Miguel Zuñiga Fajardo
Expediente 558/2023 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 14 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 558/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 30/10/2023
Partes del expediente
- Miguel Zuñiga Fajardo
- MIGUEL ZUÑIGA FAJARDO y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los oficios signados en representación de las autoridades responsables Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California y Gobernadora del Estado de Baja California, por medio de los cuales interponen recursos de revisión en contra de la sentencia de veinticinco de septiembre del año en curso, dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en los artículos 81, fracción I, inciso e), 86, 87, 88 y 89, todos de la Ley de Amparo, córrase traslado a las partes con los escritos exhibidos. En ese tenor, dentro del término de tres días, contado a partir de que se integre debidamente el expediente, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. Notifíquese personalmente.
- Principal
Sentencia Vistos; para resolver los autos del juicio de amparo 558/2023-G, promovido por Miguel Zúñiga Fajardo y Manuel Baltazar Burgos Pérez, contra actos del Congreso del Estado de Baja California, y de otras autoridades; y, R e s u l t a n d o: Primero. Mediante escrito depositado el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, Miguel Zúñiga Fajardo y Manuel Baltazar Burgos Pérez, solicitaron el amparo y protección de la justicia federal, contra los actos y autoridades que a continuación se precisan: Congreso del Estado de Baja California. Gobernadora del Estado de Baja California. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California. Departamento de Nóminas de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California. Actos reclamados IV: ACTO RECLAMADO De las autoridades responsables ordenadora reclamo lo siguiente: DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA: La Expedición y aprobación en el ámbito de sus atribuciones en específico de los Artículos 16 último párrafo, 25 Fracción 1, de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE SE DIERA EL DIA 20 DEI DICIEMBRE DE 1970. Publicado en el periódico oficial del Estado de Baja California, el día 20 de diciembre de 1970, solicitando su desincorporación de la esfera jurídica de los quejosos, en cuanto a su aplicación presente y futura, ya que se consideran violatorios de derechos humanos y por lo tanto inconstitucionales, por las razones que se expondrán en el presente. DEL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, reclamo lo siguiente: La promulgación, sanción, vigencia y legalidad de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA A través del Periódico Oficial del Estado de Baja California y publicado en fecha 20 de Diciembre de 1970, en específico Los Artículos 16 último párrafo, 25 Fracción I solicitando su desincorporación de la esfera jurídica de los quejosos, en cuanto a su aplicación presente y futura, ya que se consideran violatorios de derechos humanos y por lo tanto inconstitucionales, por las razones que se ¡expondrán en el presente. COMO AUTORIDADES EJECUTORAS: DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE DEL INSTITUTO DE SECURIDADI y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA, Por las Obligaciones y Facultades que la Ley lo Obliga Reclamo lo siguiente: La aplicación de numerales de una norma que violenta mis derechos humanos, siendo esta la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales De Los Trabajadores del Gobierno y Municipios Del Estado De Baja California, Publicada En El Periódico Oficial Del Estado De Baja California, en 20 DE DICIEMBRE DE 1970, en específico los Artículos, 16 último párrafo, 25 Fracción l. DEPARTAMENTO DE NOMINAS DE PENSIONES Y JUBILACIONES DEL INSTITUTO DE SECURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DE BAJA CALIFORNIA, reclamo lo siguiente: Debido a que son los encargados de procesar las nóminas de los jubilados y pensionados, así como de aplicar los descuentos y deducciones en las pensiones por jubilación o pensión por edad y años de servicio a todos los jubilados Y pensionados por el mencionado Instituto asegurador. Se le reclama la aplicación de los artículos 16 último párrafo, 25 Fracción 1, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California Publicada En El Periódico Oficial Del Estado De Baja California En 20 DE DICIEMBRE DE 1970. Solicitando su desincorporación de la esfera jurídica de los quejosos de los preceptos antes citados, en cuanto a su aplicación presente y futura, ya que se consideran violatorios de derechos humanos y por lo tanto inconstitucionales, por las razones que se expondrán en el presente. IV.- ACTO RECLAMADO De las autoridades responsables ordenadoras reclamo lo siguiente: ÚNICO. La Expedición y aprobación en el ámbito de sus atribuciones en específico de los Artículos 16 último párrafo, 25 Fracción I de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE SE DIERA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1970. Publicado en el periódico oficial del ESTADO DE Baja California el día 20 de diciembre de 1970, solicitando su desincorporación de la esfera jurídica de los quejosos, en cuanto a su aplicación presente y futura, ya que se consideran violatorios de derechos humanos y por lo tanto inconstitucionales, por las razones que se expondrán en el presente. Para lo cual solicito se analice de fondo la constitucionalidad de los 16 último párrafo, 25 Fracción I de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE SE DIERA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1970, toda vez que violenta mi derecho humano de seguridad social. A partir de la aplicación de la misma en la que nos hacemos sabedor siendo esta el día 27 de abril de 2023. De las autoridades responsables ejecutoras reclamo lo siguiente: PRIMERO. LA APLICACIÓN de los Artículos 16 último párrafo, 25 Fracción I y de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA QUE SE DIERA EL DIA 20 DE DICIEMBRE DE 1970. Norma que violenta mis derechos humanos. Pues la aplicación de la misma siendo este el día 27 de abril de 2023, conllevó a que las autoridades responsables realizaran descuentos de servicios médicos y reserva técnica, a la pensión que recibo por parte del ISSSTECALI, mismos que ha sido declarado inconstitucionales a través de jurisprudencia temática por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Lo cual se traduce en un descuento total del 6.25% en el pago de la pensión mensual que percibimos como pensionado. Hago la aclaración que el acto de aplicación que motiva la presente demanda aconteció por la afectación de mis derechos humanos, económicos y sociales, que se ven agraviados y vulnerados por medio de las deducciones que se realizan a mi pensión mensual que es otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, siendo estas deducciones bajo los conceptos deducciones de ley: (.) Segundo. Admisión, trámite e integración. Este órgano de control constitucional en auto de veintidós de mayo de dos mil veintitrés, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó a las responsables su informe con justificación, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado; y, sin que existan terceros interesados, señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, misma que previos diferimientos se celebró en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, es legalmente competente para resolver el juicio de amparo en que se actúa, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; numerales 1, 2, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, de la Ley de Amparo; precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; Acuerdo General 13/2019, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de octubre de dos mil diecinueve; y, en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado en el Diario Oficial de la Federación el trece de enero de dos mil veintitrés, por tratarse de un juicio de amparo indirecto en el que se reclama la inconstitucionalidad de diversas porciones normativas vigentes en esta Entidad Federativa, cuya ejecución tuvo lugar en el territorio donde ejerce competencia este Juzgado de Distrito. Segundo. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de cumplir con lo dispuesto por los artículos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos reclamados a las autoridades responsables, en el ámbito de su respectiva competencia, son: Congreso del Estado de Baja California Gobernadora del Estado de Baja California. Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California Departamento de Nóminas y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California La expedición, promulgación y aplicación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California de veinte de diciembre de mil novecientos setenta, particularmente los artículos 16, último párrafo y 25 fracción I, con motivo del acto de aplicación efectuado en los recibos de pago de pensión de veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Tercero. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Congreso del Estado de Baja California, Gobernadora del Estado de Baja California, consistentes en la expedición, promulgación y aplicación de las normas que se tildan de inconstitucionales, por así haberlo reconocido al rendir sus informes justificados, respetivamente, actuaciones que merecen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 305, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206, que dice: INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Aunado a que la existencia de los actos legislativos reclamados no está sujeta a prueba, pues basta su publicación en el órgano de difusión para que se puedan invocar como hecho notorio de conformidad con los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Dicho razonamiento encuentra apoyo en la tesis sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal de Justicia en el país, visible en la página 15, del Tomo 65, primera parte, de la Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y contenido siguiente: "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." Por otra parte, las autoridades responsables Director General y Jefa de Departamento de Nóminas y Jubilaciones, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, al rendir el informe justificado que les fue solicitado, negaron el acto reclamado; sin embargo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, dicha negativa se encuentra desvirtuada principalmente con las copias certificadas que la autoridad responsable Director General de dicho instituto, envió como anexo a su informe justificado consistentes en: Copia certificada de nóminas de pago de pensión a nombre de los quejosos correspondientes a los meses de enero febrero y marzo de dos mil veintitrés. Copia certificada de nóminas de pago de pensión a nombre de los quejosos y desglose de los conceptos denominados servicio médico y reserva técnica contenidos en los pagos de pensión de la primer nomina pagada a cada una de las partes quejosas. Documentales a las cuales se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 79, 93, fracción II, 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, párrafo segundo, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, sin que además, hayan sido objetadas en su autenticidad y de las que se advierte que efectivamente la quejosa es pensionada de dicho Instituto, y que se han aplicado los descuentos en el pago de su pensión por jubilación bajo los conceptos (53) y (76), relativos a servicios médicos, y reserva técnica, comprendidos en los numerales tildados de inconstitucionales. Resulta aplicable al respecto, la jurisprudencia 226 del Pleno del Máximo Tribunal del País, consultable en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo que además se concatena con las diversas pruebas ofrecidas por la parte quejosa consistentes en dos recibos de pago a nombres de Manuel Baltazar Burgos Pérez y Miguel Zúñiga Fajardo expedidos por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, ambos de veintisiete de abril de dos mil veintitrés, de los cuales se aprecia que se han aplicado los descuentos en el pago de su pensión por jubilación bajo los conceptos (53) y (76), relativos a servicios médicos, y reserva técnica. Documental, la que también se confiere valor probatorio pleno al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Aunado a ello, es menester precisar que los artículos 19, 1 y 1.3.2.2, 20, 24 fracción VIII y 25 fracciones II y III del Reglamento Interno del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, estipulan las atribuciones del Director General, entre las cuales se encuentran, el estudio, planeación, despacho de los asuntos y adecuado cumplimiento del objeto para lo que fue creado el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, vigilar el cumplimiento de los ordenamientos jurídicos, presentar el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal siguiente, programar, supervisar y evaluar la ejecución de actividades encomendadas a la Dirección y cumplir con las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables en la ejecución de asuntos encomendados a su cargo. Por ende, el Director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California; debe implementar toda clase de medidas para cumplir con el objeto de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, tal como las deducciones a los pensionados bajo los conceptos (53) servicio médico y (76) reserva técnica que en este caso se atiende, de ahí que por encontrarse dentro de sus facultades legales, es inconcuso que se encuentra en aptitud legal de proceder a la retención de los conceptos reclamados, por tanto, se tienen por ciertos los actos que se le atribuyen. Cuarto. Causales de improcedencia. Acorde con los dispositivos 61 y 62 de la Ley de Amparo, previo al examen del fondo de la controversia constitucional planteada, ocurre de oficio el análisis de la procedencia de la acción, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables Director General y Departamento de Nóminas y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, Congreso y Gobernadora, ambos del estado de Baja California, refieren que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV (contra normas generales o actos consentidos tácitamente) de la Ley de Amparo. Previamente, resulta pertinente aclarar que en el presente asunto no es posible desconocer los plazos y requisitos procesales en ellos precisados, a partir del concepto de imprescriptibilidad de pensiones; ello es así, pues ese principio del derecho a la seguridad social no tiene por efecto desconocer los límites y condicionantes previstos en la Ley de Amparo para reclamar las normas generales. En este juicio de amparo se señalaron como actos reclamados los artículos 16 y 25 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, con motivo de su aplicación en perjuicio de la parte quejosa, verificado al momento en que dicho instituto le hizo los descuentos de la pensión que recibe por los conceptos de "Reserva Técnica" (deducción 76) y "Servicios Médicos" (deducción 53). Cabe reiterar que el acto de aplicación de las normas que lo sustentan, no emergió de una autoliquidación, sino que fue realizado por un tercero, a saber, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, el cual se vio reflejado al momento del pago de la pensión respectiva. Consecuentemente, para tener por actualizado el consentimiento tácito de la norma general reclamada, no basta con que esté demostrado que en un recibo, talón de pago o nómina, se asentó un descuento al monto pensionario que se fundó en esa norma, sino que además es necesario que se demuestre que la parte quejosa tuvo pleno conocimiento de dicho acto, lo que sólo puede acontecer siempre y cuando en el documento respectivo se expresen los conceptos respecto de los cuales se efectuó la retención y el sustento legal de tal actuación, cuestión esta última que debe acreditarse fehacientemente y no inferirse a base de presunciones. En ese sentido, de las documentales que aportaron los quejosos Miguel Zúñiga Fajardo y Manuel Baltazar Burgos Pérez, se advierte como cierta la fecha de conocimiento completo de la aplicación de las deducciones aquí reclamadas, expresada por la parte quejosa en la demanda; en el caso, fue el veintisiete de abril de dos mil veintitrés, en que refirieron haberse hecho sabedores de los consabidos descuentos, pues en autos no obra medio probatorio alguno que demuestre lo contrario o que acredite sin lugar a dudas diversa fecha de conocimiento a la mencionada por la parte solicitante del amparo, ya que aun cuando las autoridades responsables que argumentaron la existencia de la causa de improcedencia que se analiza, indicaron anexar las documentales necesarias para acreditar su dicho, esto no sucedió. Por tanto, el término de quince días hábiles para presentar la demanda que nos ocupa, transcurrió del veintiocho de abril al veintidós de mayo de dos mil veintitrés, conforme lo dispuesto en el numeral 18 de la Ley de la Materia. Luego, si la demanda se presentó el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, ésta es oportuna por haberse presentado antes del fenecimiento de dicho plazo. Cabe precisar que para computar el plazo se descontaron los días inhábiles por no correr los términos de ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19 de la Ley de Amparo y 74, de la Ley Federal del Trabajo, de ahí lo infundado de la causal de improcedencia planteada. No pasa desapercibido que obran en autos diversas constancias de las que se obtiene que los quejosos firmaron, al parecer, por la recepción del numerario correspondiente a su pensión, incluso que en el recibo relativo se establecieron las deducciones que se basan en los artículos hoy reclamados y que corresponden a fechas previas a la señalada en la demanda; sin embargo, no se asentó el dato de la fecha en que estamparon esas firmas, para así tener los elementos necesarios para concluir que el conocimiento de lo reclamado ocurrió previamente. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI de la Ley de Amparo. La autoridad responsable Director General y Departamento de Nóminas y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, refiere que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVI del artículo 61, de la Ley de Amparo, debido a que se trata de actos consumados de manera irreparable. Al respecto, la autoridad responsable en comento, sostiene que el presente juicio de amparo deviene improcedente, debido a que se trata de actos consumados de manera irreparable, en virtud de que el monto correspondiente a las deducciones reclamadas ya fue aplicado por el Instituto a fin de sufragar los servicios médicos y de seguridad social a su cargo. Es infundada la causa de improcedencia invocada, por las siguientes consideraciones. A fin de verificar si se actualiza la causa de improcedencia citada, conviene precisar que los actos consumados se entienden por la doctrina y la jurisprudencia como aquéllos que han realizado en forma total todos sus efectos; es decir, cuya finalidad perseguida se ha obtenido en todas sus consecuencias jurídicas. Para efectos de la procedencia del juicio de amparo los actos consumados, atendiendo a su naturaleza y efectos se clasifican en: De modo reparable. De modo irreparable. Los primeros, son aquéllos que a pesar de haberse realizado en todos sus efectos y consecuencias, pueden ser reparados por medio del juicio constitucional, es decir, que la ejecución o consumación del acto puede ser restituida o reparable al obtenerse una sentencia de amparo favorable, de ahí que proceda el juicio de amparo contra actos consumados de modo reparable. En cambio, los actos consumados de modo irreparable son aquéllos que al realizarse en todos y cada uno de sus efectos y consecuencias, física y materialmente ya no pueden ser restituidos al estado en que se encontraban antes de las violaciones reclamadas. En el caso particular, no asiste razón a las autoridades responsables, pues bastaría el dictado de una eventual sentencia protectora que ordenara la devolución de dichas cantidades, para que se restablecieran las cosas al estado que guardaban hasta antes de la violación advertida, tomando en consideración que el amparo permitiría nulificar los efectos jurídicos que hubiese producido la retención del numerario correspondiente. En ese sentido, es claro que la circunstancia de que los montos respectivos se hayan utilizado para financiar los servicios que presta el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, no se traduce en una imposibilidad material para ordenar su devolución. Sin que pasa inadvertido para este órgano jurisdiccional el argumento de la autoridad responsable, en el sentido de la posible afectación de los derechohabientes, que pudiera derivar de la devolución de las cantidades reclamadas, así como el riesgo financiero que ello podría ocasionar al Instituto responsable. Sin embargo, como expresamente lo reconoció el Tribunal Pleno al resolver la acción de inconstitucionalidad 19/2015, la existencia de los problemas financieros en que se encuentra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, si bien constituye una situación de suma gravedad sobre la cual se debe encontrar soluciones, no constituye una finalidad legítima para limitar los derechos de los jubilados o pensionados y, por tanto, dicho argumento es insuficiente para estimar actualizado el motivo de improcedencia aludido; de ahí que, como se anticipó, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVI, de la Ley de Amparo. Causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXII de la Ley de Amparo. Por otro lado, la autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California al rendir su informe justificado, hizo valer la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXII, de la Ley de Amparo, porque previo a acudir al juicio constitucional los quejosos Miguel Zúñiga Fajardo y Manuel Baltazar Burgos Pérez, debieron agotar, entre otros, el juicio contencioso administrativo, al no ubicarse en un caso de excepción que los exima de observar el principio de definitividad, por lo que estaban obligados a ventilar la controversia ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa del Estado de Baja California, con residencia en Mexicali, en términos de lo dispuesto en el artículo 22 de la ley que rige al citado órgano jurisdiccional. Ahora, de conformidad con la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV, el 107, Constitucional la improcedencia del juicio de amparo indirecto en materia administrativa, se actualiza en el supuesto de que contra el acto reclamado, proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva; sin embargo, dicho principio admite excepciones reguladas en la propia Ley de Amparo y en los criterios adoptados por los órganos del Poder Judicial de la Federación, entre las que se encuentra la relativa a que cuando se impugne la inconstitucionalidad de una norma, el quejoso puede optar por agotar la vía ordinaria o promover, desde luego, el juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2a. LVI/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento cincuenta y seis, del Tomo XII, Julio de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Registro 191539, que al rubro reza: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De la interpretación literal y teleológica del artículo 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Federal, así como de los artículos 37, 73, fracciones XII, XIII y XV y 114 de la Ley de Amparo y de los criterios jurisprudenciales emitidos al respecto por los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, se deduce que no existe la obligación de acatar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo indirecto, cuando se reclaman los siguientes actos: I. Los que afectan a personas extrañas al juicio o al procedimiento del cual emanan; II. Los que dentro de un juicio su ejecución sea de imposible reparación; III. Los administrativos respecto de los cuales, la ley que los rige, exija mayores requisitos que los que prevé la Ley de Amparo, para suspender su ejecución; IV. Los que importen una violación a las garantías consagradas en los artículos 16, en materia penal, 19 y 20 de la Constitución Federal; V. Leyes, cuando se impugnan con motivo del primer acto de aplicación; VI. Los que importen peligro de la privación de la vida, deportación o destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional; VII. Actos o resoluciones respecto de los cuales, la ley que los rige no prevé la suspensión de su ejecución con la interposición de los recursos o medios de defensa ordinarios que proceden en su contra; VIII. Los que carezcan de fundamentación; IX. Aquellos en los que únicamente se reclamen violaciones directas a la Constitución Federal, como lo es la garantía de audiencia; y X. Aquellos respecto de los cuales los recursos ordinarios o medios de defensa legales, por virtud de los cuales se puede modificar, revocar o nulificar el acto reclamado, se encuentran previstos en un reglamento, y en la ley que éste regula no se contempla su existencia. Luego, es dable colegir que la parte quejosa no se encontraba obligada a promover algún medio de defensa previamente a este juicio de amparo, ya que impugna normas de carácter general; por tanto, el supuesto de improcedencia anunciado por la responsable de trato, no se actualiza, dado que la parte quejosa no se encuentra obligada a agotar algún medio ordinario de defensa previamente a la interposición de este juicio de amparo; en consecuencia, la causa de improcedencia invocada resulta infundada. Por lo que respecta a la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo, también invocada por la responsable en cita, no es posible su análisis dado que no se establecieron las razones para invocarla. Ahora, al no advertir otra causa de improcedencia, enseguida se procederá estudiar el fondo de los conceptos de violación. Quinto. Conceptos de violación. Los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, en aras de la economía procesal, toda vez que no es necesaria su transcripción en obvio de inútiles repeticiones, en virtud que no existe precepto alguno de la Ley de Amparo que obligue a este Tribunal Federal a transcribirlos. De la lectura de los conceptos de violación, se advierte que los quejosos aducen, en esencia, que los descuentos que les fueron aplicados al monto de su pensión por los conceptos identificados como reserva técnica (76) y servicios médicos (53), transgreden sus derechos fundamentales, virtud de que se sustentan en una norma inconstitucional por ser contrarios a los artículos 1 y 123, apartado B, fracción XI, inciso A), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque obliga a los pensionados a cubrir al Instituto la reserva técnica y el servicio médico, cuando ha dejado de tener el carácter de trabajador y por ende, de recibir un salario respecto del cual, debe cotizar; de ahí que se advierte una trasgresión a los principios del derecho de seguridad social, pues no la oportunidad al pensionado que decida de manera voluntaria a cubrir dicho porcentaje de su pensión. Los motivos de disenso, son fundados, en virtud de que, como lo afirma la parte quejosa, los descuentos contenidos en los artículos 16, último párrafo, y 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, son ilegales. Para justificar lo anterior, se tiene como base legal que es un hecho notorio que en sesión de veintisiete de octubre de dos mil quince, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió la Acción de Inconstitucionalidad 19/2015, declaró la invalidez, entre otros, de los artículos 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, publicada en el Periódico Oficial de ese Estado el diecisiete de febrero de dos mil quince, así como el artículo 7, de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social. Motivo por el que las disposiciones mencionadas fueron expulsadas del ordenamiento, al haberse aprobado esa determinación por la votación calificada exigida por el artículo 72 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las disposiciones cuya invalidez fue decretada por el Tribunal Pleno tienen el siguiente contenido: Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California. Artículo 16.- Todo trabajador comprendido en el artículo 1º de este ordenamiento, deberá aportar al Instituto una cuota obligatoria del salario base de cotización, acorde a lo establecido en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. Dicho porcentaje se aplicará a los rubros siguientes: I.- Para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y II.- Para tener derecho a las prestaciones señaladas en las Fracciones III a XI y XIII a XIV del Artículo 4º. Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, un porcentaje de su pensión que disfrute destinada a la reserva técnica prevista en el artículo 126 para el régimen de pensiones y jubilaciones. Dichas cuotas serán las que se establezcan en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, Apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. (El texto subrayado corresponde a los párrafos que se invalidaron)" ARTÍCULO 7.- Los pensionados y pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, el 5% de la pensión que disfrute destinada de la manera siguiente: I.- 4% para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad, y II.- 1% para la reserva técnica para el régimen de pensiones y jubilaciones. La fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Política del Estado de Baja California, se refiere a aquellos trabajadores de la educación, su personal docente de Educación Básica, el personal con funciones de dirección y supervisión en el Estado y Municipios, así como los asesores técnico-pedagógicos, en la Educación Básica que imparta el Estado, su personal de apoyo y asistencia a la educación y el personal administrativo. Por otra parte, se dijo que, la aportación a cargo de los pensionados al seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad, sin referir porcentaje, se encuentra en el artículo 25 de la ley vigente, el cual no fue declarado inválido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Dicha disposición legal establece: "Artículo 25.- Las cuotas y aportaciones del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este capítulo en favor del pensionado y familiares derechohabientes, así como del pensionista, se cubrirá en la siguiente forma: I.- Un porcentaje a cargo del pensionado o pensionista, sobre la pensión que disfrute y cuyo descuento será hecho por el Instituto; II.- Un porcentaje de la pensión a cargo del Instituto; III.- Un porcentaje de la misma pensión a cargo del Estado, Municipios o de los organismos públicos incorporados correspondientes. En caso de que se trate de pensiones mínimas, el pago de la cuota íntegra se distribuirá por partes iguales entre el Estado, Municipios y organismos públicos incorporados correspondientes y el Instituto. Para el efecto establecido en la fracción III, el Instituto remitirá el día quince de cada mes, la nómina de los pensionados y pensionistas al Estado, Municipios y a los organismos públicos incorporados, a fin de que éstos entreguen en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportaciones. La misma cuota dará a los pensionados y pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta Ley. El cobro de dichas cuotas y aportaciones podrá hacerse exigible a través del procedimiento administrativo de ejecución que establece el Código Fiscal del Estado de Baja California, en términos del artículo 22 de la presente Ley. Los porcentajes señalados en las fracciones anteriores serán establecidos en las Leyes que regulan a los trabajadores que se señalan en las fracciones I y II, Apartado B, artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California. De acuerdo con lo expuesto en la acción de inconstitucionalidad, se advierte que se determinó que en materia de seguridad social, se invalidaron las normas que exigían a los pensionados, que habían laborado como docentes, la aportación mediante descuento a la pensión del cinco por ciento: cuatro por ciento para cubrir el Seguro de Enfermedades No Profesionales y de Maternidad; y uno por ciento para la reserva técnica para el régimen de pensiones y jubilaciones. Ahora bien, la cuestión planteada en este asunto implica determinar si las consideraciones de la sentencia referida, emitida en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2015 son aplicables al caso, de manera vinculante, a los descuentos a las pensiones fundadas en la ley abrogada. Ello puesto que según lo manifestado por la autoridad responsable, Manuel Baltazar Burgos Pérez obtuvo la calidad de pensionado el uno de noviembre de dos mil doce y Miguel Zúñiga Fajardo y Manuel Baltazar Burgos Pérez, el uno de noviembre de dos mil dos. De manera que su pensión se rige por la ley anterior a la que entró en vigor en dos mil quince, cuyas disposiciones fueron invalidadas en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2015. Para dilucidar tal cuestión, resulta relevante lo establecido en el artículo 43 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "(REFORMADO, D.O.F. 2 DE ABRIL DE 2013) Artículo 43. Las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, serán obligatorias para las Salas, Plenos de Circuito, tribunales unitarios y colegiados de circuito, juzgados de distrito, tribunales militares, agrarios y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y administrativos y del trabajo, sean éstos federales o locales". De la letra del precepto transcrito se desprende que las consideraciones que funden los resolutivos de las acciones de inconstitucionalidad son obligatorias, siempre que se aprueben por cuando menos ocho votos. En el presente caso, las consideraciones de la declaración de invalidez de los artículos 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del citado Instituto y la del 7 de la Ley que regula a los trabajadores de la fracción II, citados, superan el mínimo de ocho votos, aun descontando a quienes formularon reserva respecto de las consideraciones. En términos del 43 de la ley reglamentaria del artículo 105 constitucional, constituyen consideraciones vinculantes para las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito. Las consideraciones torales que rigen la declaración de inconstitucionalidad del artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la ley del mencionado Instituto de seguridad social, se encuentran resumidas en la tesis P./J. 27/2016 (10ª.): APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL. EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFOS TERCERO Y CUARTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL GOBIERNO Y MUNICIPIOS DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA, AL PREVER LA OBLIGACIÓN DE LOS PENSIONADOS Y PENSIONISTAS DE CUBRIR UN PORCENTAJE DE SU PENSIÓN PARA SUFRAGAR GASTOS DE SEGURIDAD SOCIAL, TRANSGREDE LOS ARTÍCULOS 1o. Y 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, transgrede los artículos 1o. y 123, apartado B, fracción XI, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debido a que vulnera el derecho de igualdad en materia de seguridad social y los principios de previsión social y equidad, al obligar a los pensionados y pensionistas, al igual que a los trabajadores en activo, a aportar un porcentaje de sus respectivas percepciones a efecto de cubrir el monto de las prestaciones establecidas en la referida ley y los gastos de administración correspondientes, toda vez que la obligación se impone a categorías de trabajadores diversas, cuyas características y prerrogativas son distintas pues, a diferencia de los pensionados y pensionistas, los trabajadores en activo perciben un salario y poseen determinadas expectativas de derecho, entre las cuales se encuentra la jubilación, mientras que el ingreso del pensionado depende de lo fijado por la ley y de los índices establecidos para su actualización, sin que subsistan los elementos que componen una relación de trabajo subordinada. Es así que al desvirtuar el carácter solidario del sistema de retiro, además de vulnerar el derecho de igualdad, la referida obligación resulta contraria a la racionalidad del propio sistema. Por otra parte, la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2015 fue publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes diecinueve de febrero de dos mil dieciséis, de manera que las consideraciones en que se funda se estiman de aplicación obligatoria para los órganos jurisdiccionales federales a partir del veintidós de febrero de ese año, de conformidad también con el punto séptimo del Acuerdo General 19/2013. Ambas fechas son anteriores a la presentación de la demanda de amparo, es decir, el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, por lo que su aplicación es vinculante para la resolución de este asunto. Ahora bien, de la sentencia dictada en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2015 se desprenden las siguientes consideraciones que fundaron la declaración de inconstitucionalidad de los artículos 16 de la ley del mencionado Instituto: a) A nivel constitucional al trabajador en activo se le atribuyen ciertas características como: la percepción de un salario por un trabajo personal subordinado, la potencialidad de ascenso por escalafón, la suma de años por antigüedad, así como la expectativa de derecho de que cuando se cubran los requisitos de edad y tiempo de cotización pueda acceder a una jubilación. Por otro lado, al pensionado, ya no se le atribuyen ninguna de estas características. b) La estructura del sistema de pensiones del Estado de Baja California, al ser de beneficio definido de conformidad a las fórmulas que determine la ley, hace que sea muy complicado justificar constitucionalmente la posibilidad de hacer descuentos sobre las pensiones, puesto que la actualización del estatus de pensionado o pensionista debe ser suficiente para darle acceso de forma íntegra a los montos de pensión que se fijaron de forma previa. En ese tipo de sistemas, los costos para sostener los servicios, pensiones, gastos administrativos entre otros, deben ser calculados para ser considerados en las cuotas que aportan los trabajadores en activo. c) No se justifica la medida por los problemas financieros en que se encuentra el Instituto estatal y la necesidad del establecimiento de un porcentaje de aportación por parte de los jubilados para el fondo de pensiones con el fin de asegurar su viabilidad económica y del cobro futuro de las pensiones. d) La norma reclamada aplica deducciones tanto a los trabajadores en activo que a los pensionados o pensionistas, por lo que existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente, independientemente de que los porcentajes de descuento a trabajadores sean distintos que los de los pensionados o pensionistas. e) El problema de constitucionalidad planteado reside en que se pretendan hacer descuentos a los pensionados y pensionistas y no propiamente el monto de los descuentos que se llevan a cabo. En el capítulo de efectos de la sentencia de la Acción de Inconstitucionalidad, se hizo extensiva la declaración de invalidez al artículo 7 de la Ley que Regula a los Trabajadores que refiere la Fracción II, Apartado B, del Artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, en Materia de Seguridad Social, de conformidad con los artículos 73 y 41 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal. De las consideraciones expuestas, se puede concluir que el Tribunal Pleno determinó que el artículo 16 de la citada ley es contrario al derecho a la igualdad y a la seguridad social por exigir que los pensionados y pensionistas sigan aportando para financiar los servicios, pensiones y gastos de administración del mencionado plan de seguro social, y que ese mismo vicio de constitucionalidad también lo advirtió en el diverso numeral 7 de la ley especial para los trabajadores docentes (que incluía tanto el descuento para la reserva técnica como para el financiamiento de los servicios médicos). Como datos relevantes se estableció que se trata de un régimen de beneficio definido, las diferencias que existen a nivel constitucional entre trabajadores en activo y pensionados y expresamente se descartó que fuera relevante el porcentaje de la aportación, de manera que se concluyó que en la norma impugnada existe un trato igual respecto de categorías distintas que no se encuentra justificado constitucionalmente, independientemente de que los porcentajes de descuento a trabajadores sean distintos que los de los pensionados o pensionistas. Asimismo, se aclaró que ese trato desigual no puede justificarse en los problemas financieros del régimen de seguridad social. De esta forma, la resolución del Tribunal Pleno fijó como criterio vinculante que en el sistema de beneficio definido del plan de seguro social destinado a los trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, no está justificado constitucionalmente que los pensionados y pensionistas sigan aportando en cualquier monto para el sostenimiento de las prestaciones de seguridad social. Dicho criterio fue absoluto y no distinguió otras características del sistema, como los montos de las prestaciones otorgadas o la proporcionalidad de las aportaciones frente a las necesidades del sistema. Por otra parte, en la Ley abrogada de mil novecientos setenta, de manera general se prevén las aportaciones del 5% (cinco por ciento) mediante descuento a la pensión, y en los mismos artículos que en la ley vigente, a saber artículos 16, último párrafo, y 25, fracción I, cuyo contenido en la ley abrogada es el siguiente: Artículo 16.- Todo trabajador comprendido en el artículo 1° de este ordenamiento, deberá aportar al Instituto una cuota obligatoria del 12% del sueldo o sueldos básicos integrados que disfrute, definido en el primer párrafo del Artículo anterior. (.) Los pensionistas cubrirán al Instituto, previo descuento que se realice, el 1% de la pensión que disfrute destinada a constituir la reserva técnica prevista en el Artículo 129 para el régimen de pensiones y jubilaciones. Artículo 25.- La cuota del seguro de enfermedades no profesionales y de maternidad que establece este capítulo en favor del pensionista y familiares derechohabientes, se cubrirá en la siguiente forma: I.- 4% a cargo del pensionista, sobre la pensión que disfrute y cuyo descuento será hecho por el Instituto; II.- 2% de la pensión a cargo del Instituto; III.- 2% de la misma pensión a cargo del Gobierno Estatal o de los organismos públicos correspondientes. En caso de que se trate de pensiones mínimas, el pago de la cuota íntegra del 8% se distribuirá por partes iguales entre el Estado y organismos públicos correspondientes y el Instituto. Para el efecto establecido en la Fracción III, el Instituto remitirá el día quince de cada mes, la nómina de los pensionistas a la Tesorería General del Estado o al Departamento correspondiente en los organismos públicos incorporados, a fin de que estas Dependencias entreguen en la quincena inmediata, la cantidad que resulte por concepto de aportaciones. La misma cuota dará a los pensionistas el derecho a las demás prestaciones que les otorga esta Ley. En la ley abrogada también se regula un régimen de beneficio definido, al igual que en la ley vigente analizada por el Tribunal Pleno. De lo expuesto se advierte que las normas de la ley abrogada en el régimen de seguridad social dirigido también para los trabajadores del Gobierno y Municipios de Baja California, en un plan de beneficio definido, exigen aportaciones a los pensionados. Incluso los porcentajes de la ley abrogada y la vigente son los mismos para los trabajadores regidos por la fracción II, apartado B, del artículo 99 de la Constitución Local. Luego, no existe ninguna diferencia relevante entre ambos sistemas que conduzca a dudar de la justificación constitucional de los descuentos a la pensión de los quejosos. Por consiguiente, en el presente caso los descuentos a la pensionada en términos de la ley abrogada vulneran el derecho a la seguridad social, de conformidad con el criterio vinculante establecido en esta materia, sin que sea necesario agregar algún razonamiento o consideración distinta a las que ya fueron abordados en la decisión del Tribunal Pleno, ni analizar en sus propios méritos la ley abrogada. Lo anterior, pues conforme al criterio vinculante, en este tipo de sistemas pensionarios no están constitucionalmente permitidos los descuentos a los pensionados o pensionistas para contribuir a las prestaciones de seguridad social, sin que el contenido o finalidad de la ley puedan modificar esa conclusión. De ahí que, el análisis de la ley de mil novecientos setenta, se formula a la luz de las consideraciones vinculantes emitidas en la Acción de Inconstitucionalidad 19/2015, por lo que se relacionan más con el alcance y fuerza vinculante de dicho criterio que conduce a advertir una notoria violación directa al derecho a la seguridad social de los quejosos. En ese sentido, al encontrarse fundados los descuentos impugnados en disposiciones legales que aún no han sido declaradas inconstitucionales en un medio de control abstracto o en jurisprudencia, aquellos descuentos que ya fueron aplicados en el marco de las atribuciones de la autoridad administrativa y en cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y legales, se encuentran debidamente justificados, por lo que no procede en este caso ordenar devolución alguna. En cambio, al advertir que los referidos descuentos son contrarios al derecho a la seguridad social, lo que procede es que, por virtud de los efectos de la protección constitucional, se ordene y faculte a la autoridad administrativa a cesar de aplicar los descuentos a que se refiere la demanda, de manera que esa reparación opera por virtud del presente medio de defensa, y no antes, dada la existencia del mandato legal que vincula a la autoridad administrativa. Ahora bien, partiendo de la base de que el pago de los montos periódicos de pensión, se emiten atendiendo a la situación jurídica de los quejosos y conforme a las resoluciones administrativas que señalan su monto, es posible advertir que los descuentos impugnados son de tracto sucesivo y de ejecución inminente. Por tanto, a fin de restituir a los quejosos en el pleno goce del derecho vulnerado, los efectos del fallo protector comprenden dichos descuentos futuros al monto periódico de la misma pensión por ser inminentes. En atención a lo fundado de este concepto de violación, lo procedente es conceder el amparo en contra de los actos atribuidos a las autoridades responsables. Finalmente, al concederse el amparo en contra de los preceptos reclamados, las cosas deben volver al estado en que se encontraban antes de la violación de garantías y por ende, dicha protección constitucional es para que mientras continúen vigentes las disposiciones reclamadas, estas no se apliquen a la parte quejosa. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia P./J. 112/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 192846, de la Novena Época, Materias Constitucional y Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo X, Noviembre de 1999, página 19, que dice: "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como hetero aplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." Por lo anterior, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación, respecto de la inconstitucionalidad de los numerales reclamados, en razón a que con ello en nada cambiaría el sentido de la presente sentencia, respecto a dichos actos reclamados. Apoya a lo anterior, el criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible a foja 86, Tomo VII, Abril de 1991 del Semanario Judicial de la Federación, Octava época, que a la letra reza: "CONCEPTOS DE VIOLACION. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO. Si al considerarse fundado un concepto de violación ello trae como consecuencia la concesión del amparo, es innecesario analizar los restantes, ya que cualquiera que fuera el resultado de ese estudio, en nada variaría el sentido de la sentencia. Asimismo, por cuestión de técnica en el juicio de amparo, al haberse declarado la inconstitucionalidad de las normas controvertidas procede conceder el amparo incluso por el acto de aplicación, lo que hace innecesario analizar cualquier argumento que se haya efectuado en contra de aquél. Sexto. Efectos de la concesión del amparo. De conformidad con el artículo 74 fracción V, y 77 fracción I, y párrafo tercero de la Ley de Amparo, se impone necesario conceder el amparo y protección que de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa para los efectos siguientes: La autoridad responsable Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, realice lo siguiente: a) Deje de aplicar en perjuicio de los quejosos el descuento a la pensión a que se refiere el último párrafo del artículo 16, publicado en el Periódico Oficial Número 9, el quince de junio de mil novecientos noventa y cuatro y el diverso 25, fracción I, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California, de veinte de diciembre de mil novecientos setenta, vigente hasta el diecisiete de febrero de dos mil quince. b) Devuelva las cantidades que se hubieran descontado a los quejosos, respecto a su pensión con motivo de la aplicación de los antedichos numerales, en el entendido de que sólo deben devolver los descuentos efectuados a partir del veintisiete de abril de dos mil veintitrés. Finalmente, es necesario establecer que el cumplimiento de la presente resolución no implica anular las normas inconstitucionales, por lo cual la Legislatura y el Gobernador, ambos de esta Entidad Federativa, quedan exentos de cumplimiento alguno de este fallo, porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las disposiciones declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio de los quejosos, como se ha determinado en este considerando, en los términos expuestos con antelación Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada P. CXXXVII/96 con título: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION. Séptimo. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el quince de enero de dos mil quince, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, procédase a realizar la captura del presente fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los dispositivos 103, fracción I, y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; en relación con los numerales 73, 74, 75 y 76, y demás de la Ley de Amparo; se: R E S U E L V E Primero. La Justicia Federal ampara y protege a Miguel Zúñiga Fajardo y Manuel Baltazar Burgos Pérez, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables, por las razones apuntadas en el considerando quinto, para los efectos precisados en el sexto considerando de esta resolución. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de esta resolución constitucional. Notifíquese personalmente.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintidós de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado en representación de la autoridad responsable Gobernadora del Estado de Baja California; con sede en Mexicali; en atención a éste, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido, con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona. En términos de lo dispuesto en los artículos 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza el acceso al presente asunto, en su modalidad de expediente electrónico a las personas indicadas por la autoridad responsable; por tanto, se instruye a la Oficial Judicial "A" del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), realice la autorización correspondiente en dicho sistema, respecto de los usuarios "guadalupericardo", "omarbarba13", "estelayakelin", "ALEGLZS", "kmguerrero", "anakarina03" y "berenicevargas011", únicamente en el juicio de amparo en que se actúa. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado electrónicamente en representación de la autoridad responsable Congreso del Estado de Baja California, con sede en Mexicali; en atención a éste, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado que le fue requerido. Con el contenido del mismo dese vista a las partes por el término de ocho días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con el artículo 9 y 28, de la Ley de Amparo, ténganse como delegados de la autoridad responsable a las personas que menciona y como domicilio el que refiere. Finalmente, se toma conocimiento del correo electrónico que indica, únicamente a fin de establecer contacto por esa vía en los casos que se estime necesario, esto con apoyo en los artículos 257 fracción I del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese.
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