Mirella Carmen Fernandez Delgado

Expediente 682/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
682/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
30/09/2022

Partes del expediente

  • Mirella Carmen Fernandez Delgado

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a treinta de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el proveído de veinte de septiembre dos mil veintidós, dictado en el presente juicio, mediante el cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el segundo párrafo del numeral 2°, de la ley invocada, en relación con los numerales 355 y 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. Consecuentemente, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto totalmente concluido y realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Asimismo, se establece que el expediente principal por haberse concedido la suspensión de plano solicitada, no obstante de que se haya tenido por no presentada la demanda de amparo, es susceptible de depuración, al haberse concedido la suspensión de plano a favor de la parte quejosa, por tanto encuadra en la hipótesis establecida en el artículo 18, fracción I, inciso a), del citado Acuerdo General, en relación con el punto 7.4 "Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano", del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado artículo. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo décimo cuarto del Acuerdo General mencionado. Notifíquese.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, a veinte de septiembre de dos mil veintidós. Vista la constancia actuarial que antecede, de la cual se advierte que la directamente agraviada Mirella Carmen Fernández Delgado, no ratificó la demanda de amparo promovida a su favor. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en proveído de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós, y se tiene por no presentada la demanda de amparo. Por tanto, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto. Asimismo, se advierte que la directa agraviada Mirella Carmen Fernández Delgado no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento de diecinueve de septiembre de dos mil veintidós y con fundamento en los artículos 26, fracción III y 29, de la Ley de Amparo, se ordena la notificación de presente auto, así como las subsecuentes determinaciones que sean de índole personal para la directa agraviada Mirella Carmen Fernández Delgado, por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. Sin que se soslaye la circunstancia de que en la razón actuarial de cuanta, la directa agraviada Mirella Carmen Fernández Delgado, se haya retirado sin firmar la constancia de notificación respectiva; sin embargo ello no es motivo para restar valor a lo asentado por el actuario de la adscripción dado que se encuentra investido de fe pública, y se estima que dicha notificación goza de validez, en términos del artículo 27 fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. Finalmente, agréguese a los autos sin mayor pronunciamiento el oficio que remite el Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en Baja California; en virtud de lo determinado en este acuerdo. Notifíquese personalmente y por lista a la directa agraviada Mirella Carmen Fernández Delgado.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por Mirella Carmen Fernández Delgado, por conducto de Roberto Méndez Torres, contra actos del Jefe de Asuntos Jurídicos adscrito a la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración de Baja California, con residencia en esta ciudad y otras autoridades; fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo bajo número 682/2022-G. Suspensión de plano. Ahora, toda vez que en el escrito inicial se señalan como actos reclamados destacados los siguientes: ? La orden de deportación, expulsión o repatriación; ? incomunicación, violación a la libertad de tránsito, arbitraria detención; Se provee en los siguientes términos: I.- SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO A LA INCOMUNICACIÓN, INMINENTE DEPORTACIÓN O CUALQUIER OTRO ACTO PROHIBIDO POR EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE AMPARO O 22 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Por cuanto hace a los actos reclamados por la parte promovente de amparo consistente en la incomunicación, o cualquier otro acto prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo o 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que dice ser objeto la directa quejosa Mirella Carmen Fernández Delgado; con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, SE DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO para el efecto de que cesen de inmediato tales actos, en caso de que se estén ejecutando o, en su caso, no se lleven a cabo, si es que se ordenaron. Ahora, con relación a los actos consistentes en la retención de la directa agraviada con fines de deportación o expulsión, así como su ejecución; y, considerando que hasta el momento no se tiene certeza de cuál es la situación migratoria de la directa accionante, a fin de velar por una protección más amplia para los impetrantes, con fundamento en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los ordinales 1, 15 y 126 de la Ley de Amparo, SE CONCEDE a Mirella Carmen Fernández Delgado la suspensión de plano, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: 1. Se insiste, que al desconocerse en este momento la situación migratoria de la agraviada, se concede para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan, en términos del artículo 160 de la Ley de Amparo. 2. No se ejecute ningún acto que traiga como consecuencia la deportación o expulsión de Mirella Carmen Fernández Delgado, y queden a disposición de este Juzgado de Distrito, sólo en lo que atañe a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias únicamente para los efectos de la determinación de su situación migratoria, en el sitio en que estime la misma de acuerdo a sus facultades administrativas, y bajo su más estricta responsabilidad deberán observar en todo momento las obligaciones que le impone la Ley de Migración y evitar tratos discriminatorios o violación de derechos, para lo cual están obligadas a respetar la dignidad inherente al ser humano. 3. En el entendido que los efectos de esta suspensión de plano no impiden a las autoridades responsables resolver lo conducente respecto de su situación migratoria. Es decir, la suspensión de plano concedida, únicamente es para el efecto de que no se ejecuten los actos de deportación de la quejosa. 4. De igual manera, en caso de que la referida agraviada se encuentre en las instalaciones de la Estación Migratoria de esta ciudad, no deberá ser trasladada a diversa Estación Migratoria del país; lo anterior, hasta en tanto se resuelva en definitiva el presente juicio de amparo, en términos de los numerales 15 y 126 de la Ley de Amparo. Empero, si al resolver la situación migratoria de aquél (sobre lo cual no se concede la medida suspensiva) las autoridades responsables, determinan que no procede la deportación, sino una figura diversa que califique el estatus en que se ubican al extranjero quejoso; e inclusive, a consecuencia de ello, resulte procedente ordenar su libertad, podrán realizarlo, al no abarcar la suspensión concedida tal aspecto, siempre y cuando derive de un proceso migratorio. 5. Así las cosas, si la detención de la directa agraviada Mirella Carmen Fernández Delgado, no tiene relación con la comisión de un delito ni con un procedimiento migratorio deberá ser puesta en libertad de inmediato, bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades responsables. II. SUSPENSIÓN DE PLANO EN CASO DE QUE LA PARTE QUEJOSA ESTË SUJETA A UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO. 6. Se deberá dejar a la quejosa en inmediata libertad, pero sólo en el caso de que ya hayan transcurrido más de las veinticuatro horas a que se refiere el artículo 100 de la Ley de Migración, sin que existiera constancia de que se haya emitido el acuerdo de presentación al momento de la interposición de la demanda, así como las treinta y seis horas que prevé el numeral 68 del referido ordenamiento, como término máximo para ello; lo cual, es acorde con el artículo 21, párrafo cuarto, Constitucional. Tal criterio derivó de la ejecutoria dictada por el Tercer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en la ciudad de Mexicali, dentro del recurso de queja administrativa 193/2022 de su índice interpuesto dentro del juicio de amparo 559/2022 del índice de este órgano jurisdiccional y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, indicándole a las autoridades responsables que la seguridad y custodia del directo agraviado queda bajo su más estricta responsabilidad, debiendo además tomar todas y cada una de las medidas pertinentes para tal efecto, atendiendo a la naturaleza y circunstancias del asunto. 7. Por otra parte, por lo que respecta a los actos reclamados consistentes en la privación de la libertad de la directa agraviada dentro de un procedimiento migratorio, debe destacarse que de una lectura integral al escrito de demanda, el promovente indicó que la quejosa se encuentra en las oficinas de Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, con residencia en Tijuana, Baja California y es de nacionalidad peruana. Por tanto, tomando en consideración que del ocurso de demanda -de manera indiciaria- se aprecia que la directa agraviada, hasta esta data en que se resuelve sobre la suspensión de plano solicitada, se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo ante las autoridades del Instituto Nacional de Migración, o uno diverso, se provee: Tomando en cuenta que el juzgador puede adoptar medidas cautelares en los términos de la legislación internacional y nacional en materia de derechos humanos, como es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente el dispositivo 1 y la Ley de Migración; por tanto, con fundamento en los artículos 129, 131 y 138 de la Ley de Amparo, se decreta de plano la suspensión a Mirella Carmen Fernández Delgado, del acto consistente en la retención dentro de un procedimiento administrativo, para el efecto de que cese el alojamiento de que es sujeta en la Estación Migratoria de la Ciudad de Tijuana y sean puesto en libertad -siempre y cuando cumpla con lo siguiente ? Que la quejosa establezca un domicilio o lugar en esta ciudad en el que permanecerán debiendo comprometerse a presentarte ante las autoridades responsables del Instituto Nacional de Migración cuantas veces les sea exigido, debiéndose permanecer en éste, con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo migratorio correspondiente, pues de no hacerlo así la presente medida cautelar quedará sin efectos, ello, de conformidad con lo previsto en el artículo 167 de la Ley de Amparo, que faculta al órgano jurisdiccional a revocar la libertad otorgada por la medida suspensional cuando el quejoso incumpla con cualquiera de las obligaciones establecidas para su otorgamiento. ? Que se presente en favor de la directa quejosa la solicitud con responsiva firmada por un garante (ya sea ciudadano u organización social mexicana) y sea ratificado por éste. ? Todos los anteriores requisitos deberán ser acreditados ante la autoridad Migratoria. ? Garantía. Así también se hace del conocimiento de las autoridades responsables migratorias que si el aquí quejoso se encuentre en el supuesto que establece el artículo 102 de la Ley de Migración (es decir, que se encuentre sometida a un procedimiento administrativo), a fin de lograr su estancia en territorio mexicano, en lo que se dicta resolución definitiva, podrán fijar los requisitos que aluden el citado numeral, PRESCINDIENDO CONSIDERAR QUE EL QUEJOSO EXHIBA GARANTÍA PARA QUE PUEDA OBTENER SU LIBERTAD DURANTE LA SUBSTANCIACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO QUE DEFINA SU SITUACIÓN MIGRATORIA, requisito previsto en el artículo 102 de la Ley de Migración, pues ello, constituye una medida innecesaria para lograr la comparecencia al proceso migratorio y garantizar la aplicación en su caso de la sanción, pues no atiende a la condición de excepcionalidad de la privación de la libertad y de vulnerabilidad, por lo cual resulta una medida ilusoria, en relación con la capacidad económica del antes mencionado en su calidad de extranjero. Similar criterio arribó el Cuarto Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con residencia en Mexicali, Baja California, al resolver el recurso de queja 140/2022 interpuesto dentro del diverso juicio de amparo 427/2022 y se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Además, la suspensión se concede para que en el caso de que la parte quejosa ejerza algún recurso en su defensa, la detención no supere los sesenta días. Lo anterior es así, ya que el artículo 111 de la citada ley dispone que el Instituto deberá resolver la situación migratoria de los extranjeros presentados en un plazo no mayor de quince días hábiles, contados a partir de su presentación, sin que el alojamiento en las estaciones migratorias pueda exceder de ese plazo, salvo en los casos en que se haya interpuesto un recurso administrativo o judicial en que se reclamen cuestiones inherentes a su condición migratoria en territorio nacional, supuesto en el que el alojamiento se torna indefinido, hasta en tanto no se resuelva el medio de defensa. Sin embargo, en los demás casos el alojamiento no puede exceder de sesenta días hábiles y, una vez transcurrido, deberá otorgarse la condición de visitante con permiso para recibir remuneración en el país, mientras subsista el supuesto por el que se otorgó dicha condición de estancia. Luego, en el supuesto de que la directa quejosa se encuentre en el supuesto contemplado por el artículo 102 de la Ley de Migración, se solicita a las autoridades responsables a fin de que de manera inmediata informen a este órgano jurisdiccional si en términos del artículo 102 del citado ordenamiento legal han decretado alguna medida de aseguramiento a la quejosa, a efecto de estar en aptitud de pronunciarse al respecto, toda vez que la parte promovente refiere en la demanda, que la quejosa al momento de su detención, se encontraba en territorio nacional. La suspensión se concede en el entendido de que la directamente agraviada Mirella Carmen Fernández Delgado, por conducto de Roberto Méndez Torres, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en cuanto a su libertad personal y a disposición de las autoridades responsables migratorias por cuanto hace a la continuación del procedimiento migratorio correspondiente. Por otra parte, tomando en consideración que de la demanda se aprecia que la directa quejosa es de nacionalidad peruana (país que forma parte de la denominada "Alianza del Pacífico" cuyos connacionales no requieren visa para entrar al territorio mexicano1, por tanto, las autoridades migratorias, deberán valorar si la directa quejosa cumple con los requisitos solicitados a los extranjeros para internarse en el País establecidos en el artículo 372 de la Ley de Migración, y EN CASO DE SER POSITIVO DEBERÁ SER PUESTA EN LIBERTAD DE INMEDIATO. Por tanto, hágase del conocimiento a las autoridades responsables que deberán informar, además de lo destacado: Qué calidad migratoria tiene Mirella Carmen Fernández Delgado. Cuál es el procedimiento específico - al que en su caso- se encuentre sujeta y su fundamento legal. Desde cuándo y cuánto tiempo lleva retenida la directamente agraviada; y, Si en su caso se ubica o no en algunos de los supuestos contemplados en las fracciones del artículo 111 de la Ley de Migración, así como si ya se cumplió con los quince o sesenta días previstos en ese numeral. Si en términos del artículo 109 de la Ley de Migración, le informó a la quejosa los derechos con los que cuenta desde su ingreso a la estación migratoria. Asimismo, hágasele saber a las responsables, que dentro del horario que al respecto se encuentre establecido en la normativa aplicable del procedimiento que en su caso- se encuentre instaurado en contra de los aquí quejosa, deberán permitir a quien comparezca en su carácter de autorizado de ésta, la comunicación que sea necesaria para su defensa. En el entendido de que la medida cautelar no surtirá efecto legal alguno si el acto reclamado que se analiza es diverso o deriva de hechos distintos a la situación migratoria narrada por la parte quejosa en la demanda de amparo, como podría ser la comisión de un delito o, proviene de autoridades diversas a las señaladas como responsables. De igual materia la medida cautelar aquí decretada no surtirá efectos si con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al presente asunto en un diverso juicio de amparo existe pronunciamiento de dichos actos reclamados. Asimismo, hágasele saber que la suspensión surtirá sus efectos, siempre y cuando la aquí quejosa, no se encuentre sujeta a un procedimiento de extradición o procedimiento judicial, que amerite su deportación o expulsión del país. Tampoco tendrá por efecto paralizar o suspender algún acto que se haya decretado en un procedimiento diverso al presente. Informes de suspensión de plano. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables para que dentro del término de veinticuatro horas siguientes a la recepción del oficio correspondiente, informen sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano; debiendo informar dentro de dicho plazo sobre el cumplimiento dado a la determinación emitida respecto de los actos reclamados o bien informen la imposibilidad jurídica que tenga para ello, apercibidas de que la violación a este mandato trae como consecuencia la aplicación de lo dispuesto por el artículo 262 fracción III de la Ley de Amparo, que establece que se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra. De igual manera se les hace del conocimiento a las autoridades responsables que de no dar cumplimiento a lo ordenado en el presente auto, se procederá conforme a lo dispuesto por los artículos 209 y 262, fracciones III y IV de la Ley de Amparo y se dará vista al agente del Ministerio Público de la Federación. Resulta aplicable a lo antes decretado, la tesis emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 25, diciembre de 2015, tomo II, página 1245, materia común, con número de registro 2010702, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: Se faculta al actuario de la adscripción, para que una vez apersonado en el domicilio en el que se encuentren ubicadas las autoridades responsables, si éstas se niegan a recibir los comunicados a ellas dirigidos, proceda en términos del artículo 28, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo; sin perjuicio que se les aplique la sanción que establece el numeral 245 de la ley de la materia. Ratificación de la demanda. Por otra parte, con apoyo en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a Mirella Carmen Fernández Delgado, para que manifieste si ratifica o no la demanda promovida en su favor, lo que podrá realizar en el acto de la notificación de este proveído o bien dentro de los tres días siguientes, legalmente computados, bajo apercibimiento que de no hacerlo así, se tendrá por no presentada la demanda de amparo, quedando sin efecto las providencias dictadas, para lo cual se comisiona al actuario de este juzgado, a efecto de que proceda a la localización de los agraviados en el lugar en que se encuentren detenidos. De igual manera, el actuario de la adscripción deberá requerir a la directamente agraviada para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifieste si autorizan en términos amplios conforme al artículo 12 de la Ley de Amparo, a Roberto Méndez Torres. De igual manera, en virtud de que del escrito de demanda se advierte que el promovente no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, requiérase a la quejosa para que manifiesten si es su deseo señalar un domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones; apercibidas que de no hacer manifestación alguna al respecto, con fundamento en los artículos 26, fracción III, y 29 de la Ley de Amparo, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se les notificarán por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, hasta en tanto señalen domicilio para tales efectos. Ahora, toda vez que el promovente Roberto Méndez Torres, ofrece como prueba la inspección judicial en la base de datos de las autoridades responsables para determinar si efectivamente se ha iniciado o no el procedimiento administrativo que estable la Ley de Migración, sin embargo, toda vez que el promovente no firmó la demanda que se atiende; túrnense los autos al actuario de la adscripción quien deberá requerir a la directa agraviada para que en el acto de la notificación o bien dentro del plazo de tres días hábiles contado a partir de que surta efecto la notificación del presente proveído, manifieste si ofrece como prueba la inspección judicial antes referida, con el apercibimiento que en caso de no hacer manifestación alguna, se acordará lo que en derecho corresponda. Igualmente, de advertirse que Mirella Carmen Fernández Delgado se encuentra a disposición de alguna autoridad no señalada como responsable, se instruye al actuario que les requiera para que en el acto de la notificación, manifieste si es su interés ampliar su demanda por las autoridades correspondiente. Se autoriza a las autoridades responsables para que remitan los informes vía correo electrónico institucional a la dirección 6jdoajf15cto@correo.cjf.gob.mx, el cual deberá contener firma y sello de la autoridad que lo remita, lo anterior, en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito, para que se constituya en las instalaciones de las autoridades señaladas como responsables, así como en los separos de las mismas a efecto de que verifique que en el caso de que se apliquen o continúe aplicándose en perjuicio de Mirella Carmen Fernández Delgado algún acto señalado por el numeral 22 constitucional, en relación con el diverso 15 de la Ley de Amparo, las autoridades responsables cumplan en sus términos la suspensión de plano concedida en este proveído y cesen de inmediato los mismos; además, para que asiente las condiciones físicas y de apariencia de salud en que se encuentran dichos agraviados. Obligatoriedad de recibir oficios. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que conforme lo dispone el artículo 28, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, está obligada a recibir los oficios que se les dirijan, en materia de amparo, ya sea en su oficina, en su domicilio o en el lugar en que se encuentre; y que la notificación surtirá todos sus efectos legales, desde que se entreguen los oficios respectivos, ya sea a las autoridades responsables o al encargado de recibir la correspondencia en sus oficinas; y si se negaren a recibir dichos oficios, se tendrán por hechas las notificaciones y serán responsables de la falta de cumplimiento de la resolución que contenga. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá a la omisa una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Días y horas inhábiles. En aras de mantener el principio de practicidad en los asuntos de este órgano de control constitucional, con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todas las notificaciones personales en el presente juicio de amparo. Comunicación con los justiciables durante la vigencia de las medidas tendentes a evitar la concentración de personas y la propagación del virus Covid-19. Se hace del conocimiento a las partes, que a partir de esta fecha está disponible en el Portal de Servicios en Línea el micrositio "servicios jurisdiccionales", en el que encontrarán teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como las listas de acuerdos. La lista de acuerdos se publicará en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y además en un espacio de fácil acceso para las personas en términos del artículo 21 del referido Acuerdo General 21/2020. Adicionalmente, infórmese a los justiciables que podrán generar citas a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, desahogar requerimientos o comparecencias que les hayan sido exigidas por este órgano jurisdiccional; en la inteligencia que en el supuesto de requerir su presencia física en las instalaciones de este recinto judicial, se hará entrega del código QR generado con motivo de la cita realizada por este juzgado al momento de que sean notificados del acuerdo respectivo según sea el caso. Se exhorta a promover la tramitación del juicio en línea. Ahora bien, tomando en consideración las medidas de contingencia adoptadas por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19, de conformidad con el artículo 28, párrafo segundo, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico, así como la práctica de notificaciones por la misma vía en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo. Se hace del conocimiento de las partes que para efecto de que tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la acción mediante juicio en línea", el manual de uso actualizado se encuentra a su disposición en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en LíneaMedios electrónicos. Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos y digitales, lo cual deberá realizarse siempre en presencia del actuario de la adscripción; en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. Transparencia. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Además, en términos del artículo 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, no se hará la publicación del nombre y datos personales en todas y cada una de las resoluciones que se emiten en el presente juicio de amparo. Expediente electrónico. Fórmese el expediente electrónico respectivo, y hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte de éste las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos, asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales a juicio de este órgano jurisdiccional deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales se conservarán en este Juzgado sin digitalizarse. Notifíquese personalmente a Mirella Carmen Fernández Delgado.

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