Miguel Romero Retana
Expediente 832/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 832/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/01/2023
Partes del expediente
- Miguel Romero Retana
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia de veintiocho de diciembre de dos mil veintidós que negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en consecuencia, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la aludida sentencia ha causado ejecutoria; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado contrario sensu, envíese al archivo. En términos del artículo 18, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en los artículos 18, párrafos tercero, cuarto y quinto; 25, párrafo segundo; y, 27, todos del propio acuerdo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 14 del Acuerdo General mencionado. Finalmente, infórmese a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del dieciséis del mes y año en curso, este juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.Así lo acordó y firmó electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, asistida por Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria que da fe. Doy fe.
- Principal
Audiencia Constitucional En la ciudad de Tijuana, Baja California, a las once horas del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Daniela Cecilia Félix Chávez, Secretaria en funciones de Jueza Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, autorizada mediante oficio CCJ/ST/5159/2022, asistido de Landy Li Dolores Vizcaya Guerrero, secretaria con quien actúa y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional relativa al juicio de amparo 832/2022-G, promovido por Miguel Romero Retana, contra actos del Titular de la Aduana de Tijuana, sin la comparecencia personal de las partes. Conviene señalar que acorde con lo dispuesto en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, resulta innecesario que la presente audiencia constitucional se desahogue por videoconferencia; lo anterior, al no encontrarse en alguno de los supuestos previstos en el segundo párrafo del numeral 124 de la Ley de Amparo, y máxime que como se expondrá, para analizar el presente asunto habrá de tomarse en cuenta las manifestaciones vertidas por las partes, el análisis -en su caso- de las constancias remitidas por la autoridad responsable como justificación de sus actos y considerar el acto reclamado en forma valorada y concreta; siendo el caso que, con independencia de ello, las partes se encontraban en posibilidad de comparecer por escrito. A continuación, se hace la relación de constancias, de las que se destaca: a) escrito inicial de demanda; b) acuerdo de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en el que se tuvo por recibido el escrito inicial de demanda, se ordenó su registro con el número 832/2022, formar el expediente físico y electrónico, se admitió a trámite la demanda, se solicitó a la autoridad responsable su informe con justificación, se dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. A lo que la secretaria en funciones de Jueza acuerda: téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes. Seguidamente, se abre el periodo probatorio y se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: Parte quejosa: Miguel Romero Retana: Copia simple de la "Orden de Verificación de Mercancía en Transporte al Interior de la Aduana para cerciorarse del Cumplimiento de las Disposiciones Jurídicas que Regulan la Entrada y Salida del Territorio Nacional de Mercancías y Medios de Transporte" de uno de junio de dos mil veintidós, suscrito por el Subdirector de la Aduana Tijuana, en esta ciudad. Copia simple de la carta de Derechos al Contribuyente emitida por la Aduana de Tijuana, Baja California, de la Agencia Nacional de Aduanas de México, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Copia simple del acuse de recibo de veintisiete de junio de dos mil veintidós, del escrito signado por Miguel Romero Retana, dirigido al Titular de la Aduana Tijuana. Copia simple del acuse de recibo de uno de septiembre de dos mil veintidós, del escrito signado por Miguel Romero Retana, dirigido al Titular de la Aduana Tijuana. Autoridad responsable: Titular de la Aduana de Tijuana: 1.- Documentales públicas consistentes en: Presuncional legal y humana. Instrumental de Actuaciones Copia certificada de las constancias que integran el expediente relativo al Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera AVM400220664. A lo que la secretaria en funciones de Jueza: de conformidad con lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas anteriormente relacionadas, las cuales, dada su propia y especial naturaleza, por no ameritar formalidad alguna para su recepción, se tienen por desahogadas en este acto. Acto seguido, sin pruebas por desahogar ni diligencias por practicar, se cierra el periodo probatorio y se pasa al siguiente periodo de alegatos, en el que se hace constar que ninguna de las partes formuló. A lo que la secretaria en funciones de Jueza: Se tiene por hecha la manifestación que antecede, por tanto, se tiene por precluido el derecho de las partes para formular alegatos, por lo que se cierra el presente periodo. Al no existir diligencia pendiente de desahogo, se tiene por celebrada la presente etapa de la audiencia constitucional en términos de esta acta, se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Doy fe. Sentencia Visto, para resolver el juicio de amparo indirecto 832/2022-G promovido por Miguel Romero Retana, contra actos del Titular de la Aduana de Tijuana. R e s u l t a n d o Mediante escrito depositado el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Miguel Romero Retana, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de la autoridad mencionada en el preámbulo de la presente determinación, respecto de lo siguiente: "IV.- ACTO QUE SE LE RECLAMA A LA RESPONSBALE.- La violación directa a los artículos 8º y 35, fracción V de la Constitución General de la Republica en relación con el articulo 150 último párrafo de la Ley Aduanera vigente consistente en ser omisa en darme a conocer en breve término como lo previene el artículo 8,párrafo segundo de Nuestra Carta Magna, al acuerdo recaído a la solicitud presentada por escrito y dirigida en forma respetuosa a la responsable, con lo que se violenta el derecho de petición, tutelado por el artículo 35, fracción V de la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos, violentando las disposiciones establecidas para dicho efecto" II. La referida demanda se turnó al día siguiente a este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y en auto de diecinueve de octubre de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el escrito, se registró con el número de expediente 832/2022, se ordenó formar el expediente físico y electrónico; se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. III. La parte quejosa estimó vulnerado el derecho fundamental establecido en los artículos 8, 14, 16 y 35 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda que dio origen al presente juicio, los antecedentes de los actos que reclama y formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes. IV. Seguida la secuela procesal, previo diferimiento, se llevó a cabo la audiencia constitucional sin la asistencia de las partes, que inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia; y C o n s i d e r a n d o Primero. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 13/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; dado que se reclaman actos que tienen ejecución dentro de la competencia territorial que le corresponde a este órgano. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa, de conformidad con el criterio sostenido en la tesis de jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." De la jurisprudencia invocada se observa que la demanda de amparo es un todo y debe interpretarse en su integridad y si el quejoso designa de manera imprecisa o errónea los actos que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente, se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el Juez de Distrito los corrija, a fin de que el gobernado no vea obstaculizado su acceso a la justicia. En el presente caso, se advierte que en el ya transcrito capítulo de actos reclamados el accionante de tutela constitucional, realiza una enunciación de uno de los actos, sin embargo, de la lectura integral que al efecto se realiza, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se colige que los actos reclamados destacados son: Del Titular de la Aduana de Tijuana: Omisión de dar respuesta a la solicitud presentada a dicha autoridad responsable. Tercero. Existencia del acto reclamado. De acuerdo con la técnica jurídica que rige al juicio de amparo, resulta oportuno pronunciarse respecto de la certeza o inexistencia del acto que se tilda de inconstitucional, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo, dicho proceder debe ocurrir previamente y sólo en el caso de su existencia, lo aleguen o no las partes, el tribunal que conoce del procedimiento debe estudiar las causas de improcedencia aducidas o que en su criterio se actualicen para, por último y de ser procedente el juicio, entrar al análisis del fondo del asunto. Lo anterior es así, entre otras razones, ya que de no existir los actos combatidos, sería ocioso ocuparse del estudio de cualquier causa de improcedencia y en el evento de ser fundada alguna de estas, legalmente resultaría imposible analizar las cuestiones de fondo; en otras palabras, el estudio de alguna causa de improcedencia o del fondo del asunto, implica en el primer caso, que los actos reclamados sean ciertos; y en el segundo, que además de ser ciertos, el juicio de derechos fundamentales sea procedente. Sirve de apoyo la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, la autoridad responsable rindió su informe justificado en los siguientes términos: Orden AUTORIDAD RESPONSABLE (EN SU DENOMINACIÓN CORRECTA) SENTIDO 1 Titular de la Aduana de Tijuana Cierto Como se ve, es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado. Tiene aplicación la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Cuarto. Procedencia del juicio de amparo. Previo al análisis de las cuestiones de fondo planteadas por la inconforme, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe abordar el estudio de la procedencia del presente juicio de protección de derechos humanos, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en el numeral 61 de la legislación en consulta, haría imposible el examen de la litis constitucional. Al no haberse planteado causas de improcedencia, ni advertirse su actualización de oficio, se procederá al estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, sin que sea necesario transcribirlos, pues no hay precepto legal que establezca la obligación de llevar a cabo tal trascripción y tampoco se dejaría en estado de indefensión a alguna de las partes en el presente juicio constitucional Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, página 830, del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la Litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer" Asimismo, no es procedente la suplencia de la queja, ya que no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 79 de la Ley de Amparo. Es aplicable al caso, el criterio expuesto por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 123, del número IV, Primera Parte, de julio a diciembre de 1989, del Semanario Judicial de la Federación que establece: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE ÚNICAMENTE ANTE UNA VIOLACIÓN MANIFIESTA DE LA LEY. Para efectos de la suplencia de la queja deficiente, prevista en la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, que se refiere implícitamente a las materias civil y administrativa, debe establecerse que sólo procede ante una violación manifiesta de la ley, que es la que se advierte en forma clara y patente, que resulta obvia, que es innegable e indiscutible, y cuya existencia no puede derivarse de una serie de razonamientos y planteamientos cuestionables." Quinto. Estudio de los conceptos de violación. En esencia, el peticionario de amparo aduce que con la omisión reclamada la autoridad responsable viola en su perjuicio el contenido del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; pues, no ha dado respuesta a su petición de uno de septiembre de dos mil veintidós, correspondiente a la solicitud de la entrega de copia del Acta de Inicio del procedimiento Administrativo en Materia Aduanera del expediente AVM400220664. Previamente, es necesario traer a colación diversas consideraciones respecto del derecho de petición, para lo cual debe acudirse al contenido del artículo 8 constitucional: "Artículo 8º. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Sobre el alcance de dicho precepto constitucional, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que el derecho de a toda petición de los gobernados presentada, por escrito, ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica; debe recaer una respuesta por escrito, en la que se guarde congruencia con lo solicitado; hecho lo cual, deberá hacerlo del conocimiento del peticionario en breve plazo; sin que ello implique que la respuesta deba ser favorable a los intereses del solicitante. Asimismo, que el derecho de petición únicamente versa sobre la obligación de la autoridad de recibir la petición y darle curso en el ejercicio de las propias competencias; reiterándose que ese mandato, de ninguna manera conlleva conceder al gobernado lo que solicita. La respuesta que otorgue la autoridad correspondiente debe estar debidamente fundada y motivada, respetando en todo momento la igualdad de los gobernados. Sirven de apoyo a lo anterior, las tesis cuyo rubro, texto y datos de identificación son los siguientes: "PETICIÓN, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD. Las garantías del artículo 8º. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido." "PETICIÓN. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO. El derecho de petición, consagrado en el artículo 8o. constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, puesto que tal garantía sólo obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten." Además, es pertinente destacar que si bien el derecho de petición no obliga a la autoridad a contestar en los términos que solicita el gobernado, lo cierto es que sí tiene como alcance que ésta resuelva de forma congruente con lo planteado por aquél, esto es, atendiendo a la cuestión que le fue planteada y dando una respuesta coherente a ella, o en su caso, manifestando la imposibilidad que se tiene para hacerlo. Por tanto, si se actualiza una transgresión al derecho fundamental de petición, el estudio de constitucionalidad del acto reclamado no deberá atender sólo si a la petición formulada por el gobernado le recayó una respuesta sino si ésta guarda una mínima congruencia con lo solicitado por el quejoso, sin que ello implique estudiar la legalidad de la misma, pues esa cuestión escapa del ámbito del derecho de petición. Sirve de sustento a lo anterior, el siguiente criterio de nuestro Máximo Tribunal: "PETICIÓN. PARA RESOLVER EN FORMA CONGRUENTE SOBRE LO SOLICITADO POR UN GOBERNADO LA AUTORIDAD RESPECTIVA DEBE CONSIDERAR, EN PRINCIPIO, SI TIENE COMPETENCIA. Conforme a la interpretación jurisprudencial del artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a toda petición de los gobernados presentada por escrito ante cualquier servidor público, de manera respetuosa y pacífica, éste deberá responderla por escrito y en forma congruente, haciéndolo del conocimiento de aquéllos en breve plazo, sin que el servidor esté vinculado a responder favorablemente a los intereses del solicitante. Ahora bien, en virtud de que las autoridades únicamente pueden resolver respecto de las cuestiones que sean de su competencia, en términos que fundada y motivadamente lo estimen conducente, la autoridad ante la que se haya instado deberá considerar, en principio, si dentro del cúmulo de facultades que le confiere el orden jurídico se encuentra la de resolver lo planteado y, de no ser así, para cumplir con el derecho de petición mediante una resolución congruente, deberá dictar y notificar un acuerdo donde precise que carece de competencia para pronunciarse sobre lo pedido." Asimismo, es de destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que el derecho de petición, en el que esencialmente se tutela la condición a cargo del Estado de dar contestación a lo solicitado por los gobernados, sin que ello conduzca a que se resuelva favorablemente sus solicitudes; difiere de una acción administrativa; en la medida en que se tratan de medios autónomos diferentes entre sí. Lo anterior, puesto que la acción tiene como finalidad, de quien la promueve, la obtención de un resultado en concreto, en concordancia con una porción normativa; mientras que la petición únicamente garantiza que la autoridad -Estado- otorgue una contestación, sin que exista obligación que la misma sea en un determinado sentido, pero siempre que se encuentre debidamente fundada y motivada. De ese modo, una acción administrativa posibilita a los gobernados a pedir un determinado resultado; siendo que, en el supuesto de ser desfavorable a los intereses del promovente, se podrá solicitar o exigir mediante la vía recursal o jurisdiccional; mientras que la petición no lo permite. Por ende, el derecho de petición no se concibe como un mecanismo de sustitución de los procedimientos o recursos -administrativos o judiciales- establecidos para la revisión de las determinaciones administrativas; sino que aquél fue enderezado a satisfacer un objetivo plenamente distinguible, la prerrogativa de los gobernados a recibir una contestación -congruente, motivada y fundada- respecto de una solicitud o planteamiento formulado -respetuosamente y por escrito- a los órganos del Estado. Ahora, en lo relativo al derecho de petición, el artículo 8º de la Norma Fundamental, prevé que la respuesta que otorgue la autoridad debe ser por escrito, el cual debe hacerse del conocimiento del gobernado en breve término; sin embargo, dicha porción jurídica no establece -expresamente- el plazo en que debe darse contestación a los ocurso de petición. Sobre el particular, en principio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que es notoria y patente la violación al derecho de petición en los supuestos en que, pasados más de cuatro meses desde la presentación del escrito de petición, no haya recaído acuerdo al respecto. El criterio aludido es la jurisprudencia 470, visible en la página 767, Parte III, Sección Administrativa, Apéndice de 1975, de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. TERMINO PARA EL ACUERDO RESPECTIVO. Atento lo dispuesto por el artículo 8º de la Constitución, que ordena que a toda petición debe recaer el acuerdo respectivo, es indudable que si pasan más de cuatro meses desde que una persona presenta un ocurso y ningún acuerdo recae a él, se viola la garantía que consagra el citado artículo constitucional. Cabe mencionar que el citado criterio, de ninguna manera puede ser interpretado en el sentido que de la intelección del artículo 8º constitucional, se desprende que el plazo máximo para dar respuesta a un escrito de petición sea de cuatro meses. La debida interpretación de dicha jurisprudencia consiste en que la violación al derecho humano de petición se advertía de manera notable y manifiesta cuando, después de cuatro meses de presentado el ocurso respectivo, la autoridad correspondiente no hubiera dado contestación; a lo más, ese criterio otorgó -meridianamente- una idea sobre una temporalidad que podría ser tomado como parámetro para considerar transgredido el derecho en cita. Posteriormente, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal consideró que el artículo 8º constitucional no establecía el plazo para que las autoridades dieran contestación a los escritos de petición, sino que únicamente se advertía la locución "breve término", la cual debía ser interpretada en el sentido que es el plazo "en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". Ilustra lo anterior, la tesis aislada emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, volumen CXXIII, Tercera Parte, de la Sexta Época del Semanario Judicial de la Federación, que es del tenor literal siguiente: "PETICIÓN, DERECHO DE. CONCEPTO DE BREVE TÉRMINO. La expresión "breve término" a que se refiere el artículo 8 constitucional, es aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse." En ese sentido, el Alto Tribunal consideró que el breve término a que se refiere el numeral 8º de la Norma Fundamental, otorga la oportunidad a los operadores jurisdiccionales a valorar, en cada caso, el término en que una petición debe analizarse y contestarse; es decir, que no existe un parámetro generalizado, sino que el juzgador debe ponderar las circunstancias de cada uno de los supuestos que son sometidos a su conocimiento, con la finalidad de establecer el término en que es razonablemente exigible el otorgamiento de una respuesta. 41. Bajo ese contexto, es necesario precisar si existe la posibilidad que, en determinado ordenamiento jurídico, ya sea del orden federal, estatal o municipal, se pueda establecer el plazo máximo en que una autoridad debe dar respuesta a un escrito de petición. Al respecto, dicha temática fue abordada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 49/2018, en la que destacó que una legislatura estatal tiene facultades para fijar un plazo máximo en que las autoridades de esa entidad deben dar contestación a un escrito de petición. Así, de las consideraciones expuestas en dicha ejecutoria, se consideró que una legislatura estatal tiene facultades coincidentes para establecer, en una ley formal y material, el plazo máximo en que las autoridades deben dar respuesta a un derecho de petición formulado por un gobernado. Esas facultades coincidentes tienen sustento en el hecho que el Constitución Federal no prevé algún tipo de reserva al orden constitucional, o al parcial federal, la posibilidad que el legislador de una entidad federativa pueda emitir normatividad tendente a dar mayor eficacia a un derecho humano. Por el contrario, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, alcanzó la convicción respecto a que las entidades federativas tienen facultades para expedir leyes sobre el particular, bajo la condición que no invada la esfera de ningún otro orden jurídico parcial. De ese modo, consideró que en el caso del establecimiento, por parte del Constituyente Permanente del Estado de Veracruz, del artículo 7º de la Constitución de esa entidad federativa en el que se prevé le plazo máximo en que las autoridades locales y municipales deben dar contestación a un derecho de petición, tuvo como finalidad dotar de mayor eficacia al derecho humano de petición, sin que se rebasarán principios rectores contemplados en el numeral 1º de la Norma Fundamental, o la esfera competencia de otro órgano legislativo. Así, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que lejos de causar un perjuicio a los gobernados, el Constituyente Permanente del Estado de Veracruz otorgó un beneficio a los particulares, en la medida en que redujo la temporalidad de actuación de las autoridades locales y municipales, para que otorguen contestación a los escritos de petición que se les presentan, al establecer un plazo máximo para tal efecto. Al respecto, se aprobó la jurisprudencia P./J. 5/2018, visible en la página 9, libro 63, febrero de 2019, tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y contenido siguiente: "PETICIÓN. LA EMISIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, QUE FIJA EL PLAZO MÁXIMO DE 45 DÍAS HÁBILES PARA QUE LAS AUTORIDADES DE ESE ESTADO, SUS MUNICIPIOS Y ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEN RESPUESTA ESCRITA, FUNDADA Y MOTIVADA A LAS INSTANCIAS QUE LES SEAN ELEVADAS EN EJERCICIO DE AQUEL DERECHO HUMANO, SE SUSTENTA EN FACULTADES DE NATURALEZA COINCIDENTE. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación retoma lo que ponderó en las ejecutorias relativas a las controversias constitucionales 31/97 y 14/2001, a la contradicción de tesis 350/2009, y a la acción de inconstitucionalidad 87/2015, respecto de los alcances e implicaciones del federalismo, de la diversidad y del pluralismo, inclusive en el ámbito de los derechos humanos, en lo que concierne a la definición de los niveles de protección de las normas sobre derechos y libertades, así como respecto a que los niveles de protección de los derechos humanos garantizados localmente podrían diferenciarse e, incluso, ampliarse sin coincidir necesariamente y en idénticos términos a los de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo en cuenta que, en esa materia, las entidades federativas gozan de un margen decisorio, al estar acotadas a actuar sin rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación a derechos humanos, o afectando la esfera de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico, así como a que, dadas las características normativas de los derechos fundamentales, éstos se representan primeramente a través de principios o mandatos de optimización. A partir de ello, se concluye que el Constituyente del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave tiene facultades legislativas, de naturaleza coincidente, para emitir el artículo 7 de la Constitución Política de esa entidad, que fija el plazo máximo de 45 días hábiles a fin de que las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de los organismos autónomos locales, den respuesta escrita, fundada y motivada a toda persona que ejerza el derecho de petición ante ellas (a que alude el artículo 8o. de la Constitución General de la República), porque la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en ninguno de sus dispositivos jurídicos reserva al orden jurídico constitucional, o al parcial federal, ni a algún otro, la posibilidad de regular sobre el particular, de modo que, en principio, las entidades federativas pueden emitir una ley al respecto (sin invadir la esfera de algún otro orden jurídico parcial), además de que con ello no se estableció ninguna restricción ni suspensión del derecho de petición, sino que se generó -en principio y considerado en abstracto- un beneficio y no un perjuicio para las personas, al acotar el margen temporal de actuación de las autoridades de ese Estado, de sus Municipios y de sus organismos autónomos (hasta antes indefinido legislativamente) a un plazo máximo para que den respuesta escrita, fundada y motivada a las peticiones que se les formulen, sin que esa previsión de orden constitucional local llegue al grado de definir el concepto de "breve término" a que se refiere el artículo 8o. citado. Luego, incluso si se analizara la norma local al tenor del artículo 1o. de la Carta Magna, en su vigencia actual, resultaría correcta, pues al final fue emitida en aras de proteger y garantizar el derecho humano de petición en el ámbito de competencia de la autoridad que la emitió." Por su parte, en lo relativo para establecer el plazo máximo en que se debe dar respuesta a un derecho de petición, el Alto Tribunal señaló que el artículo 8º de la Constitución Federal puede ser interpretado complementariamente por un dispositivo jurídico emitido por una legislatura estatal, con el objetivo de establecer el plazo máximo en que las autoridades de una entidad federativa deben dar respuesta a un derecho de petición. Lo anterior, sobre la base que la delimitación de ese aspecto de temporalidad, por parte de un congreso local, no vulnera la esfera competencial del orden constitucional o parcial federal, debido a que no existe dispositivo en la Norma Fundamental que impida al legislador de una entidad federativa expedir leyes tendentes a garantizar con mayor amplitud un derecho humano; así como tampoco se genera un perjuicio a los gobernados, en la medida en que se acotar el margen de actuación de las autoridades, puesto que se les establece el plazo máximo en que deben dar contestación a un petición. Consecuentemente, es válido que un ordenamiento distinto de la Constitución General, para efectos de dar mayor certeza jurídica en torno al derecho de petición consagrado en su numeral 8º, establezca el plazo máximo en que las autoridades deben otorgar respuesta a un escrito de petición; e incluso, aquél artículo constitucional puede ser interpretado complementariamente con el diverso de rango inferior, pues tienden a maximizar la tutela del derecho humano en cuestión. En el caso concreto, dicho aserto se corrobora a partir del contenido del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, que es del tenor siguiente: "Artículo 37. Las instancias o peticiones que se formulen a las autoridades fiscales deberán ser resueltas en un plazo de tres meses; transcurrido dicho plazo sin que se notifique la resolución, el interesado podrá considerar que la autoridad resolvió negativamente e interponer los medios de defensa en cualquier tiempo posterior a dicho plazo, mientras no se dicte la resolución, o bien, esperar a que ésta se dicte. El plazo para resolver las consultas a que hace referencia el artículo 34-A será de ocho meses. Cuando se requiera al promovente que cumpla los requisitos omitidos o proporcione los elementos necesarios para resolver, el término comenzará a correr desde que el requerimiento haya sido cumplido." Del citado precepto legal, se desprende que el legislador federal consideró que en lo referente al derecho de petición, consagrado en el numeral 8º de la Constitución General, las autoridades tributarias federales deben dar respuesta a las peticiones de los gobernados dentro de un plazo de tres meses. Es decir, el legislador federal consideró que la contestación que deben recaer a un escrito de petición dirigido a las autoridades fiscales, debe acontecer dentro de un espacio temporal determinado a saber, tres meses; de ese modo, es posible considerar que toda respuesta que no se otorgue dentro de ese lapso, debe considerarse como una clara violación al derecho de petición contemplado en el numeral 8º de la Constitución Genera de la República. Así es, dicha porción constitucional es complementada por el artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de que a un ocurso de petición que se presente y dirija a las autoridades hacendarias, le debe recaer una respuesta dentro de un plazo que no sobrepase los tres meses. Ilustra lo anterior, la tesis VI.1º.A.21.A del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1861, libro VIII, mayo de 2012, tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido siguiente: "DERECHO HUMANO DE PETICIÓN RECONOCIDO EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL. EL ARTÍCULO 37 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL PREVER EN SU PRIMER PÁRRAFO EL TÉRMINO DE TRES MESES PARA QUE LAS AUTORIDADES FISCALES DEN RESPUESTA A LAS INSTANCIAS O PETICIONES QUE LES FORMULEN LOS CONTRIBUYENTES, Y ESTABLECER COMO CONSECUENCIA DEL SILENCIO DE LA AUTORIDAD LA FIGURA DE LA NEGATIVA FICTA, NO VULNERA LA CITADA PRERROGATIVA FUNDAMENTAL. De los lineamientos establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis P. LXIX/2011(9a.) y P. LXVII/2011(9a.), de rubros: "PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS." y "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN UN MODELO DE CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD.", se desprende, en lo conducente, que a fin de adecuar el control de convencionalidad ex officio al modelo de control de constitucionalidad existente en nuestro país, debe procederse en primer orden a realizar una interpretación conforme de la norma que se señala violatoria de derechos humanos, teniendo además en consideración lo establecido por el artículo 133 de la Ley Fundamental. Por tanto, al efectuar el control de constitucionalidad a fin de determinar si el artículo 37, primer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, es violatorio del derecho humano de petición, es necesario tomarse en cuenta que el artículo 8o. de la Constitución Federal, que reconoce este último, no prevé un plazo específico para que las autoridades den respuesta a las peticiones que les formulen los particulares, pues exclusivamente alude a que ello deberá hacerse del conocimiento del solicitante en un breve término, y debe concluirse en primer orden que no existe sustento jurídico para determinar que la sola existencia de un plazo en particular en una norma secundaria, pueda considerarse por sí misma como violatoria del derecho humano en cuestión. De igual modo, del citado primer párrafo del artículo 37 del Código Tributario Federal, se advierte que dicha porción normativa no se limita a establecer el término de tres meses para que las autoridades fiscales den respuesta a las instancias o peticiones que les formulen los particulares, sino que además prevé una consecuencia jurídica para el supuesto consistente en que la autoridad no efectúe pronunciamiento alguno sobre la solicitud planteada, que es la configuración de la negativa ficta, lo que implica que el silencio de la autoridad fiscal ante una instancia o petición formulada por el contribuyente, extendido ininterrumpidamente durante el mencionado término de tres meses, genera la presunción legal de que resolvió en contra de los intereses del peticionario, circunstancia que da lugar al derecho procesal de interponer los medios de defensa pertinentes contra esa negativa tácita, o bien, a esperar a que la autoridad dicte la resolución respectiva. Así, el término previsto en el primer párrafo del artículo 37 del Código Fiscal de la Federación, al vincularse con la figura de la negativa ficta en caso de silencio de la autoridad, permite garantizar una definición al particular sobre la petición formulada, ya sea mediante una respuesta en forma expresa, o bien implícitamente, lo que se traduce además en brindarle certeza sobre la existencia de un límite temporal tras el cual estará en aptitud de hacer valer los medios de defensa procedentes en relación con el fondo de lo solicitado, pues con tal figura ficta se determina también la litis sobre la que, eventualmente, versará el medio de defensa que, de estimarlo conveniente, haga valer el particular. Consecuentemente, atendiendo a las dos consideraciones destacadas, y en ejercicio del control de constitucionalidad inicialmente referido, debe concluirse que con el contenido de la porción normativa de mérito no se genera afectación al derecho de petición reconocido en el artículo 8o. constitucional, y que el correspondiente problema jurídico se solventa con el examen efectuado con base en la interpretación conforme de aquélla." Bajo ese panorama, en el caso del Código Fiscal de la Federación, el derecho de petición no se estimará violado cuando la autoridad fiscal responsable se encuentre en posibilidad de dar respuesta al escrito correspondiente dentro del citado plazo -tres meses-. Por su parte, en el supuesto que después de transcurrido el plazo de tres meses, la autoridad hacendaria no haya dado respuesta a la petición del gobernado, se estimará actualizado el silencio de la autoridad, lo que se conoce como la figura jurídica de negativa ficta, es decir, que la autoridad a la que se elevó la petición, ha negado la solicitud correspondiente. Ahora, para la actualización de dicha figura es necesario la actualización de los requisitos siguientes: a) El gobernado haya formulado una petición a la autoridad fiscal. b) La autoridad de que se trate haya omitido resolver esa petición por más de tres meses. c) La ley señale como consecuencia de ese silencio administrativo la actualización de una respuesta ficta y que esa institución sea acorde con la sustancia de lo pedido y con la finalidad práctica para la que se instituyó y reconoció. d) El interesado la impugne a través de los medios de defensa pertinente. Ahora, en la especie, la parte quejosa -efectivamente- elevó un escrito de petición a la autoridad responsable, en específico, a través del ocurso presentado -físicamente- el uno de septiembre de dos mil veintidós. Así es, de acuerdo a la documental que adjuntó el quejoso a su demanda de amparo, se advierte que el uno de septiembre de dos mil veintidós, a través de un escrito presentado el justiciable solicitó lo siguiente: "Por lo tanto, solicito que se me haga entrega del tanto del Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera con expediente AVM400220664, en el domicilio señalado en la promoción presentada ante Esa Aduana, en fecha 27 de junio de 2022." Como se desprende, el quejoso solicitó a la autoridad responsable la entrega de un tanto del Acta de Inicio del Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera con expediente AVM40022066. Sin embargo, según se precisó en párrafos superiores, de una interpretación conjunta del artículo 8º de la Constitución Federal y el numeral 37 del Código Fiscal de la Federación, la petición formulada por un gobernado a una autoridad tributaria federal, debe ser respondida dentro de un plazo no mayor de tres meses. En la especie, el escrito de petición que el quejoso elevó ante la autoridad responsable, se presentó el uno de septiembre de dos mil veintidós, según se desprende del acuse de recibo que el peticionario de amparo presentó. Por su parte, la presentación de la demanda de amparo aconteció el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, como se desprende del sello checador que obra en el escrito que motivó la tramitación de la presente acción constitucional. En ese sentido, desde la fecha de presentación del escrito de petición ante la autoridad responsable -uno de septiembre de dos mil veintidós-, al día en que se presentó la demanda de amparo -dieciocho de octubre de dos mil veintidós-, transcurrió aproximadamente un mes diecisiete días. Consecuentemente, tomando como punto de partida que un escrito de petición presentado ante la autoridad hacendaria puede ser contestado en un plazo no mayor de tres meses, en el caso concreto, no se advierte que la autoridad responsable haya violado en perjuicio del quejoso el derecho de petición consagrado en el numeral 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y complementado por el diverso numeral 37 del Código Fiscal de la Federación. En efecto, del plazo de tres meses que tiene la autoridad fiscal para dar respuesta al escrito de petición del quejoso, solamente se ha agotado un mes diecisiete días -aproximadamente- al momento en que se presentó la demanda de amparo, motivo por el cual a ese momento el ente público contaba con un plazo restante de un mes doce días para contestar formalmente aquél. En esa tesitura, resulta infundado el concepto de violación analizado, puesto que como se ha explicado, no se advierte que al momento de promover el juicio de amparo, se haya actualizado una violación al derecho de petición en perjuicio del quejoso. Por tanto, al no ser violatorio del artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, complementado por el diverso numeral 37 del Código Fiscal de la Federación, se niega la protección constitucional solicitada. SÉPTIMO. Considerando que las partes en el juicio constitucional no se opusieron de manera expresa a que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación de la sentencia respectiva sin supresión de datos, es que, en cumplimento a lo dispuesto por el artículo 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la presente sentencia estará a disposición del público para su consulta, cuando así se solicite, conforme al procedimiento de acceso a la información, con supresión de datos. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 124, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Miguel Romero Retana, en contra del acto y autoridad responsable señalados en el considerando tercero de esta sentencia, y por las razones vertidas en el diverso quinto. SEGUNDO. En su oportunidad publíquese esta sentencia con supresión de datos, en términos del último considerando. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio y anexos de cuenta remitidos por la autoridad responsable Titular de la Aduana Tijuana, por medio de los cuales remite copia certificada del acta circunstanciada de hechos 368/2022, acta circunstanciada del inicio del procedimiento administrativo en materia aduanera AVM400220664 y constancia de notificación por estrados de veintidós de noviembre de dos mil veintidós. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se dejan a la vista de las partes dichas constancias por el plazo de ochos días a efecto de que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga. De igual forma, en términos del artículo 119 de la ley de la materia, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, las documentales que anexó al comunicado de cuenta, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintidós de noviembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos, el oficio de cuenta remitido por la autoridad responsable Titular de la Aduana de Tijuana (en su denominación correcta), con residencia en esta ciudad; en atención a este, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido; con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con los artículos 9 y 26, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y como domicilio para recibir notificaciones el que se indica. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable la presuncional en su doble aspecto legal y humano, así como la instrumental de actuaciones; lo anterior sin perjuicio de hacer relación de dichos medios probatorios en la audiencia constitucional. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico que en el mismo señala a fin de establecer contacto por esa vía en los casos que se estime necesario, de conformidad con el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las once horas del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese.
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