Raquel Zamora Reyes
Expediente 691/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 691/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Raquel Zamora Reyes
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que, hasta este momento procesal, la parte quejosa, no ha interpuesto el recurso de queja, contra el proveído de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, emitido en el presente juicio de amparo número 691/2019-4B, por el que se desechó su demanda de garantías, por tanto, al habertranscurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, con apoyo además, en los numerales 2° y 214 de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes, de modo que, una vez notificado el presente acuerdo, previa anotación en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como definitivamente concluido. Luego, tomando en cuenta que el presente expediente, está definitivamente concluido, acorde con la fracción I, del Apartado Vigésimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa que este asunto, es susceptible de destrucción, dado que, por auto de veintidós de noviembre de dos mil diecinueve, se desechó su demanda de garantías; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa, al archivo reciente, por tratarse de un asunto, similar al indicado en la fracción I, del punto noveno, capítulo tercero de los tipos de archivo y de las transferencias de expedientes judiciales, del mencionado Acuerdo General conjunto número 1/2009. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido las partes, no se trata de expediente con valor histórico o jurídico ni de relevancia documental, puesto que ingresó en este Juzgado Federal, con fecha doce de noviembre de dos mil diecinueve, por ello, no encuadra en aquéllos expedientes con ingreso en el año de mil novecientos cincuenta y uno, no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes o resoluciones con trascendencia jurídica, política, social o económica, datos que deberán asentarse en la carátula respectiva. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años, contados a partir de la orden de archivo del presente expediente, con apoyo en los artículos Décimo, fracción I, y Décimo Primero, ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, transfiérase al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lugar en el que se archivará a disposición de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse una vez al año, conforme al calendario que emita el Centro de Documentación y Análisis en coordinación con el titular de este Juzgado.
- Principal
ES NOTIFICACION PERSONAL.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA RAQUEL ZAMORA REYES, POR SU PROPIO DERECHO Y DE APODERADO LEGAL DEL SEÑOR SALVADOR GONZALEZ BENITEZ, EL AUTO DE VEINTIDOS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE A LA LETRA DICE: Vista la demanda promovida por RAQUEL ZAMORA REYES, por su propio derecho y como apoderada legal de SALVADOR GONZÁLEZ BENÍTEZ, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con domicilio en esta ciudad, y otras autoridades; regístrese en el libro de gobierno y en la estadística. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución General de la República, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente; esto es, por surtirse la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las siguientes razones: El artículo 113 de la Ley de Amparo, dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza al suscrito Juez a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciará el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De la demanda de amparo, se advierte que los promoventes RAQUEL ZAMORA REYES, por su propio derecho y como apoderada legal de SALVADOR GONZÁLEZ BENÍTEZ, señalan como acto reclamado: El auto dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, en que se le niega la admisión del recurso de apelación (auto dictado dentro del expediente 2297/2017) del índice del Jugado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con domicilio en esta ciudad, interpuesto contra la diversa resolución de siete de octubre de dos mil diecinueve, en la que la responsable no le admitió incidente de nulidad de actuaciones ni reconoce personalidad. Mediante escrito aclaratorio, los justiciables refieren ser partes procesales en el juicio de origen; aclararon que el reclamo versa con relación al auto dictado el dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, mediante el cual les fue negada la admisión del recurso de apelación contra el auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, en la que la responsable no le admitió incidente de nulidad de actuaciones ni reconoce personalidad dentro del juicio 2297/2017, del índice del Jugado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Ahome, con domicilio en esta ciudad. Al respecto, cabe destacar, que el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas." Asimismo, el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República precisa: "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: [.] b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan." Por otra parte, la fracción XVIII del artículo 61 trascrito, establece la restricción de la procedencia del juicio de amparo contra aquellos actos emitidos por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que por virtud de la ley que norma su procedimiento puedan ser combatidos mediante algún recurso o medio de defensa, mismo que tiene la posibilidad de modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, principio de definitividad que necesariamente se tiene que agotar el recurso o medio de defensa establecido en la ley que regula al acto reclamado, pues de no hacerlo trae como consecuencia la improcedencia del amparo, en virtud de que el juicio de garantías está concebido por el legislador, como un medio extraordinario de defensa, cuya finalidad es mantener el orden constitucional, de ahí que no pueda acudirse a dicha instancia cuando en el procedimiento natural se otorgue un remedio legal, a través del que sea posible reparar el perjuicio alegado por la parte legitimada. Ahora bien, el numeral 107, fracción III, inciso b), Constitucional transcrito, si bien da el derecho de impugnar en amparo los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, también lo es que ello es procedente una vez agotados los recursos que en su caso procedan contra el acto o actos dictados en el juicio. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.6o.C.J/37, emitida por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, localizable en la página 902, Mayo de dos mil dos, tomo XV, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro número 187016, que dispone: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Así como la Tesis VII.3o.C.25 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, del mes de Julio de 2006, Novena Época, Materia Común, página 1182, con registro 174750, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. NO EXISTE EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, EN TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS JUDICIALES. La Ley de Amparo no prevé excepción respecto a la obligación de agotar el recurso o medio de defensa que proceda antes de intentar la acción constitucional en tratándose de procedimientos judiciales, aun cuando no suspendan el acto reclamado, pues ello sólo es dable cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción XV del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales." Igualmente, la Tesis X.1o.31 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, del mes de Diciembre de 2005, Novena Época, consultable en la página 2661, con registro número 176566, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. DEBE RESPETARSE ESTE PRINCIPIO INCLUSO CUANDO SE RECLAMEN ACTOS DENTRO DE JUICIO CUYA EJECUCIÓN SEA DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. El hecho de que ante el Juez de Distrito se señale como acto reclamado uno dictado dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, en contra del cual procede el amparo indirecto, tal circunstancia de ninguna manera determina que se esté en un caso de excepción al principio de definitividad, porque las reglas del amparo indirecto, tratándose de actos intraprocesales, determinan que antes de acudir al juicio de garantías deben combatirse mediante los recursos correspondientes, incluso si su ejecución se estima de imposible reparación, pues así se advierte del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; a menos que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o se trate de alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional, caso en el que se actualiza una excepción al principio de definitividad, en términos del artículo 73, fracción XIII, segundo párrafo, de la Ley de Amparo." También la Jurisprudencia VI.1º. J/85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la página 51, Tomo 67, Julio de 1993, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con registro número 215770, cuyo rubro y texto es: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73, fracción XV, de la Ley de Amparo. En cambio, la literalidad del artículo 73, fracción XIII, de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado, sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." Ahora bien, los artículos 394 a 397 del Código de Procedimientos Familiares en el Estado de Sinaloa, relativos al capítulo de la Queja, establecen: "Capítulo IV De la Queja Artículo 394. El recurso de queja es procedente: I. Contra la resolución que desconozca de oficio la personalidad del actor antes del emplazamiento; II. Contra la denegación de la apelación, y III. En los demás casos fijados por el presente Código. Artículo 395. El recurso de queja deberá interponerse dentro de los tres días siguientes al en que se tenga por hecha la notificación de la resolución recurrida o de la fecha en que se ejecute el acto que lo motiva. Artículo 396. El recurso de queja se tramitará de la siguiente forma: I. Deberá interponerse por escrito ante el superior del juez que conozca del asunto, al interponer el recurso, el quejoso deberá hacerlo saber al juez presentándole copia, por duplicado del escrito de queja. Una de ellas se agregará al expediente y la otra se mandará entregar al colitigante; II. El juez dentro de los tres días siguientes, remitirá al superior su informe con justificación y el colitigante, dentro de igual término, que se contará desde que reciba la copia, lo que cuidará el juez de asentar en el expediente y en el informe, podrán ocurrir al superior expresando lo que a su derecho convenga, y III. Recibido el informe del juez, dentro de los tres días siguientes el tribunal decidirá declarando fundada o infundada la queja. Artículo 397. Si el juez no rinde el informe a que se refiere este Capítulo, porque quien interpuso el recurso, no entregó las copias a que se refiere el artículo precedente, se declarará por este solo hecho la queja infundada. Si la falta es imputable al juez, el tribunal compelerá a su inferior por los medios de apremio, a la rendición del debido informe. Si la queja no está apoyada en hechos ciertos, o exista otro recurso en contra de la resolución reclamada, será desechada por el tribunal imponiendo a la quejosa, su abogado o al procurador judicial, solidariamente una multa hasta de cincuenta veces el salario mínimo. Preceptos de los cuales se desprende que la parte quejosa previo al amparo, debió interponer el recurso de queja contra el auto por el cual se negó la admisión de la apelación emitido por la Juez responsable contra el auto de dieciocho de octubre de dos mil diecinueve, ya que conforme al artículo 394 del citado código, era procedente el recurso de queja, a través del cual el acto reclamado pudo ser modificado, revocado o nulificado. Por ello los hoy quejosos tenía forzosamente la obligación de agotar dicho medio de defensa, previo al ejercicio de la acción constitucional, ya que el amparo es un medio extraordinario que en tratándose de actos de Tribunales Judiciales, Administrativos o del Trabajo sólo procede contra actos definitivos, y al no haber observado la agraviada el principio de definitividad que rige en forma ineludible al juicio de garantías, se actualiza respecto de los mencionados actos reclamados, la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. Sin que pase desapercibido por este juzgador, el contenido de la Jurisprudencia 1a./J.57/2012 (10a.) sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 751 del Tomo 1 del Libro X, julio de dos mil doce, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo tenor es el siguiente: "QUEJA POR DENEGADA APELACIÓN. NO SE REQUIERE SU INTERPOSICIÓN EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL JUEZ QUE RECHAZA EL RECURSO DE APELACIÓN, PARA TENER POR SATISFECHO EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN MATERIA DE AMPARO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA). Del contenido de los artículos 709, fracción III, y 711 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California que regulan el trámite del recurso de queja por denegada apelación, destaca que acorde con la evolución histórico legislativa de ese recurso, su interposición es idónea dado que persigue revocar la resolución recurrida; sin embargo, como en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, tal recurso es de eficacia limitada de origen. En consecuencia, la resolución del juez que rechaza el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia definitiva en juicios de naturaleza civil, no requiere ser impugnada mediante el recurso de queja por denegada apelación previsto en el artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, para tener por satisfecho el principio de definitividad contenido en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." Pues en dicha jurisprudencia, la Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal determinó que respecto del recurso de queja previsto en el artículo 709, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Baja California, se actualiza un caso de excepción al principio de definitividad, pues en su tramitación no se prevé la intervención de la parte contraria al recurrente, por lo que tal recurso es de eficacia limitada de origen. Lo que no acontece en la especie, ya que de la lectura del artículo 396 del Código de Procedimientos Familiares para el Estado de Sinaloa, y 716 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sinaloa, se advierte que para la tramitación del recurso de queja, es necesario que el recurrente presente su escrito por duplicado, para que uno de ellos sea entregado al colitigante, quien en el término de tres días contados a partir de que reciba la copia, manifestará lo que a su derecho convenga, y si no se acompaña dicha copia, el recurso de declarará infundado o desierto por ese sólo hecho. Supuesto distinto al analizado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que resulta inaplicable el criterio jurisprudencial antes transcrito. Consecuentemente, al actualizarse en el caso la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la citada Ley, se desecha la demanda de garantías por ser notoriamente improcedente.
- Principal
ES NOTIFICACIÓN PERSONAL.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · 4,666 expedientes
- Ramsés Villegas Sarabia506/2022
- Randolfo Cota Leyva491/2020
- RANULFO BARRERAS REYNAGA y Otros.298/2020
- Raquel Limon Valle184/2018
- Raquel Salomon Quezada550/2020
- Raquel Soto Rubio764/2021
- Raudel Gilberto Montiel Aragon89/2022
- Raudel Gilberto Montiel Aragón774/2019
- Raudel Gilberto Montiel Aragon757/2022
- Raul Alberto Muñoz Enrique216/2020
- Raul Alberto Muñoz Enrique642/2023
- Raúl Alvarez Delgadillo82/2023