Rafael Brambila López

Expediente 1037/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 1 actuación registrada, la última del 28 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1037/2021
Año
2021
Actuaciones
1
Última actuación
28/10/2021

Partes del expediente

  • Rafael Brambila López

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. AUTO DE RADICACIÓN. Fórmese expediente con la demanda de amparo promovida por Rafael Brambila López, contra actos del Director General del Fideicomiso para el Desarrollo del Sur del Estado de Nuevo León, con sede en Monterey y otras autoridades. Regístrese bajo el número que le corresponda en el libro de gobierno respectivo de este Juzgado. ANÁLISIS SOBRE COMPETENCIA TERRITORIAL En principio es necesario destacar que la competencia legal se considera como aquella facultad de que goza el juez en lo particular para ejercer su jurisdicción, es decir, la capacidad para conocer de determinados asuntos atendiendo a la materia, a la cuantía, o bien, al territorio. Luego, la competencia por territorio se determina por el ámbito geográfico donde el juzgador ejerce su jurisdicción. Así, en la especie, se considera que este órgano jurisdiccional es legalmente incompetente para conocer del libelo de cuenta, por razón de territorio, pues el acto de afectación material que reclama la parte promovente tuvo o tendrá ejecución en la ciudad de Monterrey, nuevo León. Al respecto, el artículo 37 de la Ley de Amparo, establece: "Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." A efecto de delimitar la competencia para conocer del asunto se debe tener en cuenta la naturaleza del acto reclamado, esto es, si se trata de un acto declarativo, caso en el cual se debe atender al lugar donde reside la autoridad que lo emitió o bien, si el acto tiene ejecución material, pues de ser así, se debe atender al lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Ahora, del dispositivo transcrito se desprende, que existen tres hipótesis para determinar qué juzgado de Distrito es el competente para conocer de un asunto en particular, a saber: La primera, se refiere a la competencia que tiene el juez de Distrito, en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. La segunda, establece que si el acto puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, La tercera, contempla que es competente el juez de Distrito, donde se haya presentado la demanda, cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. Del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, lo siguiente. En esos términos, el suscrito estima que, en la especie, se actualiza la primer regla contenida en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de la Materia, que indica que será competente para conocer del juicio de amparo el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deban materializarse los efectos de los actos reclamados o se hayan ejecutado, conforme a lo cual, la competencia para conocer de la demanda de cuenta, se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León en turno, con sede en Monterrey. A fin de evidenciar lo anterior, es importante establecer el acto reclamado y sus consecuencias jurídicas para de esa forma asignar correctamente la competencia para conocer y resolver la presente demanda de amparo. Tiene aplicación a lo anterior la tesis del contenido siguiente: "Época: Novena Época Registro: 189167 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Agosto de 2001 Materia(s): Administrativa, Común Tesis: I.1o.A.44 A Página: 1299 COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Competencia 81/2000. Entre los Jueces Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal y Sexto de Distrito en el Estado de México. 23 de febrero de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: José Antonio Montoya García. Nota: Por ejecutoria de fecha 31 de marzo de 2004, la Primera Sala declaró inexistente la contradicción de tesis 104/2003-PS en que participó el presente criterio". Así pues, la parte quejosa reclama en esta vía de amparo prácticamente la omisión y negativa de acceso a la información, retraso en el dictado de la resolución en el recurso de revisión, omisión de darle vista con el informe justificado de la autoridad recurrida, la notificación practicada el veintiuno de septiembre del año en curso, la privación del amparista para ofrecer pruebas, omisión de dar respuesta a sus escritos de dos de agosto y uno de septiembre del presente año, así como la omisión de cargar y actualizar la Plataforma Nacional de Transparencia y omisión de investigar y sancionar las violaciones en que han incurrido los servidores públicos pertenecientes a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León. Los actos reclamados que su mayoría no son meramente declarativos, sino que precisamente las omisiones en que incurren las responsables, tiene efectos positivos, sobre los derechos de la parte amparista amparos en la norma que cita en su libelo con ejecución material, pues como lo refiere el promovente, ante las solicitudes elevadas a las responsables, éstos deben dar respuesta en el sentido de emitir la resolución relativa al recurso de revisión interpuesto en el expediente RR/1987/2021, así como en relación al incidente de personalidad, además que, materializarse los actos relativos a la omisión de cargar y actualizar la plataforma de acceso a la información, tendría que realizarse por personal de dicha institución en aquella localidad, situación que acontecería respecto a la omisión de investigar y sancionar a los servidores públicos de esa institución estatal. En tanto que, por lo que corresponde a la notificación reclamada, como lo refiere el amparista, las responsables le practicaron la misma, lo que implica que tuvo su ejecución material, conforme a derecho o no que ello será materia de análisis en su caso en la sentencia. Por lo que respecta a la omisión de dar vista a la parte quejosa, ésta misma en su libelo refiere que tuvo a la autoridad "sujeto obligado", rindiendo su informe justificado y rindiendo la documentación relativa, acto que no es meramente omisivo como se mencionada en la demanda, sino que, sin prejuzgar si fue o no conforme a derecho, tuvo existencia material. Entonces si los actos reclamados en una parte han tenido materialización y otros omisivos en apariencia, cierto es que tal "no hacer" de las responsables tiene efectos positivos, toda vez que, en el caso de los que realmente no se han realizado, mientras las responsables continúen en su omisión, la parte quejosa resentirá una afectación a su esfera jurídica de derechos, lo que conlleva un principio de ejecución, ya que de esa manera se materializaran los "efectos positivos" que tienen las omisiones apuntadas. Además de que como ya se dijo, entre los actos reclamados existen actuaciones desplegadas por autoridades con sede y jurisdicción en el Estado de Nuevo León. Asentado lo anterior, es válido establecer que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer de este asunto, por cuestión de territorio. En efecto, precisado que los actos con ejecución material y las omisiones reclamadas tiene efectos positivos, los mismos han tenido y habrán de tener ejecución en el lugar donde las responsables tienen su residencia, esto es, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. De ahí, que la ejecución de los actos reclamados será fuera de la jurisdicción de este juzgado federal, porque el acto reclamado habrán de materializarse o se han llevado a cabo en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, lugar donde tienen su sede y donde ejercen jurisdicción los diversos Juzgados de Distrito en el aquél Estado que conforman el Cuarto Circuito, conforme a lo establecido en el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. El referido Acuerdo dispone lo siguiente: Acuerdo 3/2013: "(.) TERCERO. La jurisdicción territorial de los tribunales colegiados y unitarios de Circuito es la que enseguida se indica: (.) XI. DECIMOPRIMER CIRCUITO: Estado de Michoacán." (.) "CUARTO. La jurisdicción territorial de los juzgados de Distrito es la siguiente: (.) IV. CIRCUITO: (.) Los juzgados de Distrito en el Estado de Nuevo León, con residencia en Monterrey, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial que conforma el territorio de la propia entidad federativa." Como se aprecia de la transcripción, los juzgados de Distrito con sede en Monterrey, Nuevo León, son quienes ejercen jurisdicción territorial en todo ese Estado, lugar en donde tienen su residencia oficial las autoridades responsables y en donde tuvieron y habrán de tener su ejecución los actos reclamados. Bajo esa tesitura, que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada es competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que los efectos del acto reclamado se trasladan a la ciudad de Monterrey, Nuevo León; de ahí, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en turno, con sede en Monterrey. Época: Décima Época Registro: 2022117 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo II Materia(s): Común, Penal Tesis: I.9o.P.276 P (10a.) Página: 912 COMPETENCIA TERRITORIAL PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO EN EL QUE SE RECLAME LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE BRINDAR DIVERSAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN Y SOLICITAR AL JUEZ DE CONTROL COMPETENTE PROVIDENCIAS PRECAUTORIAS A FAVOR DE LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS. RECAE EN EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL LUGAR EN DONDE DICHAS OMISIONES SEAN EJECUTABLES MATERIALMENTE, AL SER UN ACTO NEGATIVO CON EFECTOS POSITIVOS. De lo sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.), de título: "CONCEPTO DE OMISIÓN COMO ACTOS DE AUTORIDAD.", se advierte que para que la inactividad de la autoridad constituya, en el ámbito jurídico, una omisión, es imprescindible que exista el deber de realizar una conducta y que alguien haya incumplido con esa obligación. Por otra parte, los artículos 137 y 138 del Código Nacional de Procedimientos Penales imponen al Ministerio Público la obligación de brindar diversas medidas de protección y solicitar al Juez de Control competente providencias precautorias a favor de las víctimas u ofendidos. Así, dicha omisión constituye un acto negativo con efectos positivos, pues se erige en actos de tal naturaleza capaz de producir, en el mundo fáctico o real, una consecuencia material, a saber, un riesgo inminente a la seguridad de la víctima u ofendido, así como garantizar la debida reparación del daño, para evitar que se destruyan, desaparezcan o dilapiden los bienes para poder hacer efectiva dicha reparación. En este orden de ideas, la competencia para conocer del juicio de amparo en cuestión, debe fincarse a favor del Juez de Distrito del lugar en donde las omisiones reclamadas sean ejecutables materialmente. NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO. Conflicto competencial 3/2020. Suscitado entre el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México y el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria. 27 de febrero de 2020. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Miguel Ángel Sánchez Acuña. Nota: La tesis aislada 1a. XVII/2018 (10a.) citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de marzo de 2018 a las 10:19 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 52, Tomo I, marzo de 2018, página 1092, con número de registro digital: 2016418. Esta tesis se publicó el viernes 18 de septiembre de 2020 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación. "Época: Séptima Época. Instancia: Tercera Sala. Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Volumen: 199-204, Cuarta Parte Página: 12. Materia: Común. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un juez de Distrito, pero los actos reclamados deban ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta Ley sean competentes los jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse. Competencia 182/82. Suscitada entre los Jueces Primero de Distrito en el Estado de Tabasco y Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 de julio de 1985. Cinco votos. Ponente: Jorge Olivera Toro. Secretaria: Gilda Rincón Orta. Nota: En el Informe de 1985, la tesis aparece bajo el rubro COMPETENCIA EN AMPARO DIRECTO. LA TIENE EL JUEZ DE DISTRITO DE LA JURISDICCION EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS.". En este contexto, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, lo procedente es remitir el presente juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, para que a su vez lo remita al Juzgado de Distrito en turno, a quien se estima competente para conocer de la controversia planteada; solicitándole a ese órgano jurisdiccional, el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la papeleta de turno, de la demanda de garantías y demás constancias relativas, así como de la presente resolución. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en el presente juicio el que precisa en su ocurso de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene a la parte quejosa autorizando para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas que refiere en su escrito de cuenta, en la forma y términos conferidas. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Como se solicita con apoyo en el artículo 3º de la Ley de Amparo, se le autoriza la consulta del expediente en que se actúa, vía electrónica, bajo el usuario "BC_BRAMBILA". En consecuencia, se instruye al Analista Jurídico SISE para que realice la habilitación correspondiente una vez que verifique que los datos proporcionados son correctos. AUTORIZA CONSULTA DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Por otra parte, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo los usuarios que se indican en la demanda y por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones inherentes a la presente autorización; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. AUTORIZACIÓN A LOS ACTUARIOS ADSCRITOS. Se autoriza la práctica de notificaciones del presente asunto aún en horas y días inhábiles, conforme lo prevé el artículo 21 de la Ley de Amparo. Se instruye a los actuarios que en caso que no conste en autos domicilio para recibir notificaciones de alguna de las partes, o el señalado resulte inexacto, deberán practicar la notificación personal correspondiente por medio de lista, de conformidad con el artículo 27, fracción III, en relación con el 29 ambos de la Ley de Amparo, excepto en cuanto al emplazamiento del tercero interesado y del particular que se hubiese señalado como autoridad responsable. HORARIO PARA NOTIFICACIONES EN EL LOCAL DE ESTE JUZGADO Se precisa que las partes podrán ocurrir ante este órgano jurisdiccional para efectos de notificación personal que así se requiera, de las nueve a las quince horas en días hábiles, y dentro del plazo de dos días a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la ley de la materia. NOTIFICACIONES A LAS RESPONSABLES. Se ordena notificar a las autoridades responsables únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE INSTRUMENTOS DIGITALES Se autoriza desde este momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes de las constancias que obren en el expediente, salvo aquellas respecto de las que deba guardarse sigilo, así como el uso de instrumentos digitales de reproducción o captura, esto último conforme el contenido de la circular 12/2009 del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. MEDIDAS SOBRE PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímase en la versión pública que se elabore, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 5, 6, y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ello sin perjuicio del derecho que puedan hacer valer las partes en términos del artículo 8° de la ley de referencia. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano