Rafael Carmona Zavala
Expediente 1326/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1326/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 28/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Rafael Carmona Zavala
Actuaciones
- Principal
...VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS... OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA, JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza y da fe declara abierta la audiencia: Secretario, dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo III-1326/2023, promovido por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se hace constar y certifica: Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, fue omiso en rendir su respectivo informe justificado aun y cuando obra acuse de recibo del oficio 18187 por el que se le requirió su informe justificado, mismo que fue entregado en data treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, transcurriendo el término de quince días otorgado para tal efecto del seis al veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés, excluyendo de dicho término los días inhábiles correspondientes, sin que la autoridad haya cumplido con lo requerido. EL JUEZ: Con relación con la certificación de cuenta, se tiene como omiso en rendir su respectivo informe justificado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, sin que dicha omisión sea obstáculo resolver el presente asunto. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar ninguna de las partes ofreció pruebas. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que el Agente del Ministerio Público los formuló mediante escrito de alegato constitucional 965/2023. EL JUEZ: Se tienen por formulados los alegatos de la representante social adscrita a este juzgado; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo III-1326/2023, promovido por ********************, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el diez de octubre de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido el mismo día por razón de turno, a este Juzgado Federal, ******************** promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. El quejoso precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Mediante proveído once de octubre de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo registrándose con el número de expediente III-1326/2023; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En el mismo proveído se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que fue celebrada en términos de la presente actuación, previo diferimiento; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. LEY DE AMPARO APLICABLE. Es necesario precisar que la resolución que se dicte dentro del presente asunto, se hará aplicando la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del día siguiente (artículo Primero Transitorio), toda vez que la demanda de garantías fue presentada con posterioridad su entrada en vigor. No obstante, cabe precisar que para resolver el presente juicio es factible invocar criterios de jurisprudencia que hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues su contenido no se opone a lo que la ley de la materia dispone en cuanto al tema de las mismas, ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece. SEGUNDO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente por materia, territorio y grado para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado, además de que el acto reclamado es de naturaleza omisiva cuyos efectos son de imposible reparación. TERCERO. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Se procede a la fijación del acto reclamado, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: "Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se obtiene que el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de emitir acuerdo respecto de la promoción de ocho de mayo del año actual, por medio del cual solicitó la ejecución del laudo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral 1236/2015, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo 304/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. CUARTO. PRESUNCIÓN DE CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, en la audiencia constitucional, se le tuvo como omisa en rendir el informe solicitado. Por tanto, se presume cierta la omisión reclamada, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto de la Ley de Amparo. Tiene apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 750, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 831, Apéndice de 2011, Tomo II. Procesal, Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto, Materia Común, Novena Época, registro 1002816, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías". QUINTO. Estudio de las causales de improcedencia. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, procede analizar si en el caso se actualiza alguna causa que torne improcedente el juicio constitucional, bien porque se advierta de oficio o la haga valer parte legítima. No obstante de la presunción del acto reclamado, en el presente caso, el que suscribe la presente determinación advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo. Lo anterior es así por los siguientes motivos: En el presente caso, el acto que se reclama consistente en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de emitir acuerdo respecto de la promoción de ocho de mayo del año actual, por medio del cual solicitó la ejecución del laudo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral 1236/2015, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo 304/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Ahora bien, resulta importante destacar en primer término, que el peticionario de amparo aduce que las autoridades responsables vulneran sus derechos humanos establecidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al no cumplir con lo establecido por la justicia pronta y expedita respecto del acto que en esta vía reclama. Sin embargo, esas alegaciones carecen de sustento, ya que el quejoso no allegó al sumario elemento de convicción alguno con el cual demuestre la presentación de la promoción de ocho de mayo del año actual. En efecto, el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 117. (.) Los informes rendidos fuera de los plazos establecidos en el párrafo primero podrán ser tomados en cuenta si el quejoso estuvo en posibilidad de conocerlos. Si no se rindió informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso acreditar su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1o de esta Ley. (.)". El precepto transcrito establece un principio de distribución probatoria en el juicio de amparo, conforme al cual, en aquellos supuestos en que la autoridad responsable omita rendir su informe justificado, la carga procesal de acreditar la inconstitucionalidad del acto reclamado recae en el quejoso, siempre y cuando dicho acto no sea violatorio, en sí mismo, de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Un acto de autoridad es, en sí mismo, violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección, cuando la Constitución Federal o los tratados internacionales prohíban la realización del acto impugnado o no prevea la facultad de la autoridad para emitirlo, o bien, cuando por su propia naturaleza sea contrario a los principios constitucionales o convencionales. En cambio, el acto reclamado no será violatorio, en sí mismo, cuando pueda ser realizado por la autoridad responsable, mediante el cumplimiento de determinados requisitos y cuando su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado ese propio acto. Es decir, el artículo 117 de la Ley de Amparo, en la parte que nos interesa, prevé dos aspectos distintos, a saber: 1. La falta de informe justificado produce la presunción de certeza del acto reclamado, salvo prueba en contrario. 2. Cuando se da la presunción de certeza por falta de informe, corresponde al quejoso demostrar la inconstitucionalidad del acto cuando éste no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. A fin de estar en aptitud de conocer el contenido exacto de los citados puntos, se procede a precisar los siguientes aspectos: En cuanto a la primera parte nos encontramos ante una presunción legal, la cual consiste en tener un determinado hecho como cierto provisionalmente, en tanto no se suministre prueba en contrario. Su función procesal consiste en limitar la prueba del presupuesto de hecho de la norma sustancial que contempla el efecto jurídico, de tal forma que la parte favorecida con la presunción no requiere probar el hecho presumido sino únicamente los presupuestos en los que se fundamente. En efecto, la presunción de certeza recae sólo sobre el acto reclamado, mas no respecto de las circunstancias que lo rodean, pues el dispositivo en análisis es claro en establecer que ante la falta de informe con justificación «se presumirá cierto el acto reclamado» excluyendo, implícitamente, otro tipo de cuestiones, como son las relativas a la constitucionalidad de los actos, así como las concernientes al interés jurídico y demás presupuestos necesarios para la procedencia del amparo. Por tanto, al producirse la presunción prevista en el cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, lo único que se debe tener por cierto es el acto reclamado; no obstante, tal presunción no comprende los demás aspectos que lo rodean, pues no hay precepto que así lo establezca. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de emitir acuerdo respecto de la promoción de ocho de mayo del año actual, por medio del cual solicitó la ejecución del laudo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral 1236/2015, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo 304/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Establecido lo anterior, se procede al examen de la segunda parte del cuarto párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Tal dispositivo legal establece, como regla general, que corresponde a la parte quejosa demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado. El propio numeral prevé sólo una excepción a lo anterior, consistente en que el peticionario de amparo queda relevado de la carga probatoria cuando el acto reclamado, sea, en sí mismo violatorio de los derechos humanos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por tanto, lo que determina si la carga probatoria recae en el quejoso es la circunstancia de que el acto sea o no inconstitucional en sí mismo; de ahí que sea indispensable precisar este concepto. Un acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección, cuando la autoridad no puede demostrar ni justificar con ningún medio de convicción que su contenido o proceder se apega a lo dispuesto por la Constitución Federal o por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En cambio, cuando la autoridad puede dar motivos, datos o pruebas conforme a las cuales dicho acto resultaría conforme a la Ley Fundamental o los tratados internacionales, entonces no es en sí mismo violatorio. Por ende, la inconstitucionalidad de un acto que en sí mismo es violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección, no está sujeto a prueba, ya que la contravención a la Constitución o a las normas convencionales surge por la mera existencia del acto, de su naturaleza intrínseca, con independencia de otros elementos; como ejemplos de esto se pueden citar, el acto de molestia que no consta en mandamiento escrito, la orden de aprehensión que no proviene de autoridad judicial, el arresto por más de treinta y seis horas, etcétera. Sería ilógico que ante un acto inconstitucional en sí mismo se recaben pruebas, pues, con independencia de ellas, de cualquier manera procederá conceder el amparo, por lo que el ofrecimiento y admisión de pruebas, en este caso, resultaría ocioso. De ahí que el numeral 117 cuarto párrafo de la Ley de Amparo establezca que corresponde al quejoso probar la inconstitucionalidad de los actos que en sí mismos no son violatorios de los derechos humanos y de las garantías para su protección; en cambio, no hace referencia expresa al caso contrario, pues, cuando los actos son violatorios de los derechos humanos en sí mismos, no se requiere más prueba que la relativa a su existencia (del acto). A lo anterior es aplicable la tesis aislada de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: «ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE SU INCONSTITUCIONALIDAD» (S.J.F. 5º Época, tomo LXXII, página 6531). En el caso, como ya se dijo, el acto reclamado consiste en la omisión acordar una promoción de ocho de mayo de dos mil veintitrés, dentro del expediente 1236/2015. En efecto, para estimar si dicho acto es en sí mismo violatorio de los derechos humanos y de las garantías para su protección, debe determinarse si de su propia naturaleza intrínseca deriva la contravención a la Constitución o a los tratados internacionales. Efectuando el análisis correspondiente, se llega a la convicción de que, para poder sostener que la omisión reclamada vulnera algún derecho humano, era indispensable que se demostraran los siguientes aspectos: a) La existencia del acto reclamado en un juicio laboral en el que sea parte el quejoso (presunción de certeza). b) Que en dicho juicio laboral se esté en la etapa procesal indicada, esto es, en ejecución de laudo. c) Que exista la promoción presentada ante la autoridad responsable el ocho de mayo del año actual. d) Que la conducta (omisión o negativa) sea ilegal o contravenga a las normas procesales en materia laboral ofreciendo las pruebas correspondientes. En esa virtud, si no se demostró alguno de esos presupuestos [como en el caso que acontece no se demostró específicamente el inciso c) ], pues lo único que se demostró es que el hoy quejoso forma parte del juicio natural, con base a la existencia de la sentencia del juicio de amparo directo 304/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, lo que constituye un hecho notorio para este juzgado en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º. Sin embargo, el peticionario de amparo no acreditó la existencia de la presentación del ocurso de ocho de mayo del año en curso, por el cual solicitó la ejecución del laudo, cuya dilación reclama -omisión de proveer tal escrito-, de ahí que, en caso de tener por cierto lo reclamado derivado de la presunción del acto, este no es de los que produce una violación de derechos humanos. Lo anterior es así porque el referido acto reclamado no puede estimarse, en sí mismo, violatorio de los derechos humanos, ya que su constitucionalidad o inconstitucionalidad depende de los motivos, datos o pruebas que tuvieron las responsables para omitir la emisión del auto que recaiga al ocurso de ocho de mayo del año actual, en el juicio natural. Por tanto, si el acto reclamado aludido no es inconstitucional en sí mismo, entonces la carga de probar su inconstitucionalidad correspondía a la parte promovente del amparo. Sin embargo, el accionante omitió allegar al sumario medio de convicción alguno tendente a acreditar la presentación del ocurso de ocho de mayo del año actual, ante la autoridad responsable; de ahí que se tenga como inexistente la presentación del ocurso que reclama en esta instancia constitucional. Esta manera de resolver encuentra apoyo por analogía jurídica sustancial la jurisprudencia 2a./J.50/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 197499 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 50/97 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo VI, Octubre de 1997, página 304 Tipo: Jurisprudencia LAUDO, ABSTENCIÓN EN SU DICTADO. CARGA DE LA PRUEBA RESPECTO DE SU INCONSTITUCIONALIDAD. CORRESPONDE AL QUEJOSO CUANDO SE SURTE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA QUE PREVÉ EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, PUES NO ES UN ACTO VIOLATORIO DE GARANTÍAS EN SÍ MISMO. Cuando en términos del párrafo tercero del artículo 149 de la Ley de Amparo se presuma cierto, por falta de informe de la autoridad responsable, el acto reclamado consistente en la omisión de dictar laudo, la carga de probar su inconstitucionalidad corresponde al quejoso, toda vez que dicha omisión no es en sí misma violatoria de la Máxima Ley del país, pues su inconstitucionalidad depende de que realmente exista un juicio laboral en el que sea parte el quejoso, que se encuentre en estado de resolución y que haya transcurrido el plazo que la ley establece para fallar. Cabe aclarar que lo anterior no pugna con lo dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo que prevé la obligación del Juez de Distrito de recabar oficiosamente las pruebas que estime necesarias para resolver un asunto, ya que, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte, número P./J. 17/97, de rubro: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO.", la aplicación de tal precepto tiene como presupuesto la existencia de informe justificado, en tanto que lo previsto por el artículo 149 de la propia ley se actualiza ante la falta de informe justificado, caso en el cual se presume cierto el acto y la carga de la prueba respecto de su inconstitucionalidad le corresponde al quejoso, cuando no sea violatorio de garantías en sí mismo". Asimismo, se invoca por resultar aplicable la jurisprudencia VI. 1o. J/43 del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que literal dice: «INFORME JUSTIFICADO, SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE OMITE RENDIRLO, DEBEN APORTARSE PRUEBAS PARA DEMOSTRAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO, CUANDO ESTE NO LO SEA EN SI MISMO» (S.J.F. 8º Época, Segunda Parte-1, julio a diciembre de mil novecientos noventa, página 363). Por otra parte, el hecho de que la autoridad responsable no haya rendido su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo, es decir, no se pueden tomar totalmente como ciertas los hechos y manifestaciones aducidas en el libelo constitucional. A lo anterior, cobra aplicación la tesis sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, consultada en la Red Jurídica Nacional, donde aparecen como datos de publicación, la página 356, Tomo I, segunda parte-1, enero a junio de 1998, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, registro 231468, del siguiente tenor: "INFORME JUSTIFICADO. SU OMISIÓN SOLO PRESUME LA CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO, NO EL CONTENIDO DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la autoridad responsable no rindió su informe justificado, ello no implica que deba tenerse como cierto el contenido de la demanda de amparo sino únicamente que se presuma cierto el acto reclamado, puesto que la Ley de Amparo, en su artículo 149, sólo establece esta última presunción, pero de ninguna manera la de las manifestaciones contenidas en la demanda." En ese sentido el que suscribe la presente resolución advierte la inexistencia de la presentación del ocurso e ocho de mayo de la presente anualidad, ante el tribunal responsable dentro el juicio laboral 1236/2015. En el entendido que queda a salvo los derechos del quejoso, para promover de nueva cuenta el juicio de amparo, al ser actos omisivos de tracto sucesivo. En esa medida, con base en las consideraciones antes expuestas, debe precisarse que en el caso no resulta aplicable lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley de Amparo, esto es, no es procedente que el Juez de Distrito recabe oficiosamente las pruebas que estime necesarias para la resolución del asunto, ya que de la lectura del aludido precepto, se advierte que tal posibilidad se circunscribe a los casos en que deben analizarse pruebas aportadas ante las autoridades responsables, con base en las cuales tales autoridades resolvieron, de modo que en el juicio de amparo el acto reclamado sea estudiado a la luz de ese acervo probatorio. Sin embargo, como ya se mencionó, en este caso, no se está en ese supuesto, toda vez que al controvertirse la omisión consistente de emitir el auto respectivo a la promoción de ocho de mayo del año actual dentro del juicio laboral 1236/2015, es evidente que no pueden recabarse pruebas, sino en su caso, debe la autoridad justificar su omisión o que, el peticionario de amparo lo acredite. Se cita la tesis por ser aplicable al caso, con datos de localización, rubro y texto siguiente: Registro digital: 171439 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.15o.A.29 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Septiembre de 2007, página 2541 Tipo: Aislada "INFORME JUSTIFICADO. LA OMISIÓN DE RENDIRLO PRODUCE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA EN CUANTO A LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO, PERO NO IMPONE AL JUEZ DE DISTRITO LA OBLIGACIÓN DE RECABAR OFICIOSAMENTE PRUEBAS QUE NO OBREN EN AUTOS. El artículo 149, párrafo tercero, de la Ley de Amparo señala que cuando no se rinda el informe con justificación se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado. Por otra parte, el diverso 78, párrafo tercero, de la misma legislación establece que el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos; lo que indica que tal numeral se aplica sólo cuando la responsable tenga en su poder esa prueba pero no la haya remitido y, por su estrecha vinculación con el acto reclamado, resulta necesaria para resolver sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. En ese orden de ideas, es patente que el párrafo tercero del citado artículo 78 establece una obligación para el juzgador de garantías que no se encuentra condicionada por la hipótesis prevista en el párrafo tercero del artículo 149, sino relacionada directamente con la establecida en el párrafo segundo de este último numeral, es decir, con aquella en la que la autoridad responsable acepta la existencia del acto reclamado y no remite las constancias relativas a fin de demostrar su constitucionalidad. Luego, en la hipótesis de que la autoridad responsable no rinda su informe justificado, el Juez de Distrito no está obligado a recabar oficiosamente pruebas sobre los hechos que pudieran determinar la inconstitucionalidad del acto reclamado; lo que deja a salvo su facultad para hacerlo voluntariamente, de estimarlo necesario para la resolución del asunto". Tampoco la suplencia de la queja fundaría la decisión de recabar constancias requiriendo a las autoridades responsables, pues aparte de las razones indicadas, aquella no implica colmar cargas probatorias o procesales dentro del juicio de amparo. Es aplicable en lo conducente, la jurisprudencia con el epígrafe y texto: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 175753 Instancia: Pleno Novena Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/2006 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 7 Tipo: Jurisprudencia SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. NO IMPLICA SOSLAYAR CUESTIONES DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS. De conformidad con el proceso legislativo que culminó con la reforma al artículo 94 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 25 de octubre de 1967, el fin inmediato de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declara inconstitucional una ley es salvaguardar y asegurar la supremacía de la Constitución. Ahora bien, una vez integrada la jurisprudencia, si fuera el caso de suplir la queja deficiente en el juicio de amparo en términos del artículo 76 Bis, fracción I, de la ley de la materia, aquélla podrá aplicarse, pero sin soslayar las cuestiones que afectan la procedencia del juicio de garantías, ya que la suplencia de mérito opera sólo respecto de cuestiones de fondo, esto es, una vez superados los motivos de improcedencia del juicio, pues sería absurdo pretender que por la circunstancia de que el acto reclamado se funde en una norma declarada inconstitucional tuviera que aceptarse la procedencia de todo juicio de amparo." Ahora bien, dado el sentido de la presente determinación no se impone a las autoridades responsables la multa que establece el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, no obstante la presunción de certeza del acto reclamado. Por otro lado, el hecho de que este juzgado no imponga la multa dadas las omisiones de las autoridades responsables de rendir su informe justificado no afecta de manera directa el interés jurídico de la aquí peticionaria de amparo, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio. Se comparte en lo conducente, el criterio que se lee: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 173481 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: XX.2o.23 K Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Enero de 2007, página 2313 Tipo: Aislada QUEJOSO. CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA SOLICITAR EN LA REVISIÓN LA IMPOSICIÓN DE UNA MULTA A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR NO HABER RENDIDO SU INFORME JUSTIFICADO. Si el Juez de Distrito no aplica una multa a la autoridad responsable que omitió rendir su informe justificado, la parte quejosa carece de legitimación para solicitar en el recurso de revisión la aplicación de dicha sanción, ya que tal proceder no afecta de manera directa su interés jurídico, pues la sanción económica se aplicaría a favor del erario de la Federación y no en su beneficio". De ahí que como se adelantó se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.). Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." Sobre el particular, es importante tomar en consideración que el Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 3/2014, sostuvo que, cuando las personas quejosas reclamen la omisión genérica de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Se sostuvo que no sólo corresponde a la parte interesada solicitar que se inicie el procedimiento de ejecución forzosa del laudo, sino que también dicha parte se encuentra obligada a intervenir en la prosecución de ese procedimiento hasta su conclusión, pues resulta necesaria su asociación con el fedatario público, cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo. Por tanto, no puede considerarse que corresponda al tribunal burocrático llevar a cabo, de manera oficiosa, la ejecución forzada del laudo, en razón de que tanto el inicio de dicho procedimiento, como la prosecución del mismo, debe realizarse a petición de la parte que obtuvo, y dicho impulso debe hacerse cada vez que sea necesario, dentro del término que la legislación de la materia prevé, so pena de que la acción para ejecutar la referida resolución prescriba, solicitando el inicio del procedimiento de ejecución forzosa o el dictado del auto de ejecución. De ahí que, el acto reclamado sería inexistente al momento de presentarse la demandada y, además, de realización incierta, en razón de que, como se precisó, el inicio y prosecución referido procedimiento, depende del impulso del ejecutante y, en tal virtud, no podría tenerse por actualizada la omisión genérica atribuida a la autoridad responsable, sin que la parte quejosa acredite que en efecto solicitó la ejecución ante la autoridad responsable. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la jurisprudencia PC.I.L. J/10 L (10a.), del Pleno en Materia del Trabajo del Primer Circuito, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. DEBE SOBRESEERSE CUANDO SE RECLAMA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE LA OMISIÓN GENÉRICA DE PROVEER LO CONDUCENTE PARA LA EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. Conforme al artículo 151 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, corresponde a la parte que obtuvo resolución favorable la solicitud de inicio del procedimiento de ejecución forzosa del laudo, así como su necesaria intervención en la prosecución de ese procedimiento a fin de lograr el cumplimiento de dicha resolución. De ahí que de señalarse como acto reclamado en amparo indirecto, la omisión genérica del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de proveer lo conducente para la ejecución del laudo, el juicio de amparo debe sobreseerse en términos del artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor, habida cuenta que el acto reclamado se tornaría jurídicamente inexistente al momento de presentarse la demandada y además de realización futura e incierta, en razón de que no podría constreñirse al Tribunal burocrático para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución de un laudo, pues ese impulso precisamente corresponde al ejecutante, por lo que no podría considerarse que los actos así reclamados tuvieran el carácter de inminentes, puesto que los mismos deben estimarse de realización futura e incierta, cuya existencia se encuentra sujeta a la voluntad del ejecutante". El criterio anterior resulta aplicable en el presente asunto, debido a que, como quedó precisado en párrafos supra de esta resolución, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de emitir acuerdo respecto de la promoción de ocho de mayo del año actual, por medio del cual solicitó la ejecución del laudo de veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno, dictado dentro del juicio laboral 1236/2015, en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo directo 304/2021 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad. Sin embargo, como quedó plasmado en líneas anteriores, corresponde a la parte quejosa el intervenir en el procedimiento de ejecución, "cuantas veces sean necesarias, a efecto de requerir el cumplimiento del laudo", ya que no puede ordenarse, a través de una sentencia de amparo que el tribunal responsable provea lo conducente, de oficio y dentro de los trámites y términos legales, la ejecución de un laudo; de ahí que necesariamente el requirente constitucional le correspondía demostrar la presentación del ocurso que adujo en el libelo constitucional presentó ante la autoridad responsable; circunstancia que no aconteció. Para robustecer lo aquí expuesto, se considera necesario citar la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA. El Título Quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del Presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia Ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al Presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo". En virtud de lo anterior, debe tenerse por inexistente el acto reclamado a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo promovido por ********************. Así, al haberse declarado el sobreseimiento, el suscrito se encuentra impedido para abordar el análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, al tenor de la jurisprudencia con registro digital 214593, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituyen el problema de fondo, porque aquélla cuestión es de estudio preferente". Constituyendo un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por remisión expresa de su numeral 2º, la resolución aprobada en sesión ordinaria de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, del recurso de revisión 31/2023 del índice del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, de la que se advierte que, el sentido de dicho fallo respecto a la inexistencia del acto reclamado, lo cual es compatible con el emitido en el presente juicio en que se actúa. Finalmente, no se soslaya que la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional formuló alegatos; sin embargo, resulta innecesario pronunciarse de esas manifestaciones. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia P./J. 27/94, que sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 14 del Tomo 80, de agosto de 1994, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************en relación con el acto reclamado y autoridad responsable referida en el considerando tercero de la presente sentencia, por las razones y consideraciones jurídicas vertidas en el último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe. aeol
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que la autoridad responsable rinda su informe justificado. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las once horas con treinta minutos del veintiocho de noviembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza. Doy Feoms
- Principal
Morelia, Michoacán, ocho de noviembre de dos mil veintitrés. Pedimento ministerial Agréguese a los presentes autos el pedimento de cuenta; atento a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tiene al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción formulando alegatos; asimismo, como lo solicita, una vez que se emita sentencia en el presente asunto, expídasele copia de tal resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie Secretario que autoriza.- Doy fe.oms
- Principal
Morelia, Michoacán, once de octubre de dos mil veintitrés. Cuenta con autos Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a la parte quejosa, para que manifestara lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho. En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que le fue formulado y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector. Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." Antecedentes para el cumplimiento del amparo En sentencia dictada el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional por una parte sobreseyó y por otra otorgó la protección constitucional a Imelda Jacobo Medrano, contra actos del Director del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva" y otras autoridades. En fecha catorce de abril de dos mil veintitrés, causó ejecutoria el fallo protector, y se requirió a las autoridades responsables a efecto de que dieran cumplimiento al fallo protector. Posteriormente, mediante oficio presentado el veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés en la Oficialía de partes de este juzgado la apoderada jurídica de las autoridades responsables sanitarias, allegó las constancias con las que acreditó el cumplimiento dado a la sentencia; por lo que, dos de octubre del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su intereses conviniera. Análisis del cumplimiento De los antecedentes expuestos, se procede a analizar sí la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, para lo cual se reflejan en el siguiente concentrado los lineamientos u obligaciones que le fueron impuestos a la responsable y los actos realizados por la misma, relacionándolos entre sí: Deberes, lineamientos u obligaciones impuestos en la ejecutoria de amparo. Actos desplegados por la autoridad responsable para su cumplimiento. "En el ámbito de sus atribuciones, deberá dictar un acuerdo administrativo en el que ordene a quien corresponda, ejercer las medidas necesarias a efecto de que la quejosa Imelda Jacobo Medrano, le sea proporcionado el tratamiento médico que requiere para sus padecimientos. En específico, establezca de manera definitiva la opción que mejor garantice el derecho a la salud de la solicitante de amparo, enfocada al tratamiento de diabetes, hipertensión arterial etapa 5, cistitis y gangrena en un pie, para lo cual debe proporcionarle la atención médica y medicamentos que requiere. Además, en forma destacada, debe atenderse a su necesidad de sustitución de la función renal a través de la atención médica, seguimiento y la prestación de las sesiones de hemodiálisis, que se le prescriban médicamente, debiendo, para ello, de ser posible y con base en sus facultades tomar en cuenta que: a) Ordene que se haga la valoración médica correspondiente a la quejosa, tantas veces sean necesarias, para que el médico especialista correspondiente determine si el número de hemodiálisis, aplicados semanalmente es el correcto o si debe disminuir o aumentar, según el caso, ordenando que de ser esto último, se proceda a garantizarle su derecho a la atención competente de su salid, otorgándole el número de hemodiálisis que requiera. b) Además, si de acuerdo con sus protocolos de actuación, es necesario que se abra expediente médico a la quejosa, la autoridad responsable proceda a abrir el expediente que sea necesario para lograr cumplir con los efectos de esa sentencia. Respecto la autoridad responsable Director del Hospital Civil "Dr. Miguel Silva", con residencia en Charo, Michoacán: Aplique el tratamiento médico correspondiente a la solicitante de amparo, de manera particular las sesiones de hemodiálisis requeridas, incluyendo, entre otras cosas, los medicamentos y materiales para dicho tratamiento, de manera gratuita. En la inteligencia de que la sentencia de amparo se entenderá cumplida con la emisión del acuerdo administrativo referido en primer orden. La Apoderad Jurídica de la Secretaría de Salud de Michoacán y del Organismo Público Descentralizado Servicios de Salud de Michoacán, por sí y en cuanto superior jerárquico y en cuanto representante legal del Director del Hospital General de Morelia "Dr. Miguel Silva", allegó diversas constancias de las que se advierte lo siguiente: 1. El Subdirector del Hospital General de Morelia "Dr. Miguel Silva" emitió un oficio dirigido al Director de dicho nosocomio, a través del cual, solicita que se continúe proporcionando de manera gratuita la atención médica y tratamiento correspondiente a la quejosa, así como los medicamentos necesarios derivado de su padecimiento. Asimismo, señaló que el tratamiento dialítico que requiere de manera subrogada, será en la clínica particular "Hospital Victoria", en esta ciudad, solicitando además que dicho acuerdo se agregara al expediente clínico de Imelda Jacobo Medrano. Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo Con el anterior análisis comparativo que se hace de los efectos fijados en la sentencia de amparo y la actuación desplegada por las autoridades responsables, se puede concluir que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77 de la Ley de Amparo, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas. En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. Se ordena el archivo del presente juicio Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo. Juicio susceptible de conservación. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es CONSERVABLE, de conformidad con el artículo 17 fracción III, inciso a). Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 17 del citado acuerdo, deberá transferirse al depósito documental del Área Coordinadora de Archivos correspondiente. No existen cuadernos de suspensión No se hace pronunciamiento respecto de los cuadernos incidentales por no haberse formado, pues dada la naturaleza de los actos reclamados, en el acuerdo de radicación de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se proveyó sobre la suspensión de plano de los mismos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · 7,288 expedientes
- Rafael Adrian Alcantar Bejar1304/2022
- Rafael Ahumada Guardado289/2018
- Rafael Alcantar Ramírez494/2020
- Rafael Araujo Juárez1230/2022
- Rafael Arrieta Hinojosa866/2018
- Rafael Brambila López1037/2021
- Rafael Corona Ávalos1503/2023
- Rafael Díaz Esquivias140/2017
- Rafael Eduardo Cortés Solorzano144/2023
- Rafael Enrique Muñoz Muñoz1179/2023
- Rafael Eric Anguiano Huazano760/2020
- Rafael Eric Anguiano Huazano761/2020