Milthon Agustin Jaime Ambriz
Expediente 907/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 907/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 27/11/2023
Partes del expediente
- Milthon Agustin Jaime Ambriz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede y el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, el treinta y uno de octubre de la presente anualidad; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2 de la ley invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria la sentencia en la que se determinó conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Comuníquese a las partes lo anterior, y háganse las anotaciones de rigor. En consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que, siguiendo los lineamientos establecidos en la mencionada resolución, en el plazo de tres días, cumpla con la ejecutoria de amparo; es decir, deberá: "Sexto. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo concedido es para efecto de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, realice lo siguiente: 1) Cite a una audiencia a las partes donde deje insubsistente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del directo quejoso, decretada en la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal ********************. 2) Dé oportunidad a la Ministerio Público, para que haga manifestaciones al respecto y de solicitar la medida de prisión preventiva aporte los datos de prueba que estime necesarios para sustentar su petición y justifique la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la imposición de la medida; 3) El imputado y su defensa, puedan hacer las manifestaciones relativas, en su caso, en cuanto a la solicitud de la representación social y, de estimarlo oportuno, ofrecer los medios de prueba conducentes, a efecto de otorgarle garantía de audiencia respecto de tal medida. 4) Dicte otra resolución en la que con base en los razonamientos expuestos en esta sentencia, analice si la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva, persigue una finalidad legítima, si es idónea, necesaria y proporcional al delito que se atribuye al imputado; prescindiendo del argumento de que procede la prisión preventiva de oficio, por el solo hecho de que el ilícito que se le imputa se encuentra dentro del listado de delitos señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que la concesión del amparo en los términos antes descritos, no significa que el Juez responsable no pueda imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sólo que para poder mantenerla deberá revisar que ésta satisfaga el análisis de, entre otros aspectos, la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar." Y remita copia certificada de las constancias que lo acrediten, o bien informe la imposibilidad jurídica que tenga para ello; apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 258 ambos de la Ley de Amparo; y, conforme al artículo 192 de la propia ley, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, para la tramitación del incidente de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, así como la jurisprudencia 54/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 19, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo". Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable requerida que el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, así como de la jurisprudencia 56/2014, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Libro 12, Tomo I, Noviembre de 2014, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Común, que dice: "CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La Ley de Amparo es clara al determinar en su artículo 195, que si el cumplimiento extemporáneo es injustificado, ello no exime de responsabilidad a las autoridades, lo que constituye uno de los cambios fundamentales entre el sistema de ejecución anterior y el previsto en la nueva ley. En el nuevo régimen de cumplimiento de las sentencias de amparo se prevé, de manera expresa, la asignación de sanciones por el cumplimiento extemporáneo si éste es injustificado. Ante ello, en un primer escenario, podría acontecer que la autoridad sea omisa respecto del cumplimiento de la sentencia de amparo, lo que conduciría, de manera automática, a la imposición de la sanción pecuniaria, y en caso de que aun impuesta la multa no se acredite el cumplimiento, ello dará lugar a continuar con el procedimiento de ejecución que, eventualmente, podría conducir -en su caso- a la separación del cargo y posterior consignación ante el Juez penal, ya que en ese supuesto la autoridad jurisdiccional de amparo no tendrá elementos que valorar, al ser omisos la autoridad y, en su caso, su superior jerárquico, faltando así al deber de diligencia que tienen sobre el acatamiento del fallo constitucional. En este primer escenario, resulta de especial relevancia que el juzgador de amparo requiera el cumplimiento del fallo protector con la precisión necesaria en cuanto a las autoridades competentes para acatarlo y a los actos que les corresponde realizar, ya que si el debido acatamiento de la sentencia concesoria está sujeto a que diversas autoridades emitan en el ámbito de sus respectivas competencias, diferentes actos cuya emisión jurídicamente constituye una condición indispensable para el dictado de los posteriores, será necesario que en el requerimiento respectivo se vincule a cada una de las autoridades competentes a emitir los actos que legalmente les correspondan; incluso, los apercibimientos respectivos deberán tomar en cuenta esas particularidades. En tal virtud, cuando el cumplimiento del fallo protector implique la emisión de actos de diferentes autoridades que dan lugar al desarrollo de un procedimiento en el cual la falta de emisión de alguno de ellos impide la de los siguientes, antes de imponer una multa de las previstas en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de Amparo, deberá identificarse a la autoridad contumaz, es decir a la responsable del incumplimiento, dado que las diversas autoridades que no ejerzan poder de mando sobre ésta, al encontrarse impedidas legalmente para emitir el acto que les corresponde, tendrán una causa justificada para no haber cumplido el fallo protector. Por lo cual, si el juzgador de amparo tiene la duda fundada sobre cuáles son las autoridades que gozan de las atribuciones para realizar los actos necesarios para el cumplimiento del fallo protector, atendiendo a lo previsto en el artículo 197 de la Ley de Amparo, en el primer acuerdo que dicte en el procedimiento de ejecución de la sentencia, además de requerir a la autoridad o a las autoridades responsables el cumplimiento de la sentencia concesoria, les solicitará que en el plazo de tres días hábiles, se pronuncien fundada y motivadamente sobre cuáles son las autoridades que cuentan con las atribuciones para acatar dicho fallo. Lo anterior, con la finalidad de que con base en lo manifestado por las referidas autoridades y en el análisis del marco jurídico aplicable determine si es el caso de vincular al cumplimiento de la sentencia a diversas autoridades; pronunciamiento que deberá contener las consideraciones y los fundamentos legales que sirvan de base para vincular a las autoridades respectivas, atendiendo a lo previsto en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, el cual contiene un principio aplicable a toda resolución emitida dentro de un juicio de amparo. En este punto, resulta relevante considerar que la autoridad responsable puede acreditar el cumplimiento de manera posterior a que se impuso la multa y que se continuó con el procedimiento de inejecución y se enviaron los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o, en su caso, a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación. En estos casos, se deberá analizar si existen elementos para continuar con la tramitación del incidente de inejecución de sentencia que podría culminar con la separación del cargo y, eventualmente, con la consignación ante el Juez penal. Es importante considerar que la intención que subyace a este procedimiento de ejecución no es, de manera preponderante, la asignación de responsabilidades y sanciones a las autoridades que incumplen con la sentencia de amparo, sino el cumplimiento total y, en la medida de lo posible, expedito de las sentencias de amparo." Por último, del estado que guarda el incidente de suspensión que deriva del presente asunto, se obtiene que la parte quejosa interpuso recurso de revisión en contra de la suspensión definitiva de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, el cual por razón de turno, conoció el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con sede en Mexicali, radicándolo con el número ********************; por tanto, con transcripción del presente proveído gírese atento oficio a la Superioridad, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito firmado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual solicita que se requiera a la autoridad responsable para que cumpla de inmediato la sentencia dictada en el presente asunto, en atención a los efectos en las que se emitió esta. Atento a lo anterior, no ha lugar a acordar de conformidad lo solicitado por el promovente en virtud de que a la fecha transcurre el plazo otorgado a las partes a fin de que se encuentren en posibilidad de recurrir la sentencia dictada en el presente asunto en términos del artículo 81 de la Ley de Amparo, aunado de que en atención a los lineamientos para los cuales fue concedido el fallo protector no tienen por efecto dejar de inmediato en libertad al aquí quejoso; por tanto, una vez que transcurra dicho plazo de oficio este órgano jurisdiccional acordará lo que en derecho corresponda. Notifíquese.
- Principal
Sentencia Vistos para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 907/2023-A promovido por Geovanni Curiel García defensor público federal de Milthon Agustín Jaime Ambriz, contra actos del Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en Tijuana, Baja California; y, Resultando Primero. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito que se presentó el veinte de julio de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito, por Geovanni Curiel García defensor público federal de Milthon Agustín Jaime Ambriz, promovió la demanda de amparo contra los actos y autoridad que, previa aclaración de su denominación, es la siguiente: Autoridad responsable - Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control. Acto reclamado "LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA DECRETADA EN PERJUICIO DE MILTHON AGUSTIN JAIME AMBRIZ EN AUDIENCIA DEL DÍA 13 DE JULIO DEL 2023 EN LA CAUSA PENAL 762/2023, TRANSGREDIENDOSE EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD PERSONAL DEL QUEJOSO PORQUE LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS DECLARO INCONVENCIONAL LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA. [.]"(sic). Segundo. La parte quejosa señaló infringidos los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes, los cuales no se transcriben, sin que ello cause agravio alguno, dado que no existe disposición que obligue a este órgano de control constitucional a realizar su transcripción. Tercero. Admisión y trámite. Este órgano jurisdiccional en proveído de veintiuno de julio de dos mil veintitrés radicó y admitió la demanda de amparo con el número 907/2023-A, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado, se dio la intervención que en derecho corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este órgano jurisdiccional, se emplazó a juicio al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula IV-3 Tijuana, en su carácter de autoridad tercero interesado, y, se llevó a cabo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede. Considerando Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 103 fracción I, Constitucional, 49 y 50, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y los artículos 1º, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, así como Conforme al Acuerdo General número 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, dado que lo reclamado es un acto declarativo con efectos positivos que tiene ejecución en la jurisdicción de este Juzgado de Distrito. Segundo. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados que constituyen la litis efectivamente planteada por la parte quejosa en este juicio de derechos fundamentales, por lo que del análisis integral del escrito de demanda, y el informe justificado se aprecia que sustancialmente que el acto reclamado que en esta vía consiste en: - La resolución dictada en la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, dentro de la causa penal 762/2023 en la que se impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa a Milthon Agustín Jaime Ambriz. Tercero. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Certeza que se encuentra corroborada con las constancias que integral la causa penal de origen 762/2023, las cuales fueron vinculadas a este expediente por el Juez responsable; documentales que tienen valor probatorio pleno al ser un documento público, en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria al juicio de amparo, por disposición expresa del numeral 2° de la ley de la materia. Sirve de apoyo la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Cuarto. Análisis de causas de improcedencia. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente, por lo que el análisis de las causales de improcedencia debe realizarse lo aleguen o no las partes, conforme a lo previsto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, así como en la Jurisprudencia II. 1o. J/5, registro 222780, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación Tomo VII, mayo de 1991, Octava Época, página 95; de rubro "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO." Ahora, al no haberse hecho valer por alguna de las partes y no advertir de oficio que se actualice alguna de las causales señaladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, se procede al estudio del fondo del asunto. Quinto. Estudio del fondo del asunto. Lo procedente es analizar el fondo del asunto, al tenor del único concepto de violación que hace valer el peticionario de amparo, mismo que se tiene aquí por reproducido como si a la letra se insertara, en obvio de repeticiones innecesarias, sin que resulte necesario realizar su transcripción, además de no haber disposición que obligue a ello. Lo anterior, con apoyo en la jurisprudencia 58/2010, visible en la página 830, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 164618, que establece: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." Ahora, el concepto de violación aducido por el quejoso, contra el acto atribuido a la autoridad responsable por la que se admitió la demanda de amparo, es esencialmente fundado y suficiente para conceder la protección constitucional solicitada, aunque para ello deba suplirse la deficiencia de la queja, por tratarse de un asunto en materia penal en el que el peticionario tiene la calidad de inculpado, atento a lo dispuesto por el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Previo a iniciar el estudio del fondo del asunto, para mejor entendimiento, resulta pertinente hacer mención de los antecedentes que dieron lugar al acto reclamado: El nueve de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del aquí quejoso Milthon Agustín Jaime Ambriz, por su probable participación en los hechos que la ley señala como delito de posesión de armas de fuego y uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en los artículos 83, fracción III, en relación con el diverso numeral 11, inciso c), con la agravante prevista en el penúltimo párrafo del referido artículo 83, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 Quat, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso c), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dentro de la causa penal 762/2023, del índice del Juez responsable, en la que se realizó la imputación de la conducta respectiva por parte de la fiscal investigadora; se dio oportunidad de declarar al inculpado, se señaló el trece de julio de dos mil veintitrés para la continuación de la audiencia inicial, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se declaró cerrada la audiencia. Luego el trece de julio de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la continuación de la audiencia inicial de formulación de imputación en contra del aquí quejoso, en la que se dictó auto de vinculación en su contra por los hechos que se le atribuyen y decretó subsistente la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa (inicialmente decretada el nueve de julio del presente año) y se declaró cerrada la audiencia. Al respecto, precisa destacar que la parte quejosa formuló el siguiente concepto de violación: La medida cautelar de prisión preventiva oficiosa decretada por la responsable el trece de julio de dos mil veintitrés es inconvencional con la jurisdicción y legislación internacional de la que México es parte y por ende ilegal, y transgrede en perjuicio del quejoso el derecho pro persona y de seguridad jurídica. Invocando como sustento a su argumento la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos el siete de noviembre de dos mil veintidós, en el caso Tzompaxtle Tecpile y otros en contra México. Ahora, conviene recordar que la parte quejosa plantea la inconstitucionalidad del referido acto, en virtud de que el Juez de origen le decretó la aludida medida cautelar, por encontrarse el hecho que se le atribuye, previsto en el catálogo establecido en el artículo 19 Constitucional, como de aquellos que merecen prisión preventiva oficiosa, sin someter dicha cuestión a debate entre las partes. No obstante, en suplencia de la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se analizará dicho acto de acuerdo a los requisitos constitucionales y legales para su procedencia, con la finalidad de verificar si se encuentra apegado a derecho, dado que, como ya se dijo, el quejoso acude a este juicio en su carácter de imputado en el asunto penal de origen. En ese sentido, para resolver el presente juicio de amparo y como lo solicita el quejoso, serán tomados en consideración algunos argumentos expuestos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Tzompaxtle Tecpile contra México, resolución en la que fue materia de estudio la prisión preventiva dentro del sistema judicial mexicano, misma que puede ser consultada en la dirección electrónica https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ seriec_470_esp.pdf. De inicio, se tiene que el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en lo que interesa, lo siguiente: "Artículo 19. (.) El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente, en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales, corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, robo al transporte de carga en cualquiera de sus modalidades, delitos en materia de hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, delitos en materia de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad, y de la salud.(.)" Por su parte, el artículo 7 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, señala: "Artículo 7. Derecho a la Libertad Personal 1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personal. 2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas. 3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios. 4. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella. 5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un juez u otro funcionario autorizado por la ley para ejercer funciones judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio. 6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona. 7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimientos de deberes alimentarios." Los preceptos antes trascritos, mismos que cuentan con igualdad de jerarquía al tratarse del texto constitucional y de un tratado internacional reconocido por el Estado Mexicano, constituyen el parámetro conforme al cual se deben analizar todos los actos de autoridad. En ese aspecto, también es necesario resaltar que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que si bien deben prevalecer las restricciones expresamente previstas en la Carta Magna, ello no significa que la norma constitucional deba aplicarse indiscriminadamente, sino que existe la posibilidad de que "el intérprete constitucional", como son precisamente los tribunales de amparo, al hacer prevalecer una restricción o limitación constitucional, también practique un examen de interpretación más favorable en la propia disposición suprema, delimitando sus alcances de forma interrelacionada con el resto del parámetro de regularidad constitucional, de manera que el operador jurídico, sin vaciar de contenido la disposición restrictiva, pueda darle una lectura de la forma más favorable posible. Así lo sostuvo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al emitir la jurisprudencia 163/2017 de rubro: "RESTRICCIONES CONSTITUCIONALES AL GOCE Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS Y LIBERTADES. SU CONTENIDO NO IMPIDE QUE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN LAS INTERPRETE DE LA MANERA MÁS FAVORABLE A LAS PERSONAS, EN TÉRMINOS DE LOS PROPIOS POSTULADOS CONSTITUCIONALES". En ese tenor, cabe ahora señalar que esa interpretación "pro persona" será la más extensiva cuando se trate de reconocer derechos fundamentales e inversamente, la más restringida si se busca establecer restricciones permanentes al ejercicio de los derechos. Bajo esa guisa, y retomando el contenido de los artículos 19, párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 7° de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se tiene que el precepto constitucional en cita contiene un catálogo de delitos respecto de los cuales, "el juez" ordenará la prisión preventiva oficiosamente, mientras que los diversos artículos -de la Convención Americana sobre Derechos Humanos-, reconocen el derecho de todas las personas a no ser sometidas a encarcelamientos arbitrarios y que la legalidad de su detención sea revisada sin demora por un juez o tribunal competente. Ante este panorama, puede sustentarse que existe una aparente contradicción entre el texto constitucional y la convención, pues mientras uno señala un catálogo de delitos que permite que "el juez" ordene oficiosamente la prisión preventiva, tan sólo por tratarse de alguno de esos ilícitos, el otro reconoce el derecho de todas las personas a no ser privadas de su libertad arbitrariamente. Lo cual en apariencia puede ser contradictorio dado que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha resuelto que una detención arbitraria es aquella en la que no se analiza, entre otros aspectos, la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar; lo que ocurre precisamente en la prisión preventiva oficiosa. La consideración anterior encuentra apoyo en la sentencia de siete de noviembre de dos mil veintidós, dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el Caso Tzompaxtle Tecpile y otros vs México, en la que sostuvo lo siguiente: "96. Sobre la arbitrariedad referida en el artículo 7.3 de la Convención Americana, la Corte ha determinado que nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento por causas y métodos que -aun calificados de legales- puedan reputarse como incompatibles con el respeto a los derechos fundamentales del individuo por ser, entre otras cosas, irrazonables, imprevisibles o faltos de proporcionalidad. Se requiere que la ley interna, el procedimiento aplicable y los principios generales expresos o tácitos correspondientes sean, en sí mismos, compatibles con la Convención. Así, no se debe equiparar el concepto de "arbitrariedad" con el de "contrario a ley", sino que debe interpretarse de manera más amplia a fin de incluir elementos de incorrección, injusticia e imprevisibilidad. Por otra parte, el artículo 8.2 se refiere al derecho a la presunción de inocencia. 97. La Corte ha considerado que, para que una medida cautelar restrictiva de la libertad no sea arbitraria y no se vea afectado el derecho a la presunción de inocencia, es necesario que: a) se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) esas medidas cumplan con los cuatro elementos del "test de proporcionalidad", es decir con la finalidad de la medida que debe ser legítima (compatible con la Convención Americana), idónea para cumplir con el fin que se persigue, necesaria y estrictamente proporcional, y c) la decisión que las impone contenga una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. 98. Con respecto a lo anterior, cabe recordar que estas consideraciones, en torno a los elementos que deben tomar en cuenta las autoridades a la hora de restringir la libertad de una persona investigada por un delito, deben estar contempladas en los ordenamientos jurídicos de los Estados, y deben también ser aplicadas de manera efectiva y de buena fe por parte de los operadores de la justicia." En ese sentido, en apariencia surge una contradicción entre el texto constitucional y la convención; sin embargo, esta supuesta antinomia en realidad no existe, si se realiza la interpretación más restringida posible de lo establecido en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Federal. De esta manera, es posible observar que el contenido textual del artículo 19 de la Constitución Federal está dirigido al "juez" de control que resuelve sobre la vinculación a proceso del imputado; asimismo, la propia Constitución, en el artículo 107, establece las bases para la solución de las controversias por parte de los Tribunales de la Federación, disposiciones que están dirigidas a un juzgador distinto, a saber, "al órgano jurisdiccional de amparo". Por ello, aunque en principio pudiera ser válido que el juez de control asuma que, ante los delitos señalados en ese catálogo, debe imponer la prisión preventiva de manera oficiosa, nada impide que ese mismo juzgador, el tribunal de apelación, o incluso el órgano jurisdiccional de amparo puedan reexaminar inmediatamente si la medida cautelar satisface, entre otros aspectos, la justificación sobre su finalidad, idoneidad y proporcionalidad en estricto sentido, pues esta revisión es la que autoriza el artículo 7.6 de la precitada Convención. Esta posibilidad desde luego se abre también para el Juez de Enjuiciamiento responsable, pues el Código Nacional de Procedimientos Penales no estipula alguna excepción al respecto. En ese orden de ideas, se aprecia que tanto la Convención, como la Constitución, establecieron que la actualización de un hecho de los enlistados como delitos de prisión preventiva oficiosa, no implica de manera absoluta y definitiva que deba imponerse a quien se le imputa su comisión, esa medida -prisión preventiva oficiosa-, sino que, en todo caso previo a ello, deberán considerarse los parámetros ya indicados, pues el propósito de una medida cautelar no es imponer una sanción anticipada, sino que sólo es un instrumento que asegura la continuación del procedimiento. En esa línea de pensamiento se estima que para emitir y mantener una medida restrictiva de libertad, como lo es la prisión preventiva, se deben cumplir los siguientes requisitos: a) Que se presenten presupuestos materiales relacionados con la existencia de un hecho ilícito y con la vinculación de la persona procesada a ese hecho; b) Cumplir con cuatro elementos: La finalidad de la medida que debe ser legítima y compatible con los tratados internacionales vinculantes. Ser idónea para cumplir con el fin que se persigue; Debe ser estrictamente necesaria su aplicación; y, Debe ser proporcional al caso. c) La determinación que la imponga debe contener una motivación suficiente que permita evaluar si se ajusta a las condiciones señaladas. De ese modo, si se cumplen con los anteriores parámetros la medida de prisión preventiva estará justificada. Ahora, la prisión preventiva se encuentra contemplada en el artículo 19 de la Constitución General como una medida cautelar excepcional que puede decretarse de dos maneras: I. A petición justificada del Ministerio Público: sólo cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso; II. De oficio: cuando se actualiza alguno de los ilícitos enlistados en el catálogo contenido en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que establece expresamente que se ordenará prisión preventiva oficiosa en diversos casos, entre ellos, delitos en materia de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea, así como los delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación. De este modo, la prisión preventiva oficiosa es un límite al derecho de libertad personal, que cuenta con reconocimiento en el artículo 19 Constitucional y, en ese sentido, es una medida contemplada en la Norma Fundamental Mexicana para determinados ilícitos penales que, por sus especiales características, se consideró que se debía decretar en forma automática por los jueces penales, sin necesidad de valorar la posibilidad de que la persona imputada se sustraiga de la justicia o que pueda ocasionar una afectación en el proceso, pruebas o daños a las víctimas. No obstante, el Estado tiene la obligación de no restringir la libertad del detenido más allá de los límites estrictamente necesarios para asegurar que no impedirá el desarrollo de las investigaciones y que no eludirá la acción de la justicia, ya que no puede ser la regla general, ni una medida punitiva, sino que constituye una medida cautelar, de lo contrario se trasgrediría el principio de presunción de inocencia, según el cual una persona es considerada inocente hasta que su culpabilidad sea demostrada. En efecto, la prisión preventiva es la medida más severa que se puede aplicar a una persona acusada de un delito, por lo cual, se insiste, su aplicación debe tener carácter excepcional, limitado por el principio de legalidad, la presunción de inocencia, la necesidad y la proporcionalidad; de ahí que, como ya se dijo, los principios que la rigen son: excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad. I. Es una medida cautelar excepcional, ya que la libertad siempre es la regla, mientras que la prisión es la excepción. Esto es así porque las personas que se encuentran en prisión preventiva gozan del derecho a la presunción de inocencia, por lo que el Estado les tiene que proporcionar un tratamiento acorde con lo anterior. Es por esto que la prisión preventiva es una medida cautelar dirigida a asegurar el proceso penal, más no una medida punitiva. II. Se rige por el principio de necesidad, lo que significa que tiene que ser indispensable para conseguir el fin legítimo que ésta persigue. Tiene que haber una relación entre la prisión preventiva y el motivo por el cual se dictó la medida cautelar, de tal manera que la prisión preventiva sólo podrá imponerse cuando sea el único medio que permita asegurar los fines del proceso penal, después de haberse demostrado que otras medidas cautelares no serán adecuadas para lograr tal fin. III. Se rige por el principio de proporcionalidad, lo que implica que el sacrificio inherente a la privación de la libertad no debe ser desmedido en relación a las ventajas que se obtienen mediante la prisión preventiva. Además, se debe evitar que la medida cautelar sea igual o más onerosa que la pena que sería recibida en caso de que se determine la responsabilidad penal de la persona imputada. Así, dada la naturaleza excepcional de la prisión preventiva, ésta solamente podrá durar mientras tenga sustento en un fin legítimo que perseguir, por lo que está sujeta a una duración o plazo razonable, dado que la privación de la libertad de una persona más allá de lo necesario equivaldría a imponer una pena anticipada. En la inteligencia que su duración no puede establecerse en forma abstracta, sino que tiene que ser estudiada con base en las particularidades del caso en concreto y debe estar sujeta a una revisión periódica a fin de verificar si persisten o dejan de existir las razones que hayan motivado su fijación, de tal forma que no se prolongue cuando no subsistan las razones que motivaron su adopción. En ese sentido, se estima que, la forma de operar de la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar del procedimiento penal vigente, es incongruente con las medidas cautelares, en tanto que se erige como una sanción anticipada, ya que no restringe derechos sino que priva de ellos; pues esta medida no puede estar por encima de la libertad, adelantando los efectos que sólo pueden ser impuestos como resultado de un debido proceso y una sentencia de condena, de ahí que ésta no considera la posibilidad del dictado de una sentencia absolutoria, pues no evalúa el resto de opciones disponibles para cumplir con los fines de la medida cautelar, ni los efectos nocivos que tiene la aplicación inmediata de la privación de la libertad. De ese modo, el perjuicio de dicha medida radica en que la existencia de un catálogo de delitos supone una consideración diferenciada, lo cual no responde a las condiciones particulares de comisión o a otros elementos conexos; es decir, si el ilícito está contemplado en el texto Constitucional y en el Código respectivo, es irrelevante si por sus características de ejecución -tipo de víctima u ofendido, lesión, monto, entre otras- se está en un caso que no amerita la imposición de esa, con lo cual se desconoce la complejidad inherente a la materia penal en detrimento de los derechos de las personas. De lo anterior se extrae lo siguiente: a. El primer párrafo del artículo 1º Constitucional reconoce un conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. b. Las normas de derechos humanos, independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo que, derivado de la parte final del primer párrafo del artículo 1º, cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, el juez constitucional deberá ponderar esa restricción a la luz de los derechos humanos de fuente internacional y de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a fin de determinar si existe un margen de apreciación nacional que permitiera al Estado Mexicano mantener la restricción constitucional en aras de proteger bienes de importancia suprema o, si por el contrario, es ineludible inaplicar la restricción constitucional y optar por la mayor protección de los derechos humanos derivada de los derechos de fuente internacional. c. Cuando exista una sentencia en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos hubiera condenado al Estado Mexicano con motivo de una restricción constitucional, el margen de apreciación nacional disminuye drásticamente y, en ese sentido, los jueces constitucionales deberán dar prevalencia a las normas internacionales que sean más protectoras de los derechos humanos. d. Se reitera que el principio de supremacía constitucional comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material. Por lo expuesto, se concluye que la prisión preventiva oficiosa, al ser impuesta de manera automática es una restricción del derecho a la libertad personal que no cumple con los parámetros exigidos por la jurisprudencia mexicana e interamericana, de manera que su implementación legislativa es contraria al parámetro de validez en materia de derechos humanos. Ahora bien, en el caso que nos ocupa el Juez responsable en nueve de julio de dos mil veintitrés, determinó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en los siguientes términos: ". por otro lado teniendo en consideración la formulación de la imputación así como de la solicitud de vinculación a proceso por los hechos que la ley establece como los delitos que ya quedó precisados de portación de dos armas de fuego de uso reservado de las fuerzas armadas del país y posesión de cartuchos para dichas armas de fuego con fundamento en el artículo 19 Constitucional en relación con el 167 del Código Nacional y el decreto que reforma y adiciona este precepto legal vigente a partir de veinte de febrero del dos mil veintiuno, en este momento decreto como medida cautelar a Milthon Agustín Jaime Ambriz el de la prisión preventiva oficiosa de manera provisional hasta la próxima audiencia de las doce horas del día trece del mes y año que transcurre, en consecuencia ordeno girar el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria respectiva informándole esta determinación para que proceda a ingresar al establecimiento a su cargo a Milthon Agustín Jaime Ambriz por habérsele impuesto como medida cautelar la ya mencionada de prisión preventiva oficiosa." Luego, el trece de julio de dos mil veintitrés, el Juez responsable llevó a cabo la continuación de la audiencia inicial en la que determinó que subsiste la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en los siguientes términos: ". por otro lado teniendo en consideración este auto de vinculación a proceso por los hechos que la ley señala como los delitos que ya han quedado debidamente precisados los cuales de igual forma se dan por reproducidos en este momento con fundamento en el artículo 19 Constitucional con relación al diverso 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y decreto que reforma y adiciona este último precepto legal vigente a partir del veinte de febrero de dos mil veintiuno, impongo como medida cautelar a Milthon Agustín Jaime Ambriz el de la prisión preventiva oficiosa por todo el tiempo que dure la presente causa penal pero que no podrá exceder del término de dos años a no ser que sea con motivo del derecho de defensa de Milthon Agustín, en consecuencia ordeno girar el oficio correspondiente a la autoridad penitenciaria respectiva informándole esta determinación para que proceda a ingresar al establecimiento a su cargo a Milthon Agustín Jaime Ambriz por habérsele impuesto como medida cautelar la ya referida de prisión preventiva oficiosa." En efecto, del archivo digital de la grabación en audio video de la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, se aprecia que el Juez responsable impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del imputado, sin previo debate entre las partes. Hecha la anterior relatoría, es evidente que la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa fue impuesta en contra del quejoso, por el simple hecho de que el delito por el que se le vinculó a proceso, se encuentra en el catálogo previsto por el numeral 167, párrafo tercero, del Código Nacional de Procedimientos Penales, y porque existe una restricción constitucional que impide llegar a una conclusión contraria. No obstante, sin perjuicio de las consideraciones expuestas por el Juez natural, no se analizó si existen indicios suficientes que permitan suponer razonablemente que en el caso concreto existe una finalidad legítima para mantener una medida cautelar como lo es la prisión preventiva, además si ésta es idónea, necesaria y proporcional, es decir, si se satisfacen los parámetros establecidos tanto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para justificar la permanencia de la prisión preventiva, apartándose del eje fundamental de que procede su reiteración por el hecho de que el ilícito que se atribuye al imputado -aquí quejoso- se encuentra en el catálogo de delitos en el artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo cual, por los motivos que ya se expusieron deviene inconstitucional. Sirve de apoyo, por las consideraciones que la sustentan, el criterio publicado por el Consejo de la Judicatura Federal, en la nota informativa DGCV/NI:09/2023, que dice: "CUANDO SE RECLAMA EN UN JUICIO DE AMPARO LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL DEBERÁ CONCEDERSE CON EFECTOS RESTITUTORIOS EN TUTELA ANTICIPADA. Ello en razón de que con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que se condena al Estado mexicano, se actualiza la apariencia del buen derecho. Dichos casos son Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México. El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro Norte, con residencia en la Ciudad de México, al resolver la contradicción de criterios 40/2023, determinó, esencialmente, que es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Ello, con motivo de que se actualiza la apariencia del buen derecho con las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México, en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida. Por tanto, cuando el quejoso solicite la suspensión provisional ante la imposición de la prisión preventiva oficiosa, ésta deberá tener efecto de tutela anticipada y el juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, convocará a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de 48 horas, en la que prescinda de la reclamada en el juicio de garantías y podrá imponer una diversa previo contradictorio." En ese sentido, si es viable conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, en virtud de que se actualiza la apariencia del buen derecho atendiendo a las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en las que entre otras cuestiones, se declaró la inconvencionalidad de dicha medida, a fin de convocar a una audiencia de revisión de medidas cautelares dentro de un plazo de 48 horas, en la que prescinda de la reclamada en el juicio de amparo, y podrá imponer una diversa previo contradictorio; con mayor razón se considera procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, bajo la luz de la citada inconvencionalidad. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis PR. P. CN. J/13 P (11a.), emitida por el Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, Ciudad de México, Semanario Judicial de la Federación, undécima Época, registro 2027280, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CUANDO SE RECLAMA LA IMPOSICIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA OFICIOSA, LA PERSONA JUZGADORA NO DEBERÁ LIMITARSE A LOS EFECTOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 166, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO, SINO QUE DEBERÁ OTORGARLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS DE TUTELA ANTICIPADA, YA QUE LAS SENTENCIAS VINCULANTES EMITIDAS POR LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS, EN LOS CASOS TZOMPAXTLE TECPILE Y OTROS Y GARCÍA RODRÍGUEZ Y OTRO EN LAS QUE FUE DECLARADA INCONVENCIONAL ESA MEDIDA, CONSTITUYEN UN FACTOR DETERMINANTE PARA TENER POR DEMOSTRADA LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al resolver diversos recursos de queja, realizaron un análisis jurídico para determinar si era procedente o no conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado en un juicio de amparo es la imposición de la prisión preventiva oficiosa. Así, uno de los órganos contendientes concedió la suspensión provisional únicamente para el efecto de que, en lo que se refiera a su libertad, la parte quejosa quedara a disposición del órgano jurisdiccional de amparo en el lugar que éste señalara y a disposición de la autoridad a la que corresponda conocer del procedimiento penal para efectos de su continuación, en términos de lo dispuesto en los artículos 163 y 166, fracción I, de la Ley de Amparo; asimismo, argumentó que no era factible conceder la suspensión con efectos restitutorios, en virtud de que con ello se inobservarían los artículos 19 constitucional, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 217 de la Ley de Amparo, así como la jurisprudencia P./J. 20/2014 (10a.) derivada de la contradicción de tesis 293/2011, resuelta por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, el diverso órgano jurisdiccional contendiente, concedió la suspensión provisional con efectos restitutorios, en observancia a una tutela provisional anticipada, al considerar que el artículo 128 de la Ley de Amparo no impide conceder la suspensión para dicho efecto, esto es, al no ser una disposición absoluta, ya que la mencionada normativa constituye la regla general al analizar la suspensión de los actos que se impugnen en el juicio de amparo y, por ende, pueden existir excepciones a ese lineamiento general. Igualmente, destacó que no se protegen los derechos de la parte quejosa con motivo de la suspensión en aplicación estricta de los artículos 163 y 166 de la Ley de Amparo, de manera que, de conformidad con las sentencias internacionales en las que se determinó la responsabilidad del Estado Mexicano, por la inconvencionalidad de la figura de la prisión preventiva oficiosa, concedió la medida suspensional para efecto de que el Juez de Control señalara fecha para la celebración de una audiencia de revisión de medida cautelar y fijara una diversa, haciendo la precisión de que sólo se podría imponer la prisión preventiva en caso de ser justificada. Criterio jurídico: El Pleno Regional en Materia Penal de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que con base en una interpretación conforme del artículo 166 de la Ley de Amparo, en correlación con el artículo 107, fracción X, constitucional, es posible conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios cuando el acto reclamado sea la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, debido a que las sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos Tzompaxtle Tecpile y otros contra México y García Rodríguez y otro contra México (en las que entre otras cuestiones, se condenó al Estado Mexicano y se declaró la inconvencionalidad de dicha medida cautelar) son vinculantes y, por tanto, acreditan la apariencia del buen derecho, el peligro en la demora y la no afectación al orden público. Justificación: Tal como se resolvió en la contradicción de tesis 293/2011, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la que derivaron las jurisprudencias P./J. 20/2014 (10a.) y P./J. 21/2014 (10a.), el bloque de constitucionalidad está conformado tanto por los derechos humanos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como por aquellos que se encuentren inmersos en los tratados internacionales, mismos que fueron incorporados a nuestra Norma Fundamental por mandato del propio artículo 1o., creando así un parámetro de regularidad constitucional amplificado, que los relaciona entre sí, sin distinción jerárquica. Asimismo, la jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos es vinculante para el Estado Mexicano, aun en los casos en donde no sea condenado, bajo la verificación de la existencia de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento, por lo que debe armonizarse la jurisprudencia interamericana con la nacional y, de no ser ello posible, aplicar el criterio que resulte más favorable a la protección de los derechos humanos. Bajo las anteriores consideraciones, para determinar si resulta procedente conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, cuando el acto reclamado sea la imposición de la prisión preventiva oficiosa, la persona juzgadora de amparo no sólo debe limitarse a los efectos establecidos en el artículo 166, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, que el quejoso quede a disposición de la persona juzgadora de Distrito únicamente en cuanto a su libertad personal y a disposición del Juez de la causa para la continuación del procedimiento, sino que es posible una concesión de tutela anticipada, toda vez que los pronunciamientos hechos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en las sentencias correspondientes a los casos ya señalados en donde se declaró la inconvencionalidad de la prisión preventiva oficiosa, son elementos que permiten la actualización de la apariencia del buen derecho, pues ello hace presumible que hay probabilidades jurídicas considerables para que el acto reclamado, en su momento, sea declarado inconstitucional. De modo que, cuando la parte quejosa solicite la suspensión provisional por la imposición de dicha medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, ésta deberá otorgarse con efectos de tutela anticipada, frente a lo cual, el Juez de la causa, con base en las disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, deberá convocar a una audiencia dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas, en la que prescinda de la prisión preventiva oficiosa reclamada en el juicio de amparo y podrá imponer una diversa, previo contradictorio entre las partes, en el expreso entendido de que la prevalencia del principio pro persona y la interpretación conforme, no implican la inobservancia de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la inaplicación de algún precepto constitucional o secundario, desvirtuar la finalidad específica de los mecanismos jurídicos regulados en el orden jurídico nacional, la eliminación de cierta figura procesal, ni en absoluto el cuestionamiento del Texto Constitucional, toda vez que, el pronunciamiento sobre si deberá prevalecer la jurisprudencia nacional o la internacional, será materia de evaluación que deba realizar la persona juzgadora de Distrito en el fondo del asunto, es decir, la tutela anticipada es una medida provisional y no sustituye la sentencia definitiva, por lo que la suspensión deberá ser concedida en los términos antes señalados." Por lo anterior, resulta procedente conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, respecto del acto reclamado consistente en la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del directo quejoso. Sexto. Precisión de los efectos de la concesión del amparo. Con fundamento en el artículo 77 fracción I, y primer párrafo de la Ley de Amparo, se precisa que el amparo concedido es para efecto de que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, en funciones de Juez de Control, realice lo siguiente: Cite a una audiencia a las partes donde deje insubsistente la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en contra del directo quejoso, decretada en la audiencia de trece de julio de dos mil veintitrés, en virtud del auto de vinculación a proceso dictado en la causa penal 762/2023. Dé oportunidad a la Ministerio Público, para que haga manifestaciones al respecto y de solicitar la medida de prisión preventiva aporte los datos de prueba que estime necesarios para sustentar su petición y justifique la necesidad, idoneidad y proporcionalidad de la imposición de la medida; El imputado y su defensa, puedan hacer las manifestaciones relativas, en su caso, en cuanto a la solicitud de la representación social y, de estimarlo oportuno, ofrecer los medios de prueba conducentes, a efecto de otorgarle garantía de audiencia respecto de tal medida. Dicte otra resolución en la que con base en los razonamientos expuestos en esta sentencia, analice si la permanencia de la medida cautelar de prisión preventiva, persigue una finalidad legítima, si es idónea, necesaria y proporcional al delito que se atribuye al imputado; prescindiendo del argumento de que procede la prisión preventiva de oficio, por el solo hecho de que el ilícito que se le imputa se encuentra dentro del listado de delitos señalados en el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En la inteligencia de que la concesión del amparo en los términos antes descritos, no significa que el Juez responsable no pueda imponer al imputado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, sólo que para poder mantenerla deberá revisar que ésta satisfaga el análisis de, entre otros aspectos, la finalidad, idoneidad y proporcionalidad de la medida cautelar. Séptimo. Transparencia. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Milthon Agustín Jaime Ambriz, contra los actos reclamados a la autoridad responsable señalada en el considerando tercero, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos precisados en el considerando sexto de esta sentencia. Segundo. Publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos de su último considerando. Notifíquese personalmente.
- Incidental
Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta proveniente del Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el Estado de Baja California, con sede Mexicali, mediante el cual informa que en fecha once de septiembre del año en curso, se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la resolución de veintiocho de julio de dos mil veintitrés, radicándolo bajo número 431/2023-I; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Notifíquese.
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