Milagros Josefina Vara la Madriz

Expediente 884/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
884/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Milagros Josefina Vara la Madriz

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintinueve de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado de autos, y advirtiéndose del contenido de la certificación secretarial de cuenta que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, en contra del proveído de dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno; mediante el cual se determinó desechar su demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE" y, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro orden, en cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo quinto, del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso artículo en referencia. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse desechado la demanda de amparo, es susceptible de destrucción, en virtud de que encuadra en la hipótesis establecida en el artículo vigésimo primero, inciso b), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Finalmente, se ordena estampar en la carátula de este expediente el sello con la leyenda de "no relevancia documental" y "destruible", que determina su destino, en términos del artículo 35 del mencionado acuerdo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Radicación. Vista la demanda de amparo de cuenta, fórmense los expedientes físico y electrónico respectivos, regístrese en el libro de gobierno como juicio de amparo 884/2021-C. Desechamiento. En este contexto, conviene precisar que en los artículos 62, 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene quien suscribe de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Al respecto, se estima que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, que establece: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: .XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: .V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. La citada fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente, cuando así se prevea en alguna otra disposición de la propia ley; por su parte, el artículo 107, en sus ocho fracciones, establece los casos en el que gobernado podrá acudir ante el Juez de Distrito a solicitar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión y, particularmente, en la fracción V, dispone que el juicio de amparo indirecto es procedente contra actos en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por aquéllos, los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sentado criterio en el sentido de que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. La jurisprudencia que contiene el citado criterio des Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es la 24/1992, publicada en la página 11, Número 56, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En el caso, de la lectura integral de la demanda, se advierte que los actos reclamados son: "IV. ACTO RECLAMADO.- De las autoridades responsables se reclama lo siguiente: Del C. Juez, y de la secretaria de Acuerdos, ambos del Juzgado Mixto de la ciudad de Playas de Rosarito, Baja California, se reclama lo siguiente: A).- El auto dictado ilegalmente dentro del expediente número 1706/2021, en fecha diez de noviembre del año dos mil veintiuno, mediante el cual las responsables, fuera de todo contesto legal, admiten a la parte actora del juicio natural por admitiendo y ampliando el capítulo de pruebas e implícitamente admitiendo diversos documentos base de la acción, ejercitada por la parte actora en el juicio natural, hoy tercero interesado." Ahora bien, en el caso, se estima se actualiza la causa de improcedencia invocada, ya que tal acto no encuadra en la hipótesis prevista por la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, pues no se trata de alguno cuyos efectos sean de imposible reparación, en la medida en que no impactan en algún derecho sustantivo de la parte quejosa; en cambio, constituye una violación de naturaleza intraprocesal, que no afecta alguno de sus derechos fundamentales. Esto es así, porque los elementos de dicha definición "imposible reparación" no se dan en el acto reclamado, ya que en éste sólo se pueden afectar derechos procesales de la parte promovente y no aquellos de naturaleza sustantiva, como serían la vida, la libertad, la propiedad, etcétera. En efecto, el acto reclamado que se hace valer en este asunto, es el acuerdo de diez de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual el Juez Mixto de Playas de Rosarito, Baja California, admite diversas pruebas y documentos base de la acción, dentro del expediente número 1706/2021, proveído que únicamente tiene efectos procesales, virtud de que a la fecha no ha sido dictada sentencia en el juicio de origen. Se dice lo anterior, pues se advierte que el presente asunto proviene de un procedimiento sumario, en el que de los antecedentes de la demanda de cuenta se advierte que la promovente de amparo fue emplazada a juicio y se le notificó el acuerdo de diez de noviembre del año en curso, mediante el cual se tuvo por admitidas diversas pruebas. Que el veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, fue emplazada a juicio y notificada por parte de la actuaria adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, del auto de diez de noviembre de dos mil veintiuno. Auto que combate en esta vía la promovente de amparo. Sin embargo, conforme a lo narrado por la quejosa en sus antecedes de demanda, se acredita que el acto reclamado no constituye la resolución definitiva con la que se concluya el procedimiento de origen, pues únicamente se trata de un acuerdo emitido en fecha diez de noviembre de dos mil veintiuno, por el Juez Mixto de Primera Instancia de Playas de Rosarito, Baja California, dentro del expediente número 1706/2021, relativo al juicio sumario civil, seguido por la tercero interesada en contra de la aquí quejosa, siendo que tal determinación constituye una actuación procedimental. A mayor abundamiento, del relato hecho por la parte quejosa en su demanda, es dable señalar que el acto reclamado tiene la característica de ser un acto meramente procesal que forma parte de la secuela de ese procedimiento, que no le causa un perjuicio de imposible reparación a la peticionaria de amparo, sin que ello afecte sus derechos sustantivos como sería su persona, sus bienes, o sus derechos personales para que fuera considerado con la categoría citada y por ende, procediera el amparo, pues de obtener sentencia favorable las violaciones formales y procesales que ahora alega desaparecerán sin haberle causado perjuicio. Ello, pues para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. En tal virtud, las violaciones que en su caso se cometan a las normas de procedimiento durante la substanciación del juicio, no procede su reclamo como actos destacados en el presente juicio de amparo, sino en su caso a través de los agravios que se esgriman contra la resolución definitiva que ponga fin a ese juicio si en función de dicha violaciones no obtiene una determinación favorable a sus intereses. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente, la jurisprudencia 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, bajo el rubro y texto siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." De igual forma, la tesis IV.3o.111 K, visible en la página 489, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Octava Época, Tomo XV-2, Febrero de 1995, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, con registro digital 208717, que señala: "PRUEBAS. DESECHAMIENTO DE. NO ES UN ACTO DE EJECUCION IRREPARABLE PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO BIINSTANCIAL. Los actos procesales que pueden reclamarse en amparo indirecto son aquéllos que traen consigo una ejecución de imposible reparación, es decir, que por regla general el amparo biinstancial es improcedente para reparar violaciones cometidas en la secuela procesal, por ser propio del amparo directo siempre y cuando se cumpla con las hipótesis previstas en los artículos 158, 159 y 161, este último para el caso de materia civil, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, y que sólo en casos verdaderamente excepcionales en que efectivamente el acto procesal afecte de manera directa e inmediata alguno de los derechos fundamentales del gobernado procederá el amparo ante el Juez de Distrito, por lo cual, tomando en cuenta lo anterior el desechamiento de una prueba en manera alguna afecta en forma directa e inmediata los derechos del oferente, por ser inconcuso que los efectos jurídicos producidos por el desechamiento de una prueba son meramente intraprocesales y por ende no afectan ningún derecho sustantivo tutelado por la ley, pues incluso de obtener sentencia favorable la solicitante de amparo desaparecería el supuesto agravio, y en caso contrario tiene expedito su derecho para alegarlo como violación procesal en términos del artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en la demanda de amparo directo, que se promueva contra la sentencia definitiva o resolución que ponga fin al juicio." En tal virtud, toda vez que el amparo judicial biinstancial contra actos dentro de juicio solamente procede contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, y éstos son los que afectan de manera directa e inmediata los derechos sustantivos establecidos en la Constitución y tal circunstancia no acontece en la especie, debido a que el acto no afecta derechos sustantivos, es inconcuso que no se actualiza la hipótesis contemplada por el numeral 107, fracción V, de la Ley de Amparo para poder ser impugnado de inmediato a través del juicio de amparo indirecto. En esas condiciones, al haberse actualizado ese motivo manifiesto e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda promovida por Milagros Josefina Vara La Madriz, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, en virtud de haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 107, fracción V, interpretado en sentido contrario, del citado ordenamiento legal. Domicilio y autorizados Se tiene como autorizada en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Juan José Morales Villanueva, Arturo Torres Cabrea y Lorenzo Daniel Fuentes Flores, toda vez que sí cuentan con cédula profesional registrada en el "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales", de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Asimismo, se tiene al quejoso señalando domicilio para oír y recibir notificaciones, de conformidad con el artículo 27 de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Exhortación a las partes. Con fundamento en el artículo 2 del citado Acuerdo General 8/2020, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". En ese sentido, a efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica su actuación mediante "juicio en línea", se deja a su disposición el manual actualizado, mismo que está disponible en la siguiente liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Consulta vía internet. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán acceder electrónicamente para consultar este expediente en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en un sitio web, para acceder a los servicios del citado portal, deben contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación a través de la unidad, y su registro en el sistema del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de lo dispuesto en el artículo 59 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso al sistema de consulta, deberá solicitarlo por escrito, sin que implique permiso para notificarse electrónicamente de las resoluciones, ya que en la solicitud debe expresar que es en esos términos, señalando el nombre del usuario, o bien a través de su firma electrónica, lo anterior de conformidad a lo dispuesto en el artículo 81 del citado Acuerdo General 1/2015. Transparencia y digitalización. En atención al cuarto punto petitorio de la demanda de garantías de que se trata, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase saber a las partes el derecho que le asiste a la ciudadanía en general de solicitar información relacionada con este expediente, una vez que cause ejecutoria la resolución que se dicte. Por último, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como el artículo 3º de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. Notifíquese personalmente a la parte promovente.

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