Milner Hipolito Torres Uvidia
Expediente 730/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 11 actuaciones registradas, la última del 19 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 730/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 19/01/2023
Partes del expediente
- Milner Hipolito Torres Uvidia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Tijuana, Baja California, a diecinueve de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio que remite el Administrador Desconcentrado de Recaudación de Baja California "2", con residencia en esta ciudad, por el cual informa que, la sanción impuesta al Subrepresentante Federal de la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional de Migración; a la Subdirectora de Control y Verificación Migratoria adscrita a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración; al Encargado del Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en Tijuana y al Jefe de Departamento de Asuntos Jurídicos de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, fue controlada con el número de documento determinante 29743/2022, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Finalmente, hágase del conocimiento a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del dieciséis del mes y año en curso, este juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a seis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio de cuenta remitido por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación jurídica del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual, en cumplimiento a lo solicitado en acuerdos de veintiocho de septiembre y siete de noviembre del año en curso, hace del conocimiento el nombre, puesto, domicilios y registro federal de contribuyentes (RFC) del Subrepresentante Federal de la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional de Migración, Subdirector de Control y Verificación Migratoria Adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional De Migración, Director, Jefe o Encargado de Despacho de la Estación Migratoria del Instituto Nacional De Migración, Jefe de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, todas con sede en esta ciudad En consecuencia, de lo anterior se toma conocimiento. Por ello, gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Baja California 2 con sede en esta ciudad, anexándole al efecto copia simple del oficio de cuenta (registrado con el folio 16162) -en sobre cerrado-, así como del proveído de veintiocho de septiembre del año en curso, para efecto de que haga efectivo el medio de apremio impuesto a las autoridades responsables citadas en la parte final del párrafo que antecede, quienes pueden ser localizados en los domicilios que proporciona la autoridad oficiante. Por tanto, resguárdese el oficio de cuenta en la secretaría de este juzgado, virtud que contiene información reservada; debiendo dejar en su lugar copia del mismo con la supresión de datos sensibles, para debida constancia. Finalmente, no ha lugar a proveer de conformidad la designación de delegados, domicilio para oír y recibir notificaciones o correo electrónico para entablar comunicación no procesal con este Juzgado a la autoridad oficiante, ya que no es parte en el presente juicio de amparo. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término que establece artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso a), sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de siete de octubre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto en el que se desechó la demanda de amparo relativa al presente asunto, ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya desechado la demanda de amparo que dio origen al presente sumario; se considera que, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Finalmente agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio y anexo que remite el titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, por el cual informa que el quejoso ya no se encuentra alojado en las instalaciones de la estación migratoria; lo anterior toda vez que en determinación de siete de octubre del año en curso, se desechó la demanda de amparo promovida por Roberto Mendez Torres a favor de Milner Hipólito Torres Uvidia. Notifíquese.
- Principal
Tijuana, Baja California, a siete de octubre de dos mil veintidós. Glósese a los autos el oficio 29604/2022, enviado mediante el portal del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el secretario del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, por el que remite sin diligenciar la comunicación oficial 216/2022, exhorto 208/2022, del índice de este órgano jurisdiccional; de lo que se toma conocimiento. Sin que sea el caso girar el acuse de recibo correspondiente, ya que dicha comunicación oficial fue enviada a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y el propio sistema expide el acuse correspondiente. Ahora, de la actuación realizada por el actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, se advierte que fue informado por parte del personal adscrito a la Estación Migratoria con residencia en esa ciudad, que el directo agraviado Milner Hipólito Torres Uvidia fue puesto en libertad el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Desechamiento. Ahora bien en términos de lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, debe analizarse si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Asentado lo anterior, es importante mencionar que los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. (.)" "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el Juez de Distrito a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." Con relación a la interpretación que debe darse a los conceptos "manifiesto" e "indudable" a que se contrae el citado numeral, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se actualiza, cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que, en su caso, a ésta se anexen; en tanto que lo indudable se traduce que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Así, con lo expresado, cobra aplicación en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, la tesis de jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De igual forma es aplicable la tesis de jurisprudencia de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Así, al analizar íntegramente el escrito inicial de demanda, se advierte que los actos reclamados son los siguientes: "la orden de deportación, expulsión o repatriación, así como la restricción a la libertad de tránsito, arbitraria detención e incomunicación." Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que el solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." Por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo, se debe analizar su procedencia, ya sea por causas que hagan valer las partes o aquellas que de oficio advierta este órgano de control constitucional. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 814, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que no se opone a la Ley de Amparo vigente, como lo establece el artículo Sexto Transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, localizable en el Apéndice de 1995; Tomo VI, Parte TCC; Materia (s): Común; Página: 553, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". En ese sentido, el suscrito estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;". Al respecto, es preciso destacar que según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que se sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Sobre el particular la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que solamente puede considerarse que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando se revoca el propio acto por la autoridad responsable, lo cual da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que por esa nueva situación se reponga al quejoso en el goce de la garantía violada. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió, deja de trasgredir la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia del juicio es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2ª./J.59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 193758, Novena Época, consultable en el Tomo IX, Junio de 1999, página 38, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, si bien la demanda de amparo fue presentada el veinte de septiembre de dos mil veintidós, obra en el expediente la constancia actuarial de veintinueve de septiembre posterior, de la cual se advierte que el fedatario de la adscripción al apersonarse en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y preguntar por la situación migratoria de Milner Hipólito Torres Uvidia; fue informado que dicha persona ya no se encontraba alojada en esa estación, por haber obtenido oficio de libertad; lo que acreditó con la impresión del oficio DFBC/EMTIJ/3963/2022, del cual se obtiene que a las once horas con treinta y cinco minutos del veinte de septiembre de dos mil veintidós, se determinó sujetar al directo agraviado de nacionalidad Peruana, al retorno asistido a su país de origen por así haberlo solicitado de manera voluntaria. Dicha documental se le concede valor probatorio en términos de conformidad con los numerales 93 fracción II, 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que es un documento que obra en la base de datos del Instituto Nacional de Migración, además que fue recabado por el actuario adscrito, quien pudo constatar la veracidad de la información ahí contenida. Asimismo, obra en autos la diversa constancia actuarial adjunta a la comunicación oficial de cuenta, de la que se obtiene que el fedatario adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, fue informado por personal de la Estación Migratoria con residencia en esa Ciudad, que el directo agraviado Milner Hipólito Torres Uvidia; obtuvo su libertad el veintitrés de septiembre posterior, cesando con ello la violación al derecho fundamental alegado por el solicitante del amparo en esta instancia constitucional. En ese orden de ideas, es dable concluir que los actos reclamados consistentes en la orden de deportación, expulsión o repatriación, así como la restricción a la libertad de tránsito, arbitraria detención e incomunicación, cesaron en sus efectos volviendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la presentación de la demanda, con la libertad ordenada por la autoridad responsable del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, el veinte de septiembre de dos mil veintidós la cual, fue ejecutada el veintitrés de septiembre posterior, según se evidenció. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXI, lo que procede es desechar la demanda promovida por Roberto Méndez Torres, en favor del directamente agraviado Milner Hipólito Torres Uvidia, por ser notoria e indudable su improcedencia, en virtud de que aun substanciándose el juicio de amparo, no podría arribarse a determinación diversa, atento a lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo. Sin que la anterior determinación pueda considerarse denegatoria de justicia, ya que justo a través del presente pronunciamiento se está impartiendo de conformidad con las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, no obstante que le sea desfavorable a la parte promovente; lo que además tiene el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo, y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional, lo que incluso permite que el promovente acuda oportunamente a los medios ordinarios de defensa a hacer valer sus derechos. En apoyo a lo anterior se cita la Jurisprudencia VII.2o.C. J/23, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, t. XXIV, Julio de 2006, p. 921, cuyos rubros y texto son: "DESECHAMIENTO O SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO IMPLICA DENEGACIÓN DE JUSTICIA NI GENERA INSEGURIDAD JURÍDICA. Cuando se desecha una demanda de amparo o se sobresee en el juicio, ello no implica denegar justicia ni genera inseguridad jurídica, ya que la obligación de los tribunales no es tramitar y resolver en el fondo todos los asuntos sometidos a su consideración en forma favorable a los intereses del solicitante, sino que se circunscribe a la posibilidad que tiene cualquier individuo de acudir ante los órganos jurisdiccionales, con su promoción (demanda), a la cual debe darse el trámite acorde a las formalidades rectoras del procedimiento respectivo, dentro de las cuales el legislador previó las causales de improcedencia y sobreseimiento. Así, cuando el juzgador o tribunal de amparo se funda en una de ellas para desechar o sobreseer en un juicio, imparte justicia, puesto que el acceso a ella no se ve menoscabado, sino que es efectivo, ni se deja en estado de indefensión al promovente, no obstante sea desfavorable, al no poder negar que se da respuesta a la petición de amparo, con independencia de que no comparta el sentido de la resolución, dado que de esa forma quien imparte justicia se pronuncia sobre la acción, diciendo así el derecho y permitiendo que impere el orden jurídico." Así también es aplicable por identidad de razón, la tesis I.13o.A.4 K del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de Primer Circuito, publicada en la página 1318, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.- El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio , ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir un ajusticia pronta y expedita." Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por otra parte, dado lo determinado, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto; comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, para los efectos legales conducentes. Finalmente, en virtud que el directo promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele la presente determinación por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado. Notifíquese.
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