Priscila Paloma Nuñez Arellano
Expediente 471/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 471/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Priscila Paloma Nuñez Arellano
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintidós. ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente amparo es SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se formaron los mismos. Notifíquese. Así lo acordó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.eegCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria Marbella Juárez García CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de enero de dos mil veintidós. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de octubre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Priscila Paloma Núñez Arellano; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo; y, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto concluido. Notifíquese. Lo proveyó y forma Marbella Juárez García, secretaria del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, con motivo del segundo periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, del diecisiete al treinta y uno de enero del año en curso, en términos del oficio CCJ/ST/0179/2022 signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Luis Felipe Sánchez Luna, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de noviembre de dos mil veinte. PEDIMENTO MINISTERIAL. Agréguese a los autos únicamente como constancia en pedimento 378/2020 signado por la Agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento toda vez que ya tuvo verificativo la audiencia constitucional; sin embargo, debe decirse que las manifestaciones vertidas por la fiscal fueron atendidas al momento de emitirse el fallo correspondiente. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acta relativa a la audiencia constitucional ordenada en proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, dictado en el juicio de amparo 471/2020, y celebrada de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo, en la ciudad de Morelia, Michoacán, a las diez horas con cuarenta minutos del treinta de octubre de dos mil veinte, con la participación de quienes en la propia acta se describen. Conste. Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. SECRETARIO: Juicio de amparo IX-471/2020, promovido por Priscila Paloma Nuñez Arellano, por derecho propio, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en autos del juicio de amparo en que se actúa. Asimismo, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Se da cuenta con la circunstancia que ninguna de las partes se encuentra presente. JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por el Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. SECRETARIO. Se hace constar que en este asunto únicamente obran las documentales que Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió en apoyo de su informe justificado, consistente copia certificada de algunas de las constancias que integran el juicio laboral 551/2016; documentales que de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención su propia y especial naturaleza en proveído de veintinueve de octubre de la presente anualidad. Al no haber más pruebas que desahogar, se pasa al período de alegatos. SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes hizo manifestaciones en esta vía. JUEZ: Al no haber alegatos, se da por concluida la presente audiencia y se procede al dictado de la sentencia. Se levanta la sesión. V I S T O S los autos, para resolver el juicio de amparo IX-471/2020, promovido por Priscila Paloma Nuñez Arellano, por derecho propio, contra los actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado; y, ????????????? R E S U L T A N D O : PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el catorce de agosto de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, en esta ciudad, remitido al día siguiente hábil a este órgano jurisdiccional, Priscila Paloma Núñez Arellano, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado. La parte promovente del amparo estimó violados en su perjuicio los derechos humanos protegidos en los artículos 8, 14, 16, 17, 123 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. SUBSTANCIACIÓN DEL JUICIO. Previa aclaración, por auto de veinticuatro de septiembre del año en curso, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio intervención a la agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; además, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al examen integral de la demanda de garantías y demás pruebas y constancias que se allegaron a la litis constitucional, y su contenido se interpreta sin calificativos o expresiones ambiguas u obscuras, se razona además sobre su causa de pedir, ya que sólo así se garantiza un efectivo acceso a la justicia. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: "Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia(Común) DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez." En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos; además, atendiendo a la causa de pedir y a la etapa procesal en que se encuentra el juicio, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en lo siguiente: ? La dilación en la tramitación del juicio laboral 551/2017, derivada de no atender la solicitud de la quejosa en escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el sentido de que decretara el cierre de la etapa de instrucción. TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. La autoridad responsable al momento de rendir su informe justificado manifestó lo siguiente. "Que ES CIERTO el acto reclamado, toda vez que del análisis de autos del expediente en que se actúa, se desprende que éste Tribunal no ha dictado el laudo correspondiente; sin embargo, es menester señalar que mediante acuerdo de fecha 26 veintiséis de agosto del 2020 dos mil veinte, se ordenó notificar a la parte actora, dejando a la vista los documentos exhibidos por la demandada, dándole el término de 03 tres días hábiles para que manifestara lo que a su interés conviniera, mismo acuerdo que le fue notificada mediante Instructivo con fecha 01 primero de septiembre del año 2020, sin que a la fecha, se haya tenido recepción por este Tribunal de las manifestaciones que la parte actora hubiera podido realizar, en consecuencia se informa que el expediente en que se actúa se encuentra en la Sala correspondiente a efecto de acordar la omisión de la parte actora y hacer efectivos los apercibimiento realizados en dicho acuerdo; en virtud de lo anterior, se remiten las copias certificadas correspondientes. Como se observa, del contenido del informe, así como de las constancias que remitió en apoyo de éste, se obtiene que el acto reclamado es cierto, toda vez que el tribunal responsable hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo (catorce de agosto de dos mil veinte), no había dado impulso al procedimiento laboral, no obstante que la quejosa, desde el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, solicitó el cierre de la etapa de instrucción. CUARTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El estudio de las causales de improcedencia es de orden público y preferente al fondo del asunto, como se dispone el artículo 62 de Ley de Amparo. No obstante la certeza del acto reclamado, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente. [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]" Así, de dicho precepto legal se infiere que el juicio de amparo se torna improcedente cuando el acto reclamado ya no puede incidir en la esfera jurídica del peticionario de garantías, en virtud de que el acto de autoridad ya no puede producir efecto alguno, ya sea porque ha sido sustituido procesalmente por otro, o bien, porque la responsable determinó revocarlo; es decir, para que esta causal de improcedencia se materialice, es necesaria una conducta de hacer por parte de la responsable con la que deje sin efecto el acto reclamado. La causal de improcedencia prevista en el precepto legal transcrito, cobra vigencia cuando se destruyen todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Ahora, en el presente asunto, la parte quejosa reclama de la autoridad responsable la dilación en la tramitación del juicio laboral 551/2017, derivada de no atender la solicitud de la quejosa en escrito presentado el diecinueve de julio de dos mil diecinueve, en el sentido de que decretara el cierre de la etapa de instrucción. Empero, de las constancias que integran el presente juicio de amparo, en particular de las que la autoridad responsable remitió en apoyo de su informe justificado, se obtiene que mediante acuerdo de veintiséis de agosto de dos mil veinte, se atendió la solicitud de la quejosa; en dicho acuerdo se determinó que no había lugar a decretar el cierre de la instrucción en virtud a que en ese mismo acuerdo se le estaba dando vista con pruebas documentales exhibidas por la parte demanda en cumplimiento a un requerimiento. En tal virtud, al haberse atendido la solicitud de la quejosa, a través de la cual pretendía el impulso del procedimiento, cesaron los efectos del acto reclamado, ya que la autoridad responsable al haberse pronunciado al respecto destruyó los efectos de la dilación que se le reclama en la demanda de amparo, así como sus consecuencias. Sirve de apoyo, la jurisprudencia por reiteración, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y contenido siguiente: "Tesis: 2a./J. 59/99 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 193758 Segunda Sala Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 Jurisprudencia (Común) CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González." En las relatadas circunstancias, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en el presente juicio, de conformidad con lo que instituye el numeral 63, fracción V, del cuerpo normativo en cita. No es inadvertido para el que suscribe que la pretensión de la quejosa en el juicio laboral es que se emita el laudo respectivo; sin embargó, atendiendo las reglas del procedimiento no es posible la emisión del laudo mientras no se haya cerrado el periodo de instrucción. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis que se expone: Época: Décima Época Registro: 2005150 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 1, Diciembre de 2013, Tomo I Materia(s): Común Tesis: 2a. CV/2013 (10a.) Página: 732 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013. Recurso de inconformidad 282/2013. Tomasa Hernández Díaz. 18 de septiembre de 2013. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Jannu Lizárraga Delgado. Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa 2a./J. 45/2007, de rubro: "SENTENCIA DE AMPARO. CUANDO SE CONCEDE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL POR VIOLACIÓN A LA GARANTÍA DE IMPARTICIÓN DE JUSTICIA PRONTA, SUS EFECTOS DEBEN COMPRENDER NO SÓLO LAS OMISIONES Y DILACIONES DE TRAMITAR UN JUICIO LABORAL DENTRO DE LOS PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, SEÑALADAS EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS, SINO TAMBIÉN LAS SUBSECUENTES.", que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, abril de 2007, página 528. Esta tesis se publicó el viernes 13 de diciembre de 2013 a las 13:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación. Por otro lado, dado el sentido de la presente resolución, no es posible jurídicamente abordar el análisis y decisión de los conceptos de violación que plantea la peticionaria de amparo, de acuerdo con la tesis de jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que dispone: "Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se SOBRESEE el presente juicio de garantías promovido por Priscila Paloma Nuñez Arellano, por propio derecho, en contra del acto que reclamó del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, en términos del último considerando del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Alfredo Montoya Revilla, secretario que autoriza. Doy fe.
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