Rafael Araujo Juárez

Expediente 1230/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1230/2022
Año
2022
Actuaciones
14
Última actuación
14/03/2023

Partes del expediente

  • Rafael Araujo Juárez y Otros.
  • Rafael Araujo Juárez
  • María Ofelia Juárez Colín

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de marzo de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO DE AUTOS ORIGINALES. Agréguese a los presentes autos el comunicado de cuenta y atento a su contenido, se tiene a la autoridad que lo suscribe, acusando recibo del oficio, mediante el cual se le hizo saber que la sentencia dictada en este juicio causó ejecutoria y se ordenó el archivo del presente asunto; asimismo, acusa recibo del tomo de prueba devuelto por resultar innecesaria su retención en este juzgado. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Rcl/IafgCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de marzo de dos mil veintitrés. CUENTA CON AUTOS. Visto el contenido de la certificación con que se da cuenta, de la que se obtiene que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido del fallo, hubiese interpuesto recurso de revisión contra dicha resolución con engrose siete de febrero de dos mil veintitrés, en la que se NEGÓ el amparo y protección de la Justicia Federal a los quejosos ********************.********************DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. SE ORDENA ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. RELEVANCIA DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 12 y 18 fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establecen las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente asunto es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo, ya que se trata de un juicio en el que se negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. CUADERNO ORIGINAL DE SUSPENSIÓN Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el original del incidente de suspensión. CUADERNO DUPLICADO DE SUSPENSIÓN En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha.********************ANOTACIONES. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. DEVOLUCIÓN.********************Finalmente, hágase devolución del disco compacto y tomo de prueba que allegó con su informe la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1230/2022-IV, promovido por********************, contra actos que reclama del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de Amparo. Por escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil veintidós, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia,********************, por su propio derecho y víctimas del delito, promovieron demanda de amparo contra los siguientes actos: "IV. ACTOS RECLAMADOS: De la autoridad responsable señalo la resolución de fecha 14 de octubre de 2022, que resuelve el recurso de apelación con registro de toca penal número XI-88/2022, interpuesto por la defensa privada de imputados, en contra de la resolución emitida en audiencia oral, en la que se dictó auto de vinculación a proceso por el Juez de Control de la Región Zitácuaro, dentro de la causa penal número 115/2019, instruida en contra de Hugo Hernández García, Marisa Caballero Zapata y Laura Martínez Plaza, por el hecho considerado como delito de fraude". En ese ocurso, los quejosos narraron los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite del juicio de amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de dicho juicio a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, y por auto de nueve de noviembre de dos mil veintidós, se proveyó sobre la admisión de la demanda, auto en el que se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente por materia, territorio y grado, para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y los diversos numerales 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 107, fracción III de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Lo anterior porque la parte quejosa reclama actos atribuidos a una autoridad jurisdiccional con ejecución dentro del territorio en donde tiene jurisdicción mixta este órgano federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La resolución emitida el catorce de octubre de dos mil veintidós dentro del toca penal XI-88/2022, por el Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en esta ciudad, mediante la cual modificó el auto de vinculación a proceso dictado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal número 115/2019, para el efecto de reconducir el hecho considerado como Fraude -genérico- al de Fraude especifico, previsto y sancionado por los artículos 217, fracción V y 218, fracción II, del Código Penal del Estado, el que le resulta atribuible al imputado Hugo Hernández García., en términos del numeral 24, fracción II de la citada legislación penal; asimismo, decretó auto de no vinculación a proceso por lo que respecta a Marisa Caballero Zapata y Laura Martínez Plaza, al no acreditarse su probable responsabilidad. TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al rendir su respectivo informe justificado aceptó la existencia del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". Además, tal afirmación se vio corroborada con las constancias del toca penal 88/2022, y disco compacto que la responsable acompañó a su informe; medio de convicción que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición de su numeral 2°, por ser un documento expedido por una autoridad judicial en ejercicio de sus funciones. Aunado a lo anterior, resulta aplicable las tesis que se reproducen en seguida: Época: Décima Época Registro: 2004362 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1 Materia(s): Común Tesis: 1a./J. 43/2013 (10a.) Página: 703 "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga". Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En razón de que las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. QUINTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte quejosa en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X ´De las sentencias´, del título primero ´Reglas generales´, del libro primero ´Del amparo en general´, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". SEXTO. Antecedentes. Previo al estudio del análisis de fondo, se estima necesario realizar una breve reseña de lo acontecido en el juicio de origen, para una mejor comprensión del asunto. 1. El dos de junio de dos mil veintiuno, se llevó a cabo la formulación de imputación, en la que se precisó que la Fiscalía la realizó en contra de Marisa Caballero Zapata, Laura Martínez Plaza y Hugo Hernández García, por el hecho que la ley señala como delito de despojo, y al haberse decretado la prórroga constitucional, se fijó nueva fecha para resolver la situación jurídica y el siete del mes y año en cita, se determinó no decretar auto de vinculación a proceso contra los imputados, respecto del delito de fraude. 2. El catorce de septiembre de dos mil veintidós, de nueva cuenta se llevó a cabo formulación de imputación contra de los imputados Marisa Caballero Zapata, Laura Martínez Plaza y Hugo Hernández García, por el hecho que la ley señala como delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción V, en relación con los numerales 16, 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, todos ellos del Código Penal del Estado de Michoacán, en agravio de María Ofelia Juárez Colín y se determinó decretar auto de vinculación a proceso contra los imputados, respecto del delito de fraude. 3. Inconforme con esa determinación la defensa interpuso recurso de apelación, del cual conoció el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien en ejecutoria de catorce de octubre de dos mil veintidós, determinó modificar el auto de vinculación a proceso dictado el catorce de septiembre de dos mil veintidós, dentro de la causa penal número 115/2019, para el efecto de reconducir el hecho considerado como Fraude -genérico- al de Fraude especifico, previsto y sancionado por los artículos 217, fracción V y 218, fracción II, del Código Penal del Estado, el que le resulta atribuible al imputado Hugo Hernández García., en términos del numeral 24, fracción II de la citada legislación penal; asimismo, decretó auto de no vinculación a proceso por lo que respecta a Marisa Caballero Zapata y Laura Martínez Plaza, al no acreditarse su probable responsabilidad. Siendo esta determinación la que constituye la materia del acto reclamado. SÉPTIMO. Estudio de fondo. Son infundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, sin que se advierta que exista materia sobre la cual suplirlos en su deficiencia, como lo autoriza el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo al estudio que el caso amerita, es preciso señalar que cuando en un juicio de control constitucional el acto reclamado lo constituya un auto de vinculación a proceso, el análisis de dicha actuación debe realizarse, conforme a la Ley de Amparo, pero también considerando los principios del juicio natural -publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación- y sus características (oralidad y acusatorio), lo que se obtiene del contenido de diversos artículos que regulan su procedimiento. En efecto, el artículo 75 de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y como excepción para dicha admisión, se prevé que el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable; pero, en cuanto a la materia penal, dispone que el juzgador deberá cerciorarse de que este ofrecimiento no implique una violación a la oralidad o a los principios que rigen en el proceso penal acusatorio. En ese tenor, la interpretación que nuestro Máximo Tribunal le ha dado a ese dispositivo es el siguiente: Primeramente, a través de la jurisprudencia 64/2011, de la Décima Época, con número de registro 160812, de la Nove Época, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, Materia Común, Página: 993, al interpretar el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, determinó que el juez de garantía -ahora juez de control- estaba impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que existiera controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta. Sin embargo, expresó que no podía considerarse extensiva dicha limitante al juez de amparo, ya que esa facultad derivaba de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, concluyendo que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de ella únicamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Luego, en la tesis aislada 1a. CCLI/2011, con número de registro 160252, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 270, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, expuso que de llegarse a considerar en el análisis constitucional de un auto de vinculación a proceso, que los datos de investigación aportados por el Ministerio Público o los del imputado o su defensor que no se hayan ofrecido y desahogado en la audiencia de vinculación a proceso y, por tanto, tampoco sometidos al escrutinio de las partes procesales, se vulneraría la fracción V, del apartado A, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello en cuanto al principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda. Posteriormente, a través de la tesis aislada 1a. CCIV/2014, de la Décima Época, con número de registro 2006473, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 6, Mayo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, Penal, página 541, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, destacó que si bien el acto reclamado en el juicio de amparo debe ser apreciado bajo las mismas actuaciones que tuvo a su alcance la autoridad responsable al momento de su emisión, también lo es que dicho principio admitía como excepción, precisamente, la viabilidad de pruebas supervenientes que tuvieran directa relación con hechos de la investigación. Más aún si convergen con la demostración de violaciones a derechos humanos relacionadas con la fase inicial del procedimiento penal, como en el caso paradigmático de la tortura. Salvo, en el caso de que los argumentos formulados por el peticionario de la protección constitucional resultaren fundados; o bien, de oficio se observe alguna circunstancia que patentice la necesidad de suplir la queja deficiente en favor del amparista. 1) Ahora, en el primer concepto de violación los quejosos señalan que la autoridad responsable se limitó a precisar que no procedía dictar auto de vinculación a proceso porque no se acredita la probable participación de las imputadas M.C.Z. y L.M.P., sin que diera un argumento en específico, esto es, no precisó porqué los datos de prueba no son aptos para acreditar la probable participación. Que la responsable se excede, porque la suplencia de la queja procede sólo por violación a derechos fundamentales, no así en los agravios planteados por la defensa. Que contrario a lo argumentado por la responsable, en el sentido de que la entrevista de Guillermo Alberto Gómez de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, con los datos de prueba referentes a M.C.Z. en la que se demuestra que laboró como secretaria proyectista para el Poder Judicial del Estado, y que ambas personas estuvieron presentes en diversos momentos, si era factible evidenciar su probable participación y, con ello, advertir cuál fue la intervención concreta que tuvieron dichas imputadas. Lo anterior porque considera que con dichos datos de prueba se presume la probable participación de las imputadas, porque L.M.P., fue la primera persona con quien tuvo contacto y diálogo para hacer la compra-venta, lo que no se desvirtúo, en efecto, fungió como intermediaria para materializar la compra-venta. Asimismo, considera que está acreditado que si M.C.Z., laboró en el Poder Judicial del Estado, ocupando el cargo de proyectista, demuestra que la sentencia que se utilizó para que H.H.G. se adjudicara la propiedad, pudo ser elaborada por M.C.Z. Que la responsable también soslayó la entrevista de Amanda Leilani Laguna Trujillo en cuanto secretaria de acuerdos del Juzgado Segundo de Primera Instancia en materia civil de Zitácuaro, Michoacán, de la que se obtuvo que no existe juicio ordinario civil sobre prescripción positiva registrado bajo el número de expediente 210/2017, además que la firma que contenía la sentencia recaída al citado juicio no era de su puño y letra, y tampoco del titular del juzgado. Que para la etapa procesal de que se trata, sólo debe analizarse si existe una probabilidad de participación, lo que a todas luces pasó por alto la responsable, vulnerando con ello el artículo 20, apartado A, en su fracción I, en la que se establecen los objetivos del proceso constitucional son el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que los daños causados por el delito se reparen, concatenado con el principio de legalidad. 2) En el segundo concepto de violación, señala que en lo tocante a la violación al principio de legalidad, tenemos que la responsable, al momento de suplir la deficiencia de la queja respecto a M.C.Z. por advertir la violación a derechos fundamentales, en específico porque el Ministerio Público no precisó en qué hipótesis encuadra su participación de acuerdo al artículo 24 del Código Penal del Estado. Empero, lo cierto es que ello no conlleva a que determine una no vinculación a proceso, pues si bien tal circunstancia no fue prevista en la audiencia inicial, pudo bien ordenar la reposición para el efecto de subsanar tal violación a los derechos fundamentales de la imputada, pues como antecedente en el primero de los conceptos de violación, existen más datos de prueba con los que se presume la probable participación y no así como la responsable lo estableció en el acto reclamado. Que lo anterior es así, porque el artículo 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé que hay una reposición del procedimiento cuando nos encontremos en una de las hipótesis previstas, al caso en concreto el derecho fundamental a una adecuada defensa, siempre y cuando ello trascienda en el resultado de la resolución, lo que la responsable aplicó más allá de lo permitido en la norma. 3) En el tercer concepto de violación señalan que la responsable atendió a los agravios de las imputadas, en el sentido de que les fue vulnerado su derecho a la presunción de la inocencia porque fueron expuestos en un periódico local, sin que expusieran más datos, es decir de forma genérica lo incorporaron como algo novedoso, porque no fue parte de sus argumentos en la audiencia inicial, sino que son hechos de conocimiento únicamente de la autoridad responsable, quien dio por hecho que ello aconteció de la forma planteada por las imputadas. Sin embargo, ello no puede quedar sujeto a los argumentos emitidos por los imputados, puesto que es necesario que se cuente con datos objetivos que sustenten tales manifestaciones. Lo anterior porque la responsable da por hecho que los imputados fueron expuestos en un medio de difusión y comunicación al alcance de toda la comunidad, recibiendo un trato de culpables, sin existir una sentencia que así lo determinara. Que dichas manifestaciones carecen de sustento jurídico, porque ante el juez de control tales argumentos no fueron hechos de su conocimiento, que fueron expuestos ante la responsable sin datos objetivos. Sin embargo, arguye que los imputados fueron omisos en proporcionar más información conforme a las reglas procesales, es decir, no precisaron en qué medio fueron expuestos, si sus nombres fueron revelados y sobre qué tema fueron expuestos. Incluso, dice no debe soslayarse que los medios de comunicación tienen derecho a la libertad de expresión. Que por lo anterior, la responsable no puede dar por hecho bajo meras manifestaciones de que se ha violentado el derecho a la presunción de inocencia, como lo establece en su resolución, pues también tiene la obligación de fundar y motivar bajo razonamientos lógico-jurídicos sus determinaciones, lo que no aconteció en el caso concreto, porque no refirió bajo qué lineamientos llegó a la conclusión de que hay una violación a la presunción de inocencia. Señala que el Magistrado responsable trasgredió los principios de contradicción y oralidad del proceso, ya que dicha información no fue incorporada en audiencia inicial para su debido debate contradictorio, por lo que la forma en que lo realizó generó una desigualdad procesal para la víctima, ya que no se generó contradicción de la supuestas afectación a la presunción de inocencia de la que se duelen los imputados. Los precisados conceptos de violación resultan infundados. Lo anterior es así, porque para resolver en los términos que lo hizo el Magistrado responsable estableció que: Del cuadro fáctico de la Fiscalía y de la información que generó el juez, no se desprendía dato alguno que permitiera sostener hasta esa etapa procesal, cuál fue la intervención concreta que tuvieron las imputadas M.C.Z. y L.M.P. Que la Fiscalía atribuye a L.M.P. que fue la persona con la que se entendió la víctima en la fecha en que advirtió la nota de la venta de la casa (nueve de septiembre de dos mil diecisiete), y que con posterioridad se dio cuenta que el inmueble que compró pertenecía a otra persona (trece de abril de dos mil dieciocho). Respecto a M.C.Z., sólo informó que ésta al igual que L.M.P., estuvieron presentes en la celebración del contrato de compraventa el once de septiembre de dos mil diecisiete, llevada a cabo en la notaría pública número 135, a cargo del licenciado Modesto Barragán Romero. De igual forma, se aportó información al juez de que M.C.Z. laboró en el Poder Judicial del Estado, ocupando diversos cargos en el Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de Zitácuaro. Señaló que también se hizo mención en la audiencia de una entrevista recabada a Guillermo Alberto Gómez, de diecinueve de febrero de dos mil diecinueve, de la que se advierte: "Que no recuerda el día exacto pero que en el mes de junio de dos mil diecisiete, aproximadamente, fue contratado para brindar sus servicios a la licenciada Marisa Caballero, sin recordar su segundo apellido, la cual le solicitó los servicios de avalúo catastral de un terreno que se ubica en la esquina de las calles Ocampo Oriente y Leandro Valle Sur, en la colonia centro de Zitácuaro, Michoacán, esto a efecto de realizar el traslado de dominio y hacerle llegar al notario Modesto Barragán Romero dicho avalúo, por lo cual lo realizó y cobró la cantidad de $800.00; que cuando acudió a realizar esos servicios fue acompañado por la propia licenciada Maritza quien fue quien le pagó los servicios". Sin embargo, refirió el Magistrado responsable, que esa información resultaba intrascendente para sostener de manera probable la intervención de las imputadas, ya que la fiscal no especificó en cuál de todas las hipótesis del numeral 24 del Código Penal del Estado, encuadra su comportamiento, pues no bastaba para ello que se haya expuesto que: "Hugo, Marisa y Laura, utilizaron una sentencia no auténtica para obtener los derechos de la propiedad y posteriormente mediante el engaño vendérsela indebidamente, generando un lucro indebido y una afectación al patrimonio de María Ofelia, por aproximadamente $1,132,862.52." De igual forma, consideró que asistía razón a la imputada M.C.Z., al aducir que la exhibición de imágenes en los periódicos transgrede el principio de presunción de inocencia, como regla de trato en su vertiente extraprocesal, pues la exposición pública con carácter estigmatizante, menoscaba la dignidad de la persona, con independencia de que pudiera influir en el desarrollo y decisión en el proceso. Ahora bien, acorde a lo expuesto por la responsable, este juzgado constitucional estima que si bien el Ministerio Público realizó imputación en contra de Marisa Caballero Zapata y Laura Martínez Plaza, por el hecho identificado como delito de fraude, previsto y sancionado por el artículo 217, fracción V, del Código Penal del Estado, en vinculación con los artículos 16, 19, fracción I, 20, fracción I y 24, fracción III, de esa legislación local, precisando que Hugo, Marisa y Laura, probablemente fueron quienes utilizaron una sentencia no auténtica para obtener los derechos de la propiedad y, posteriormente, mediante el engaño, vendérsela indebidamente, generando un lucro indebido y una afectación al patrimonio de María Ofelia, por aproximadamente $1,132,862.52. Lo cierto es que, tal como lo precisó el Magistrado responsable, ello resulta insuficiente para sostener que se encuentra acreditada de forma probable la intervención de las imputadas en el hecho delictivo de que se trata. Ello es así porque el artículo 24 del Código Penal para el Estado de Michoacán señala: "Artículo 24. Autores o participes del delito Son autores o partícipes del delito: I. Los que acuerden o preparen su realización; II. Los que lo realicen por sí; III. Los que lo realicen conjuntamente; IV. Los que lo lleven a cabo sirviéndose de otro; V. Los que determinen dolosamente a otro a cometerlo; VI. Los que dolosamente presten ayuda o auxilien a otro para su comisión; VII. Los que con posterioridad a su ejecución auxilien al delincuente, en cumplimiento de una promesa anterior al delito; y, VIII. Los que sin acuerdo previo, intervengan con otros en su comisión, cuando no se pueda precisar el resultado que cada quien produjo. Los autores o partícipes a que se refiere el presente artículo responderán cada uno en la medida de su propia culpabilidad". Como se advierte, el artículo 24, fracción III, de la legislación en cita, señala que son partícipes del delito quienes lo realicen conjuntamente. Sin embargo, tal como lo apreció el Magistrado responsable, el Fiscal fue omiso en precisar el grado de intervención de las imputadas, aquí terceras interesadas, porque no bastaba para ello que precisara que fue en términos del artículo 24, fracción III, del Código Penal para el Estado de Michoacán, porque debió especificar si fue como autores materiales o directos; mucho menos señaló si ello se debió a que tenían pleno dominio y/o conocimiento del hecho pudiendo detener el proceso causal del resultado, esto es, en qué consistió su participación, para concluir que con dicho actuar lesionaron el bien jurídico tutelado por la norma. Lo anterior se considera era necesario, porque al respecto el artículo 19 Constitucional establece: "Artículo 19. [.] Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. [.]". De la disposición transcrita se advierte que para dictar auto de vinculación a proceso debe expresar: El delito que se reprocha al imputado; El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución; Los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito; y, Que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Con relación a este último requisito, cabe aclarar que para dictar el auto vinculación a proceso sólo se requieren datos que establezcan que se cometió un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Además que debe resolverse la vinculación o no a proceso, con base en los datos de investigación a que haga referencia el Fiscal del Ministerio Público en la respectiva solicitud. Aunado a lo expuesto, el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." Además, en la resolución de situación jurídica deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica, contenidos en el artículo 16 Constitucional, que imponen la obligación que tienen las autoridades de fundar y motivar debidamente sus actos. En este sentido, es importante destacar que existen requisitos de forma y fondo para emitir el auto de vinculación a proceso, en el nuevo sistema de justicia penal oral y acusatorio son: 1) De forma 1.1. Sea emitido por una autoridad judicial competente; 1.2. Se realice la imputación, esto es, que exista un comunicado por el Ministerio Público en presencia del Juez, en el sentido de que desarrolla una investigación en contra del imputado respecto de uno o más hechos delictuosos; con lo que se da cumplimiento a los principios acusatorio y de inmediación, que rigen el procedimiento; 1.3. El imputado haya rendido su declaración o manifestado su deseo de no hacerlo, y habiéndose asegurado que el procesado conoce sus derechos fundamentales dentro del proceso; situación que reviste de especial importancia debido a que por medio de ésta, se atiende al principio de contradicción; 1.4. Se pronuncie dentro del plazo de setenta y dos horas, el cual puede ser duplicado bajo petición del implicado o su defensa, o bien, el imputado puede renunciar a dichos plazos y pedir que se resuelva su situación jurídica en la audiencia respectiva con los datos que obren en la carpeta administrativa del representante social, atendiendo a los principios de inmediación y publicidad, el cual es un requisito de orden constitucional; 1.5. De la exposición del Fiscal se exprese el hecho que se señale como delito que se reprocha al imputado; y, 1.6. El lugar, el tiempo y las circunstancias de ejecución de tales hechos. 2) De fondo Que de los antecedentes de la investigación expuestos por el agente del Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan: 2.1. La comisión de un hecho que la ley señala como delito; 2.2. La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión; y, 2.3. Además, deberá indicar si se actualiza o no una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. Adicionalmente, debe señalarse que para dictar un auto de vinculación a proceso en el sistema procesal penal acusatorio y oral, se requiere analizar si existe el hecho considerado por la ley como delito y que los datos de prueba arrojen indicios razonables sobre la existencia del hecho y la probabilidad de que el imputado participó en su comisión. Atendiendo a la significación que recogen tanto elementos normativos como doctrinales mayormente enfocados al causalismo, excluye un análisis de todos y cada uno de los elementos del tipo penal, dado que lo relevante para el dictado de ese acto procesal no es explicar el fenómeno delictivo en su completitud, sino la constatación de un resultado, lesión o puesta en peligro prohibido por la norma penal, ya que incluso el encuadramiento legal que se propone al solicitar la emisión del auto de vinculación puede variar hasta el alegato de clausura en la etapa de juicio oral. Por ende, el estándar que debe existir para la vinculación a proceso no es el de realizar un análisis exhaustivo de los elementos del delito (conducta, tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), sino que debe partirse de la normalización del procedimiento de investigación judicializada privilegiando su apertura, pues la finalidad del proceso penal es el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente y procurar que el culpable no quede impune. Ello para asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte, lo cual se logra dando cabida a una verdadera investigación, donde los indicios den cuenta aproximada de la transformación del mundo con motivo de la conducta desplegada por el ser humano para verificar si existe un desvalor de la norma prohibitiva. Dicho de otro modo, el auto de vinculación a proceso sólo exige contar con datos que razonablemente permitan establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en el hecho, por el cual se seguirá la investigación. Sobre este tema, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, sostuvo que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, no se requiere un cúmulo probatorio amplio, en razón de que el Ministerio Público no presenta pruebas formalizadas que puedan acreditar el hecho y menos la responsabilidad del indiciado, sino sólo hace una referencia de datos probatorios que establezcan, en grado de suposición, que se ha cometido un hecho que la ley prevé como delito y que exista la posibilidad real de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. También, la Primera Sala del Máximo Tribunal precisó que la intensidad o profundidad del análisis que deberá hacer el juez para identificar si un hecho o una serie de hechos están tipificados en la ley como delito, será el que resulte necesario para "establecer", a partir de los datos de prueba, que un hecho o serie de hechos están tipificados como delito por la ley penal, sin estar legalmente obligado a realizar un desglose de los elementos del delito, sino únicamente a que una vez establecido de manera clara el hecho materia de la imputación, lleve a cabo un ejercicio tendente a determinar si esa conducta encuadra en alguna de las descripciones típicas que en abstracto describe la norma penal como delitos. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2014800 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 35/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 360 Tipo: Jurisprudencia "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y fondo. En cuanto a estos últimos es necesario que: 1) existan datos que establezcan que se ha cometido un hecho, 2) la ley señale como delito a ese hecho y 3) exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Ahora, el texto constitucional contiene los lineamientos que marcan la transición de un sistema de justicia penal mixto hacia otro de corte acusatorio, adversarial y oral, como lo revela la sustitución, en los requisitos aludidos, de las expresiones "comprobar" por "establecer" y "cuerpo del delito" por "hecho que la ley señala como delito", las cuales denotan un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia en materia penal, pues acorde con las razones que el propio Poder Constituyente registró en el proceso legislativo, con la segunda expresión ya no se requiere de "pruebas" ni se exige "comprobar" que ocurrió un hecho ilícito, con lo cual se evita que en el plazo constitucional se adelante el juicio, esto es, ya no es permisible que en la etapa preliminar de la investigación se configuren pruebas por el Ministerio Público, por sí y ante sí -como sucede en el sistema mixto-, con lo cual se elimina el procedimiento unilateral de obtención de elementos probatorios y, consecuentemente, se fortalece el juicio, única etapa procesal en la que, con igualdad de condiciones, se realiza la producción probatoria de las partes y se demuestran los hechos objeto del proceso. De ahí que con la segunda expresión la norma constitucional ya no exija que el objeto de prueba recaiga sobre el denominado "cuerpo del delito", entendido como la acreditación de los elementos objetivos, normativos y/o subjetivos de la descripción típica del delito correspondiente, dado que ese ejercicio, identificado como juicio de tipicidad, sólo es exigible para el dictado de una sentencia, pues es en esa etapa donde el juez decide si el delito quedó o no acreditado. En ese sentido, para dictar un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito, basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Este nivel de exigencia es acorde con los efectos que genera dicha resolución, los cuales se traducen en la continuación de la investigación, en su fase judicializada, es decir, a partir de la cual interviene el juez para controlar las actuaciones que pudieran derivar en la afectación de un derecho fundamental. Además, a diferencia del sistema tradicional, su emisión no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación, no sólo de la fase inicial, sino también de la complementaria, ni equivale a un adelanto del juicio, porque los antecedentes de investigación y elementos de convicción que sirvieron para fundarlo, por regla general, no deben considerarse para el dictado de la sentencia, salvo las excepciones establecidas en la ley". Ahora, con relación al primer concepto de violación, resulta infundado. Lo anterior porque como lo refirió la Sala responsable, si bien obra la entrevista de Guillermo Alberto; así como la certificación de la secretaria de acuerdos sobre inexistencia del juicio ordinario civil sobre prescripción positiva bajo el número de registro 210/2017; aunado al dato de prueba del que se desprende que M.C.Z. hubiera laborado como secretaria proyectista en el Poder Judicial del Estado y, por lo tanto, podía haber elaborado la sentencia falsa; y que L.M.P. haya sido la persona con quien tuvo contacto y no se desvirtúo el diálogo. Lo cierto es que de dichos datos de prueba no se aprecia alguna participación directa o indirecta de las imputadas penalmente reprochable en los hechos que actualizan el delito. Ello pues de los citados datos de prueba, así como de los que se desahogaron y tuvo en cuenta el juez de control para resolver, no se aprecia que las citadas hubieran realizado acto alguno con relevancia penal para la celebración de la compraventa, tales como el acuerdo previo de las partes en el objeto y precio de la compraventa, su celebración, ni acuerdo como partes firmantes en la Notaría pública; tampoco recibieron el pago del precio, ni entregaron la posesión; o bien que hayan acordado en su momento ante el Registro Público a inscribir el acto fraudulento o algún otro. En ese sentido, el Magistrado responsable estuvo en lo correcto al determinar que con lo expuesto por el Fiscal en la audiencia combatida, no se colmaban los requisitos necesarios para tener por acreditada la participación de las imputadas, porque el Fiscal fue omiso en justificar y precisar su intervención concreta en el hecho atribuido, lo que era necesario, porque de los requisitos de fondo se obtiene que para la emisión de un auto de vinculación, es necesario que se establezca que las imputadas participaron en la comisión del hecho con apariencia de delito que se les imputa, lo que como se dijo no aconteció. Por lo tanto, es dable concluir que la resolución combatida en este aspecto, no cumple con los requisitos que al efecto establece el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Aunado a lo anterior, como bien lo precisó el Magistrado responsable, la determinación combatida no conforma una sentencia definitiva, ni una resolución que ponga fin al juicio, por el contrario, con esa determinación se permite que el Fiscal continúe con la labor de investigación, a fin de subsanar los errores cometidos, siendo por tanto factible que de nueva cuenta realice una imputación. Por lo tanto, resultan infundados los conceptos que enderezan los quejosos en el sentido de que el Magistrado responsable no precisó si los datos de prueba eran suficientes para acreditar la participación de las imputadas, porque como se advierte, el argumento medular de la responsable descansa en la ausencia de datos de prueba suficientes y falta de precisión del grado de intervención en el hecho con apariencia de delito de fraude que se les imputa; por lo tanto, tampoco le era dable jurídicamente hablando abordar si esos datos de prueba eran suficientes para colmar su probable responsabilidad. De igual forma resulta infundado el primer concepto de violación sobre la suplencia de la queja, porque la Sala sí podía con base en ella analizar la razonabilidad de la valoración de los datos de prueba para corroborar si son suficientes para acreditar en ese momento procesal, si las imputadas participaron o no en el delito. En ese sentido, resultan aplicables por analogía las jurisprudencias que dice: Registro digital: 2019737 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Penal Tesis: 1a./J. 17/2019 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, página 732 Tipo: Jurisprudencia "RECURSO DE APELACIÓN PENAL EN EL SISTEMA ACUSATORIO. LAS SALAS DEBEN SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA PARA REPARAR OFICIOSAMENTE VIOLACIONES A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES DEL IMPUTADO. De una lectura del artículo 461 del Código Nacional de Procedimientos Penales se desprenden dos reglas: (i) el órgano jurisdiccional debe reparar oficiosamente las violaciones a derechos fundamentales; pero (ii) cuando no se esté en ese supuesto, el órgano jurisdiccional debe limitarse al estudio de los agravios planteados, sin tener que fundar y motivar la ausencia de violaciones a derechos. Para precisar lo anterior es importante distinguir entre dos momentos diferentes: el análisis del asunto y el dictado de la sentencia. Así, aunque las reglas antes descritas cobran vigencia al momento de dictar la sentencia de apelación, el Tribunal de Alzada debe analizar la sentencia impugnada en su integridad para verificar que no existan violaciones a derechos humanos; y posteriormente, al emitir su decisión, debe limitarse al estudio de los agravios, salvo que hubiere advertido violaciones a los derechos fundamentales del imputado, en cuyo caso deberá reparar las violaciones oficiosamente. Por lo tanto, aunque los Tribunales de Alzada deben analizar toda la sentencia, no tienen el deber de reflejar ese análisis en los considerandos de su decisión. En consecuencia, se puede concluir que el Código Nacional de Procedimientos Penales contempla -de manera implícita- el principio de suplencia de la queja a favor del imputado. Es importante precisar que la facultad de reparar violaciones a derechos de forma oficiosa se encuentra acotada a la materia del recurso. En este sentido, la suplencia de la queja no opera del mismo modo en procesos abreviados, que en procesos ordinarios. En el primer caso, tal como esta Primera Sala sostuvo en la contradicción de tesis 56/2016, sólo puede analizarse la violación a los presupuestos jurídicos para la procedencia de esa forma de terminación anticipada del proceso penal. Mientras que en el segundo, se podrá analizar cualquier acto que sea materia de la sentencia que resuelva el juicio oral y que implique una violación a los derechos fundamentales del acusado, como lo podrían ser, según sea el caso: la valoración de pruebas, el estudio de tipicidad, la reparación del daño y la individualización de la pena, entre otras cuestiones. Ahora, también debe aclararse que sólo se hace referencia a la suplencia de la queja en favor del imputado, por lo que la Primera Sala, en este momento, no se pronuncia sobre la aplicabilidad de ese principio en favor de otras partes". Registro digital: 160186 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal, Constitucional Tesis: 1a. CCL/2011 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 290 Tipo: Aislada "SISTEMA PROCESAL PENAL ACUSATORIO. INTERPRETACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONTRADICCIÓN CON LA INSTITUCIÓN DE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. El principio de contradicción que rige el sistema penal acusatorio tiene por objeto garantizar que las partes procesales tengan igualdad de oportunidades ante el juez, acorde con la etapa procesal en que se desarrollen; para presentar y argumentar sus casos en los que se sustente la imputación o la defensa, apoyados en los datos que consideren pertinentes y conducentes, lo cual permitirá al juzgador imponerse directamente de los puntos de vista opuestos, en relación con las teorías del caso formuladas tanto por el Ministerio Público como por el imputado y su defensor; sin embargo, la oportunidad de las partes de intervenir directamente en el proceso, no puede traer como consecuencia que en el caso de una defensa inadecuada, por una deficiente argumentación en el debate de los elementos presentados en su contra, se deje al imputado en estado de indefensión, al no haberse controvertido correctamente su valor convictivo, menos aún en el caso de reservarse su derecho a realizar alguna manifestación, y que su silencio sea utilizado en su perjuicio, pues acorde con la fracción II, del apartado B, del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, desde el momento de su detención se le harán saber los motivos de la misma y su derecho a guardar silencio, el cual no puede utilizarse en su perjuicio. En ese sentido, de la interpretación armónica del principio de contradicción con la institución de la suplencia de la queja deficiente en beneficio del imputado, contenida en el artículo 76 Bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se concluye que ambos procuran proteger ampliamente y apartándose de formalismos, los valores e intereses humanos de la más alta jerarquía, por cuyo motivo, tratándose de la materia penal, la suplencia se da aun en el caso de no haberse expresado conceptos de violación o agravios por el imputado, pues el órgano de control constitucional puede suplir no sólo su deficiente formulación, sino su total ausencia, pudiendo, por ello, el imputado y su defensor, a través del juicio de amparo, impugnar el alcance probatorio que asignó el juez de control o juez de garantía a los datos de investigación que motivaron la formalización del procedimiento y a los datos aportados en su defensa y, en consecuencia, el dictado del auto de vinculación a proceso, expresando las razones por las que a su juicio fue indebida dicha valoración; de estimar lo contrario, se vulneraría su derecho a una defensa adecuada contenido en la fracción VIII del apartado B, del citado artículo 20 constitucional". De igual forma es aplicable la tesis que dice: Registro digital: 2025895 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Undécima Época Materias(s): Penal Tesis: II.2o.P.12 P (11a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tipo: Aislada "ESTÁNDAR PROBATORIO REDUCIDO, PROPIO DE LA RESOLUCIÓN DE TÉRMINO CONSTITUCIONAL. EL JUEZ DE CONTROL NO PUEDE UTILIZARLO COMO PRETEXTO PARA DEJAR DE CUMPLIR CON SU OBLIGACIÓN DE PONDERAR TODOS LOS DATOS O MEDIOS DE PRUEBA QUE LEGALMENTE SE INCORPOREN EN DICHO PERIODO, AL MARGEN DE LOS ALCANCES DE SU EFECTO PROBATORIO POTENCIAL. Hechos: En un juicio de amparo indirecto en el que el acto reclamado lo constituyó el auto de vinculación a proceso dictado contra el quejoso, el Juez de Distrito, al negar la protección constitucional, validó lo argumentado por el Juez de Control, en el sentido de que la emisión de dicho auto no es la fase procesal idónea para ponderar los datos de prueba de descargo para inclinarse hacia la versión del imputado, por lo que aprobando la actuación de la responsable, soslayó por completo hacer mención alguna o ponderar -aunque fuese de manera mínima- las probanzas que fueron ofertadas por la defensa. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la naturaleza del sistema procesal de tipo acusatorio no releva al Juez de Control de ponderar todos los elementos o datos de prueba que se hagan de su conocimiento por las partes como base del dictado de la resolución de término constitucional, a fin de justificar los requisitos constitucionales para su emisión, según la naturaleza y complejidad (objetiva y subjetiva) del hecho delictuoso de que se trate en cada caso; de modo que el argumento del "estándar probatorio" propio de la etapa procesal, no puede usarse como pretexto para que el Juez de instancia incumpla su deber como verdadero Juez de Control que garantice la supremacía constitucional en cuanto al respeto de los derechos humanos involucrados con el tipo de resolución preprocesal, pues una cosa es el carácter preliminar de la resolución propia de esa etapa y otra muy diversa el deber de cumplir con el estudio integral de las constancias existentes para resolver lo conducente. Es decir, al margen de que el estado que alcancen las pruebas de descargo no desvirtué las de cargo y se justificara, no obstante el auto de vinculación a proceso, ello no exime a la responsable de la obligación de ponderarlas, pues no se pueden descartar sin antes analizar, y si la ley permite el desahogo de tales datos o medios de prueba, según sea el caso, es para que se tomen en cuenta exponiendo por qué merecen o no valor convictivo para desvirtuar el hecho delictivo o participación probable, pero no pueden dejarse de ponderar, pues esa omisión viola derechos del quejoso. Justificación: Ello es así, pues la ley concede al imputado la facultad de incorporar datos o medios de prueba durante el plazo constitucional de setenta y dos horas o su ampliación, para los efectos de la resolución de vinculación a proceso, y si esos datos o medios de prueba son admitidos, preparados y desahogados, ello conlleva la obligación del Juez de Control de ponderar esa información. Lo anterior, tomando en consideración que de acuerdo con el artículo 20, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el proceso penal acusatorio y oral se rige, entre otros, por el principio de inmediación, entendido como la actividad propia del juzgador de presenciar de manera directa y personalísima la recepción o desahogo de pruebas, lo que no impide que el Juez de Distrito revise la racionalidad de la valoración de la prueba, sino que el órgano jurisdiccional debe exponer los motivos, por mínimos que éstos sean, que permitan conocer que su decisión se funda sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable". A más de que las imputadas dijeron toralmente en sus agravios que respecto de ellas no se acreditaba su probable responsabilidad en la comisión del delito; por lo tanto, es dable concluir que se cumplió con la causa de pedir. Ahora, con relación al segundo concepto de violación que se endereza en el sentido de que el Magistrado responsable estaba en aptitud de reponer el procedimiento a fin de que se determinara el grado o tipo de participación, también resulta infundado. Lo anterior es así, porque el recurso de apelación no procede en esos términos, dado que dicho tribunal al advertir un vicio debe reasumir la jurisdicción originaria y reparar el vicio detectado en la resolución de primer grado, por lo que no procede el reenvío, pues una vez detectada la infracción en que hubiese incurrido el juez de origen, el Tribunal de alzada teniendo a la mano los datos de prueba y elementos suficientes para resolver, no estaba en aptitud de devolverle el asunto al juez de control para que emita otra resolución para que repare la violación en que incurrió; de ahí que la Sala estaba en la obligación de pronunciarse en ese momento con los elementos que tuvo el propio juez para tal efecto. De ahí que sea infundado el citado motivo de disenso. En otro aspecto, con relación al tercer concepto de violación, tampoco asiste razón a los quejosos, porque contrario a lo que sostienen, el Magistrado responsable no fundó su determinación en el agravio de que se vulneró el derecho de presunción de inocencia de las quejosas al habérseles dado el trato de sentenciadas y exponer su caso en un periódico; por el contrario, en dicho aspecto la responsable señaló que no le era dable atender a dicho agravio, porque los implicados omitieron anexar la documental a que hacían referencia y, por lo tanto, instruyó al juez, para que atendiera dicha situación; de ahí lo infundado de su concepto de violación. En las relacionadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a las quejosas********************, contra el acto reclamado a la responsable, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy siete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

  4. Principal

    POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA LO SIGUIENTE; V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 1230/2022-IV, promovido por********************, contra actos que reclama del Magistrado de la Novena Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, R E S U L T A N D O: En las relacionadas condiciones, ante lo infundado de los conceptos de violación expresados, sin advertir deficiencia de la queja que suplir, lo procedente es negar el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a las quejosas********************, contra el acto reclamado a la responsable, de acuerdo a las consideraciones vertidas en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así, lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, secretaria que autoriza y da fe, hasta hoy siete de febrero de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.- Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano