Raul Anaya Heredia
Expediente 521/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 22 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 521/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 11/03/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Raul Anaya Heredia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, once de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que el treinta y uno de enero de dos mil veintidós, este Juzgado Federal declaró cumplida la ejecutoria de amparo, sin que la parte quejosa, a la fecha, hubiere interpuesto el recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo; consecuentemente, con fundamento en el precepto 214 de la ley de la materia, archívese el presente como asunto concluido. Por tanto, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Ahora bien, de conformidad con la fracción III, del artículo Vigésimo Primero, Capitulo Quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, del citado Acuerdo General conjunto número 1/2009, toda vez que se negó la suspensión definitiva, respecto de los actos reclamados, se precisa que el original y duplicado del cuaderno de suspensión, son susceptibles de destrucción, atento a la fracción III, del apartado vigésimo y fracción III, primer párrafo del punto vigésimo primero, ambos del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29, del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional acompañando copia digitalizada debidamente certificada de la demanda y de la sentencia respectivas; transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista que se le hizo en proveído de diez de noviembre de dos mil veintiuno, del oficio suscrito por la autoridad responsable el Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, inherente al cumplimiento de la sentencia emitida en este juicio; por tanto, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por la citada autoridad. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". Es necesario precisar que la sentencia constitucional fue emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, en el sentido de conceder el Amparo y Protección de la Justicia Federal al quejoso Raúl Anaya Heredia, misma que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, causó ejecutoria y se requirió a la autoridad responsable por el cumplimiento de la ejecutoria. En ese sentido, debe decirse que la resolución emitida el treinta de marzo de dos mil veintiuno, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para el efecto de que la autoridad responsable: Deje insubsistente la resolución dictada el cinco de junio de dos mil veinte, por la Sindica Procuradora del Municipio de Ahome, en el procedimiento administrativo C.H.J./R.B./024/2019, y emita otra en la cual atienda la totalidad de argumentos expuestos por el recurrente en el recurso de revisión administrativo presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve. Ahora bien, mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se advierte que las autoridades responsables informaron dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, misma que se le dio vista a la parte quejosa. Asimismo, la parte quejosa mediante escrito presentado por oficialía de partes el veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, desahogo la vista que se le hizo en proveído veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, en el cual hace manifestaciones respecto al cumplimiento de ejecutoria que hacen las autoridades responsables Comisión Honor y Justicia de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y Jefe del Departamento Jurídico de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, y la Sindica Procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, y manifestó que las autoridades responsables no dieron cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En proveído de veinte de octubre de dos mil veintiuno, se agregó el oficio suscrito por la autoridad responsable Sindica Procuradora del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, solicitó prórroga para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora bien, mediante oficio, recibido en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de noviembre de dos mil veintidós, la Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad, informa que en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno, con fundamento en el artículo 87 del Reglamento Interior de la Policía Preventiva y Tránsito del Municipio de Ahome, Sinaloa, dejó insubsistente la resolución dictada el cinco de junio de dos mil veinte, por la Sindica Procuradora del Municipio de Ahome, en el procedimiento administrativo C.H.J./R.B./024/2019, y emitió una nueva resolución en fecha cuatro de noviembre de dos mil veintiuno dentro del recurso de revisión; con la cual se le dio vista a la parte quejosa sin que hiciera manifestación alguna con dicho cumplimiento. Ahora bien, si la concesión del amparo lo fue para el efecto de que la autoridad responsable Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con residencia en esta ciudad ".Deje insubsistente la resolución dictada el cinco de junio de dos mil veinte, por la Sindica Procuradora del Municipio de Ahome, en el procedimiento administrativo C.H.J./R.B./024/2019, y emita otra en la cual atienda la totalidad de argumentos expuestos por el recurrente en el recurso de revisión administrativo presentado el veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve .". Lo cual ya aconteció, sin que se advierta de autos que la parte quejosa haya manifestado inconformidad con el cumplimiento dado a la ejecutoria por la autoridad responsable. Por tanto, de acuerdo a los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de los derechos fundamentales violados, en términos de lo que establece el numeral antes citado; en consecuencia, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, en su totalidad, sin haber incurrido la autoridad responsable en exceso o defectos.
- Principal
Los Mochis, Sinaloa, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el oficio de cuenta suscrito por la Síndica Procuradora del Honorable Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo y exhibe documentales que lo acredita; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Finalmente, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista con el mismo a la parte quejosa para que dentro del término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifieste lo que a su interés convenga, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Juzgado Federal resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables.
- Principal
Visto el oficio de cuenta, suscrito por la Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que el treinta y uno de octubre de dos mil veintiuno, tomó protesta como Síndica Procuradora del Ayuntamiento de Ahome, para entrar en funciones el día primero del mes y año que transcurren, y que al realizar una revisión de los asuntos en trámite se percató que no se ha dado cumplimiento a la resolución en el amparo indicado al rubro; por ello solicita una prórroga de tres días hábiles para dar cumplimiento al requerimiento por parte de este órgano jurisdiccional; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes. Ahora bien, como lo solicita la autoridad oficiante, con apoyo en el artículo 192 párrafo cuarto de la Ley de Amparo, se le concede una prórroga de tres días, contados a partir de la notificación del presente proveído, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Es aplicable, por identidad jurídica, la Jurisprudencia de la Décima Época, con registro 2006184, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 926, del Tomo I, Libro 5, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Abril de 2014, Materia(s): Común, número de Tesis: 2a./J. 33/2014 (10a.), cuyo contenido es: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Tratándose del juicio de amparo indirecto, para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito, con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato.
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