Miguel Gidalti Medina Valdez

Expediente 1093/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 8 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1093/2020
Año
2020
Actuaciones
6
Última actuación
08/02/2021

Partes del expediente

  • Miguel Gidalti Medina Valdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación del Secretario que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el proveído de nueve de diciembre de dos mil veinte, dictado en este juicio de amparo, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya interpuesto recurso de revisión. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia, en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21 del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez que encuadra en una de las hipótesis del indicado numeral, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el diverso ordinal 15 del citado Acuerdo General. Por otro lado, por lo que toca al original y duplicado del cuaderno incidental, se ordena remitir por cuerda separada al archivo, anexándole para tal efecto copia certificada del presente proveído. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de destrucción, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el inciso c) del artículo 21 del acuerdo general relativo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el arábigo 22 del acuerdo normativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, nueve de diciembre de dos mil veinte. Vista la constancia levantada el siete del actual mes, por la actuaria de la adscripción, de la que se desprende que el quejoso Miguel Gidalti Medina Valdez, en cumplimiento al requerimiento que se le hizo en acuerdo de cuatro del actual mes, ratificó su escrito de desistimiento del presente asunto; al respecto, SE ACUERDA: Tomando en consideración que el juicio de amparo sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada y que el desistimiento, es la abdicación o el abandono de algún derecho, el apartamiento de la acción y demanda, puesto que el abdicante manifiesta su voluntad de abandonar el ejercicio de ese derecho por no querer continuar con la acción ejercitada o con la realización de cualquier otro trámite de un procedimiento iniciado. En consecuencia, se tiene por desistido al nombrado quejoso a su más entero perjuicio del juicio de amparo en que se actúa. Por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo en vigor, se SOBRESEE en el presente juicio fuera de audiencia, quedando sin efecto legal alguno las providencias en él decretadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J. 33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con diecisiete minutos del veintiuno de diciembre del año en curso. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil veinte. Vista la cuenta que antecede, agréguese el escrito signado por el quejoso Miguel Gidalti Medina Valdez, con el que manifiesta que por así convenir a sus intereses, se desiste del presente juicio de amparo. En consecuencia, a fin de tener por desistido al referido quejoso, a su más entero perjuicio, del juicio de amparo en que se actúa; comisiónese a uno de los actuarios de la adscripción a efecto de que en el momento de la diligencia de la notificación del presente proveído, lo requiera para que manifieste si ratifica o no el contenido del escrito mediante el cual se desiste de la tramitación de la demanda presentada, ocurso que deberá ponerlo a la vista de la justiciable. Asimismo, cabe señalar que para el supuesto de que al momento de la notificación no se hallare el citado promovente, atento a su solicitud, proceda la Secretaría de este Juzgado a generar la cita respectiva desde la modalidad del programa "Agenda OJ", de conformidad con el artículo 6, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid19, reformado por el similar 25/2020, en relación al periodo de vigencia; para lo cual deberá acatar en todo momento las medidas sanitarias pertinentes, de conformidad con lo previsto por el artículo 7 del citado Acuerdo General. Apercibiéndolo que en caso de no ratificar el escrito de desistimiento presentado, se continuará con la tramitación del juicio promovido. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2a./J.33/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 147, del Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo epígrafe y texto rezan: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, apesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  4. Incidental

    R E S U L T A N D O PRIMERO. En la correspondiente demanda de amparo, Miguel Gidalti Medina Valdez, solicitó la suspensión definitiva de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo dictado el diecinueve de septiembre de dos mil veinte, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado y duplicado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, mediante proveído de la propia fecha, se abrieron los presentes autos; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental, la cual, se llevó a cabo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados a las autoridades responsables por la parte quejosa, el cual hizo consistir esencialmente en: a) La detención ilegal del vehículo marca VOLKSWAGEN TIPO VENTO STARTLINE TIPTRONIC COLOR GRIS CARBON STEEL CON PLACAS A-881-TNG DEL ESTADO DE QUINTA ROO, que afirma tiene en arrendamiento; y b) El cobro excesivo de la multa que pretenden hacerle por la detención del mismo SEGUNDO. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe previo, por conducto del Director Jurídico de dicha dependencia. TERCERO. Con fundamento en los artículos 128 y 138, fracción I, de la Ley de Amparo, respecto de los actos reclamados señalados, atendiendo a la naturaleza de los mismos, se tiene que se trata de actos consumados con efectos positivos, respecto de los cuales sólo en cuanto a sus efectos es procedente la suspensión, ya que por lo que hace a la detención del vehículo, ese hecho será materia del juicio principal. Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia número 12, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 13, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con el número de registro 917546, cuyo rubro y texto dicen: "ACTOS CONSUMADOS. SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE. Es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darle efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo." Ahora bien, respecto de los efectos y consecuencias de los referidos actos reclamados; debe decirse que sí son susceptibles de suspenderse, toda vez que conllevan una ejecución, pero para que se conceda la medida cautelar solicitada, deben satisfacerse los requisitos de procedencia que se prevén en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es: I. Que la solicite el quejoso, donde queda inmerso el concepto de demostración de la titularidad del derecho en controversia, para lo cual basta que se pruebe de manera indiciaria ese derecho, en atención a que la suspensión provisional de los actos reclamados se equipara a una medida cautelar, cuya finalidad es preservar las cosas en el estado que se encuentran al momento de concederse. En la especie, se considera que no se encuentra colmada la titularidad del derecho que defiende la parte quejosa, por lo que DEBE NEGARSE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA SOLICITADA, toda vez que no demostró ni aun en forma presuntiva que el bien mueble lo tiene en posesión legítima. Se afirma lo anterior, porque la parte quejosa no anexo a la demanda de amparo prueba alguna con la que acreditara, al menos en forma indiciaria, que tenga reconocido algún derecho legítimamente tutelado. Sin que a ello se oponga, que obren en autos la carátula del contrato de arrendamiento que celebró con la empresa "RENT A MATIC ITZA" S.A DE C.V. como arrendatario, del automóvil de la marca VOLKSWAGEN TIPO VENTO STARTLINE TIPTRONIC COLOR GRIS CARBON STEEL CON PLACAS A-881-TNG DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, así como la tarjeta de circulación de dicho vehículo. Lo anterior, toda vez que se tratan de copias simples, por lo que están desprovistas de valor probatorio, y su alcance legal es incipiente, y por ende, insuficiente para demostrar el interés suspensional de la parte quejosa para obtener la paralización de los actos que reclama. Al efecto, se invoca en lo conducente, la jurisprudencia 71/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Enero de 2003, Materia(s): Común, página: 33 y registro, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste". Así como, la jurisprudencia siguiente: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO EN EL SUPUESTO QUE SE OFREZCAN DOCUMENTALES ORIGINALES O EN COPIA CERTIFICADA EN EL CUADERNO PRINCIPAL O EN EL INCIDENTAL CON COPIAS SIMPLES (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 92/97). De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, los Jueces de Distrito sólo pueden otorgar valor probatorio a aquellos elementos que obren en el expediente, pues los criterios de pertenencia de las pruebas a los autos de un asunto se establecen para que los juzgadores busquen la verdad material en el contexto de un debido proceso y de la equidad procesal, que no podría tutelarse si se permitiera la valoración libre de cualquier elemento sin importar si se encuentra o no en el expediente. Ahora, en aplicación extensiva del párrafo tercero del artículo 78 de la Ley de Amparo, se sigue que cuando con la demanda de garantías en la que se solicite la suspensión del acto reclamado, se ofrezca como prueba un documento original o en copia certificada y se acompañen dos o más copias simples, sin que se solicite expresamente su compulsa o certificación para que obren en el expediente incidental, el Juez de Distrito debe entender que las copias simples son para formar los cuadernos incidentales y, por tanto, al admitir la demanda, oficiosamente, debe ordenar su compulsa para que obren en el incidente y al resolver sobre la suspensión definitiva tengan valor probatorio. A igual conclusión se debe llegar cuando durante la secuela del juicio de amparo, ya sea en el expediente principal o en el incidente de suspensión (antes de la celebración de la audiencia constitucional o incidental), alguna de las partes exhiba una prueba documental original o en copia certificada con las copias suficientes, en cuyo caso el Juez de Distrito debe ordenar su compulsa para que obren en ambos cuadernos, y así al resolver puedan tomarse en cuenta con el valor probatorio que les corresponde. Por otro lado, en el caso de que el oferente omita acompañar las copias suficientes para que puedan ser compulsadas y agregadas, ya sea en el cuaderno principal o incidental, según sea el caso, debe entenderse que estimó que son prescindibles para resolver."(Época: Novena Época, Registro: 163758, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Septiembre de 2010, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 71/2010, Página: 7). Por lo que, al no haber justificado la quejosa el interés indiciario para solicitar la suspensión de los actos reclamados, se debe negar la medida cautelar, pues no se reúne el requisito que exige el artículo 128 fracción I de la Ley de Amparo. Cobra aplicación, a contrario sensu, la tesis IV.3o.C.35 C, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Materia(s): Civil, Página: 1652 y Registro: 165658, que dice: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LA COPIA SIMPLE DEL ACTA DE MATRIMONIO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR PRESUNTIVAMENTE EL INTERÉS SUSPENSIONAL, CUANDO LA SOLICITE EL CÓNYUGE QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO, Y RECLAMA LA DESPOSESIÓN DE UN INMUEBLE PERTENECIENTE A LA SOCIEDAD CONYUGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). Cuando se solicita la medida cautelar provisional debe acreditarse indiciaria o presuntivamente en los autos del incidente de suspensión, el interés suspensional, en acatamiento al artículo 124, fracción I, de la Ley de Amparo, puesto que conforme a este precepto el quejoso debe aportar una prueba idónea y suficiente que revele que hay cierta veracidad de la existencia del derecho que podría afectarse con la ejecución del acto reclamado. Un primer indicio de la existencia de ese derecho y la posibilidad de su afectación se determina con la afirmación, bajo protesta de decir verdad, de los hechos y abstenciones que le consten al agraviado adminiculado con otros elementos de prueba que el peticionario allegue al juicio, como documentos públicos o privados de fecha cierta, anterior al juicio natural, que por sí mismos, no son aptos para acreditar plenamente la posesión o la propiedad y que son susceptibles de desvirtuarse en la secuela del procedimiento, pero que debe ser suficiente para establecer en forma indiciaria o presuntiva que la quejosa realmente es titular de ese derecho, que podría afectarse con la ejecución, es así, porque la finalidad es únicamente decidir si procede suspender los actos que presumiblemente causarán daños y perjuicios de difícil reparación al agraviado. En ese marco jurídico, si la quejosa, ahora recurrente, manifiesta bajo protesta de decir verdad que el inmueble del cual se le pretende desposeer pertenece a la sociedad conyugal, que fue embargado dentro del juicio ejecutivo mercantil en el que su cónyuge figura como parte demandada, que ella no fue oída ni vencida en juicio y, además, exhibió al juicio de garantías copia simple del acta de matrimonio, con la que trató de acreditar su interés suspensional de manera presuntiva, advirtiéndose, que el demandado del juicio natural y la ahora recurrente, contrajeron matrimonio bajo el régimen de sociedad conyugal, ello trae como consecuencia la presunción de que los bienes del cónyuge pertenecen a esa sociedad salvo prueba en contrario. Tan es así que al efecto el artículo 184 del Código Civil para el Estado de Nuevo León establece que la sociedad conyugal puede formarse con los bienes de que sean dueños los esposos; en esa virtud, es indiscutible que la quejosa acreditó presuntivamente el interés suspensional, para la procedencia de la medida cautelar". Así como, la tesis del rubro y tenor literal siguiente: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. EL QUEJOSO DEBE ACREDITAR SER TITULAR DE UN DERECHO OBJETIVO TUTELADO POR LA LEY PARA PODER OBTENER LA. Es de explorado derecho que para obtener el otorgamiento de la medida cautelar definitiva, se requiere que los quejosos demuestren que son titulares de un derecho (propiedad, posesión, concesión, etc.); por tanto, si los recurrentes al formular la demanda de garantías que dio origen al incidente, se ostentaron como propietarios de algunos inmuebles, así como poseedores calificados de los terrenos que se dijeron afectados a través de la resolución agraria reclamada, manifestando que exhibían diversas documentales en vía de prueba, sin que de las constancias que integran el original del cuaderno incidental se advierta la existencia de éstas, de ahí que al no haber demostrado los quejosos la titularidad de un derecho objetivo tutelado por la ley, es lógico determinar que no acreditaron el interés jurídico que les asiste para obtener la suspensión definitiva del acto que reclaman". (Novena Época, Instancia: Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: I, Mayo de 1995, Tesis: XX.2 A, Página: 07). Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se NIEGA a Miguel Gidalti Medina Valdez, la suspensión definitiva de los actos que reclama del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución. Notifíquese.

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