Producción, Dirección y Operación RM, S.C.
Expediente 727/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 727/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 19/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Producción, Dirección y Operación RM, S.C.
- Desarrollo Integracional, S.C.
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de octubre de dos mil dieciocho. SE RECIBE EJECUTORIA DEL TRIBUNAL DE ALZADA. Acúsese recibo al Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, del oficio 15187/2018, mediante el cual el secretario de acuerdos de ese tribunal, remite la sentencia pronunciada dentro del conflicto competencial 14/2018. Hágase del conocimiento de la parte quejosa, que el tribunal de alzada, mediante sentencia de ocho de octubre de dos mil dieciocho, por unanimidad de votos, resolvió lo siguiente: "PRIMERO. Se DECLARA LEGALMENTE COMPETENTE para conocer del asunto a la Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. SEGUNDO. Remítanse los autos a la juez mencionada". Información de la que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza.- Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de septiembre de dos mil dieciocho. SE RECIBE INCOMPETENCIA Por recibido el oficio número 33790/2018, signado por la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el juicio de amparo 955/2018, promovido por Líderes del Pensamiento, Sociedad Anónima de Capital Variable y otros, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades. De una lectura integral de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, este órgano jurisdiccional estima respetuosamente que, por el momento, no es factible aceptar la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo indirecto. Para justificar esa conclusión es necesario citar los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en los que se prevé lo siguiente: "107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia". "37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De las normas transcritas se advierten tres reglas para fijar la competencia por territorio de los Jueces de Distrito para conocer de juicios de amparo, a saber: 1) Será competente el Juez de Distrito del lugar en que se ejecute, trate de ejecutarse, se esté ejecutando, deba tener ejecución o se haya ejecutado el acto reclamado. 2) Será competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda cuando el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito, o bien, si ha comenzado a ejecutarse en uno y sigue ejecutándose en otro. 3) Será competente el Juez de Distrito ante el que se haya presentado la demanda cuando el acto reclamado no requiera ejecución material. La competencia territorial es la que distribuye entre diversos órganos jurisdiccionales las facultades para juzgar, según diferente asignación de límites geográficos, en otras palabras, la competencia por territorio se refiere al ámbito espacial, en cuya esfera de acción pueden producirse los actos y sus efectos jurídicos, tomando en cuenta el problema que plantea el ángulo de distribución territorial de la competencia entre diversos órganos jurisdiccionales. Ahora bien, sobre la ejecución material dentro de la esfera jurídica del gobernado, es conveniente destacar las consideraciones que vertió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 70/2011 sustentada entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito y el Décimo Sexto Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. En la ejecutoria de mérito, la Sala mencionada analizó el caso en el cual las autoridades fiscales pueden decretar, en ciertas hipótesis, el aseguramiento precautorio de bienes, dentro de los cuales puede comprenderse a las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados; supuesto en el cual el aseguramiento tiene eficacia necesariamente en el lugar en que se materializa o ejecuta el mandato relativo, es decir, el lugar en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta. No obstante, también se señaló que si bien técnicamente no podía aplicarse al caso en estudio lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo [abrogada], en virtud de que no se actualizaba la hipótesis de que el acto reclamado haya comenzado a tener ejecución en un distrito y siguiera ejecutándose en otro, puesto que las consecuencias de las órdenes de aseguramiento de cuentas bancarias se materializaron en un mismo lugar, sí podía ser útil la regla que contiene, relativa a que cuando sean competentes varios Jueces de Distrito por la naturaleza misma de la ejecución material, cualquiera de ellos, a prevención conocerá de la demanda, cuando la orden de aseguramiento se materialice en diversos lugares. Ello obedece a que el primero que haya conocido de la demanda con semejantes matices y que tenga jurisdicción sobre alguno de los lugares en donde se materialice la orden de aseguramiento, puede conocer de ella, en comunión con el principio de concentración que campea en el juicio de amparo; de lo contrario, el particular tendría que controvertir la ejecución ante cada juez de Distrito en donde se ubiquen las cuentan embargadas o inmovilizadas. Es decir, se obligaría a presentar innecesariamente múltiples demandas de amparo sobre una misma orden de aseguramiento, con los inconvenientes no sólo económicos sino jurídicos que con ello pudieran generarse, como el dictado de sentencias opuestas o la solución jurídica diversa sobre un mismo problema de derecho, que justifica que la competencia recaiga en el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ejecute la orden de aseguramiento, a prevención, es decir, que haya conocido inicialmente del juicio de amparo y al mismo tiempo deba tener ejecución el mandato de aseguramiento. Las consideraciones anteriores que quedaron plasmadas en la jurisprudencia 2a./J. 74/2011, cuyos datos de localización, rubro y texto, se transcriben: Época: Novena Época Registro: 161677 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIV, Julio de 2011 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 74/2011 Página: 369 "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL AMPARO CONTRA LOS ARTÍCULOS 40, FRACCIÓN III Y 145-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA ORDEN DE ASEGURAMIENTO DE CUENTAS BANCARIAS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. Conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado en el juicio de garantías requiere ejecución material, es competente el Juez de Distrito con jurisdicción -en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclaman los artículos 40, fracción III y 145-A del Código Fiscal de la Federación, que facultan a las autoridades fiscales a decretar en ciertos supuestos el aseguramiento de bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, cuyo primer acto de aplicación consiste en un mandato de aseguramiento de cuentas bancarias y su ejecución, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en donde se materialice la orden o inmovilicen las cuentas, es decir, la localidad en que se encuentre la sucursal bancaria a la que corresponda la cuenta, pues la orden de aseguramiento no produce, por sí misma, un cambio material en el mundo fáctico. Lo anterior es así, pues si bien es cierto que el mandato de aseguramiento constituye un acto de aplicación de los mencionados preceptos, que legitima al gobernado a promover juicio de amparo, también lo es que no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocer de él, pues para ello debe atenderse al lugar en que el acto de aplicación de la ley estimada inconstitucional ha tenido o deba tener ejecución por parte de la autoridad. Sin embargo, si el mandamiento en cuestión se materializa en diversos lugares, la competencia recae en el Juez de Distrito que previno en su conocimiento, en tanto que el primero que conoció de la demanda y tiene jurisdicción sobre alguna de las localidades en donde se ejecute la orden puede estudiarla, acorde con el principio de concentración en el juicio de amparo, pues de lo contrario se obligaría al particular a controvertirla ante cada Juez de Distrito en donde se materialice, con los inconvenientes jurídicos que ello pudiera producir." Contradicción de tesis 70/2011. Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Circuito, antes Segundo Tribunal Colegiado del mismo circuito y el Décimo Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 6 de abril de 2011. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: José Álvaro Vargas Ornelas. Tesis de jurisprudencia 74/2011. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintisiete de abril de dos mil once. En el caso, se estima que por el momento no se cuenta con datos suficientes para establecer la competencia de este Juzgado de Distrito, pues únicamente de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio se observa que diversas personas morales comparecieron ante el juez declinante a solicitar el amparo y protección de la Justicia de la Unión en contra de: La discusión, aprobación, expedición, refrendo, orden de publicación y publicación de la Ley de Instituciones de Crédito, concretamente en su artículo 115, fracción II, noveno párrafo; La emisión y ejecución de la orden de negarse a proporcionar el servicio de banca; y. La emisión y ejecución de la orden de bloqueo de las cuentas bancarias a nombre de las promoventes. En efecto, tal como lo observó la juez declinante, las personas morales quejosas son titulares de diferentes cuentas bancarias que se encuentran aperturadas en el estado de Michoacán, el Estado de México y la Ciudad de México, de acuerdo a los estados de cuenta adjuntos a la demanda de amparo. Conforme al criterio del Alto Tribunal que previamente quedó expuesto, es cierto que en principio la competencia para conocer de la demanda promovida por personas morales cuyas cuentas se encuentran en el Estado de Michoacán, eventualmente podría llegar a corresponder a este órgano jurisdiccional; sin embargo, de la manera más respetuosa se estima que, en armonía con las consideraciones vertidas en la ejecutoria de que se trata y las particularidades del asunto, por el momento no es factible aceptar la competencia declinada, pues debe estimarse que ésta se surte a favor de la juez declinante. En efecto, se recuerda que la demanda de amparo fue signada por cuarenta y seis personas morales que acudieron a solicitar la protección federal contra actos de autoridad. Sin embargo, del análisis del ocurso inicial y de su aclaración no se desprende elemento alguno que permita inferir la relación que pudieran tener entre sí las quejosas para accionar en una sola demanda, pues solo se observa que medularmente señalaron la afectación a sus derechos porque BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN BANCARIA DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, les ha negado el servicio de banca y el bloqueo de sus cuentas abiertas, en virtud de lo ordenado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por lo que no se sabe la relación existente entre las quejosas de manera que alguna pudiera ser controladora respecto de las demás, entre otros casos, lo que implicaría que el acto reclamado se ejecute en diversos lugares y la competencia sea a prevención. Por ello, además resulta relevante que por el momento, a partir de los antecedentes expuestos por la parte quejosa, se habló de la existencia de un solo acto reclamado y señalado como de aplicación de una norma tildada de inconstitucional y que fue emitido por las autoridades inmediatamente referidas que fueron señaladas como ordenadoras en el apartado relativo, lo que también podría llevar a la conclusión de que ese acto único de aplicación respecto a todas las quejosas en general, tenga ejecución en distintos sitios, pues a la fecha no se advierte que sean diversos actos o desvinculados en relación con cada una de las quejosas. En tal virtud, en aras de no atentar en contra de los principios de la "concentración" y de "continencia de la causa" que opera en el juicio de amparo y conforme a los cuales las acciones o cuestiones jurídicas mixtas que se encuentren estrechamente vinculadas deben estudiarse de manera conjunta, para evitar el posible dictado de sentencias contradictorias respecto de los mismos puntos, es que este órgano jurisdiccional estima que, por el momento, no existen elementos suficientes que permitan avocarse al conocimiento del asunto. Lo anterior es así porque en la contradicción de tesis contradicción de tesis 70/2011, la Sala puso énfasis en la necesidad de que cuando la competencia se surta a favor de varios jueces de distrito, cualquiera de ellos, a prevención, será competente para conocer de la demanda, dado que en comunión con el principio de concentración que campea en el juicio de amparo y lo innecesario de presentar múltiples demandas de amparo sobre una misma orden de aseguramiento, conlleva múltiples inconvenientes económicos y jurídicos, así como el posible dictado de sentencias contradictorias. Por ello, si bien en el presente asunto comparecen diversas personas morales titulares de distintas cuentas bancarias aperturadas en diferentes territorios donde tienen competencia diversos jueces de distrito, se considera que la impugnación relativa la hacen valer a partir de la existencia de una misma orden de aseguramiento efectuada por autoridades fiscales, sin que se aprecie algún otro dato suficiente para estimar que se trata de un acto diferente por cada una de las personas morales que suscriben la demanda. Así, se considera que debe prevalecer el criterio asentado en la última parte de la ejecutoria de la Segunda Sala, conforme al cual se concluyó que es competente el juez de distrito que previno en la demanda; pues, por el momento, a pesar de tener la certeza de que algunas de las personas morales tienen aperturadas sus cuentas en esta ciudad de Morelia, Michoacán, no existe elemento alguno para apreciar la razón por la cual la impugnación que hacen valer conjuntamente, o si pudiera estar desvinculada entre sí. Incluso, este juzgador federal no pasa desapercibido el hecho de que una de las morales quejosas, Producción, Dirección y Operación RM, Sociedad Civil, respecto de la cual se declinó la competencia de la demanda de amparo promovida, es titular de dos cuentas bancarias, aperturadas en Morelia, Michoacán y Tlaneplantla, Estado de México, con lo cual se evidencia que, de aceptar la competencia de que se trata con relación a esta persona moral señalada, se podría generar una duplicidad de juicios de amparo, al provenir la ejecución del acto reclamado a partir de una misma orden de aseguramiento hecha valer en una misma demanda. En las relatadas condiciones, con fundamento en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, en concordancia con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este Juzgado Tercero de Distrito carece de competencia legal, por el momento, para conocer de la demanda de amparo promovida ante el Juez Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, en virtud de que es este último órgano jurisdiccional quien previno en el conocimiento de la demanda de amparo. DEVOLUCIÓN. En consecuencia, mediante atento oficio que al efecto se gire a la Jueza Séptima de Distrito en Materia Administrativa con sede en la Ciudad de México, acompañándole el cuaderno de incompetencia III-727/2018, deberá hacérsele saber esta determinación para los efectos del artículo 48 de la Ley de Amparo. Finalmente, previo a la remisión del cuaderno de incompetencia, recábese copia del mismo, y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.
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