Raudel Gilberto Montiel Aragón
Expediente 774/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 10 actuaciones registradas, la última del 2 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 774/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 02/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Raudel Gilberto Montiel Aragón
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Vista la Circular SECNO/1/2021 emitida por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, el ocho de enero de dos mil veintiuno, mediante la cual hizo del conocimiento la decisión adoptada por la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal en el sentido de aprobar el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana y en las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", por lo cual, en atención a la fracción II, punto 2 se hace del conocimiento que del 12 al 18 de enero de 2021, resulta aplicable el acuerdo general 21/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en consecuencia, se levanta la suspensión de plazos y términos prevista en la Circular CAP/3/2020 y, por ende, se reanudan los plazos y términos en la totalidad de los juicios y procesos; de igual manera se precisa lo siguiente: 2. Como ocurrió con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020, se adoptan las medidas de ampliación de los plazos previstos en el artículo 2, fracciones III, IV, V y VIII, para lo cual se considerará como nueva fecha límite el 12 de febrero de 2021. Los órganos jurisdiccionales deben hacer del conocimiento de las personas justiciables la aplicabilidad de los preceptos en cita como parte del fundamento en cada determinación en que se actúe con base en dicho artículo. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que en proveído de siete de diciembre de dos mil veinte, se tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo; consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por órganos jurisdiccionales, este asunto es susceptible de depuración, dado que en sentencia de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se sobreseyó y concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, en el presente juicio de amparo; consecuentemente, una vez realizadas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, envíese el expediente en que se actúa al archivo reciente. Por otra parte, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se precisa que el original del cuaderno de suspensión es susceptible de depuración, motivo por el cual deberá conservarse el proveído y la resolución interlocutoria en los que se concedió la suspensión provisional y definitiva del acto reclamado, respectivamente, y se retirarán las demás actuaciones del expediente para proceder a su destrucción, y una vez que ; en la inteligencia de que el duplicado del incidente de suspensión relativo es susceptible de destrucción una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la interlocutoria respectiva, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General reseñado. Asimismo, se indica que, del análisis del asunto que nos ocupa, se advierte que no obra documento original, por no haberlo exhibido, no se trata de expediente con relevancia documental, puesto que no encuadra en ninguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del referido Acuerdo General, dado que se reclamó ataques a la libertad personal fuera del procedimiento e incomunicación; es decir no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental, ni se impugnaron resoluciones ante organismos públicos internacionales, ni se ventilaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni es relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni materia agraria. En el entendido que, una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la orden de archivo del presente asunto, con apoyo en los artículos 18, 27, 28 y 29 ambos del Acuerdo General Conjunto citado, por medio de la Administración Regional, previa depuración que este órgano jurisdiccional lleve a cabo, transfiérase a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación, lugar en el que se archivará a disposición de juzgado, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al asunto, así como el proveído en que se acuerde su archivo como asunto concluido; y demás documentos a consideración del titular de este órgano jurisdiccional, transferencia que habrá de efectuarse de acuerdo al calendario correspondiente y a petición escrita del titular de este juzgado.
- Principal
Visto el escrito presentado en línea firmado por el licenciado Luis Javier Jiménez González, autorizado legal del quejoso Raudel Gilberto Montiel Aragón, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de veintisiete de noviembre del año en curso, hace diversas manifestaciones y comunica se encuentra de acuerdo con el cumplimiento; agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales. Ahora bien, atento al estado que guardan los presentes autos, este Juzgado de Distrito analiza si se dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables allegados al expediente. Es aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la entonces Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 243 del Tomo XI del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de 2000, Novena Época, Materia Común, que dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia.". En principio, la protección constitucional fue concedida para los siguientes efectos: "Efectos de la concesión del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado es para efecto de que las autoridades responsables, una vez que causa estado la presente resolución, dejen sin efecto la negativa verbal reclamada y, de manera inmediata emitan una determinación por escrito debidamente fundada y motivada en el que justifiquen su proceder, es decir, resuelvan si procede o no proporcionar la atención médica y medicamentos que requiere el quejoso para su padecimiento de salud motivo de este juicio de amparo, y que se le notifique personalmente.". Lo que ya aconteció, tal y como quedó acreditado, con el oficio suscrito por el Delegado designado por el Encargado de la Dirección del Hospital General Zona Número 49, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, en el que comunica dejó sin efectos la orden verbal dada al quejoso, asimismo de manera fundada y motivada las razones por las cuales esa autoridad se encuentra imposibilitada para prestar atención médica al quejoso Raudel Gilberto Montiel Aragón, de lo que anexa constancia, así también exhibe constancia de que fue notificada al quejoso dicha circunstancia el veinticuatro de noviembre del año en curso; de lo que se concluye, que se ha restituido al peticionario del amparo, en el pleno goce de las garantías violadas, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo, pues la ejecutoria se cumplió en los lineamientos precisados; por tanto, se declara que el fallo protector ha quedado cumplido, sin exceso o defecto alguno. Máxime si se tiene en consideración que en escrito recibido en esta propia fecha, el autorizado legal del quejoso de mérito se manifestó conforme con dicho cumplimiento.
- Principal
Visto el oficio suscrito por el Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa el cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo y remite documental para sustentarlo; agréguese a los autos para que surta sus efectos legales correspondientes. En ese contexto, conforme a lo dispuesto por el artículo 196, de la Ley de Amparo, dese vista al quejoso con el oficio y documental de cuenta para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su interés legal convenga; con el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo conferido, este Juzgado Federal resolverá acerca del cumplimiento otorgado a la ejecutoria de amparo con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las citadas autoridades responsables.
- Principal
Visto el escrito presentado en línea por el licenciado Luis Javier Jiménez González, autorizado legal del quejoso Raudel Gilberto Montiel Aragón, mediante el cual desahoga la vista otorgada en auto de veintiocho de octubre del presente año y manifiesta que de las constancias allegadas por la autoridad responsable Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con sede en esta ciudad, no se advierte que haya dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo; agréguense a los autos para que surtan sus efectos legales conducentes. En esa virtud, con copia del escrito que se agrega y con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Encargado de la Dirección del Hospital General de Zona número 49 del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Sinaloa, con sede en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se le comunique el presente acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo. En el entendido de que la concesión de la protección constitucional se realizó para el efecto de que: "Efectos de la concesión del amparo. La concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado es para efecto de que las autoridades responsables, una vez que causa estado la presente resolución, dejen sin efecto la negativa verbal reclamada y, de manera inmediata emitan una determinación por escrito debidamente fundada y motivada en el que justifiquen su proceder, es decir, resuelvan si procede o no proporcionar la atención médica y medicamentos que requiere el quejoso para su padecimiento de salud motivo de este juicio de amparo, y que se le notifique personalmente.". Por último, se apercibe a las citada autoridad responsable, que de no otorgar cumplimiento a la ejecutoria en el plazo indicado, se le impondrá una multa por el equivalente de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto), en términos de los numerales 192, 238 y 258 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos segundo y tercero transitorios del Decreto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, publicado el veintisiete siguiente en el Diario Oficial de la Federación, que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
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