Raul Alberto Muñoz Enrique
Expediente 642/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 642/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Raul Alberto Muñoz Enrique
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en virtud de que por proveído de quince de noviembre de dos mil veintitrés, se ordenó el archivo del presente juicio por estar definitivamente concluido, resulta innecesario seguir conservando las constancias certificadas del expediente 1146/2019 del índice del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mismas que fueron remitidas a este Juzgado como complemento del informe justificado por tanto, mediante oficio devuélvanse las mismas a dicha autoridad.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran el recurso de revisión contra la resolución constitucional de cinco de octubre de dos mil veintitrés, que se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno electrónico, archívese el presente como asunto definitivamente concluido. Expediente principal Con fundamento en los artículos 12 y 20, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este asunto es susceptible de destrucción, dado que por resolución constitucional de cinco de octubre de dos mil veintitrés, se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno electrónico y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo de trámite en términos de los artículos 8, fracción I, y 9 del citado Acuerdo General, relativo a la clasificación del archivo judicial. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido; y, no tiene relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional ni contra la humanidad, tampoco se trataron delitos contra la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, no se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni verso sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, tampoco se trata de un asunto generado por los Plenos Regionales en el que se haya establecido jurisprudencia; no es de materia agraria; y, finalmente, tampoco la sentencia emitida en este asunto integró jurisprudencia de los Tribunales de Circuito. En el entendido que, una vez que transcurra el plazo de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 20, 21, 22 y 23 del Acuerdo General citado, este juzgado procederá a la destrucción del asunto que nos ocupa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, trece de septiembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los presentes autos para que surta los efectos legales que corresponda, el oficio que suscriben el Magistrado Instructor y Secretario de Acuerdos de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, mediante el cual rinden informe justificado y anexa documentales. De conformidad con los numerales 117 y 119 de la Ley de Amparo se tiene por rendido el informe justificado solicitado y por recibidas en este acto las documentales que anexan, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en la audiencia constitucional. Dese vista con dicho informe a las partes para que se impongan de su contenido. En ese contexto, fórmese primer tomo de documentales únicamente para que obren las constancias remitidas por la autoridad responsable en cita, en la inteligencia de que el trámite del presente asunto se continuará en el tomo del expediente en que se actúa.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el escrito de cuenta firmado de manera electrónica por Jesús Eliud Moreno Valenzuela, autorizado jurídico de Raúl Alberto Muñoz Enrique, quien tiene reconocida su representación ante la autoridad responsable, por así advertirse de los anexos que adjunta a su escrito de demanda de amparo. Con fundamento en los artículos 1°, fracción I, 2º, 3º, 5º, 33, fracción IV, 37, párrafo primero, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117, y demás relativos de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, SE ADMITE a trámite la demanda de garantías contra actos del Magistrado Instructor de la Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 642/2023-2A. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haber sido solicitado. Pídase informe justificado a la autoridad señalada como responsable quien deberá rendirlo por escrito, pudiendo hacerlo, además de la vía ordinaria, en vía fax al número 01 668 815 32 08 o al correo electrónico 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del término de los quince días siguientes al en que reciban el oficio en el que se solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo (también se le exhorta a la responsable informe si las personas morales señaladas como terceros interesados fueron emplazadas al juicio natural), apercibida que de no rendir el informe justificado respectivo, o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, se les impondrá en la sentencia respectiva una multa por el equivalente de cien a mil valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), de conformidad con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, en términos del numeral 260, fracción II, en relación con el diverso 238, de la Ley de Amparo. Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible acompañar las constancias que la acrediten, y si no cumplen con esa obligación, se les impondrá una multa de treinta a trescientos días, según las circunstancias del caso, en términos de los preceptos 64 y 251, de la Ley Amparo. Se señalan las diez horas del cinco de octubre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 5º, fracción IV, de la Ley de Amparo se tiene como parte en este juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación con adscripción a este órgano jurisdiccional. Sin que sea necesario llamar a las contra partes de la quejosa en el juicio natural, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que éstas, no han sido emplazadas al procedimiento natural; ahora, este hecho está supeditado a la revisión de las constancias que remita la autoridad responsable en vía de informe. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J 67/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXIX, mayo de dos mil nueve, visible a pagina 265, cuyo rubro y texto rezan: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Ahora bien, dada la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional, y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos de su artículo 2°, se habilitan días y horas inhábiles, respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal. En diverso orden, con fundamento en los artículos 16, 35 y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el Uso de Videoconferencias en todos los asuntos Competencia de los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Propio Consejo, se acuerda de conformidad lo solicitado por el promovente, en el sentido de autorizar en su favor el acceso al expediente electrónico, también se le permite la promoción, trámite, consulta, resolución y notificación por vía electrónica del presente procedimiento, y finalmente para oír y recibir todo tipo de notificaciones y documentos se habilita el apartado correspondiente en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que el nombre de usuario es "LIC.ELIUDMORENO", y se encuentra registrado y autorizado en la Plataforma de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); en términos del acuerdo general en su artículo 36, párrafo tercero, la autorización respectiva estará en todo momento condicionada a que la firma electrónica se mantenga vigente y únicamente surte efectos para el presente juicio. Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como sus autorizados en términos amplios del precepto 12 de la ley de la materia, al licenciado Jesús Eliud Moreno Valenzuela y Eliver Alí Moreno Sauceda; y únicamente para imponerse de autos a Verónica Micaela Sauceda Chacón y Jesús Eliud Moreno Sauceda, en atención a que no tienen registrada su autorización para ejercer la abogacía en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito. En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8°, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada Ley, y artículos 57 y 58 del Acuerdo General 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que les asiste el derecho de oponerse en relación a terceros a la publicación de sus datos personales al hacerse pública la sentencia y en caso de omitir hacer manifestación alguna se entenderá que se oponen a la publicación de sus datos personales, salvo que se otorgue su consentimiento expreso, por escrito o por un medio de autenticación similar de que se publiquen sus datos personales; asimismo, que las referidas restricciones no operen respecto de quien o quienes, en términos de la legislación procesal aplicable, estén legitimados para solicitar copias de la mencionada sentencia. Finalmente, con fundamento en el artículo 1º, fracción I, tercer párrafo, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se le exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Raquel Soto Rubio764/2021
- Raquel Zamora Reyes691/2019
- Raudel Gilberto Montiel Aragon89/2022
- Raudel Gilberto Montiel Aragón774/2019
- Raudel Gilberto Montiel Aragon757/2022
- Raul Alberto Muñoz Enrique216/2020
- Raúl Alvarez Delgadillo82/2023
- Raul Anaya Heredia521/2020
- Raul Anaya Heredia332/2020
- Raul Antonio Castro Rodriguez596/2018
- Raul Armando Jaramillo Perez664/2022
- Raul Bejarano Sarmiento326/2020