Raul Anaya Heredia

Expediente 332/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 13 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
332/2020
Año
2020
Actuaciones
13
Última actuación
23/06/2021

Partes del expediente

  • Raul Anaya Heredia

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna respecto a lo acordado en proveído de catorce de abril de dos mil veintiuno, en cuanto a la declaración que hizo este Juzgado Federal en el sentido de que la ejecutoria de amparo quedó cumplida. Con fundamento en lo establecido por el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez notificado del presente proveído, sin necesidad de nuevo acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno correspondiente, archívese el presente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que este asunto es susceptible de depuración, dado que por sentencia de veintiocho de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo judicial por tratarse de un asunto similar al indicado en la fracción I del artículo octavo, de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General Conjunto. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, el ambiente y la gestión ambiental, así como tampoco se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni se trata sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, ni tampoco generados por los Plenos de Circuito, que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, ni relativo a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, dentro de los siguientes noventa días, este juzgado depurara el presente expediente, con apoyo en el artículo 18, penúltimo y último párrafos, del Acuerdo General citado, y terminado el proceso de depuración, se solicitará la transferencia del presente expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Agréguese a los presentes autos el escrito que suscribe el autorizado del quejoso Raúl Anaya Heredia, mediante el cual en cumplimiento a la vista que se le dio en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, manifiesta que se encuentra de acuerdo con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de marzo de del año en curso, el Delegado de las autoridades responsables, Presidente, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, remitieron copia del oficio número 39/2021 y de la sesión ordinaria de cabildo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el cual da respuesta a la solicitud presentado por el quejoso en su escrito de veinte de julio de dos mil veinte; inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución fue emitida el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el sentido que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Raúl Anaya Heredia, misma que el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "Que las autoridades responsables Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Municipio de Ahome, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, remitió copia del oficio número 39/2021 y de la sesión ordinaria de cabildo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el cual da respuesta a la solicitud presentado por el quejoso en su escrito de veinte de julio de dos mil veinte, en el cual da respuesta a la solicitud presentado por el quejoso en su escrito de veinte de julio de dos mil veinte. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".Las autoridades responsables, en el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, dé respuesta completa a la petición del quejoso Raúl Anaya Heredia, de manera completa y coherente al escrito recibido en fecha veinte de julio de dos mil veinte.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO RAUL ANAYA HEREDIA EL AUTO DE CATORCE DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO QUE DICE: Agréguese a los presentes autos el escrito que suscribe el autorizado del quejoso Raúl Anaya Heredia, mediante el cual en cumplimiento a la vista que se le dio en proveído de treinta de marzo de dos mil veintiuno, manifiesta que se encuentra de acuerdo con el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Por otra parte, del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de marzo de del año en curso, el Delegado de las autoridades responsables, Presidente, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, remitieron copia del oficio número 39/2021 y de la sesión ordinaria de cabildo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el cual da respuesta a la solicitud presentado por el quejoso en su escrito de veinte de julio de dos mil veinte; inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la resolución fue emitida el veintiocho de octubre de dos mil veinte, en el sentido que se concedió el Amparo y Protección de la Justicia Federal a Raúl Anaya Heredia, misma que el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, causa ejecutoria y se requirió a las autoridades responsables Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, por el cumplimiento de ejecutoria de amparo. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el veintiocho de octubre de dos mil veinte, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que: "Que las autoridades responsables Presidente Municipal, Secretario del Ayuntamiento, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Municipio de Ahome, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, una vez que se les notifique la ejecutoria que se dicte en este asunto, dentro del término legal de cinco días, provean lo conducente a fin de que la autoridad que corresponda acuerde de manera inmediata lo conducente respecto a la solicitud planteada por el ahora quejoso y que se relaciona con este juicio de amparo; asimismo, se le notifique en los términos de la ley que regula el acto reclamado, el acuerdo que se dicte al respecto.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Norma el criterio la Tesis 2a. CV/2013 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732 del Tomo I del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 1, Diciembre de 2013, Materia Común, Décima Época, que dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013.". Seguidamente, mediante oficio recibido en la oficialía de partes de este juzgado el treinta de marzo de dos mil veintiuno, el delegado de las autoridades responsables Presidente, Secretario, Cuerpo de Regidores y Director de Asuntos Jurídicos, todos del Ayuntamiento de Ahome, con sede en esta ciudad, remitió copia del oficio número 39/2021 y de la sesión ordinaria de cabildo de cinco de marzo de dos mil veintiuno, en el cual da respuesta a la solicitud presentado por el quejoso en su escrito de veinte de julio de dos mil veinte, en el cual da respuesta a la solicitud presentado por el quejoso en su escrito de veinte de julio de dos mil veinte. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que ".Las autoridades responsables, en el plazo de cinco días, contado a partir de que se le notifique la ejecutoria que cause este fallo, dé respuesta completa a la petición del quejoso Raúl Anaya Heredia, de manera completa y coherente al escrito recibido en fecha veinte de julio de dos mil veinte.". Lo cual ya aconteció. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.

  4. Principal

    Visto el oficio de cuenta suscrito por el Delegado de las autoridades responsables, Presidente, Secretario y Cuerpo de Regidores, todos del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso, con el oficio que se agrega, para que dentro del término de tres días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

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