Raudel Gilberto Montiel Aragon
Expediente 89/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 22 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 89/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 22/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Raudel Gilberto Montiel Aragon
Actuaciones
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veintidós de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y en atención al estado procesal de los autos, se desprende que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días previsto en la Ley de Amparo para que las partes en este juicio interpusieran el recurso de revisión contra el auto de treinta y uno de marzo del año en curso, en el cual se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado alguna promoción al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 2 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primero de los Cuerpos de Leyes citados, se declara que dicha resolución ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. En ese contexto, de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificada las partes del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. De igual modo, acorde al artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, se precisa que este asunto es susceptible de destrucción, dado que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Asimismo, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente de relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en el artículo 21, penúltimo párrafo, del Acuerdo General citado, este órgano jurisdiccional procederá a la destrucción del presente juicio de amparo, y ordenará la remisión del acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 62 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por suscrito por la Presidenta de la Junta Especial número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual rinde informe justificado, y remite documentales. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe justificado solicitado a la autoridad responsable. Asimismo, ténganse por recibidas en este acto las documentales allegadas por la responsable, conforme al artículo 119 de la Ley de Amparo. Atento lo anterior, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se aprecia una causal de improcedencia que debe ser analizada de manera oficiosa. En efecto, el suscrito juzgador advierte la actualización de una causal de improcedencia de este juicio de amparo, derivada del informe justificado de referencia, cuyo análisis se hace valer de manera oficiosa por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, acorde con el numeral 62 de la Ley de Amparo. Tiene observancia la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultable en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto es el siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia.". Así también, cobra aplicación la tesis aislada I.7o.P.13 K, visible en la página 1947, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de 2010, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los preceptos 73, último párrafo, 74, fracción III y 91, fracción III, de la Ley de Amparo, las causales de sobreseimiento, incluso las de improcedencia, deben examinarse de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no y en cualquier instancia en que se encuentre el juicio, por ser éstas de orden público y de estudio preferente, sin que para ello sea obstáculo que se trate de la parte respecto de la cual no proceda la suplencia de la queja deficiente, pues son dos figuras distintas: el análisis oficioso de cuestiones de orden público y la suplencia de la queja. Lo anterior es así, toda vez que, se reitera, el primero de los preceptos, en el párrafo aludido, establece categóricamente que las causales de improcedencia deben ser analizadas de oficio; imperativo éste que, inclusive, está dirigido a los tribunales de segunda instancia de amparo, conforme al último numeral invocado que indica: "si consideran infundada la causa de improcedencia ..."; esto es, con independencia de quién sea la parte recurrente, ya que el legislador no sujetó dicho mandato a que fuera una, en lo específico, la promovente del recurso de revisión para que procediera su estudio. En consecuencia, dicho análisis debe llevarse a cabo lo alegue o no alguna de las partes actuantes en los agravios y con independencia a la obligación que la citada ley, en su artículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se supla la queja deficiente, lo que es un tema distinto relativo al fondo del asunto.". Tal proceder no vulnera el derecho humano reconocido en los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido o efectivo, ya que el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, por lo que es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tal motivo, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a su efectividad, a la oportunidad en que puede promoverse o, bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Así lo sostuvo, el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco, en la tesis III.4o.(III Región) 14 K (10a.), visible en la página 1641, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, de la literalidad que sigue: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo.". En ese tenor, el acto reclamado en la demanda de amparo consiste en la omisión de admitir o no el escrito inicial presentado el treinta de noviembre de dos mil veintiuno ante la H. Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, así como las medidas necesarias para llevar a cabo la notificación y/o emplazamiento a juicio de la parte demandada, y la omisión de señalar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones y la notificación a las partes; lo cual ya aconteció, pues de las documentales remitidas por los Integrantes de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en Culiacán, Sinaloa, se advierte que el diez de febrero de dos mil veintidós, la autoridad responsable tuvo por radicada la demanda interpuesta por el aquí quejoso el treinta de noviembre de dos mil veintiuno ante la autoridad responsable, señaló las doce horas del veintiocho de junio del año en curso, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, giró exhorto al Presidente de la Junta Especial Número 2 de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en esta ciudad, para que en auxilio de sus labores se lleve a cabo el emplazamiento a juicio de la parte demanda, motivo del presente juicio de amparo; documental a la que se le confiere valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al haber sido emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones, por ende, son de naturaleza pública; por lo que, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, al haber cesado los efectos del acto reclamado, lo que origina el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia en conformidad con el diverso numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.". De lo que se colige que procede el sobreseimiento cuando durante el juicio de amparo aparezca alguna de las causales de improcedencia y que este es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. De tal suerte que el acto de autoridad que combate la solicitante del amparo dejó de surtir sus efectos durante la tramitación de la presente contienda constitucional; consecuentemente, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo. Mayormente al considerarse de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo en vigor, los cuales establecen que para que se surta la causal de improcedencia consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si el acto de autoridad no hubiese invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que el motivo que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. Cobra aplicación la Tesis de la Jurisprudencia número 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 38 del Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo contenido es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.". Por ello, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, no habrá de celebrarse. Lo anterior puesto que cuando la causal de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse como sucede en el caso concreto, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio de amparo sin necesidad de celebrar la audiencia constitucional; lo cual no es contrario al espíritu que anima al artículo 17 Constitucional en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Resulta aplicable la Tesis de Jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, veinticuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el oficio con anexos de cuenta signado por el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto número de origen E-03/2022 número de orden 03/2022 del índice de este juzgado, el cual se remitió a fin de notificar de manera personal al quejoso ********************, el acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso, dictado por este Juzgado; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales conducentes. En ese contexto, realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. De acuerdo a lo anterior, téngase por notificado al quejoso de mérito del acuerdo dictado el veinticinco de febrero del año en curso por este juzgado, por medio de lista publicada en los estrados de la autoridad coadyuvante el pasado dieciséis de marzo. En atención a lo anterior, toda vez que el quejoso ********************, no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el acuerdo de veinticinco de febrero del año en curso y, por tanto, las notificaciones subsecuentes se le realizarán, por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado de Distrito, aún las de carácter personal, de conformidad con el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal de los autos, de los que se advierte que obra glosada en los autos de este juicio de amparo la constancia de estafeta que acredita que la autoridad responsable H. Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán, fue notificada el tres de marzo del año en curso, respecto al oficio 2463/2022, mediante el cual se le solicitó el informe justificado, de lo que se advierte que se encuentra transcurriendo el término señalado para rendir dicho informe. En consecuencia, para dar margen a lo anterior la audiencia constitucional señalada para el día de hoy en el presente asunto, se difiere y se fijan las diez horas con treinta minutos del treinta y uno de marzo de dos mil veintidós, para su verificativo.
- Principal
Visto el escrito de demanda y anexos, con fundamento en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción I, de la Constitución Federal; artículos 1, fracción I, 5, 6, 35, 112, 115, 116, 117, 119 y 125 de la Ley de Amparo, por reunir los requisitos necesarios, se admite la demanda de amparo promovida por Raudel Gilberto Montiel Aragón, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Cinco de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sinaloa, con sede en Culiacán; fórmese expediente tanto impreso como electrónico, regístrese en el libro de gobierno correspondiente a los juicios de amparo con el número 89/2022-4B, sin que haya lugar a tramitar el incidente de suspensión, por no haberse solicitado. Bajo ese contexto, requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo por escrito, en medios magnéticos, a través del fax institucional al número telefónico 668 815 32 08 o al correo electrónico institucional 5jdo12cto@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el cual se le solicita, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo; con el apercibimiento que de no rendir el informe justificado o lo hace sin remitir, en su caso, la copia certificada a que se refiere el párrafo cuarto del artículo 117 de la ley de la materia, en la sentencia respectiva, se impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los artículos 75, 117 y 260, fracciones II y IV, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Del mismo modo, cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento o improcedencia de este juicio de amparo, deberán comunicarla de inmediato a este órgano y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, y si incumplen con esa obligación, se les impondrá una multa por el equivalente de treinta valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los preceptos 64 y 251 de la Ley Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Pues bien, se señalan las diez horas con diez minutos del veinticuatro de marzo de dos mil veintidós, para el verificativo de la audiencia constitucional. Por otra parte, con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por anunciadas las pruebas consistentes en instrumental de actuaciones y presuncional en su doble aspecto legal y humana, sin perjuicio de relacionar las últimas dos probanzas de nueva cuenta al verificarse la audiencia constitucional; por lo que hace a la prueba documental que refiere la parte quejosa en su escrito de demanda, dígasele que no ha lugar a tenerla por exhibida, toda vez que no fue anexada al escrito que se atiende. Por otro lado, con fundamento en el artículo 5, fracción VI, de la Ley de Amparo, se tiene como parte en este juicio constitucional al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado de distrito. En relación con la manifestación del impetrante en el sentido de que la parte demanda en el juicio natural -juicio laboral número 1312/2021- de donde se origina la omisión reclamada es TERMINAL TRANSOCEANICA DE TOPOLOBAMPO, S.A. DE C.V. (TRIPLE T. PUERTO DE TOPOLOBAMPO), con domicilio en el recinto portuario de Topolobampo, Sinaloa, no resulta necesario llamar al juicio, toda vez que de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que ésta, no ha sido emplazado al juicio laboral del cual emana el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J 67/2009, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, tomo XXIX, mayo de dos mil nueve, visible a pagina 265, cuyo rubro y texto rezan: "TERCERO PERJUDICADO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR EL ACTOR EN UN JUICIO CIVIL, ADMINISTRATIVO O LABORAL. NO TIENE TAL CARÁCTER EL DEMANDADO NO EMPLAZADO (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 78/2003). Conforme al artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, la contraparte del agraviado tiene derecho a intervenir en el juicio de garantías como tercero perjudicado cuando el acto reclamado emane de juicios del orden civil, administrativo o del trabajo. Ahora bien, esa disposición debe interpretarse en el sentido de que cuando el promovente del amparo es el actor en el juicio natural, sólo el demandado emplazado, tiene el carácter de tercero perjudicado, toda vez que con el llamamiento a juicio se ha constituido la relación procesal. Lo anterior es congruente con el artículo 167 de la Ley de Amparo, ya que el tercero perjudicado debe comparecer ante el Tribunal Colegiado de Circuito a defender sus derechos, pues quien todavía no es emplazado en el juicio de origen no ha resentido afectación alguna a su esfera jurídica y, en consecuencia, no tiene derechos que defender." Con apoyo en el precepto 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del numeral 2º, párrafo segundo de la misma ley, se tiene como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciado José Lauren Lara Fuentes y Guillermo Astorga Guzmán, y como su autorizado únicamente para oír y recibir notificaciones a Jesús Antonio López Cisneros. En relación con la solicitud del amparista, en el sentido de que se autorice la utilización de medios electrónicos como cámara fotográfica y teléfono celular a los profesionistas indicados en el libelo de cuenta, con apoyo en los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna; permítase a la parte quejosa la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones, mediante el uso del scanner, cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en este expediente, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice, siempre que se deje constancia de su recepción en autos. Lo anterior, en la inteligencia de que no podrán reproducir documentos o textos cuya difusión se encuentre reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. Robustece lo expuesto con antelación, el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2847 del tomo XXIX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 2009, Materia Civil, Novena Época, de los siguientes rubro y texto: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga.". Por otra parte, hágase saber al promovente del amparo, que en caso de la inexistencia de la autoridad o, bien, su denominación sea incorrecta, se les dejará de tener con ese carácter y, como consecuencia, se suspenderá toda comunicación oficial con ella; lo anterior, de conformidad con el principio consagrado en el artículo 17 Constitucional, en sentido de que la administración de justicia debe ser pronta y expedita. Además, debe considerarse que de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a señalar con precisión a la autoridad responsable, siendo que en este supuesto no opera la suplencia de la queja prevista en el diverso artículo 79, de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio sostenido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, en la tesis III.2o.P.36 K, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 2329, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "AUTORIDADES RESPONSABLES. SU SEÑALAMIENTO ERRÓNEO EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS NO PUEDE SUBSANARSE A TRAVÉS DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA.". Ahora bien, al tomar en consideración que en el escrito de demanda de amparo el quejoso señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones uno distinto a la jurisdicción de este Juzgado; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, 298 y 300, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la codificación de la materia, gírese exhorto vía SISE al Juzgado de Distrito en Turno en Culiacán, Sinaloa, para que tenga a bien girar las instrucciones pertinentes, para que notifique este proveído al quejoso Raudel Gilberto Montiel Aragón, en el domicilio ubicado en Avenida Calzada de Los Insurgentes, número 847 sur, tercer piso, interior 304, edificio San Carlos, colonia Centro, de Culiacán, Sinaloa; asimismo, lo requiera para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad de Los Mochis, Sinaloa, apercibido que de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las personales, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado de conformidad con lo establecido en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 306 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley. Por otro lado, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento del promovente que tiene derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se niega a la publicación de éstos. Por otra parte, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea ''juicio en línea'', quienes no tengan autorizada la actuación por medios electrónicos podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes o sus autorizados con facultades expresas para hacerlo, a través de promoción física o electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020. Finalmente, en virtud de la carga de trabajo que prevalece en este órgano jurisdiccional y a fin de no retardar la tramitación de este asunto, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2, se habilitan días y horas inhábiles respecto a todas aquellas notificaciones que sean de carácter personal.
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