Rafael Adrian Alcantar Bejar

Expediente 1304/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1304/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
17/02/2023

Partes del expediente

  • Rafael Adrian Alcantar Bejar
  • Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de febrero de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia con engrose de dieciocho de enero del año en curso, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEÍDO en el amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se hizo apertura de los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Mirna Rodríguez Calderón, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de enero de dos mil veintitrés. V I S T O S los presentes autos para resolver el juicio de amparo 1304/2022-VIII, promovido por Rafael Adrián Alcántar Béjar por propio derecho, contra actos del: 1. Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 2. Coordinador de la Unidad Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 3. Coordinador de la Dirección de Vinculación y Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 4. Director de Vinculación y Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. 5. Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán; y, 6. Asesor del Servicio Social de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, Rafael Adrián Alcántar Béjar, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y las autoridades responsables que precisó en los siguientes términos: "(.) III. Autoridades responsables. a) Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. b) Coordinador de la Universidad Académica de la Facultad de Derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. c) Coordinador de la Dirección de Vinculación y Servicio Social de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. d) Director de Vinculación y Servicio Social de la Universidad Michoacán de San Nicolás de Hidalgo. e) La Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. f) Asesor de Servicio Social de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. IV. Actos reclamados: A las autoridades a), b), c) y d) les reclamó lo siguiente: 1. La omisión de expedirme la constancia de Servicio Social que por derecho me corresponde. 2. La omisión de expedirme mi título de licenciatura en derecho que me corresponde como alumno. 3.- La omisión de firmar mi reporte de actividades del correspondiente al tercer periodo del 1 de agosto al 1 de octubre de 2019. 4. Omisión de firmar mi reporte global de actividades, del periodo del 1 de abril al 1 de octubre de 2019. A las autoridades e) y f), les reclamo lo siguiente: 5. La omisión de reconocerme el servicio social prestado durante el periodo del 1 de abril de 2019 al 1 de octubre de 2019. 6. La omisión de expedirme mi carta de terminación de servicio social durante el periodo del 1 de abril de 2019 al 1 de octubre de 2019. 7. La omisión de firmar mi reporte de actividades de actividades por el periodo del 1 de agosto al 1 de octubre de 2019. (.)." Actos que el promovente del amparo consideró violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en los artículos 3°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. En auto de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, registró la demanda; y, una vez solventado el requerimiento que le fue efectuado, el veintinueve posterior se admitió a trámite la demanda de garantías; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la Federación quien sí formuló alegatos; asimismo, se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos se celebró el doce de enero de dos mil veintidós , al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es competente por materia, territorio y grado para conocer del presente asunto y resolverlo, de conformidad con lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción III, inciso b, de la Ley de Amparo, 2 así como el 1 "Artículo 103.- Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.] XV.- El Fiscal General de la República o el Agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal y aquéllos que determine la ley; [.]." 2 "Artículo 33. Son competentes para conocer del juicio de amparo: [.] IV. Los juzgados de distrito; y [.]." "Artículo 35. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. [.]." "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." "Artículo 107. El amparo diverso artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;3 y punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,4 relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna actos emitidos por autoridades que residen dentro de la circunscripción territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo,5 se procede a la fijación clara y precisa de los actos reclamados, para lo que es necesario tomar en consideración, en su integridad, la demanda de garantías y toda la información que obra en el expediente. Ilustra lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice:6 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a indirecto procede: [.] III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: [.] b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.]." 3 "Articulo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente Capítulo." 4 CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: [.] XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Los juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: [.] Morelia, [.]." 5 "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; [.]." 6 Visible en la página 32, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia Común, Novena Época, con registro 192097. fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De igual manera, resulta ilustrativa la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a continuación se inserta: 7 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese sentido, del análisis integral de la demanda de garantías y de las constancias que obran en autos, se desprende que el acto reclamado a las autoridades responsables, son los siguientes: 7 Visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Materia Común, Novena Época, Registro 181810. I. De las autoridades dependientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La omisión de expedir o liberar su reporte de autoridades y la constancia de terminación de servicio social; y, en consecuencia, la omisión de expedir su título de licenciatura. II. De las autoridades dependientes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán. La omisión de reconocer el servicio social que prestó ante aquélla institución. TERCERO. Inexistencia de los actos. Del contenido del informe justificado rendido por las autoridades dependientes de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, se advierte que éstas negaron la existencia de los actos que la parte quejosa les atribuyó. Incluso de la documental que allegó tanto el quejoso como dicha responsable consistente en el oficio número SE/048/2021 de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, emitido por el Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos en el Estado de Michoacán, por el que hizo del conocimiento de la Directora del Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que el quejoso concluyó en aquélla comisión su servicio social, el cual tuvo una duración del uno de abril de dos mil diecinueve al uno de octubre del mismo año, cubriendo un total de cuatrocientas ochenta horas. Medio de convicción que amerita valor demostrativo de conformidad con lo previsto por los artículos 129,8 1979 y 20210 del Código Federal de 8 "Articulo 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones." Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa al artículo 2º de la Ley de Amparo, al tratarse de constancias emitidas por autoridades en ejercicio de sus funciones. Apoya lo anterior la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,11 del contenido literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De modo que con tal documental, se corrobora que no existe la omisión reclamada a dicha autoridad; por ello, en lo que corresponde a éstas, se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción IV del artículo 6312 de la Ley de Amparo, lo que se impone es SOBRESEER en el juicio de amparo, por la inexistencia de los actos reclamados a la autoridad responsable de que se trata. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,13 que se reproduce a continuación: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta 9 "Articulo 197.- El tribunal goza de la más amplia libertad para hacer el análisis de las pruebas rendidas; para determinar el valor de las mismas, unas enfrente de las otras, y para fijar el resultado final de dicha valuación contradictoria; a no ser que la ley fije las reglas para hacer esta valuación, observando, sin embargo, respecto de cada especie de prueba, lo dispuesto en este capítulo.". 10 "Articulo 202.- Los documentos públicos hacen prueba plena de los hechos legalmente afirmados por la autoridad de que aquéllos procedan; pero, si en ellos se contienen declaraciones de verdad o manifestaciones de hechos de particulares, los documentos sólo prueban plenamente que, ante la autoridad que los expidió, se hicieron tales declaraciones o manifestaciones; pero no prueban la verdad de lo declarado o manifestado. [.].". 11 Visible en la página 153, del Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, registro 394182. 12 "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.].". 13 Visible en la página 305 Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Segunda Sección - Improcedencia y sobreseimiento, Materia Común, Sexta Época, registro 1002350. negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el que suscribe se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,14 que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Por otra parte, del contenido de los informes rendidos por las autoridades dependientes de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se desprende que negaron la existencia del acto que le fue atribuido; no obstante, tal negativa se desvirtúa de las manifestaciones que vierten, pues argumentan que no liberaron el servicio social reclamado porque el quejoso fue omiso en cumplir con los requisitos que señala la normatividad administrativa. En consecuencia, el acto que a éstas se atribuye debe tenerse por cierto y emprenderse su estudio en esta instancia constitucional. QUINTO. Existencia de causal de sobreseimiento. Examinada la certeza de los actos reclamados, procede analizar la procedencia del juicio de 14 Visible en la página 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, Octubre de 1993, Materia Común, Octava Época, registro 214593. amparo de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "ARTÍCULO 62.- Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." Esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido, incluido el de las causas de sobreseimiento, es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,15 que se cita a continuación: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin." De igual forma, resulta aplicable al caso, el criterio jurisprudencial sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,16 de rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios 15 Visible en la página 191 del Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, Materia Común, Octava Época, Registro 206296. 16 Visible en la página 190 del Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Séptima Época, Registro 394239. actos que se tachen de inconstitucionales.". Del examen de las constancias que integran el juicio que nos ocupa es factible advertir que, en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I de la Ley de Amparo, la cual es del tenor siguiente: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento." Del numeral transcrito se desprende que el juicio de amparo debe sobreseerse cuando la parte quejosa desista expresamente de la demanda o cuando ésta no sea ratificada. En este sentido, Rafael Adrián Alcántar Béjar promovió el juicio que nos ocupa; y, con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, por escrito presentado el trece de enero actual, hizo del conocimiento de este órgano de control constitucional que era su deseo desistir de la demanda que dio origen al expediente en que se actúa, ocurso que ratificó el diecisiete inmediato siguiente. Tal circunstancia patentiza la actualización de la causa de sobreseimiento aludida, precisamente porque el quejoso, quien promovió el juicio de amparo como la única persona que podía resentir los efectos de los actos reclamados, manifestó que es su deseo dar por terminada la instancia federal. No pasa inadvertido que las consecuencias del desistimiento en el juicio de amparo son primordialmente que el acto reclamado permanezca incólume; sin embargo, el propio quejoso ratificó el escrito de desistimiento, y de esta forma puede tenerse certeza de la identidad del ocursante y se evita que una persona diversa se desista del juicio constitucional en perjuicio del quejoso. Cabe decir que, por certeza jurídica para las partes, una vez que el quejoso ha ratificado el escrito de desistimiento no puede retractarse para que se continúe con el trámite del juicio, pues de permitirse tal acción podría generar que el resto de las partes en el juicio de amparo quedarán imposibilitados para desplegar una conducta que les permitiera defender sus propios intereses. Apoya lo anterior la jurisprudencia 161/201017 , de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y textos siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO PROCEDE SU RETRACTACIÓN UNA VEZ RATIFICADO ANTE LA PRESENCIA JUDICIAL. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 119/2006, de rubro: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO.", sostuvo que la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo tiene como objeto verificar la identidad de quien desiste, esto es, cerciorarse de que no se trate de un ocurso en el que se haya suplantado al interesado o que obedezca a una causa ajena a su voluntad. Ahora bien, la retractación de dicho desistimiento debe hacerse dentro del plazo de tres días previsto para su ratificación o durante el desarrollo de la diligencia relativa, en términos de la fracción III del artículo 30 de la Ley de Amparo. De lo que se sigue que si el peticionario de garantías pretende abandonar su intención de desistir de la demanda de amparo después de ratificar el desistimiento ante la presencia judicial, no es posible que la retractación surta efectos a su favor, pues la sola ratificación actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 74 de la citada Ley; máxime que lo 17 Visible en la página 687 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia(s): Común, Novena Época con registro digital 163160. contrario atentaría contra la garantía de seguridad jurídica y el principio general de derecho consistente en que los actos jurídicos no pueden dejarse al arbitrio de una de las partes. Lo anterior es así, con independencia de que dicha retractación se presente antes del dictado de la sentencia definitiva correspondiente, en la medida en que la negativa a acordar favorablemente la abdicación emana de la naturaleza intrínseca que le inculca la ratificación previa del escrito de desistimiento, además de que, en todo caso, la sentencia que se emita al respecto y decrete el sobreseimiento tendrá carácter declarativo, al manifestar una causa legal que impide la continuación del juicio o que pueda resolverse la cuestión de fondo originalmente planteada." En tal virtud, resulta incuestionable que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo, precisamente porque la única persona que podía resentir los efectos de los actos reclamados y el único que acudió a la instancia de amparo desistió de la acción constitucional. Consecuentemente, lo que se impone es sobreseer en los autos del presente juicio de amparo. No es óbice a lo anterior, que el escrito de desistimiento se haya presentado con posterioridad a que se celebró el inicio de la audiencia constitucional, porque la parte quejosa conserva vigente su derecho para desistirse de la demanda hasta en tanto no exista sentencia firme. Al respecto es aplicable la jurisprudencia 35/201318, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "DESISTIMIENTO SIMULTÁNEO DEL JUICIO DE AMPARO Y DEL RECURSO DE REVISIÓN. DEBE ATENDERSE AL DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Ante el desistimiento del quejoso tanto del juicio de amparo como del 18 Visible en la página 312 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 1, Materia(s): Común, Décima Época con registro 2003552. recurso de revisión planteado en un mismo escrito, el Tribunal Colegiado de Circuito revisor debe atender al de la acción que originó el juicio constitucional, toda vez que el recurso de revisión es de naturaleza accesoria en relación con el juicio y este último es de estudio preferente; lo que conlleva a decretar el sobreseimiento en el juicio, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo." Como consecuencia de lo anterior, este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad de los actos reclamados, dado que dicho examen debe reservarse para los casos en que se realice un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Orienta lo expuesto la jurisprudencia sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,19 que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente." En ese sentido, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: 19 Visible en la página 57 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación número 70, Octubre de 1993, Materia Común, Octava Época, registro 214593. ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Rafael Adrián Alcántar Béjar, respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo expuesto en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario del propio Juzgado que autoriza y da fe, hoy dieciocho de enero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores de este Juzgado. Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. REFIERE DESISTIRSE DEL AMPARO. Visto el escrito signado por el quejoso Rafael Adrián Alcántar Bejar, por el cual refiere desistirse expresamente de la demanda de amparo que promovió en contra del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. SE REQUIERE AL QUEJOSO En consecuencia, previo a acordar lo procedente, requiérase a Rafael Adrián Alcántar Bejar, para que, ya sea en el momento en que se le notifique el presente proveído y ante el actuario que practique tal diligencia, debidamente identificado, ratifique el contenido del escrito de cuenta, o bien, dentro del término de tres días contados a partir de la citada notificación, acuda a este Juzgado Federal a hacer lo propio, en el entendido de que la identificación que porte, no deberá ser expedida por partidos políticos ni por particulares, de conformidad con el artículo 297, fracción II, del Supletorio Cogido Federal de Procedimientos Civiles; apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no presentado dicho escrito. Para el debido cumplimiento de lo anterior, se habilita al actuario para que de encontrar presente al quejoso en el acto de la notificación del presente proveído, certifique y de fe de la ratificación del desistimiento; asimismo, para que en caso de que se lleve a cabo dicha ratificación con el directo quejoso, registre la misma por la Oficialía de Partes de este juzgado a fin de que se provea lo conducente. En torno a la solicitud de devolución de documentos, una vez que comparezca a ratificar su escrito de desistimiento, se proveerá lo conducente. Notifíquese personalmente al quejoso y se comisiona al actuario, para el cumplimiento de la encomienda en los términos precisados con antelación. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  4. Principal

    Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, dictado en el expediente del juicio de amparo VIII-1304/2022, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la ley de amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DOCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTITRÉS, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretaria dé cuenta por favor. LA SECRETARIA: Juicio de amparo VIII-1304/2022 promovido por********************contra actos del Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no le reviste el carácter de tercero interesado a persona alguna. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. LA SECRETARIA: Da cuenta con el informe justificado rendido por: Coordinador de la Unidad Académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Secretario Ejecutivo de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Coordinadora de la Unidad Académica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Dirección de Vinculación y Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Directora de Vinculación y Servicio Social de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. EL JUEZ: Por haberse rendido en tiempo y forma, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretaria dé cuenta con los elementos de convicción que ofrecieron las partes. LA SECRETARIA: Se hace constar que obra en autos las documentales exhibidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables; pruebas que en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas; y al no existir más medios de convicción que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. LA SECRETARIA: Se hace constar con los formulados por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado de Distrito a través de su pedimento 631/2022 recibido por este juzgado el diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos los alegatos de referencia, en consecuencia, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. EL JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE MICHOACÁN, CON RESIDENCIA EN MORELIA. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIA DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. MIRNA RODRIGUEZ CALDERÓN

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