Miguel Garcia Friederichsen
Expediente 63/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 14 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 63/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Garcia Friederichsen
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a quien pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución firmada el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en los registros de este órgano jurisdiccional, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno incidental. Por otra parte, de conformidad con lo establecido por la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que el presente expediente es DESTRUIBLE, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en la fracción I, del citado precepto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se negó la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III, del artículo 20 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, no existiendo motivo legal alguno para que continúe al buen resguardo de la Secretaría de este Juzgado, el anexo remitido por la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, consistentes en el toca original de apelación ********************, mismo que acompañó a su informe justificado; en consecuencia, devuélvase el anexo de referencia, solicitando a dicha autoridad acuse de recibo del mismo. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: agréguese el oficio signado por la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa la existencia del diverso juicio constitucional 111/2022-I, del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, de donde se desprende que en sentencia dictada el veintinueve de marzo de dos mil veintitrés, sobreseyó la demanda de amparo promovida por la aquí tercero interesada Brisa Nadal Hernández, por conducto de su defensor particular Erik Eduardo Pérez Loyo, en contra de la misma autoridad señalada como responsable en el presente juicio, y por el mismo acto reclamado. Al efecto, este órgano jurisdiccional queda enterado para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, ante la Secretaria Auxiliar de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, compareció ********************a solicitar el amparo y protección de la justicia federal en contra del acto atribuido a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Recepción de la demanda e incompetencia. Por auto de ocho de julio de dos mil veintidós, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, tuvo por recibida la demanda de referencia y la admitió a trámite; posteriormente, por resolución de catorce de diciembre de dos mil veintidós, el señalado Tribunal Colegiado determinó que carecía de competencia para conocer del asunto, por lo que la declinó a favor del Juez de Distrito en turno en este Estado. TERCERO. Remisión de la demanda. Mediante oficio 2758, de doce de enero de dos mil veintitrés, presentado al día siguiente, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, remitió la referida demanda a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado con sede en esta ciudad, la cual remitió a su vez, el dieciséis de enero siguiente y por razón de turno correspondió conocer a este Órgano de Control Constitucional. CUARTO. Se avoca al conocimiento del asunto y se admite la demanda. Por auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito se avocó al conocimiento del asunto y se admitió a trámite la demanda, la cual se registró bajo el número 63/2023-III-A; se dio la intervención legal que le compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se ordenó notificar a las partes el informe justificado rendido por la autoridad responsable; notificó la radicación de la demanda a la tercero interesada ya emplazada; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I, 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, y 37 de la Ley de Amparo; 49, en relación con el 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento con lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado, que se desprende del análisis integral de la demanda; ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo sentido, tiene aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden, de la demanda de amparo, así como de las constancias que integran este sumario, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución de siete de junio de dos mil veintidós, dictada en autos del toca ********************, en la que confirmó el auto de no vinculación a proceso, emitido a favor de ********************, por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en autos de la carpeta administrativa ********************. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues así lo reconoció la Magistrada Tercera y Presidenta de dicho Tribunal, al rendir su informe justificado; lo que se corrobora con las constancias que remitió a este juzgado. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. Una vez determinada la certeza del acto combatido y previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que surjan en el presente juicio, como lo dispone el numeral 62 de la Ley de Amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Cobra aplicación la jurisprudencia publicada en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación mil novecientos diecisiete a mil novecientos noventa y cinco, Tomo VI, Materia Común, visible a página 543, cuyo texto indica: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público, deben estudiarse previamente" En el presente caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 21, ambos de la Ley de Amparo. La fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, permite hacer operables otros supuestos de improcedencia que deriven de la interpretación de cualquier dispositivo de la propia norma legal; entre ellos, los criterios que se establezcan a través de la jurisprudencia del Pleno o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues son de observancia obligatoria para todos los tribunales del país. Así, en el presente asunto se actualiza la causa que ha establecido jurisprudencia, toda vez que el juicio de amparo es improcedente contra actos derivados de otros consentidos, tal y como lo sostiene la tesis 17, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 393973, de contenido siguiente: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA. El amparo es improcedente cuando se endereza contra actos que no son sino una consecuencia de otros que la ley reputa como consentidos." De ese criterio se advierte que, si el particular no se defendió de un acto anterior o precedente, se considera que las consecuencias que de éste se generen también deben aceptarse de modo conforme; esto es, que ya no se puede considerar expedito el derecho de defensa contra los actos derivados o consecuentes, al encontrar su fundamento en el acto anterior que se consintió. Es así, pues el acto derivado no tiene vida propia, sino que su existencia depende del primero, siendo el perjuicio la característica que permite identificar qué acto de autoridad es el primario y cuál su consecuente o derivado. Así, para que se actualice tal hipótesis es indispensable que se reúnan los siguientes elementos, a saber: a) La existencia de un acto anterior que sea fuente u origen del perjuicio y que hubiese sido consentido (primario); b) La existencia de un acto posterior que cuyo perjuicio irrogue esté fundado o encuentre sustento en el acto primario; esto es, que esté vinculado al precedente de tal forma que la materialidad del agravio que en él se consigne no pueda entenderse de forma autónoma o aislada, sino vinculada con el acto anterior; esto es, que el acto derivado sea en estricto sentido una mera consecuencia del primero, es decir, que entre el acto reclamado derivado y el anterior que fue consentido, exista una relación de causa a efecto que íntimamente los vincule, y c) Que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, pues en tal caso el amparo sí procederá sólo contra esos vicios. En el caso, de las constancias certificadas remitidas por la responsable, relativas a la carpeta administrativa ********************y el toca ********************, las cuales constituyen antecedentes del acto reclamado y merecen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al ser expedidas por una autoridad en el ejercicio de sus funciones, se desprende lo siguiente: 1. Por resolución de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, decretó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************, en la carpeta administrativa ********************, por los delitos de despojo de cosa inmueble y robo en pandilla, denunciados y querellados por ********************y ********************. 2. En acuerdo de veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, la Juez del conocimiento hizo constar que dicha determinación de primera instancia, sólo fue impugnada mediante el recurso de apelación, por ********************, defensor particular de la imputada ********************; por ********************, asesor jurídico de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas; por ********************, Fiscal adscrito a los Juzgados de Control del Centro Justicia Oral de Mérida, no así por las víctimas. Lo anterior, según se advierte, a pesar de que comparecieron a la audiencia relativa y se les hizo de su conocimiento que en contra del auto de no vinculación a proceso decretado, procede el recurso de apelación, de conformidad con lo establecido en los artículos 160 y 467 fracción VII y 471, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Asimismo, la juez de control hizo constar que el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, feneció el plazo para que las partes interpusieran ese medio de impugnación; por lo que se ordenó realizar lo conducente para la substanciación del recurso de apelación. 3. En fecha quince de febrero de dos mil veintiuno, la Magistrada Tercera y Presidenta de la Segunda Sala Colegiado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, recepcionó los referidos recursos de apelación interpuestos, sin que se hubiera hecho relación de algún otro recurso de apelación hecho valer por parte diversa. 4. Por resolución de siete de junio de dos mil veintidós, la Segunda Sala Colegiado del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, confirmó la determinación de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, que decretó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************; la cual constituye el acto reclamado en el presente juicio. En el caso particular, se advierte que el quejoso, en esencia, señala que le genera afectación la determinación emitida el siete de junio de dos mil veintidós, en el toca penal ********************, mediante la cual la Sala responsable confirmó el auto de no vinculación a proceso emitido en favor de la aquí tercero interesada, por su probable comisión en los hechos que encuadran en los delitos de despojo de cosa inmueble y robo en pandilla. Sin embargo, como se adelantó, se advierte que la afectación que refirió resentir el solicitante del amparo, se había decretado desde la resolución de primera instancia de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta administrativa ********************, por la Juez Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, en la que determinó no vincular a proceso a la aquí tercero interesada, como se precisó en líneas que anteceden. Así, se tiene que si hasta la emisión de la determinación de siete de junio de dos mil veintidós, emitida en el toca penal ********************, fue que el aquí quejoso promovió la demanda que dio origen a este asunto, resulta incuestionable que lo reclamado, se trata de una actuación derivada de un acto consentido; es así, porque la determinación que causa la afectación reclamada por la persona solicitante del amparo, relativa a que no se vincule a proceso a ********************, fue emitida desde el veinte de diciembre de dos mil veintiuno, sin que se advierta que haya sido combatida o impugnada a través del medio de defensa respectivo, en tanto que únicamente se advierte que las partes restantes apelaron dicha determinación. Lo anterior, ya que en esa resolución de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se plasmó que acorde a los antecedentes vertidos por la fiscalía, así como los razonamientos lógico-jurídicos argumentados por las partes técnicas, se decretó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************, por su probable comisión en los hechos que encuadran en los delitos de despojo de cosa inmueble y robo en pandilla; de allí que el acto que en el presente asunto se reclama es una consecuencia directa de esa determinación, por lo que lo combatido en este asunto deriva de un acto consentido por el quejoso. Al efecto, es importante señalar que los artículos 458, 459 y 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, fijan lo siguiente: "Artículo 456. Reglas generales Las resoluciones judiciales podrán ser recurridas sólo por los medios y en los casos expresamente establecidos en este Código. Para efectos de su impugnación, se entenderán como resoluciones judiciales, las emitidas oralmente o por escrito. El derecho de recurrir corresponderá tan sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución. En el procedimiento penal sólo se admitirán los recursos de revocación y apelación, según corresponda." "Artículo 458. Agravio Las partes sólo podrán impugnar las decisiones judiciales que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo. El recurso deberá sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que originaron ese agravio." "Artículo 459. Recurso de la víctima u ofendido La víctima u ofendido, aunque no se haya constituido como coadyuvante, podrá impugnar por sí o a través del Ministerio Público, las siguientes resoluciones: I. Las que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, cuando estime que hubiere resultado perjudicado por la misma; II. Las que pongan fin al proceso, y III. Las que se produzcan en la audiencia de juicio, sólo si en este último caso hubiere participado en ella. Cuando la víctima u ofendido solicite al Ministerio Público que interponga los recursos que sean pertinentes y éste no presente la impugnación, explicará por escrito al solicitante la razón de su proceder a la mayor brevedad." "Artículo 467. Resoluciones del Juez de control apelables Serán apelables las siguientes resoluciones emitidas por el Juez de control: I. Las que nieguen el anticipo de prueba; II. Las que nieguen la posibilidad de celebrar acuerdos reparatorios o no los ratifiquen; III. La negativa o cancelación de orden de aprehensión; IV. La negativa de orden de cateo; V. Las que se pronuncien sobre las providencias precautorias o medidas cautelares; VI. Las que pongan término al procedimiento o lo suspendan; VII. El auto que resuelve la vinculación del imputado a proceso; VIII. Las que concedan, nieguen o revoquen la suspensión condicional del proceso; IX. La negativa de abrir el procedimiento abreviado; X. La sentencia definitiva dictada en el procedimiento abreviado, o XI. Las que excluyan algún medio de prueba." De tales artículos se obtiene que el derecho de recurrir corresponderá sólo a quien le sea expresamente otorgado y pueda resultar afectado por la resolución; que las partes sólo podrán impugnar las determinaciones que pudieran causarles agravio, siempre que no hayan contribuido a provocarlo; y que el recurso debe sustentarse en la afectación que causa el acto impugnado, así como en los motivos que lo originaron. Asimismo, dispone que la víctima o la persona ofendida puede interponer diversos medios de impugnación, como el de apelación acorde a las hipótesis ahí precisadas. En este asunto, se tiene que no obstante de que las víctimas estaban legitimadas para apelar el auto de no vinculación a proceso dictado en favor de la aquí tercero interesada, acorde a la fracción VII del artículo 467 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no lo efectuaron, a pesar de que esa situación [no vincular a la aquí tercero interesada] impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Por ello, es que no se encontraba en un supuesto de excepción para que fuera exceptuada la parte aquí quejosa de agotar el principio de definitividad previo a la presentación de la demanda de amparo, en tanto que estaba legitimada para interponer el medio ordinario de impugnación, en su carácter de víctima. En apoyo a lo anterior, se cita el criterio jurisprudencial 1a./J. 54/2020 (10a.), con registro digital 2022501, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. LA VÍCTIMA U OFENDIDO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN EN SU CONTRA, PORQUE AFECTA INDIRECTAMENTE SU DERECHO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, EN LOS CASOS EN QUE ÉSTA PROCEDA, Y PORQUE CON DICHA LEGITIMACIÓN SE ASEGURA SU DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Hechos: En dos procesos penales en los que se decretó un auto de no vinculación a proceso, las víctimas impugnaron dicha determinación mediante el recurso de apelación. Los Tribunales Colegiados contendientes sostuvieron criterios distintos respecto de si el auto de no vinculación a proceso afecta la reparación del daño en perjuicio de la víctima u ofendido, y entonces resolvieron de forma diferenciada sobre la legitimación de las víctimas para apelar dicho auto. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que la víctima o parte ofendida del delito sí cuentan con legitimación para interponer el recurso de apelación en contra del auto de no vinculación a proceso, porque éste afecta de manera indirecta la reparación del daño. El auto de no vinculación a proceso tiene como consecuencia que no se continúe con la investigación, en su fase complementaria, y que no se lleve a cabo la etapa de juicio, en la que, de ser el caso, se declararía la culpabilidad del acusado y, por lo tanto, su correspondiente condena de reparar el daño. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales faculta expresamente a la víctima o parte ofendida para impugnar aquellas determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se hayan o no constituido en coadyuvantes del Ministerio Público. Esto legitima a la víctima o parte ofendida para apelar el auto de no vinculación a proceso, pues tal auto impide el desenvolvimiento de un proceso que entre sus culminaciones podría contener la condena a reparar el daño. Con dicha legitimación se asegura el derecho de acceso a la justicia de las víctimas o partes ofendidas, pues dadas las consecuencias que dicha determinación trae consigo, es de suma importancia que su legalidad sea controlada por el tribunal de alzada, para garantizar que la misma sólo se presentará en los casos en los que efectivamente no existen elementos para continuar con la investigación." Así, la afectación que combate el aquí quejoso, la resintió desde la referida resolución de primera instancia en la que se determinó no vincular a proceso a la inculpada, sin que hubiera sido impugnada por las víctimas -las cuales además participaron en el procedimiento-, aquí solicitante del amparo, por lo que de esa manera adquirió firmeza, al haber constituido una manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la determinación de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial y la Comisión Estatal de Víctimas. En apoyo a lo anterior, se cita por las consideraciones que la integran, la jurisprudencia 1a./J. 92/2010, con registro digital 162937, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN). Cuando el juzgador de primera instancia dicta sentencia condenatoria al considerar comprobados el delito y la responsabilidad penal del inculpado, pero en lo relativo a la reparación del daño resuelve absolverlo, ello se traduce en un agravio a la víctima impugnable mediante el recurso de apelación, independientemente de que también lo haga el Ministerio Público, pues ambos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas al representante social no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados al ofendido, quien también debe agotar sus medios de defensa. Así, en caso de que sólo el Ministerio Público interponga el recurso de apelación, y la ejecutoria de segundo grado confirme lo relativo a la reparación del daño, se concluye que el juicio de amparo directo promovido por el ofendido contra esta última resolución es improcedente en términos del artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo, porque dicho acto reclamado es la consecuencia de un acto consentido, pues la falta de impugnación constituye la manifestación de voluntad no subsanable por el hecho de que la sentencia de primera instancia haya sido apelada por la autoridad ministerial." En otro aspecto, con independencia de que la agente del Ministerio Público y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas apelaran la determinación de primera instancia, esa actuación no sustituyó el medio de impugnación que las victimas pudieron haber hecho valer, pues todos gozan de legitimación para ese efecto, y en tanto que las obligaciones constitucionales conferidas a la representante social y a la Comisión, no excluyen las prerrogativas y derechos otorgados a los ofendidos, quienes también deben agotar sus medios de defensa. Al caso, se cita el criterio XXIII.2o.1 P (11a.), con registro digital 2026208, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito, que señala: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA CUANDO LA VÍCTIMA DEL DELITO LO PROMUEVE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE CONFIRMA EL AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO DICTADO AL IMPUTADO, SI OMITIÓ INTERPONER EL RECURSO DE APELACIÓN Y SÓLO LO HIZO EL MINISTERIO PÚBLICO -LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE ZACATECAS ABROGADA- (APLICACIÓN POR ANALOGÍA E IDENTIDAD DE RAZÓN DE LA TESIS DE JURISPRUDENCIA 1a./J. 92/2010). Hechos: Al resolver el recurso de apelación interpuesto sólo por el Ministerio Público contra el auto de no vinculación a proceso dictado al imputado, la Sala determinó confirmar la sentencia recurrida y en su contra la víctima del delito promovió juicio de amparo indirecto, el cual se declaró improcedente, al estimarse actualizada la causa prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con los diversos 63, fracción V y 217, todos de la Ley de Amparo, porque el acto reclamado es consecuencia de otro consentido. Ello, en virtud de que la quejosa, previamente a instar la acción constitucional, debió interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, de contenido similar al artículo 450, fracción V, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas (abrogado), el cual debió aplicarse en el caso particular, en atención a la fecha en que ocurrieron los hechos delictivos. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo indirecto promovido por la víctima del delito contra la resolución que confirma el auto de no vinculación a proceso dictado al imputado es improcedente, si omitió interponer en su contra el recurso de apelación previsto en el artículo 450, fracción V, del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas (abrogado) y sólo lo hizo el Ministerio Público. Justificación: Lo anterior, porque de una interpretación armónica y sistemática de los artículos 116, 151, 437 y 450 del Código Procesal Penal para el Estado de Zacatecas (abrogado), la víctima está legitimada para impugnar el auto de no vinculación a proceso emitido por el Juez de Control, en la inteligencia de que si bien al Ministerio Público le corresponde el monopolio de la persecución e investigación de los delitos, lo que implica que es el único órgano competente para formular e impulsar la acusación delictiva, per se, ello no significa que la propia víctima no pueda coadyuvar en el proceso, así como impugnar las resoluciones respectivas. Además, de conformidad con los artículos 5o., 107 y 170 de la Ley de Amparo, es válido estimar que ésta no faculta al Ministerio Público para que promueva el juicio de amparo indirecto en favor de la víctima, situación que reafirma el hecho de que es el titular de la acción persecutoria y representante social, pero no sustituye a la víctima. Consecuentemente, para impugnar la legalidad de un auto de no vinculación a proceso, la víctima del delito sí está obligada a interponer el recurso de apelación previsto en el artículo 450, fracción V, mencionado (de texto análogo al artículo 467, fracción VII, del Código Nacional de Procedimientos Penales), previamente a promover el juicio de amparo indirecto, en atención a la tesis de jurisprudencia 1a./J. 92/2010, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por analogía e identidad de razón, de rubro: "AMPARO DIRECTO. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR EL OFENDIDO CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO, EN LO RELATIVO A LA REPARACIÓN DEL DAÑO, CUANDO AQUÉLLA CONFIRMÓ LO RESUELTO POR EL JUEZ NATURAL, Y SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO INTERPUSO EL RECURSO DE APELACIÓN (LEGISLACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y DE NUEVO LEÓN)." Así como en el diverso XVII.2o.P.A.5 P (11a.), con registro digital 2023570, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, que indica: "JUICIO DE AMPARO DIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE CONFIRMA EL SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. ES IMPROCEDENTE EL PROMOVIDO POR LA VÍCTIMA DEL DELITO, SI SÓLO EL MINISTERIO PÚBLICO APELÓ EL FALLO PRIMIGENIO, AUN CUANDO AQUÉLLA HAYA INTERPUESTO APELACIÓN ADHESIVA, PUES ÉSTA NO CONSTITUYE UN RECURSO AUTÓNOMO. Hechos: En un proceso penal el Juez de la causa decretó el sobreseimiento con efectos de sentencia absolutoria en favor del imputado; el Ministerio Público apeló la resolución y la víctima se adhirió a la misma; resolución que fue confirmada en segunda instancia, contra la cual la víctima del delito presentó demanda de amparo directo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que el juicio de amparo directo promovido por la víctima del delito contra la resolución de segunda instancia que confirma el sobreseimiento en la causa penal es improcedente, si sólo el Ministerio Público apeló el fallo primigenio, aun cuando aquélla haya interpuesto apelación adhesiva, pues ésta no constituye un recurso autónomo. Justificación: El artículo 459, fracción I, del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de que la víctima u ofendido impugne las determinaciones que versen sobre la reparación del daño causado por el delito, con independencia de que se haya o no constituido en coadyuvante del Ministerio Público. Precepto que lo legitima para apelar la sentencia de primer grado, a fin de que el órgano de segunda instancia estudie su legalidad, con el propósito de que la confirme, revoque o modifique, lo que favorece a sus derechos fundamentales, porque se le posibilita reclamar la correcta aplicación de la ley a través del citado medio de defensa. Por tanto, el recurso de apelación debió ser agotado previamente a la interposición del juicio de amparo, atento al principio de definitividad que, entre otros, rige en el juicio constitucional; omisión que, irremediablemente, actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo y conduce al sobreseimiento, en términos del diverso 63, fracción V, de la propia ley; sin que constituya obstáculo que la víctima u ofendido interpusiera el recurso de apelación adhesiva, porque éste no es un medio de defensa autónomo, sino secundario o derivado, pues el derecho a adherirse sólo surge cuando alguna de las otras partes ha interpuesto previamente el recurso de apelación ordinario, como lo prevé el artículo 473 del Código Nacional de Procedimientos Penales." En los que en esencia se determinó que si la víctima o la persona ofendida omitían interponer el recurso de apelación en contra de la determinación de primera instancia y solo lo realizó el ministerio público, esa situación conlleva a la improcedencia del asunto, aunque la última de las mencionadas, recurra la determinación de segunda instancia. En apoyo a lo anterior, se cita por las razones que lo integran, el criterio XVII.2o.P.A.3 P (11a.), con registro digital 2023568, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO EN MATERIA PENAL. SE ACTUALIZA LA CAUSAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XIII, DE LA LEY DE LA MATERIA, CUANDO EL QUEJOSO (VÍCTIMA DEL DELITO) LO PROMUEVE CONTRA LA SENTENCIA DE SEGUNDO GRADO QUE CONFIRMA LA DE PRIMERA INSTANCIA, RESPECTO DE LA CUAL NO INTERPUSO RECURSO ALGUNO, AL CONSTITUIR UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. Hechos: El quejoso (víctima del delito) promovió juicio de amparo directo contra la resolución emitida en el recurso de apelación interpuesto únicamente por la representación social, que confirmó la sentencia de primera instancia. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que si el quejoso (víctima del delito) promueve el juicio de amparo directo en materia penal contra la sentencia de segundo grado que confirma la de primera instancia, y ésta fue recurrida sólo por el Ministerio Público, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo, pues si no interpuso recurso alguno contra la resolución de primera instancia, ello constituyó un acto consentido; por tanto, la de segundo grado, contra la que pretende promover el juicio de amparo directo, resulta ser un acto derivado de otro consentido, en razón de que no modifica la situación jurídica del sentenciado. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 467, fracción VII y 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la parte ofendida estaba legitimada para interponer el recurso de apelación contra la sentencia de primer grado, razón por la que si sólo lo hizo la representación social, la resolución de segunda instancia impugnada por la víctima u ofendido del delito en el juicio de amparo directo constituye un acto derivado de otro consentido; de ahí que se actualiza la mencionada causal de improcedencia del juicio constitucional." Por tanto, se cumplen los elementos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, señalados como incisos a), b) y c) en párrafos precedentes. Es decir, por cuanto al inciso a), la existencia de un acto anterior al reclamado, que sea fuente u origen del perjuicio y que éste se hubiera consentido, se actualiza el supuesto con la resolución de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta administrativa ********************, en la que se decretó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************. El inciso b) también se cumple, con la determinación reclamada de siete de junio de dos mil veintidós, emitida en el toca penal ********************, que confirmó del auto de no vinculación a proceso, pues se advierte que es un acto posterior, cuyo perjuicio encuentra sustento en el acto anterior de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en la carpeta administrativa ********************, relativo al auto de no vinculación a proceso. Por cuanto al inciso c), consistente en que aun concurriendo las exigencias anteriores, el acto reclamado (secundario o derivado) no se impugne por vicios propios, igualmente se actualiza, dado que la determinación de siete de junio de dos mil veintidós, en el toca penal ********************, fue emitida sin que el aquí quejoso se inconformara respecto del auto primigenio, o que hubiere externado su inconformidad en la audiencia en que se adoptó esa determinación a pesar de que el artículo 471 del Código Nacional de Procedimientos Penales, prevé su trámite, sin que se requiera interpretación adicional. Por tanto, es claro que la determinación reclamada de siete de junio de dos mil veintidós, en el toca penal ********************, deriva de la que ya fue consentida por la parte quejosa, pues no se emite una nueva orden o determinación, sino que dicho acto reclamado fue dictado en los mismos términos precisados en la resolución de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en la carpeta administrativa ********************, en la que se decretó auto de no vinculación a proceso a favor de ********************; lo que en su momento oportuno el peticionario del amparo estuvo en condiciones de combatir. Aunado a lo anteriormente expuesto, se cita en apoyo, el criterio XXX.2o.3 K (11a.), con registro digital 2025623, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, de contenido siguiente: "ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. CUANDO SE RECLAMA EN EL JUICIO DE AMPARO SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA QUE ES DE ORIGEN JURISPRUDENCIAL, SIEMPRE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS AL EFECTO POR LA DOCTRINA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Hechos: Una persona promovió juicio de amparo indirecto contra actos emitidos en el periodo de ejecución de una sentencia dictada en primera instancia; seguido el curso del procedimiento, el Juez de Distrito, en lo que para el caso resulta relevante, estimó que uno de los actos reclamados era improcedente, en virtud de que derivaba de otro consentido, razón por la cual, al estimar actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, relacionada con sus diversas fracciones XII y XIV, así como con el artículo 217, ambos de la Ley de Amparo, sobreseyó en el juicio. Inconforme con dicha resolución, la persona quejosa interpuso recurso de revisión, alegando que no existe jurisprudencia del Alto Tribunal del país que establezca que cuando se reclama un acto que derive de otro consentido, se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que cuando en un juicio de amparo se reclama un acto que es derivado de otro consentido, se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo, la cual es de origen jurisprudencial. Lo anterior, siempre que se cumplan los requisitos establecidos por la doctrina de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a saber, que el acto: i) sea una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, ii) no se impugne por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos. Justificación: Es así, porque si bien algunos de los criterios del Alto Tribunal del país en que se ha desarrollado la causal de improcedencia citada son tesis aisladas y las mismas no son obligatorias y/o vinculantes en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, no puede desconocerse que sí tienen un grado orientador e, incluso, persuasivo para los juzgadores constitucionales, con independencia del "grado de vinculación" u "obligatoriedad" que suponen los llamados criterios aislados de la Suprema Corte Justicia de la Nación. Se considera de esta manera, ya que como se estableció en el recurso de reclamación 966/2020, resuelto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal: "la pericia reflejada en el precedente de la Suprema Corte y los valores de uniformidad garantizados por la adhesión nacional a una interpretación única, sugieren que los tribunales inferiores deben seguir acatando los precedentes del Tribunal Constitucional". Ello, pues precisamente asegura una medida de uniformidad de la aplicación del derecho. Además, en virtud de que la Primera y Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 126/2022-PS, 140/2003-PS, 18/2009 y 388/2012, así como los amparos en revisión 1067/2007, 104/2008, 1013/2016, 1016/2016 y 1061/2016, han reconocido de manera expresa por una parte e implícita en otra, que sí es posible sobreseer en el juicio cuando se reclamen actos que derivan de otros consentidos; aunado a que en estos asuntos no se desprende que la Corte Mexicana haya aclarado que el criterio de rubro: "ACTOS DERIVADOS DE ACTOS CONSENTIDOS. IMPROCEDENCIA.", no constituye jurisprudencia, o bien, hubiese indicado que los precedentes que la conformaron, al versar sobre otros tópicos no relacionados expresamente con la procedencia de la acción constitucional, la lleven a apartarse de lo ahí sostenido." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 21, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sin que sea necesario realizar el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues la actualización de algún motivo que haga improcedente el juicio, como acontece, impide pronunciarse sobre cualquier cuestión relacionada con el problema de fondo. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. Publicación de datos personales. Del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN"; Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. SÉPTIMO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se : RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
- Principal
SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADA POR MEDIO DE LISTA DE CONFORIDAD CON LOS ARITUCLOS 27 Y 29 DE LA LEYD E AMPARO RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, en contra del acto que reclama de la Segunda Sala Colegiada del Sistema de Justicia Penal Acusatorio del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad; por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Al causar ejecutoria, provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento con lo establecido en la consideración quinta de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración sexta de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y regístrese.
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