Ricardo Eduardo Brito García y Otros.

Expediente 307/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2017.

Datos del expediente

Expediente
307/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
24/05/2017

Partes del expediente

  • Ricardo Eduardo Brito García y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra del auto de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, por el que se sobreseyó el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II del numeral vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse las constancias relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, antes citado. Notifíquese. Lo proveyó y firma la licenciada *******, Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, Encargada del Despacho por licencia del titular, autorizada por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con apoyo en el artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien actúa ante la Secretaria que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  2. Principal

    EN ATENCIÓN A LO MANIFESTADO POR LA ACTUARIA JUDICIAL ADSCRITA Y EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO COMPARECIÓ A ESTE JUZGADO, SE HACE POR LISTA LA NOTIFICACIÓN DEL AUTO DE VEINTISIETE DE ABRIL, QUE A LA LETRA DICE: Ciudad Juárez, Chihuahua, veintisiete de abril de dos mil diecisiete. Glósense a sus autos para que obren como correspondan el oficio y anexo signados por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor. Téngase a la autoridad responsable informando que el veinticuatro de abril de este año, las partes involucradas en el juicio laboral que motivó la tramitación del presente juicio de amparo, comparecieron a efecto de dar cumplimiento al laudo dictado en dicho asunto y celebraron un convenio, lo cual dio fin a la controversia. En la especie, se estima actualizada una causa de improcedencia que amerita sobreseer en este asunto, habida cuenta que aun subsistiendo los actos reclamados en el juicio de amparo (emplazamiento y todo lo actuado en el juicio laboral), ya no puede surtir efecto legal o material alguno sobre las personas por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo, habida cuenta que, en el proceso génesis de este asunto, las partes llegaron a un convenio para dar cumplimiento a la condena impuesta en el laudo dictado en ese procedimiento laboral y, a partir de ello, la Junta responsable ordenó el archivo del asunto como asunto concluido, una vez que se realice el pago total, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, que es del siguiente tenor: -.- 61. El juicio de amparo es improcedente: -...- XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; -.- Para explicar el contexto de la actualización de la aludida causa de improcedencia, conviene citar el contenido de la tesis 2a. XLVIII/98, aprobada por la Segunda Sala del Alto Tribunal, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo VII, de abril de 1998, materia común, página 241, del siguiente tenor: CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad. Con el propósito de fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, por regla general, la emisión de un determinado acto de Autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción transcrita (XXII), el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de Autoridad cuya ilegalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de Autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado susceptible de reparación, o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Para una mejor explicación del asunto, con relación a la invocada causa de improcedencia, se estima conveniente señalar que en la tesis aislada 2a. XCVIII/2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, materia común, página 358, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el siguiente criterio: ACTO RECLAMADO QUE SUBSISTE, PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. SI SE DEMUESTRA QUE EL TERCERO PERJUDICADO DECLARÓ ANTE EL JUEZ NATURAL QUE LAS PRERROGATIVAS CUYA TUTELA JURISDICCIONAL SOLICITÓ Y LE FUERON RECONOCIDAS, HAN SIDO CUMPLIDAS POR LA QUEJOSA EN VIRTUD DE UN CONVENIO, OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Al tenor de lo establecido en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, si estando pendiente de resolver un juicio de garantías promovido en contra de una sentencia judicial, cuyo objeto se traduce en que un gobernado deba cumplir en favor de otro, con quien previamente había celebrado un determinado acto jurídico, determinadas prestaciones consecuencia de ese vínculo, debe estimarse que el objeto o la materia de aquélla habrá dejado de existir, aun cuando tal sentencia subsista, si las partes dentro del juicio natural llegan a un convenio y en virtud de éste, el tercero perjudicado acude ante el Juez que conoció del litigio declarando que el demandado, promovente del juicio de amparo, ha cumplido a su entera satisfacción con las prerrogativas cuya tutela judicial solicitó y le fueron reconocidas, ya que si la materia de la resolución en comento se traduce en la incorporación a la esfera jurídica del tercero perjudicado de las referidas prerrogativas, mediante el respectivo procedimiento de ejecución, al declarar éste ante la autoridad judicial competente que la totalidad de los derechos que le asistían, en razón del acto jurídico subyacente al fallo correspondiente, le fueron restituidos por el quejoso, al tenor de un convenio celebrado entre ellos, resulta inconcuso que tal objeto o materia ha desaparecido del mundo jurídico, aun cuando subsista la sentencia de mérito. Debiendo señalarse que el cumplimiento de las obligaciones derivadas del acto jurídico que dio lugar al juicio, cuando acontece en virtud de un convenio celebrado entre las partes no constituye, en manera alguna, un efecto jurídico de la sentencia impugnada, sino, en todo caso, de la relación jurídica que con anterioridad habían entablado, por lo que el pago correspondiente no puede considerarse como un efecto de la resolución judicial, que haya dejado una huella en la esfera jurídica de la quejosa, susceptible de repararse mediante la sentencia de amparo que, en su caso, llegare a emitirse. Asimismo, se invoca la diversa tesis 2a. XCIX/2000, sostenida por la citada Segunda Sala, la cual se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XII, de agosto de 2000, materia común, página 357, del siguiente tenor: ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA YA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE EL AMPARO QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza en el caso de que el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar huella alguna en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Los anteriores razonamientos resultan aplicables al caso, pues de conformidad con el sistema constitucional que rige en el Estado Mexicano, la función jurisdiccional de los tribunales de trabajo se constriñe, en esencia, a resolver toda controversia derivada de la existencia de una relación de naturaleza laboral, entre obreros y patrones, entre patrones o entre los propios trabajadores, así como de aquellas prestaciones de seguridad social que se deriven de la prestación de un servicio personal subordinado. En el caso, de las constancias que la Presidenta de la Junta Responsable remitió relativas al juicio laboral *******, promovido por ******* contra ******* y/o ******* y/o ******* (estos dos últimos parte quejosa en el presente asunto), específicamente las practicadas en la fase de ejecución de laudo, se advierte que el veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, comparecieron ante esa potestad *******, a quien se le reconoció el carácter de apoderado legal de la parte actora en aquel controvertido, así como a *******, en su carácter de apoderado legal del aquí quejoso ******* en lo personal y como propietario del negocio ******* a celebrar convenio, cuyo contenido es, en lo conducente, del siguiente tenor: -.- --- PRIMERA.- Encontrándose presente el actor en lo personal ******* quien manifiesta que a fin de dar por concluido el presente juicio solicita de la parte demandada el pago de la cantidad de $******* pesos, con los cuales me daría por pagado de las prestaciones a que fue condenada la demanda según laudo de fecha 31 de enero del 2017 y una vez hecho todo lo anterior no tengo inconveniente en que el presente juicio se archive como un asunto total y definitivamente concluido, no reservándose ninguna acción presente o futura, de ninguna índole que ejercitar en contra de ******* y *******. --- SEGUNDA.- El C. LIC. ******* apoderado legal de la demandada, manifiesta estar conforme con lo manifestado por la parte actora en cuanto al pago de la cantidad de $******* pesos y cantidad que pagara en dos parcialidades, comprometiéndose a cubrir la cantidad de $******* pesos el día 26 de Abril del 2017, y el resto la cantidad de $******* pesos el día 26 de Mayo del 2017 con el cual se da cumplimiento a la cantidad pactada con el trabajador en la cláusula anterior, y una vez que se dé cumplimiento al preste convenio se manda archivar el expediente como asunto totalmente concluido, solicitando que se gira atento oficio al Juzgado Séptimo de Distrito en el estado ya que en el mismo se encuentra en trámite el juicio de Amparo ******* el cual se promovió reclamando la falta de formalidades del emplazamiento a juico y otras violaciones que se cometieron durante la tramitación del juicio para los efectos legales a que hubiere lugar. --- TERCERA.- ambos comparecientes manifiestan que en caso de incumplimiento al presente convenio en el pago de la cantidad pactada en el mismo en las fechas que se señala para tal efecto, se compromete el LIC. ******* a pagar por cada día que se incumpla cualquiera de los pagos pactados la cantidad de $******* pesos diarios que se acumulara a la cantidad pactada hasta que se dé cumplimiento total al presente convenio en los términos pactados. -.- Por acuerdo de la misma fecha, la Junta responsable tuvo a las partes celebrando el convenio vía cumplimiento al laudo, en los términos asentados en las cláusulas que anteceden y por conformes, y ordenó que una vez que se diera cumplimiento total al convenio se archivara el asunto como total y definitivamente concluido, al tenor del siguiente acuerdo: [.] --- LA PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NUMERO UNO, ACUERDA.- Se tienen por hechas las manifestaciones de las partes para los efectos legales conducentes, se les tiene por celebrando el presente convenio vía cumplimiento a laudo, en los términos asentados en las cláusulas que anteceden, teniéndoles por conformes con las mismas, por lo que una vez que se dé cumplimiento total al presente convenio, se ordenara el archivo del mismo como total y definitivamente concluido. Así mismo remítase copia con firmas autógrafas y sellos originales al tribunal de alzada en relación con el juicio de amparo número ******* promovido por los CC. ******* y *******, mediante oficio con el respectivo acuse de recibido. Con lo que terminó la presente, firmando al margen los que en ella intervinieron, y al calce la C. Presidente de la Junta Especial Numero Uno, por ante la fe del C. Secretario General con quién se actúa, de conformidad con lo establecido en el art. 721 de la Ley Federal del Trabajo. [.] El acuerdo citado en último término patentiza la actualización de la causa de improcedencia anunciada, porque, en la especie, a pesar de que subsiste el emplazamiento y todas las actuaciones del juicio laboral *******, promovido por ******* contra ******* y/o ******* y/o *******(estos dos últimos parte quejosa en el presente asunto), sin haber afectado los derechos sustantivos del impetrante del amparo, ya no puede tener efecto legal o material alguno en su contra, en la medida que el objeto materia del mismo fue satisfecho y frente a ello, en el proceso génesis de este asunto, las partes llegaron a un convenio para dar cumplimiento a la condena impuesta en el laudo dictado en ese procedimiento laboral y, a partir de ello, la Junta responsable ordenó el archivo del asunto como asunto concluido, una vez que se realice el pago total, en el juicio laboral del que emana el acto reclamado en este juicio. En efecto, toda vez que las partes en el proceso laboral del que emana el presente asunto, llegaron a un convenio para dar cumplimiento a la condena impuesta en el laudo y, a partir de ello, la Junta responsable ordenó el archivo del asunto como asunto concluido, una vez que se realice el pago total, deja de tener vida jurídica el juicio laboral del que derivan las actuaciones tildadas de ilegales, pues se cumplió con la materia que lo motivó y, por ende, los efectos jurídicos del proceso laboral que se materializaron en dicho laudo, ya no puede tener efecto material alguno en la esfera jurídica de la parte quejosa, porque la condena que se decretó en su contra ya fue materia de un convenio y será cubierta. En esa medida, dado que no se concretó perjuicio a los derechos de la parte quejosa, ni podrá concretarse en lo futuro con relación al acto reclamado, pues el juicio en que se dictó se tuvo a las partes celebrando un convenio para dar cumplimiento a la condena impuesta en el laudo dictado en ese procedimiento laboral y, a partir de ello, la Junta responsable ordenó el archivo del asunto como totalmente concluido, una vez que se realice el pago total, los actos reclamados ya no pueden surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia de los mismos, en la medida que en el proceso laboral en que se practicaron se ordenó el archivo una vez que se cubra el pago total, por lo que, en términos de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXII, en relación con el diverso 63, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, se impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional. En apoyo a lo anterior, por las razones que informa, se cita la jurisprudencia por contradicción de tesis 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. En ese orden, se deja sin efecto la fecha y hora señalada para la audiencia constitucional que se programó a las diez horas con diez minutos del veintiocho de abril de dos mil diecisiete, por actualizarse la causal de improcedencia anotada en líneas precedentes. Notifíquese personalmente. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, diecinueve de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por los Integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje; tal como disponen los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención y de la documental que se recibe, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga, Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.*eam

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete. Vistos para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo *******, y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintitrés de marzo del año en curso, ******* y *******, solicitaron el amparo y la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, al Presidente y Actuario adscritos a dicha Junta, con residencia en esta ciudad, a quienes les reclamó: IV.- ACTOS RECLAMADOS: A).- DE LOS C. INTEGRANTES DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE: Se reclaman todas y cada una de las actuaciones realizadas en los autos del expediente *******, que se tramita ante dicha junta, formado por la reclamación del C. *******, en contra de ******* y *******, a partir del ilegal emplazamiento a juicio realizado a dichas personas físicas, así como la audiencia de conciliación demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, el laudo dictado en el citado expediente, esto en virtud de que la citada autoridad responsable omitió emplazarlo correctamente y conforme a la ley al quejoso, impidiéndole contestar la demanda y oponer excepciones y defensas. B).- DEL C. PRESIDENTE DE LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE: se reclama el mandato de ejecución del laudo, que eventualmente pudiera ordenar, en el expediente del cual emanan los actos reclamados, actos que se reclaman como consecuencia del ilegal emplazamiento a juicio a la parte quejosa, así como de la ilegal notificación del Laudo. C).- DEL ACTUARIO ADSCRITO A LA JUNTA ESPECIAL NÚMERO UNO DE LA LOCAL DE CONCILIACIÓN y ARBITRAJE: Se reclama el ilegal emplazamiento a juicio hecho a los suscritos, así como la ilegal notificación del Laudo dictado en el expediente laboral *******, que se reclama como consecuencia posterior al ilegal emplazamiento a juicio del suscrito. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante auto de veinticuatro de marzo pasado, se aperturó el incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se llevó a cabo de acuerdo al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Existencia de los actos reclamados. Los integrantes de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, al rendir su informe previo manifiestan que son ciertos los actos reclamados, por lo que se tiene por acreditada su existencia de conformidad con el artículo 142 de la Ley de Amparo. Respecto a la medida cautelar que solicita la parte quejosa, en un primer aspecto, con fundamento en el artículo 128 y 152 de la Ley de Amparo, y dado que la resolución reclamada tiene como efecto el pago y cumplimiento de un laudo, dictado a favor de la parte obrera, se niega la suspensión definitiva solicitada por la suma de $*******, que resulta de multiplicar el importe de seis meses del salario mínimo general, a razón de $******* diarios, lo anterior para garantizar la subsistencia del acreedor laboral al que le reviste el carácter de tercero interesado; lo anterior es así, pues el quejoso no aportó más pruebas para determinar el salario del trabajador, por lo que se tomó en consideración el general. En efecto, esta determinación obedece a la necesidad de no poner al tercero interesado (parte trabajadora), en peligro de no poder subsistir durante el lapso que probablemente requiera la tramitación del juicio de amparo, en ambas instancias. Es sustento de esta determinación la jurisprudencia 13/90 emitida por la entonces Cuarta Sala de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 20795, publicada en la página 249, tomo VI, Primera Parte, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: SUSPENSIÓN CONTRA LAUDO. DEBE GARANTIZARSE LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR, AUN CUANDO AQUEL SE RECLAME EN AMPARO INDIRECTO. El artículo 174 de la Ley de Amparo establece las normas aplicables cuando se pide la suspensión de los actos reclamados al combatirse un laudo en amparo directo. Sin embargo, el contenido de tal disposición legal debe aplicarse también cuando se impugna un laudo en amparo indirecto, como ocurre en el supuesto de que la parte demandada reclame la falta de audiencia por no habérsele emplazado legalmente a juicio y, consecuentemente, impugne todo el procedimiento, incluyendo el laudo, o bien, cuando se trate de actos de ejecución de laudo. Ello es así porque en ambas situaciones existe tal similitud que las consecuencias legales no pueden ser distintas, desde luego cuando la parte que obtuvo es la obrera, máxime que los laudos son ejecutables de inmediato en la hipótesis de que al promoverse la demanda de garantías, no se solicite la suspensión del acto; además, en uno y en otro caso, tratándose del trabajador, legalmente ya tiene derecho a que se le haga entrega o pago de las prestaciones respecto de las cuales la Junta consideró procedente su acción, y, mientras no se demuestre lo contrario, debe estimarse que los beneficios que obtuvo del laudo los requiere para subsistir; de manera que si se promueve el amparo, cualquiera que sea la vía elegida y se pide la suspensión del laudo, debe garantizarse la subsistencia del trabajador, en los términos del mencionado artículo 174 de la Ley de Amparo. En otro contexto, toda vez que no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la medida cautelar solicitada, con fundamento en el artículo 128, 151 y 152 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión definitiva por el resto de la condena líquida que deba cubrir la parte quejosa, la cual excede de lo necesario para asegurar la subsistencia de la parte trabajadora, para que la responsable continúe con el trámite de ejecución del laudo por el resto de la condena que haya determinado, pero en caso de que practique un embargo para garantizar el pago de la condena, si se trata de bienes inmuebles, se abstenga de ordenar la escrituración y la entrega de los mismos al adjudicatario; o bien, tratándose de bienes muebles, el efecto de esta suspensión es el de impedir su entrega material al adjudicatario, hasta que tenga conocimiento sobre lo que se determine al resolver en definitiva El juicio de amparo. Ilustra a lo que precede, la tesis pronunciada por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro 201817, consultable en la página setecientos cuarenta, tomo IV, agosto de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO EN MATERIA DE TRABAJO. El artículo 174 de la Ley de Amparo, dispone que, tratándose de laudos o de resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por tribunales de trabajo, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga a la parte que obtuvo, si es la obrera, en peligro de no poder subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo, en los cuales sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar tal subsistencia. Ahora bien, el citado precepto es aplicable también a los casos en que se resuelve un incidente de suspensión relativo a un juicio de amparo indirecto porque en tratándose de la ejecución de un laudo, además de la regla que para su otorgamiento establecen los artículos 124 y 125 de la ley de la materia, tiene igualmente aplicación lo dispuesto por el artículo 174 de dicho cuerpo legal, en razón de que por tratarse de una cuestión laboral, debe evitarse a la parte obrera el peligro de no subsistir mientras se resuelva el juicio de amparo. En el entendido que, la medida solo paraliza la ejecución del laudo, sin afectar la validez y existencia de las actuaciones practicadas por las responsables, razón por la que resulta necesario garantizar los posibles daños y perjuicios que pudiera ocasionar la medida suspensional a la parte tercero interesada, por no incorporar a su patrimonio las prerrogativas que le confiere dicho laudo, desde que se concedió la suspensión del acto reclamado hasta que se resuelva sobre el asunto de fondo. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 136 de la ley reglamentaria, la medida cautelar surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos si la parte quejosa no otorga dentro del término de cinco días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de esta interlocutoria, garantía a fin de indemnizar los perjuicios que se pudieran ocasionar a la parte tercero interesada de no obtener sentencia favorable en el juicio de amparo, en cualquiera de las formas que establece la ley, por la cantidad de $*******, que este Juzgador fija de manera discrecional, al no contar con elementos que permitan cuantificar los posibles daños y perjuicios que pudiera sufrir el tercero interesado, por no incorporar a su patrimonio, desde que se concede la suspensión del acto reclamado, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo de donde deriva el presente incidente de suspensión. Resulta aplicable al caso, por las razones que informa, la tesis 2ª. LIII/2000, que sustentó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 315, del Tomo XI, Mayo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: SUSPENSIÓN EN AMPARO. EL MONTO DE LA CAUCIÓN QUE SE FIJA AL QUEJOSO PARA QUE SURTA EFECTOS, DEBE RESPONDER ÚNICAMENTE POR LOS DAÑOS Y PERJUICIOS QUE PUEDEN CAUSARSE AL TERCERO PERJUDICADO COMO CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. La suspensión del acto reclamado obra sobre su ejecución, afecta las medidas que tienden a concretar sus consecuencias jurídicas y materiales, por tal motivo, el acto cuya constitucionalidad se reclama a través del juicio de amparo, en sí mismo, es extraño a los efectos de la suspensión que llegue a concederse, pues ésta únicamente provoca que las cosas se mantengan en el estado en que se encuentran y, en casos excepcionales, que los actos de ejecución que han comenzado a iniciarse se detengan sin continuar su realización, que puede acarrear su consumación e, inclusive, dejar sin materia el juicio de garantías, por lo que resulta inconcuso que los efectos de la referida medida cautelar no afectan la validez del acto de autoridad reclamado, no lo socavan, ni trascienden a su constitucionalidad, aun cuando se advierta la apariencia del buen derecho, cuestión que no vincula al juzgador constitucional. En tal virtud, así como la suspensión de los actos impugnados en el juicio de amparo no constituye un fin en sí mismo, pues su otorgamiento tiene lugar en función del proceso principal, por lo que no afecta la validez ni la existencia del acto controvertido, y menos aún, tiene por objeto verificar la veracidad de la pretensión hecha valer por el quejoso, sino que con tal medida se busca asegurar la efectividad de la justicia constitucional, igualmente, la caución que debe otorgar el peticionario de garantías para responder de los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado si no se otorga la protección constitucional, tampoco puede jurídicamente tener por objeto preservar y garantizar la existencia de la prerrogativa que se incorporaría a la esfera jurídica de aquél, como consecuencia de la ejecución inmediata del acto de autoridad cuyo apego a la Norma Fundamental se controvierte, pues por su naturaleza accesoria, únicamente se encuentra dirigida a garantizar las consecuencias derivadas directamente de la suspensión del acto de autoridad, es decir, los daños y perjuicios que pudieran causarse al tercero perjudicado por no haber incorporado en su patrimonio, desde el momento en que se concedió la suspensión, hasta que se resuelva el juicio de amparo, las prerrogativas que le confiere el acto reclamado. Así, verbigracia, los daños y perjuicios que puedan generarse por la suspensión de una resolución jurisdiccional que establece una condena líquida o de fácil liquidación, no pueden traducirse, válidamente, en el numerario que se incorporaría al patrimonio del tercero perjudicado en virtud de lo ordenado en ésta, ya que los efectos de esa medida cautelar en manera alguna tienden a destruir los que derivan del acto reclamado, únicamente detienen su ejecución, por lo que la caución no debe fijarse atendiendo a un monto que no se pierde o menoscaba por el acto judicial cuyos efectos se condicionan al otorgamiento de ésta. En el entendido que si la garantía se exhibe mediante póliza de fianza, ésta contendrá la renuncia expresa de la compañía afianzadora al fuero de su domicilio, así como su sometimiento a la jurisdicción de este juzgado. Además, deberá contener designación de agente autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad. Asimismo, la vigencia de la póliza deberá ser por todo el tiempo que dure la tramitación del presente juicio. En su defecto, si se exhibe billete de depósito, éste contendrá los siguientes requisitos: nombre del depositante; en el rubro relativo al concepto: "para garantizar la suspensión definitiva otorgada a la parte quejosa (nombre de la parte accionante por la que se exhibe el billete), en el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto *******; y en el rubro de autoridad: "Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua". Se precisa que la suspensión definitiva no surtirá efecto alguno si la ejecución de las consecuencias arriba detalladas ya se llevaron a cabo, pues entonces las mismas constituyen actos de naturaleza consumada en cuyo caso la suspensión concedida es improcedente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se concede la suspensión definitiva que solicitaron ******* y *******, contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el considerando segundo de esta resolución. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado *******, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada *******. Doy fe.

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