vertió diversos conceptos de violación en los que controvierte la legalidad de la publicación respectiva. Por tanto, no se actualiza la causal de improcedencia de que se trata, porque contra lo aseverado por las responsables, el quejoso sí ataca, por vicios propios, la publicación de las normas generales que nos ocupan; de ahí que no opera la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 108, fracción III, de tal ordenamiento legal. En las relacionadas condiciones, al no existir diversa causa de improcedencia alegada por las partes o que este Juzgador advierta oficiosamente, se emprenderá el análisis de los conceptos de violación expresados por el quejoso. SÉPTIMO. Examen constitucional de las normas reclamadas. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa son inatendibles, inoperantes e infundados y, por razón de método, su análisis se realizará en orden diverso al propuesto en la demanda. Conceptos de violación que impugnan las contribuciones adicionales (impuesto universitario y aportación para la Cruz Roja Mexicana) En los conceptos de violación segundo y tercero, el quejoso controvierte la constitucionalidad de las contribuciones adicionales al derecho de control vehicular que pagó, en la especie, los que denomina como: impuesto universitario del 4% para la UACJ y la UACH y Contribución para la Cruz Roja Mexicana, que cobra la Hacienda Pública Estatal, al considerar que son contrarios a la garantía de proporcionalidad y equidad tributaria, que prevé el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal. Los argumentos que se expresan en el esos conceptos de violación son inatendibles. Se afirma lo anterior, porque este juzgado se encuentra impedido para estudiar los argumentos tendentes a demostrar la violación de los derechos humanos alegada por el quejoso respecto de contribuciones adicionales al derecho de control vehicular que pagó (impuesto universitario del 4% para la UACJ y la UACH y Contribución para la Cruz Roja Mexicana), pues el análisis de lo planteado se refiere a un problema de fondo; sin embargo, en el considerando quinto de esta sentencia, se decretó el sobreseimiento en el juicio respecto de tales actos; de ahí que resulten inatendibles. Sustenta la conclusión anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de aplicación analógica, publicada en la página 335, del tomo VI, parte Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1995, séptima época, del siguiente tenor: SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Análisis del concepto de violación que controvierte la fundamentación y motivación de la publicación de la Ley de Ingresos impugnada En parte del concepto de violación que el quejoso titula como quinto, se aduce que el Decreto LXV/APLlE/0666/2017 I P.O. mediante el cual se expidió la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, es inconstitucional por vicios propios dado que el Congreso del Estado de Chihuahua al refrendar y publicar dicho decreto omitió fundarlos y motivarlos, al igual que la publicación realizada por el Jefe de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua. Lo alegado es inoperante. De conformidad con lo estipulado en el artículo 103, fracción I, de la Constitución General de la República, cuyo texto reprodujo el numeral 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo las normas generales pueden combatirse por violación a cualquiera de las prerrogativas establecidas en el Pacto Federal, aquellas que deriven del proceso legislativo o las contenidas en los derechos humanos, incluidas las de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, competencia, audiencia, entre otras. En ese tenor, para abordar el análisis de la inconstitucionalidad de una ley, derivada de la contradicción de la ley impugnada con otra norma general o ley secundaria, o de un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal que se convierte en uno nuevo, es menester que en los conceptos de violación se precisen los derechos fundamentales que se estimen violados, y que se demuestre que la norma aplicada en perjuicio del quejoso y reformada mediante el proceso legislativo, es la que viola el orden constitucional. En efecto, dada la validez formal y material de las leyes expedidas por el Congreso Estatal, el estudio constitucional precisa de razonamientos jurídicos con los que se ataque que el proceso de reforma que produjo la vigencia del nuevo precepto de la norma ordinaria produjo efectos en menoscabo de la esfera jurídica del gobernado, de forma concreta y específica, y no a través de meras afirmaciones sin fundamento o carentes de sustento. En esa medida, el requisito para abordar el examen relativo a la falta de fundamentación y motivación de los actos realizados en el proceso legislativo que antecede a la entrada en vigor de una ley, no se colma con la exposición vaga e imprecisa de argumentos que no explican el porqué de lo inconstitucional de los actos controvertidos. Lo anterior es así, porque los actos de autoridad están investidos de una presunción de validez que, cuando son impugnados, necesariamente debe ser destruida. Por tanto, cuando lo expuesto por la parte quejosa es ambiguo y superficial, en tanto que no se señala ni concreta algún razonamiento capaz de ser analizado, lo alegado se torna inoperante, en cuanto no logra construir y proponer una efectiva causa de pedir. En el caso, en el concepto de violación que se analiza, el quejoso se concreta a señalar lo que, desde el cúmulo de criterios que transcribe, debe entenderse por fundamentación y motivación, para referir que el Congreso del Estado de Chihuahua, al refrendar y publicar (sic) las normas generales impugnadas omitió fundar y motivar su actuación; asimismo, agregó que la publicación realizada por el Jefe de Talleres Gráficos del Estado de Chihuahua también adolece de los mismos vicios. Con esas llanas expresiones, el quejoso eludió referirse al fundamento, razones decisorias o argumentos y al porqué de su reclamación, porque no expone las razones concretas por las que considera que la actuación de las autoridades responsables presenta vicios de fundamentación y motivación. En esos términos, el quejoso no justificó la razón de su dicho ni controvirtió de manera frontal y eficaz la actuación de las autoridades responsables, dado que sus manifestaciones se refieren a aspectos generales y abstractos, que sólo constituyen locuciones vagas e imprecisas, con los que no controvierte de forma concreta la promulgación y publicación de la ley relativa y sí, por el contrario, contienen visos de generalidad que no pueden ser analizados por este Órgano; de ahí que lo alegado sea inoperante. Apoya esta consideración, la jurisprudencia 8, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación (actualización 2002), novena época, tomo VI, materia común, página 12, del siguiente tenor: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO. El hecho de que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación haya establecido en su jurisprudencia que para que proceda el estudio de los conceptos de violación o de los agravios, basta con que en ellos se exprese la causa de pedir, obedece a la necesidad de precisar que aquéllos no necesariamente deben plantearse a manera de silogismo jurídico, o bien, bajo cierta redacción sacramental, pero ello de manera alguna implica que los quejosos o recurrentes se limiten a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues es obvio que a ellos corresponde (salvo en los supuestos legales de suplencia de la queja) exponer razonadamente el porqué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren. Lo anterior se corrobora con el criterio sustentado por este Alto Tribunal en el sentido de que resultan inoperantes aquellos argumentos que no atacan los fundamentos del acto o resolución que con ellos pretende combatirse. Asimismo, resulta aplicable la tesis I.13o.T.2 K, aprobada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, de Septiembre de 2003, materia común, página 1402, del siguiente tenor: LEYES O ACTOS DEL PROCESO LEGISLATIVO. EL ESTUDIO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD REQUIERE QUE EN LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN SE ESTABLEZCA CON PRECISIÓN LA VINCULACIÓN ENTRE LOS ACTOS LEGISLATIVOS O TEXTOS LEGALES CON LA VIOLACIÓN AL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, DE LO CONTRARIO RESULTAN INOPERANTES. Conforme a lo estipulado en el artículo 103, fracción I, de la Constitución General de la República, cuyo texto reprodujo el numeral 1o., fracción I, de la Ley de Amparo, en el juicio de garantías las normas generales pueden combatirse por violación a cualquiera de las prerrogativas establecidas en el Pacto Federal; las derivadas del proceso legislativo o las contenidas en las garantías individuales, incluidas las de legalidad, seguridad jurídica, fundamentación y motivación, competencia, audiencia, entre otras. En ese tenor y conforme al artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para abordar el análisis de la inconstitucionalidad de una ley derivada de la contradicción de la ley impugnada con otra norma general o ley secundaria, o de un acto legislativo que reforma o modifica un texto legal que se convierte en uno nuevo, es menester que en los conceptos de violación se precisen los derechos fundamentales que se estimen violados, y que se demuestre que la norma aplicada en perjuicio del quejoso y reformada mediante el proceso legislativo, es la que viola el orden constitucional; es decir, el estudio constitucional precisa de razonamientos jurídicos con los que se ataque que el proceso de reforma que produjo la vigencia del nuevo precepto de la norma ordinaria produjo efectos en menoscabo de la esfera jurídica del gobernado; de ahí que este requisito no se colma con la exposición vaga e imprecisa de argumentos que no explican el porqué de lo inconstitucional de los actos concretos de aplicación, por lo que los conceptos de violación expuestos en ese sentido resultan inoperantes, pues impiden establecer la vinculación necesaria entre los actos legislativos o textos legales, con la violación al derecho público subjetivo del que es titular el gobernado. Conceptos de violación que controvierten la falta de constancia de las votaciones que se llevaron a cabo para aprobar la Ley de Ingresos impugnada En diverso apartado del concepto de violación que el quejoso enumera como quinto, se sostiene que la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua es inconstitucional, porque le falta el requisito esencial consistente en la constancia de las votaciones de los integrantes del Congreso que aprobaron la formación de las leyes y el decreto impugnado de conformidad con lo establecido por los artículos 69 y 77 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, lo que constituye un vicio propio del proceso legislativo, que al no haber sido observado vulneró su derecho humano a la seguridad jurídica, al considerar que no tiene certeza de que sea haya llevado a cabo un procedimiento legislativo válido, por la omisión de las votaciones del Congreso que aprobaron dicha reforma. El reseñado concepto de violación es infundado. Para evidenciar la anterior afirmación, conviene precisar que en la página electrónica oficial del Congreso de Estado de Chihuahua, bajo el link: (http://www.congresochihuahua.gob.mx/biblioteca/debates/acta.php?iddebate=3081), dicho organismo tiene para consulta pública el acta de la sesión de veintiuno de diciembre de dos mil diecisiete, en la que se aprobó la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, de la que se advierte, lo siguiente: Acta de la Sesión 21 de diciembre de 2017 LXV - II Año - I PO ACTA NÚMERO 138 Sesión Ordinaria del Primer Período Ordinario de la Sexagésima Quinta Legislatura, dentro del segundo año de ejercicio constitucional, celebrada en el Recinto Oficial del Poder Legislativo y, posteriormente, en el Salón Sinforosa del Hotel Radisson Casa Grande, de la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, declarado Recinto Oficial del Poder Legislativo, el día 21 de diciembre del año 2017. Presidenta: Diputada Diana Karina Velázquez Ramírez. Primera Secretaria: Diputada Carmen Rocío González Alonso. Segunda Secretaria: Diputada María Antonieta Mendoza Mendoza. Siendo las siete horas con nueve minutos del día de la fecha, la Presidenta dio por iniciada la sesión. Acto continuo, informa a las y los legisladores que se abre el sistema electrónico de asistencia, en el entendido de que se procederá con el desahogo de los trabajos de la sesión. En seguida, la Presidenta da a conocer a las y los legisladores el orden del día bajo el cual habrá de desarrollarse la sesión: I. Lista de presentes. II. Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión celebrada el día 19 de diciembre del año en curso. III. Correspondencia recibida. IV. Turnos de las iniciativas y demás documentos. V. Lectura, discusión y aprobación, en su caso, de los dictámenes que presentan las comisiones: 1. De Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. [.] Para continuar con el desahogo de la sesión, y con el objeto de verificar la existencia del quórum, la Segunda Secretaria, por instrucción de la Presidenta, informa que se encuentran presentes 28 diputados. Se incorporan durante el transcurso de la sesión las y los legisladores: Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Adriana Fuentes Téllez (P.R.I.), Gabriel Ángel García Cantú (P.A.N.), Pedro Torres Estrada (MORENA) y Crystal Tovar Aragón (P.R.D.). La Presidenta declara la existencia del quórum reglamentario, y manifiesta que todos los acuerdos que se tomen tendrán plena validez legal. En seguida, somete a la consideración del Pleno el contenido del orden del día, el cual resultó aprobado por unanimidad al registrarse: 23 votos a favor [.] 10 no registrados [.]. Al iniciar con la lectura un grupo de personas interrumpen la sesión, por lo que siendo las siete horas con dieciséis minutos, la Presidenta declara un receso. Por decisión de la Presidenta, las y los integrantes del Pleno se trasladan a la Sala Morelos, con el propósito de continuar con la sesión. Inicia diciendo que en razón de la falta de seguridad del Recinto Legislativo, se hace necesario proseguir la sesión en esta sede alterna; sin embargo, las citadas personas que ya habían interrumpido la sesión tratan de introducirse, por la fuerza, a la referida Sala, por lo que la Presidenta decide no seguir con la sesión. Siendo las ocho horas con treinta y cuatro minutos, encontrándose instalados en el Salón Sinforosa del Hotel Radisson Casa Grande y a ser visible el quórum se reanuda la sesión. La Presidenta comunica al Pleno que la Mesa Directiva de este Honorable Congreso del Estado, en los términos de los artículos 7, 67, 75, fracción XXII de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 3 y 4 del Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, ambos ordenamientos jurídicos del Estado de Chihuahua, está facultada para habilitar un Recinto distinto al oficial por causas de fuerza mayor, caso fortuito o cuando así fuese necesario. Es el caso, que al no ser posible llevar a cabo la sesión programada para este día 21 de diciembre, en el Recinto Oficial, garantizar la seguridad de las y los integrantes de la Legislatura y con el propósito de continuar desarrollando sus trabajos, pues los asuntos a desahogar son de fundamental importancia, ya que se atenderá lo relativo a los ingresos y egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2018 y la toma de protesta de las y los ciudadanos electos como magistrados de diversas salas del Poder Judicial, se acreditan las causas de fuerza mayor a que se refiere la normatividad que regula las actividades de este Poder Legislativo. Acto continuo, somete a la consideración del Pleno el proyecto de decreto, por medio del cual se declara Recinto Oficial el Salón Sinforosa del Hotel Radisson Casa Grande, con dirección en la Avenida Tecnológico No. 4702 de la Colonia Granjas de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua, el cual resulta aprobado por mayoría al manifestarse: 30 votos a favor [.] 2 votos en contra [.] 1 (uno) no registrado. Por lo tanto, la Presidenta declara Recinto Oficial del Poder Legislativo el Salón Sinforosa del Hotel Radisson Casa Grande, de esta ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Para continuar con el punto relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra en el siguiente orden: 1.- A la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, para presentar: A) En voz de la Diputada Adriana Fuentes Téllez (P.R.I.), dictamen con carácter de decreto por medio del cual se reforma, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Fiscal del Estado de Chihuahua. Al someterse a la consideración del Pleno el dictamen anteriormente leído resulta aprobado al registrarse: 30 votos a favor, [.] 2 votos en contra [.] 1 (uno) no registrado de la Diputada Nadia Xóchitl Siqueiros Loera (P.A.N.). B) En voz del Diputado Miguel Alberto Vallejo Lozano (M.C.), dictamen con carácter de decreto por el que expide la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal del año 2018. En este punto, se concede el uso de la palabra: - A la Diputada Adriana Fuentes Téllez (P.R.I.), quien presenta un posicionamiento Quien presenta un posicionamiento en el cual señala que en la aprobación de la Ley de Ingresos para el 2017, la administración estatal incluyó un incremento considerable en el pago del derecho vehicular, pago por las tarjetas de circulación, incremento indebido en las infracciones de tránsito, aduciendo que dichas medidas era necesaria por la grave situación económica por la que atravesaban las finanzas públicas de gobierno del Estado; implicando esto una carga para los habitantes del Estado de Chihuahua. Menciona que esta contingencia económica ha sido superada, ya que en el año 2017 se logró una recaudación extraordinaria de 1,700 millones de pesos, por lo que propone que se amplíe el pago del estímulo en pagos de derecho de control vehicular. - Al Diputado Hever Quezada Flores (P.V.E.M.) para, a nombre del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, adherirse al posicionamiento presentado. - A la Diputada Leticia Ortega Máynez (MORENA), quien manifiesta que la Fracción Parlamentaria a la cual pertenece le apostó al trabajo legislativo, a participar en la discusión, a plantear nuestros puntos de vista, a estudiar de manera precisa las iniciativas en cada una de las comisiones en las que participa; así como a proponer y contribuir a un mejor gobierno; señalando así mismo, que no se está cumpliendo con el proceso legislativo ya que los dictámenes son enviados un día antes y muy tarde, cuando ya es prácticamente imposible revisar a profundidad estos proyectos. Menciona que la actual administración ha criticado al gobierno anterior por la manera irregular y poco eficiente en que operó la captación de ingresos, porque basó su operatividad financiara en un sobre endeudamiento de las finanzas estatales en condiciones poco favorables para la Entidad; sin embargo, señala que este gobierno ha estado actuando igual que los anteriores y el proyecto de Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2018, está basado en un incremento a impuestos y derechos, afectando con ello a los ciudadanos, quienes deberán pagar en 2018 impuestos nuevos como impuesto a las erogaciones que se realicen por juegos con apuestas y el impuesto a los ingresos percibidos por la organización de juegos con apuestas y sorteos. Indica que anteriormente se había solicitado que en este año 2018 se disminuyera el costo de la revalidación vehicular, cosa que no se hizo; menciona además su desacuerdo en materia de orientación de gasto público, así como de la incrementación de impuestos, lo cual solo agrava la economía popular. Por lo tanto, informa que la Fracción Parlamentaria de MORENA votará en contra del proyecto de Ley de Ingresos, así como del Proyecto de Presupuesto de Egresos que presenta Gobierno del Estado. La Segunda Secretaria, a petición de la Presidenta, informa que por tratarse de un dictamen mediante el cual se crea un ordenamiento jurídico se requiere la votación tanto en lo general como en lo particular, por lo que al someterse a la consideración del Pleno el dictamen anteriormente leído, en lo general, resulta aprobado por mayoría al registrarse: 30 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Gustavo Alfaro Ontiveros (P.A.N.), Imelda Irene Beltrán Amaya (P.R.I.), Israel Fierro Terrazas (P.E.S.), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Gabriel Ángel García Cantú (P.A.N.), Alejandro Gloria González (P.V.E.M.), Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), Maribel Hernández Martínez (P.A.N.), Liliana Araceli Ibarra Rivera (P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Francisco Javier Malaxechevarría González (P.A.N.), Laura Mónica Marín Franco (P.A.N.), María Antonieta Mendoza Mendoza (P.N.A.), Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo (P.A.N.), Hever Quezada Flores (P.V.E.M.), Martha Rea y Pérez (P.N.A.), Rocío Grisel Sáenz Ramírez (P.R.I.), Nadia Xóchitl Siqueiros Loera (P.A.N.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), María Isela Torres Hernández (P.R.I.), Crystal Tovar Aragón (P.R.D.), Víctor Manuel Uribe Montoya (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Miguel Alberto Vallejo Lozano (M.C.), Héctor Vega Nevárez (P.T.), Diana Karina Velázquez Ramírez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.). 3 votos en contra emitidos por las Diputadas Adriana Fuentes Téllez (P.R.I.), Leticia Ortega Máynez (MORENA) y el Diputado Pedro Torres Estrada (MORENA). Al someterse a votación el dictamen en lo particular, resulta aprobado por mayoría al registrarse: 27 votos a favor, emitidos por las y los diputados: Rubén Aguilar Jiménez (P.T.), Gustavo Alfaro Ontiveros (P.A.N.), Imelda Irene Beltrán Amaya (P.R.I.), Israel Fierro Terrazas (P.E.S.), René Frías Bencomo (P.N.A.), Blanca Gámez Gutiérrez (P.A.N.), Gabriel Ángel García Cantú (P.A.N.), Carmen Rocío González Alonso (P.A.N.), Maribel Hernández Martínez (P.A.N.), Liliana Araceli Ibarra Rivera (P.A.N.), Patricia Gloria Jurado Alonso (P.A.N.), Miguel Francisco La Torre Sáenz (P.A.N.), Francisco Javier Malaxechevarría González (P.A.N.), María Antonieta Mendoza Mendoza (P.N.A.), Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo (P.A.N.), Martha Rea y Pérez (P.N.A.), Rocío Grisel Sáenz Ramírez (P.R.I.), Nadia Xóchitl Siqueiros Loera (P.A.N.), Jorge Carlos Soto Prieto (P.A.N.), María Isela Torres Hernández (P.R.I.), Crystal Tovar Aragón (P.R.D.), Víctor Manuel Uribe Montoya (P.A.N.), Jesús Alberto Valenciano García (P.A.N.), Miguel Alberto Vallejo Lozano (M.C.), Héctor Vega Nevárez (P.T.), Diana Karina Velázquez Ramírez (P.R.I.) y Jesús Villarreal Macías (P.A.N.). 3 votos en contra emitidos por las Diputadas Adriana Fuentes Téllez (P.R.I.) y Leticia Ortega Máynez (MORENA) y el Diputado Pedro Torres Estrada (MORENA). 3 abstenciones de la Diputada Laura Mónica Marín Franco (P.A.N.) y los Legisladores Alejandro Gloria González (P.V.E.M.) y Hever Quezada Flores (P.V.E.M.). [.] De la misma manera, se encuentra para consulta pública la lista de asistencia respectiva, al tenor de las siguientes imágenes digitalizadas: Como se aprecia de la anterior transcripción y digitalización, adversamente a lo que refiere el solicitante del amparo, en el proceso legislativo que dio origen a la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2018 sí se levantó la constancia de las votaciones de los integrantes del Congreso que la aprobaron e intervinieron en ella, tal como consta en la página oficial de la autoridad responsable, la cual constituye un hecho notorio para este Juzgador y es suficiente para crear convicción respecto de su contenido y tener por desvirtuado lo afirmado por el quejoso, pues como quedó evidenciado en líneas precedentes, sí obra constancia de que se registró la evidencia de las votaciones realizadas para la aprobación de la legislación fiscal impugnada; de ahí que lo alegado en este aspecto es infundado. Apoya esta consideración, la tesis I.3o.C.35 K (10a.), aprobada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XXVI, de Noviembre de 2013, Tomo 2, materia civil, página 1373, del siguiente tenor: PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos. Conceptos de violación infundados, relacionados con la constitucionalidad de las normas generales impugnadas En otro contexto, para abordar el estudio de fondo de la constitucionalidad planteada en los restantes conceptos de violación, resulta pertinente señalar que la norma tildada de inconstitucional por la parte quejosa que será analizada en el presente considerando, lo constituye exclusivamente la contenida en el Decreto Legislativo LXV/APLIE/0666/2017 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil dieciocho, en el capítulo correspondiente a la tarifa para el cobro del derecho de control vehicular y expedición de tarjeta de circulación, no así aquellas por las que se decretó el sobreseimiento en diverso considerando de esta sentencia; lo anterior, tomando en consideración que la demanda de amparo se promovió con motivo del acto de aplicación contenido en los pagos que realizó el treinta y uno de enero del actual, cuyos montos se detallan a continuación: Nombre del contribuyente Concepto Monto del pago ******* Derecho de control vehicular $1,700.00 Número de placa ******* Expedición de tarjeta de Circulación $150.00 Descuento -$730.77 Total $1,200.00 ******* Derecho de control vehicular $1,700.00 Número de placa ******* Expedición de tarjeta de Circulación $150.00 Descuento $730.77 Total $1,200.00 A tal documental se reconoce valor probatorio en términos de dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su numeral 2°, por tratarse de documentos originales, emitidos por una autoridad en ejercicio de sus funciones. Por su parte, la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, relativa a los Servicios prestados por la Dirección de la División de Vialidad y Tránsito, específicamente los derechos de control vehicular, en su Tarifa señala lo siguiente: TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. La presente Tarifa está expresada con base en lo señalado en cada uno de los rubros que la integran y expedida con fundamento en el Artículo 64 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los Artículos 12, 27, 30 y 31 segundo párrafo, 308 y 308A, todos del Código Fiscal del Estado y demás leyes fiscales en vigor, para el cobro de los derechos que debe percibir la Hacienda Pública Estatal por los servicios públicos que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado a los usuarios de los mismos. Las cifras señaladas en la presente Tarifa se expresan en pesos. [.] IX. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: [.] 7 Derecho de control vehicular. 1,700.00 [.] 10 Expedición de tarjeta de circulación. 150.00 [.] En esta tesitura, del certificado de pago que exhibió el quejoso, anexo a su demanda de amparo, se advierte que la Tarifa que le fue asignada fue por la cantidad de $1,700.00 (un mil setecientos pesos 00/100 m.n.), por derechos de control vehicular y $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.), por expedición de tarjeta de circulación y a las cuales se les aplicó un descuento de $730.77 (setecientos treinta pesos 77/100 m.n.); por tanto, incluyendo diversos accesorios, erogó la cifra total de $1,200.00 (un mil doscientos pesos 00/100 m.n.), por cada uno de los automotores ahí descritos, entonces se concluye en la existencia del acto de aplicación de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, en específico el apartado IX, numerales 7 y 10 referidos en la Tarifa de Derechos anexa a la citada ley de ingresos. Sentado lo anterior, en el primer concepto de violación, la parte quejosa formuló, a guisa de conceptos de violación, los siguientes argumentos: 1. El monto de la cuota por la cantidad de $1,700.00 y $150.00 por el derecho de control vehicular y la expedición de tarjeta de circulación que establece la Ley de Ingresos no tiene una íntima relación, ni resulta interdependiente del costo que tuvo el Estado, pues no tiene una íntima relación, ni resulta interdependiente del costo que tuvo al Estado para prestar ese servicio con la tarifa que se le cobró. 2. La tarifa que se establece por los servicios que otorga la Dirección de la División de Policía Vial, respecto al cobro por concepto de Derecho de Control Vehicular y la Expedición de tarjeta de circulación, resulta desproporcional e inequitativo, al no guardar relación con el costo del servicio y otorgar un trato desigual a quienes se encuentran en situaciones iguales, toda vez que dicha tarifa se cuantifica atendiendo a un elemento extraño al servicio prestado, ya que el costo del servicio público prestado no se ve reflejado en la ley impugnada, lo que conduce que por los mismos servicios prestados se causen derechos en diversa cuantía, no obstante de que el servicio que se presta es el mismo para todos aquellos que solicitan, es decir, el Derecho de Control Vehicular y la Expedición de la tarjeta de circulación ambas prestaciones no requieren de actos que eleven su costo o que impliquen un esfuerzo distinto por parte del Estado para establecer una cuota elevada que no guarda ninguna justificación constitucional con el servicio prestado. 3. En el presente asunto se debe tener en cuenta la correspondencia entre el costo del servicio y el monto de la cuota, pues en la legislación fiscal combatida no se expresa alguna causa o razón que implique mayor o menor actividad dependiendo del tipo de vehículo. 4. Los derechos reclamados resultan inconstitucionales en razón de que su cobro no guarda relación con el servicio prestado por el Estado, dado que no existe la correspondencia entre el costo del servicio y el monto de la cuota, pues hace diferenciación de tarifas según el tipo de conductores, obedeciendo a fines extrafiscales recaudatorios por sí mismos que a todas luces resultan inconstitucionales; por ende, considera que se le debe devolver el monto que pagó por esos conceptos. Los reseñados conceptos de violación resultan infundados y, dada su estrecha vinculación, su análisis se realizará de manera conjunta, en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones. Para evidenciar el anterior aserto, es necesario establecer que el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estatuye: 31. Son obligaciones de los mexicanos: (.) IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación, como del Distrito Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. La satisfacción de los principios de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el reseñado artículo, a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, únicamente es aplicable a los impuestos. Pues tratándose de derechos, de acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, éstos son las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten, de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos debe tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Sobre este tópico, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido que el pago del derecho por la prestación de un servicio, transgrede los principios de proporcionalidad y equidad tributarias, si para ello no se toma en cuenta el costo global del servicio que presta, sino que se atiende a un elemento ajeno, en el caso, el valor automotor, el tipo de servicio que presta (público y/o privado), ya sea común o de lujo, o bien, por el tipo de vehículo (motocicletas, remolques, sedan, pick up, camión), pues ello conduce a que por un mismo servicio los contribuyentes paguen una mayor o menor cantidad, pues se fija en términos de la capacidad contributiva del destinatario del servicio, siendo esto aplicable exclusivamente a los impuestos, no así a los derechos cuya naturaleza es distinta, por lo cual, si para el cobro del derecho de control vehicular, no se atiende al costo global del servicio prestado, que si bien no puede ser con una exactitud matemática en relación con el costo del servicio, éste resultará violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, puesto que sí debe existir una vinculación entre el costo del servicio y su cobro. Conforme a lo expuesto, el que resuelve estima que la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho contenida en el folleto anexo al Periódico Oficial del Estado, y las tablas inmersas en dicha ley, relativas al cobro de derechos, en específico en lo referente al derecho de control vehicular y expedición de tarjeta de circulación, no se apartan del principio de proporcionalidad que debe regir en los derechos fiscales por servicio, conforme a lo dispuesto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, ya que para fijar el monto del referido derecho, el legislador estableció una tarifa única para todos los usuarios, sin atender a un factor ajeno al servicio prestado, como sí resultaría si se llegaran a considerar otros aspectos, verbigracia, el tipo de vehículo, valor económico, tipo de automotor y de servicio que presta. En efecto, tratándose de los derechos fiscales, los reseñados principios de proporcionalidad y equidad previstas en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, operan con un sistema distinto al de los impuestos, ya que -como se indicó- los derechos deben entenderse las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo en sus funciones de derecho público y, en su caso, por organismos descentralizados o desconcentrados, así como por concepto del uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público; en contraste, los impuestos se entienden como las contribuciones establecidas en la ley a cargo a las personas que se encuentren en la situación jurídica o de hecho previstas en aquéllas, derivando de tal diferencia distintos modos de apreciar y aplicar los principios constitucionales de proporcionalidad y equidad. Lo anterior, encuentra sustento en la jurisprudencia aprobada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis que se localiza en la página 23, Volumen 169-174, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, que establece: DERECHOS FISCALES. LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD DE ESTOS ESTA REGIDA POR UN SISTEMA DISTINTO DEL DE LOS IMPUESTOS. La satisfacción de las garantías de proporcionalidad y equidad de las cargas fiscales establecidas por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, que las leyes tributarias tratan de llevar a cabo en materia de derechos a través de una escala de mínimos a máximos en función del capital del causante de los derechos correspondientes, traduce un sistema de relación de proporcionalidad y equidad que únicamente es aplicable a los impuestos, pero que en manera alguna puede invocarse o aplicarse cuando se trate de la constitucionalidad de derechos, cuya naturaleza es distinta de la de los impuestos y, por tanto, reclama un concepto adecuado de esa proporcionalidad y equidad. De acuerdo con la doctrina jurídico fiscal y la legislación tributaria, por derechos han de entenderse: "las contraprestaciones que se paguen a la hacienda pública del Estado, como precio de servicios de carácter administrativo prestados por los poderes del mismo o sus dependencias a personas determinadas que los soliciten", de tal manera que para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio que cause los respectivos derechos y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos. Así, el principio de proporcionalidad que rige a los derechos fiscales se funda, generalmente, en que el monto de las cuotas o tarifas deben guardar una correspondencia razonable con el costo del servicio que presta el Estado, de manera tal que se respeta el principio de proporcionalidad tributaria en la medida en que exista congruencia entre el hecho imponible y la cuantificación de su magnitud, función esta última que le corresponde al elemento tributario conocido como base imponible, así como la congruencia entre hecho imponible y base, porque aparte de ser un requisito de proporcionalidad, es también cuestión de lógica interna de los tributos, porque de lo contrario existiría imprecisión en torno a cuál es el aspecto objetivo efectivamente gravado y cuál es la categoría tributaria que realmente se regula. Además, para la fijación de la cuota o tasa aplicable sobre la base del derecho, debe tomarse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre este costo y el monto de la cuota no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio necesariamente tenga que corresponder exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se otorgan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. Ahora, con el propósito de analizar la naturaleza jurídica de un derecho, conforme a la Legislación Estatal, es oportuno precisar que los artículos 12, 27, 30, 31, 308 y 308 A, del Código Fiscal del Estado de Chihuahua, establecen: 12. La Hacienda Pública del Estado de Chihuahua, para hacer frente a los egresos percibirá en cada ejercicio fiscal los impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos, participaciones y demás ingresos que señalen las leyes. CAPITULO II FUENTES DE INGRESOS 27. Los ingresos del Estado son ordinarios y extraordinarios. 30. Los ingresos ordinarios se dividen en: impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones. 31. Son impuestos las prestaciones en dinero o en especie que fija la Ley con carácter general y obligatorio, a cargo de personas físicas, morales y unidades económicas, para cubrir los gastos públicos. Son derechos las contraprestaciones establecidas por el Poder Público, conforme a la Ley, en pago de un servicio. También son derechos las contribuciones aprobadas anualmente por la Junta Central de Agua y Saneamiento a sus organismos operadores, publicadas en el Periódico Oficial del Estado, con motivo de la prestación del servicio público de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento de aguas residuales y disposición final de lodos. Son contribuciones especiales las prestaciones legalmente obligatorias que se establecen a cargo de las personas que se benefician de manera especial con alguna obra o servicio público, destinadas a cubrir los gastos que requiera la propia obra o servicio. En consecuencia la contribución estará en relación con el monto del beneficio obtenido y el costo de la obra. Son productos los ingresos que percibe el Estado por actividades que no corresponden al desarrollo de sus funciones propias de derecho público o por la explotación de sus bienes patrimoniales. Son aprovechamientos: Los recargos, las multas, los gastos de ejecución y los demás ingresos de derecho público no clasificables como impuestos, derechos, contribuciones especiales o participaciones". CAPITULO XIV DERECHOS 308. Los derechos por la prestación de los servicios públicos que realizan las dependencias de Gobierno del Estado, se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél. 308 A. Los derechos que señale la Ley de Ingresos del Estado, deberán ser cubiertos en la recaudación de rentas de la jurisdicción donde se preste el servicio o en el lugar que al efecto señale la Secretaría de Hacienda. De lo anterior, se deduce que la Hacienda Pública del Estado de Chihuahua para hacer frente a los egresos percibirá en cada ejercicio fiscal, entre otros, los derechos que señalen las leyes; asimismo, los ingresos del Estado serán ordinarios y extraordinarios, dividiéndose los primeros en impuestos, derechos, contribuciones especiales, productos, aprovechamientos y participaciones; para ello, serán derechos las contraprestaciones establecidas por el Poder Público conforme a la Ley, en pago de un servicio, así como las contribuciones aprobadas anualmente por la Junta Central de Agua y Saneamiento; así, los derechos por la prestación de los servicios públicos que realizan las dependencias de Gobierno del Estado se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio, o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél; por último, los derechos que señale la Ley de Ingresos del Estado deberán ser cubiertos en la recaudación de rentas de la jurisdicción donde se preste el servicio o en el lugar que al efecto señale la Secretaría de Hacienda. En el caso que origina la demanda de amparo, el Decreto tildado de inconstitucional señala, en lo conducente, lo siguiente: ARTÍCULO PRIMERO.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre del año 2018, la Hacienda Pública Estatal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas, expresadas en pesos, que a continuación se enumeran: [.] DERECHOS Los ingresos que se perciban como contraprestación por los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establece la tarifa anexa, expedida conforme a los artículos 12, 27, 30; 31, segundo párrafo; 308 y 308A del Código Fiscal del Estado de Chihuahua. TARIFA PARA EL COBRO DE DERECHOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2018. La presente Tarifa está expresada con base en lo señalado en cada uno de los rubros que la integran y expedida con fundamento en el Artículo 64 fracción VI de la Constitución Política del Estado de Chihuahua, en relación con los Artículos 12, 27, 30 y 31 segundo párrafo, 308 y 308A, todos del Código Fiscal del Estado y demás leyes fiscales en vigor, para el cobro de los derechos que debe percibir la Hacienda Pública Estatal por los servicios públicos que prestan las Dependencias del Gobierno del Estado a los usuarios de los mismos. Las cifras señaladas en la presente Tarifa se expresan en pesos. [.] IX. POR LOS SERVICIOS PRESTADOS POR LA DIRECCIÓN DE LA DIVISIÓN DE VIALIDAD Y TRÁNSITO, SE COBRARÁN LAS SIGUIENTES CUOTAS: [.] 7 Derecho de control vehicular. 1,700.00 [.] 10 Expedición de tarjeta de circulación. 150.00 [.] De lo expuesto, se colige que para identificar el elemento sujeto, acorde a la redacción anterior, deben ser causantes de derechos todos los usuarios que reciban servicios públicos prestados por las dependencias del Gobierno del Estado y sean usuarios de los mismos, en el caso, por los derechos de control vehicular por los servicios prestados por la Dirección de Vialidad y Tránsito. En cuanto al Objeto, se establece que consistirá en el control de la flota vehicular, como ingreso de la Hacienda Pública Estatal. Por lo que hace al elemento Base, resulta conveniente señalar que se ha entendido como base gravable o imponible, la cantidad neta en relación con la cual se aplican las tarifas del derecho; es decir, la cuantía real o específica que sirve para determinar la tarifa correspondiente, la cual debe estar determinada en la ley. Por tratarse de un derecho, corresponde a cada una de las ocasiones en que se realice la revalidación del servicio en la Dirección de Vialidad y Tránsito. La Tasa o tarifa, corresponde en todos los casos a una cuota fija de $1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 m.n.) para autorizar el derecho de control vehicular y de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.) por la expedición de la tarjeta de circulación. Por último, lo atinente a la época de pago, ésta será, por tratarse de un derecho, que se paga como una contraprestación por el servicio que será prestado. Al respecto, el ordinal 308 del Código Fiscal del Estado señala que los derechos se causarán en el momento en que el particular reciba la prestación del servicio, o en el momento que provoquen por parte del Estado el gasto que deba ser remunerado por aquél. Desde esta perspectiva, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal del año dos mil dos mil dieciocho, específicamente en el artículo primero, punto de derechos y la tarifa para el cobro de derechos fiscales en su apartado IX, numerales 7 y 10, que establece un cobro único por el Derecho Control Vehicular por la cantidad de $1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 m.n.) y el diverso de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.), para la expedición de la tarjeta de circulación, cumple con los principios de proporcionalidad y equidad tributaria, porque se aplica por igual a todos aquellos gobernados que soliciten el servicio de control vehicular y la expedición de tarjeta de circulación, a quienes se les aplica la misma tarifa contenida en el numeral 5 antes indicado, lo que debe considerarse como apegado a la Constitución General de la República. En efecto, como se mencionó en líneas previas, tratándose de derechos, los mencionados principios tributarios se miden en una forma distinta de los impuestos, porque no interesa la capacidad contributiva del sujeto pasivo -como sí ocurre tratándose de impuestos-; por ende, cuando a todos los contribuyentes se les cobra la misma tarifa por un determinado derecho, se respeta el principio de equidad tributaria. Ahora, en lo relativo al principio de proporcionalidad tributaria de los derechos por servicio, como ha sido criterio reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la proporcionalidad de los derechos tiene una connotación diversa que la relativa a las demás contribuciones, pues si bien en principio debe existir una relación entre el costo del servicio y el monto del derecho a pagar, lo cierto es que no siempre debe existir una correspondencia exacta de dichos elementos para sostener que el derecho es proporcional, pues bastará con que el costo sea el aproximado y no necesariamente el exacto, pues ya el Pleno de la Corte estableció que la palabra contraprestación referida a los derechos por servicio, no debe ser entendida como en derecho privado, de manera tal que el precio corresponda exactamente al valor del servicio, porque basta con que el costo se considere aproximado, en atención a que los servicios públicos que presta el Estado se organizan en función de un interés general, que tiende a garantizar la seguridad pública, la certeza de los derechos, la educación superior, la higiene en el trabajo, la salud pública y la organización, más cuando el Estado no es la empresa privada que ofrece al público sus servicios a un precio comercial atendiendo exclusivamente a los costos de producción, distribución, venta y lucro debido, de ahí que el pago correspondiente como contraprestación del servicio puede variar en cuanto al costo real que representó para el Estado la realización del servicio solicitado, porque se reitera que el Estado se organiza en función del interés general y secundariamente en el de los particulares. Acorde con lo anterior, si en la Ley de Ingresos combatida, el Legislador local consideró el costo por el Derecho Control Vehicular de $1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 m.n.) y el diverso de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.), para la expedición de la tarjeta de circulación; como contraprestaciones que debe pagar el gobernado por la prestación de tales servicios y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio, entonces se concluye que ello no resulta violatorio de los principios de proporcionalidad y equidad tributaria en materia de derechos, porque -se insiste- el costo fijado por la prestación del servicio, no necesariamente debe corresponder de manera exacta con lo que cuesta al Estado la prestación del servicio. Las anteriores consideraciones tienen apoyo, por identidad de razón, en la jurisprudencia XVII.1o.P.A. J/4 (10a.), aprobada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, Décima Época, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III, Materia Constitucional, de la Gaceta al Semanario Judicial de la Federación, página 1611, en la que se estableció que tratándose de los derechos por servicios de inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Notariado, el artículo decimoséptimo de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua, para el ejercicio fiscal de dos mil trece, reformado mediante decreto 1197/2013 X P.E., no transgredía los principios tributarios de proporcionalidad y equidad, al establecer una cuota fija e igual para todos aquellos que los soliciten. Tal criterio jurisprudencial, es del siguiente tenor: DERECHOS POR SERVICIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL NOTARIADO. EL ARTÍCULO DECIMOSÉPTIMO DE LA LEY DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2013, REFORMADO MEDIANTE DECRETO 1197/2013 X P.E., PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 9 DE FEBRERO DE 2013, AL ESTABLECER UN ESTÍMULO FISCAL RESPECTO DE LA TARIFA RELATIVA ANEXA A DICHO ORDENAMIENTO, ESPECÍFICAMENTE EN SU APARTADO IV, NUMERALES 13 A 18, NO VIOLA LOS PRINCIPIOS TRIBUTARIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. El precepto citado establece un estímulo fiscal en relación con la tarifa de quince mil pesos fijada para los derechos por las inscripciones relativas a la adquisición o actos traslativos de dominio de inmuebles, por el cual el contribuyente puede pagar, por el mismo servicio, el noventa, ochenta, sesenta o treinta por ciento de dicha cantidad. Ahora bien, si el legislador consideró el costo de quince mil pesos como contraprestación por los servicios indicados del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, y dicha cuota es fija e igual para todos aquellos que los soliciten, el precepto referido no viola los principios tributarios de proporcionalidad y equidad en materia de derechos, toda vez que si con posterioridad el contribuyente obtiene una disminución en su cobro, en función del estímulo aplicado, ello no implica que se pierda la naturaleza del derecho por servicio, pues el estímulo no incide o repercute en alguno de los elementos esenciales de esa contribución, como son el sujeto, el objeto, la base y su tasa o tarifa, ya que no forma parte de la mecánica para su determinación. Asimismo, el Alto Tribunal ha sentado criterio en el sentido de que los principios de proporcionalidad y equidad en las cargas tributarias establecidas en el artículo 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que el legislador debe observar en materia de derechos, se satisface atendiendo en todo momento a la capacidad contributiva del causante; no obstante, se itera, esos principios no pueden invocarse o aplicarse cuando se trata de la constitucionalidad de derechos por servicios, cuya naturaleza es distinta a los impuestos. En esa medida, para la determinación de las cuotas correspondientes por concepto de derechos, ha de tenerse en cuenta el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio y que las cuotas de referencia sean fijas e iguales para todos los que reciban servicios análogos, porque para cumplir con el principio constitucional de proporcionalidad, no debe interesar la capacidad económica del usuario, sino el costo que para el Estado representó esa prestación, y para cumplir con el principio de equidad, el cobro por los servicios prestados debe ser fijo y análogo para todos aquellos que reciben el mismo servicio, pues todas las personas que se encuentran en el supuesto, reciben del Estado el mismo servicio, pues -como sucede en el caso que se analiza- la cuota es fija e igual para todos aquellos que soliciten el mismo servicio; por lo que, contrario a lo que argumenta el quejoso, con la fijación de las tarifas únicas de $1,700.00 (mil setecientos pesos 00/100 moneda nacional) por el Derecho Control Vehicular por y el diverso de $150.00 (ciento cincuenta pesos 00/100 m.n.), para la expedición de la tarjeta de circulación; no se mide la capacidad contributiva de los causantes, sino que se establece el costo que como contraprestación por el servicio otorgado debe pagar el gobernado que solicitó el servicio correspondiente. Además, no debe soslayarse que en materia tributaria la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, que la intensidad del escrutinio constitucional, a la luz de los principios democrático y de división de poderes, no es de carácter estricto, sino flexible o laxo, en razón de que el legislador cuenta con una amplia libertad en la configuración normativa del sistema tributario sustantivo y adjetivo, de modo que a fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el mencionado, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En efecto, acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1°. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS), la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -entre ellos el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación en el análisis sobre el respeto al principio de igualdad -sin que ello implique renuncia al estricto ejercicio de sus competencias de control-; antes bien, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. Sostener lo contrario, esto es, de ejercer un control muy estricto llevaría al Juez de amparo a sustituir la competencia legislativa del Congreso, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias; de ahí que si el legislador local estableció que el costo del servicio por concepto de derechos de control vehicular con placas, debe ascender -por igual a todos los usuarios- a las cantidades apuntadas y en su proceder no se transgredieron los principios de proporcionalidad y equidad reconocidos en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal, consecuentemente, este Juzgado Federal considera que no existe justificación legal analizar, de manera adicional, si el costo determinado por el legislador es excesivo, atendiendo a la naturaleza del servicio y el valor de las placas metálicas otorgadas, pues ello implicaría sustituir la competencia legislativa del Congreso, lo que no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos del Estado. Apoya esta última consideración la jurisprudencia 1a./J. 84/2006, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XXIV, de Noviembre de 2006, materia constitucional, página 29, del siguiente tenor: ANÁLISIS CONSTITUCIONAL. SU INTENSIDAD A LA LUZ DE LOS PRINCIPIOS DEMOCRÁTICO Y DE DIVISIÓN DE PODERES. Acorde con las consideraciones sustentadas por la Primera Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 1a. CXXXIII/2004, de rubro: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", siempre que la acción clasificadora del legislador incida en los derechos fundamentales garantizados por la Constitución, será necesario aplicar con especial intensidad las exigencias derivadas del principio de igualdad y no discriminación. De igual manera, en aquellos asuntos en que el texto constitucional limita la discrecionalidad del Congreso o del Ejecutivo, la intervención y control del tribunal constitucional debe ser mayor, a fin de respetar el diseño establecido por ella. Para este Alto Tribunal es claro que la fuerza normativa del principio democrático y del principio de separación de poderes tiene como consecuencia obvia que los otros órganos del Estado -y entre ellos, el juzgador constitucional- deben respetar la libertad de configuración con que cuentan el Congreso y el Ejecutivo, en el marco de sus atribuciones. Conforme a lo anterior, la severidad del control judicial se encuentra inversamente relacionada con el grado de libertad de configuración por parte de los autores de la norma. De esta manera, resulta evidente que la Constitución Federal exige una modulación del juicio de igualdad, sin que eso implique ninguna renuncia de la Corte al estricto ejercicio de sus competencias de control. Por el contrario, en el caso de normatividad con efectos económicos o tributarios, por regla general, la intensidad del análisis constitucional debe ser poco estricta, con el fin de no vulnerar la libertad política del legislador, en campos como el económico, en donde la propia Constitución establece una amplia capacidad de intervención y regulación diferenciada del Estado, considerando que, cuando el texto constitucional establece un margen de discrecionalidad en ciertas materias, eso significa que las posibilidades de injerencia del Juez constitucional son menores y, por ende, la intensidad de su control se ve limitada. En tales esferas, un control muy estricto llevaría al Juez constitucional a sustituir la competencia legislativa del Congreso -o la extraordinaria que puede corresponder al Ejecutivo-, pues no es función del Poder Judicial Federal, sino de los órganos políticos, entrar a analizar si esas clasificaciones económicas son las mejores o si éstas resultan necesarias. Sobre la base de las anteriores consideraciones, devienen infundados los conceptos de violación que esgrime el quejoso, porque del análisis constitucional de las normas reclamadas se advierte que el Legislador Estatal no se apoyó en algún elemento ajeno al costo que representa para el Estado la prestación de los servicios por los que se realizaron las contribuciones analizadas en el presente considerando. En las relacionadas condiciones, una vez que se desestimaron los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa y al no resultar inconstitucional, en la parte que aquí se reclama, la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal de dos mil dieciocho, se impone negar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitadas. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, fracción VI, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, SE RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo, respecto de los actos, autoridades y por los motivos mencionados en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a *******, respecto de los actos precisados en el considerando cuarto de esta resolución y por las razones expresadas en el último considerando de la misma. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante el Secretario del Juzgado del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy cuatro de junio de dos mil dieciocho, en que las labores del Juzgado así lo permitieron. Doy fe.
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