Miguel Manuel Pacheco Reyes

Expediente 784/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
784/2017
Año
2017
Actuaciones
6
Última actuación
21/09/2017

Partes del expediente

  • Miguel Manuel Pacheco Reyes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de septiembre de dos mil diecisiete. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte quejosa a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete, dictado en este juicio, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de la materia, se declara que el referido proveído en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Finalmente, hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta número 2115 Bis/2017, signado por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, que remite a este Juzgado Federal en cumplimiento al requerimiento efectuado en auto de veintiuno de agosto pasado. Ahora bien, del contenido del oficio de mérito, se advierte que la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, por acuerdo de veintidós de agosto del presente año, dictado en autos del expediente número 331/2015 de su índice, levantó el embargo trabado en el punto resolutivo quinto de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil quince, respecto de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias devengadas por el aquí quejoso Miguel Manuel Pacheco Reyes; modificado mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Asimismo, giró oficio al Coordinador General de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán, a efecto de que dejara sin efecto el embargo decretado sobre los sueldos o emolumentos y demás prestaciones que percibe el aquí impetrante del amparo, como empleado de la Facultad de Química de dicha universidad. Lo que se corrobora de las constancias respectivas; documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Ahora bien, de las constancias que remitió la autoridad responsable en su oficio de cuenta que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclama de la Juez Primero de Oralidad Familiar Vespertino del Primer Departamento Judicial y Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial, ambos del Estado de Yucatán y con residencia en esta ciudad, la denegación de justicia por parte de las nombradas autoridades responsables, en razón de que no habían dado cumplimiento a la resolución de veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en el expediente número 846/2016 del índice de la primera autoridad citada, relativo al Procedimiento Especial de Divorcio Incausado promovido Por Miguel Manuel Pacheco Reyes, en contra de Paola Jannete Pérez Ramayo, específicamente levantar el embargo trabado sobre el cuarenta y dos por ciento de su sueldo, en autos del expediente número 331/2015 del índice del Juzgado Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial de esta entidad. Sin embargo, de las constancias que anexó la autoridad responsable Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, a su oficio de cuenta, se advierte que por acuerdo de veintidós de agosto del presente año, dictado en autos del referido expediente número 331/2015 de su índice, levantó el embargo trabado en el punto resolutivo quinto de la sentencia de fecha siete de octubre de dos mil quince, respecto de los sueldos o emolumentos y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias devengadas por el aquí quejoso Miguel Manuel Pacheco Reyes; modificado mediante acuerdo de dieciséis de diciembre de dos mil dieciséis. Es el caso que para tal efecto, giró el oficio correspondiente al Coordinador General de Recursos Humanos de la Dirección General de Finanzas y Administración de la Universidad Autónoma de Yucatán. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, dado el tiempo transcurrido, proveyera lo que en derecho corresponda, respecto de la solicitud del aquí quejoso Miguel Manuel Pacheco Yeres, efectuada por escrito de fecha treinta de enero del presente año, consistente en la regularización del procedimiento en autos del expediente 331/2015, a fin de que se diera cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de fecha veinticinco de octubre de dos mil dieciséis, dictada en autos del expediente 846/2016, por la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado, turno vespertino. Lo cual ya aconteció; ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con treinta minutos del veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente. se notifica a las terceras interesadas Y QUEJOSO de conofrmidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: toda vez que hasta la presente fecha, la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, no ha dado cumplimiento al requerimiento que se hizo por acuerdo de dieciocho de julio del presente año, para que remitiera a este tribunal copia certificada de las constancias relativas al embargo realizado en el expediente número 331/2015 de su índice, relativo a las Diligencias de Jurisdicción Voluntaria promovidas inicialmente por **********, y posteriormente también por *****, y a cargo de ********, posteriores al requerimiento de treinta de junio del presente año, que le hizo a la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial de esta entidad. Lo anterior, no obstante de que por oficio 1969/2017 de cuatro de agosto del año en curso, informó a este Juzgado que por acuerdo de la propia fecha, requirió a la Juez Primero de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial de esta entidad, para que le envíe dichas constancias que señaló en su oficio número 1798/2017 de treinta de junio de dos mil diecisiete, a fin de que procediera a levantar el embargo trabado en el expediente 331/2015 de su índice. Por tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 75, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, requiérase nuevamente a la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación del presente proveído, remita a este tribunal copia certificada de las referidas constancias, toda vez que son necesarias para resolver en definitiva el presente juicio, o en su caso, informe el impedimento para hacerlo. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, dentro del plazo que para tal fin se le confiere, se le impondrá multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, conforme a lo dispuesto en el artículo 260, fracción IV, de la Ley de Amparo en vigor y en el párrafo sexto, del Apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal. Sirve de apoyo al caso, en lo conducente, la jurisprudencia número P./J. 17/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 108, Novena Época, Tomo V, Febrero de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 199454, con el rubro siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGARSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO." Así como la Jurisprudencia 1a./J.163/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, consultable en la página 319, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Enero de 2006, con número de registro 176291, cuyo rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto." Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, ocho de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos, agréguese a los mismos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta 1969/2017 de cuatro de los corrientes, signado por la Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, que exhibe con relación al requerimiento que se le hizo por acuerdo de dieciocho de julio del presente año. Mediante el cual informa que no se ha recibido el oficio número 2253 del Juzgado Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial de esta entidad, así como las copias de las constancias que señaló en su oficio número 1798/2017 de treinta de junio pasado, tal como lo señaló en su informe justificado. Por tanto, giró nuevamente atento oficio a la Titular del citado Juzgado Primero de Oralidad Familiar en turno del Primer Departamento Judicial del Estado, a fin de que de manera inmediata, le remitiera el acuse de recibo del oficio 2253 en el que se encuentra inserto el acuerdo de catorce de julio pasado, y en caso de no tenerlo, le enviara dicho oficio juntamente con las copias debidamente certificadas de las constancias que le señaló en su oficio número 1798/2017 de treinta de junio de dos mil diecisiete, a fin de que procediera a levantar el embargo trabado en el expediente 331/2015 de su índice. Lo anterior, para estar en aptitud de cumplir con el requerimiento que se le hizo al nombrado Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por proveído de dieciocho de julio del presente año. Ahora bien, toda vez que del informe justificado rendido por el Juez Quinto de Oralidad Familiar del Primer Departamento Judicial de esta entidad, y de las copias certificadas de las constancias relativas al expediente número 331/2015, que se adjuntó al mismo, se desprende que de conformidad con el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, le reviste el carácter de tercera interesada a ****************, con domicilio en el predio marcado con el número *********, código postal ****, de esta ciudad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso b), de la citada Ley de la materia, se comisiona a uno de los actuarios judiciales de este Juzgado Federal, para el efecto de que se constituya en el domicilio descrito con antelación y previamente cerciorado de que ahí vive la nombrada tercera interesada, proceda hacerle de su conocimiento la demanda promovida por **********, entregándole sendas copias autorizadas del presente proveído y de los acuerdos de veintidós de junio y cuatro de agosto de dos mil diecisiete, y copia simple de la demanda de amparo, haciéndole saber que puede apersonarse a este juicio de amparo, si así le conviniere. Enterándola asimismo que por autos de seis y dieciocho de julio del presente año, se pusieron a la vista de las partes los informes justificados rendidos por las Juez Quinto de Oralidad Familiar y Juez Primero de Oralidad Familiar en turno, ambas del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y de los anexos que acompañaron a los mismos. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la tercera interesada *********, y cúmplase.

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