Miguel Ortiz Alejos

Expediente 933/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 3 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
933/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
03/10/2023

Partes del expediente

  • Miguel Ortiz Alejos

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Visto: agréguese a este expediente el oficio 8361 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual en relación a la solicitud formulada por auto de veintisiete de septiembre último, comunica que dicha Superioridad se declaró competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Miguel Ortiz Alejos y otros; la cual quedó registrada con el número de juicio de amparo directo 468/2023 de su índice. En tal virtud, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, y no existiendo razón alguna para que continúe el presente expediente en la Secretaría de este Juzgado, archívese como asunto total y definitivamente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General sin número, de diez de mayo de dos mil veintitrés, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente expediente es susceptible de destrucción y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. En términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción X, del citado acuerdo, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Notifíquese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Visto: toda vez que por acuerdo de veinte de junio de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido en este Juzgado Federal, el oficio 5265 del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual informó en su oportunidad, que se reservó admitir a trámite la demanda de amparo presentada por********************contra el acto que reclaman de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; la cual quedó registrada con el número de Amparo Directo ********************, de su índice. Y que a fin de determinar de manera indudable si se surtía en su favor dicha competencia, solicitó constancias conducentes a la Sala señalada como responsable. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, mediante oficio que se remita vía interconexión al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en esta ciudad, solicítese informe, de no tener inconveniente alguno al respecto, si se admitió a trámite la demanda de amparo presentada por los quejosos antes nombrados dentro del término legalmente establecido por la ley de la materia, misma que se le remitiera con motivo de la incompetencia planteada a su favor por este Juzgado Federal Lo anterior, a fin de que el suscrito se encuentra en la posibilidad de acordar lo que legalmente corresponda, con relación a este asunto. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio 5265 del Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, recibido vía electrónica en este Juzgado mediante el uso de la FIREL. Con el que acusa recibo del diverso oficio 14629/2023, del índice de este Juzgado, mediante el cual se remitió a dicho Tribunal el expediente 933/2023-II-B, con motivo de la competencia declinada a favor de esa Superioridad, del que aparece que el referido Tribunal requirió constancias a la autoridad responsable en ese asunto, a fin de determinar de manera indudable si se surte en su favor dicha competencia. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de junio de dos mil veintitrés. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA Vista la demanda de amparo promovida por********************solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, que según se desprende de la lectura integral de la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 74 fracción I, de la Ley de Amparo, como facultad exclusiva del juzgador federal, son los siguientes: La resolución de veintisiete de marzo de dos mil veintitrés, dictada en el toca ********************, que confirma el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, en el que no admitió a trámite el juicio de interdicto de obra nueva (expediente ********************) que promovieron los aquí quejosos en contra de ********************. FORMACIÓN EXPEDIENTE Y REGISTRO Al efecto, se acuerda: fórmese expediente, regístrese con el número 933/2023-II-B, y anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado. INCOMPETENCIA Ahora, con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, el suscrito declara que es legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo que se trata, como se expondrá a continuación: Los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 34, 45, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, así como 38, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a).- Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; [.] V.- El amparo contra sentencias definitivas, laudos o resoluciones que pongan fin al juicio se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito competente de conformidad con la ley, en los casos siguientes: a).- En materia penal, contra resoluciones definitivas dictadas por tribunales judiciales, sean éstos federales, del orden común o militares. b).- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencias definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. c).- En materia civil, cuando se reclamen sentencias definitivas dictadas en juicios del orden federal o en juicios mercantiles, sea federal o local la autoridad que dicte el fallo, o en juicios del orden común. En los juicios civiles del orden federal las sentencias podrán ser reclamadas en amparo por cualquiera de las partes, incluso por la Federación, en defensa de sus intereses patrimoniales, y d).- En materia laboral, cuando se reclamen resoluciones o sentencias definitivas que pongan fin al juicio dictadas por los tribunales laborales locales o federales o laudos del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de los Trabajadores al Servicio del Estado y sus homólogos en las entidades federativas; La Suprema Corte de Justicia, de oficio o a petición fundada del correspondiente Tribunal Colegiado de Circuito, del Fiscal General de la República, en los asuntos en que el Ministerio Público de la Federación sea parte, o del Ejecutivo Federal, por conducto del Consejero Jurídico del Gobierno, podrá conocer de los amparos directos que por su interés y trascendencia así lo ameriten. VI.- En los casos a que se refiere la fracción anterior, la ley reglamentaria señalará el procedimiento y los términos a que deberán someterse los Tribunales Colegiados de Circuito y, en su caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación para dictar sus resoluciones; [.]". "Artículo 2o. El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece esta Ley. A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho. [.]". "Artículo 34. Los tribunales colegiados de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo directo. La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma. [.]". "Artículo 45. Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Si se trata de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia, salvo en el caso previsto en el artículo 49 de esta Ley; si el órgano designado no pertenece al mismo circuito, únicamente podrá plantear la competencia por razón del territorio o especialidad, en términos del artículo 48 de esta Ley. [.]". "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante una jueza o un juez de distrito o ante un tribunal colegiado de apelación, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. La presidenta o el presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará a la quejosa o al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre juezas o jueces de distrito o tribunales colegiados de apelación. Si la competencia del tribunal colegiado de circuito aparece del informe justificado de la autoridad responsable, la jueza o el juez de distrito o tribunal colegiado de apelación se declarará incompetente conforme a este artículo, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito que estime competente para el efecto previsto en el párrafo anterior y lo comunicará a la autoridad responsable para que ésta en su caso, continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado conforme a lo establecido en esta Ley." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias condenatorias, absolutorias y de sobreseimiento, podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda. En materia penal el proceso comienza con la audiencia inicial ante el Juez de control; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo". "Artículo 38. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta Ley, son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer: I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate: a) En materia penal, de sentencias o resoluciones dictadas por autoridades judiciales del orden común federal, y de las dictadas en incidente de reparación de daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil pronunciadas por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión del delito de que se trate y de las sentencias o resoluciones dictadas por tribunales militares cualesquiera que sean las penas impuestas; b) En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; c) En materia civil o mercantil, de sentencias o resoluciones respecto de las que no proceda el recurso de apelación, de acuerdo a las leyes que las rigen, o de sentencias o resoluciones dictadas en apelación en juicios del orden común o federal, y d) En materia laboral, de laudos o resoluciones dictadas por juntas o tribunales federales o locales; [.]". Las disposiciones jurídicas transcritas prevén criterios inherentes a presupuestos procesales en el juicio de amparo directo, a saber: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido. b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito. c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, definió que el orden lógico para examinar el cumplimiento de los presupuestos procesales señalados, exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese aspecto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, examinar la procedencia del juicio de amparo. En ese sentido, el Pleno del Alto Tribunal del país determinó que los Tribunales Colegiados de Circuito son competentes para conocer de las demandas de amparo promovidas contra sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se agote el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo contra una sentencia de esa naturaleza, torna procedente la vía de tramitación directa, por tratarse de una sentencia definitiva y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito, el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Así lo dispone, la jurisprudencia P./J. 6/2015, del rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LAS DEMANDAS DE AMPARO PROMOVIDAS CONTRA SENTENCIAS QUE DECIDAN EL JUICIO DE ORIGEN EN LO PRINCIPAL, AUNQUE NO SE HAYA AGOTADO EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA PREVISTO PARA IMPUGNARLAS (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). De los artículos 107, fracciones III, inciso a), V y VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2o., 34, 45 y 170 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte la existencia de criterios que atañen a tres cuestiones que constituyen presupuestos procesales en el juicio de amparo directo: a) Procedencia de la vía, en cuanto a que su tramitación procede contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiendo por los primeros, las que decidan el juicio en lo principal, y, por las últimas, las que sin decidirlo en lo principal, lo den por concluido; b) Competencia, en cuanto a que son competentes para conocer de él los Tribunales Colegiados de Circuito; y, c) Procedencia en cuanto a que, por regla general, antes de acudir al juicio de amparo deben agotarse los recursos ordinarios establecidos en la ley aplicable (principio de definitividad). Ahora bien, la claridad en la apreciación de los indicados presupuestos procesales permite afirmar que el orden lógico para examinar su satisfacción exige analizar, en primer lugar, la procedencia de la vía directa de tramitación del juicio de amparo; posteriormente, satisfecho ese presupuesto, debe estudiarse la competencia del Tribunal Colegiado de Circuito y, de surtirse ésta, estudiar la procedencia del juicio de amparo; en la inteligencia de que la insatisfacción de un presupuesto procesal previo en su orden, impide que se aborden los siguientes. De lo anterior se concluye que el Tribunal Colegiado de Circuito es competente para conocer de las demandas de amparo promovidas en contra de sentencias que decidan el juicio de origen en lo principal, inclusive cuando no se hubiere agotado el medio ordinario de defensa previsto en la ley para combatirlas, pues promover el juicio de amparo en contra de una sentencia de esa naturaleza torna procedente la vía de tramitación directa por tratarse de una sentencia definitiva; y, al ser procedente su tramitación, se surte la competencia legal a favor del Tribunal Colegiado de Circuito el cual, en ejercicio de ésta, cuenta con la facultad necesaria para analizar la procedencia del juicio de amparo incluyendo, en su caso, la decisión sobre la satisfacción o no del principio de definitividad. Ello conduce a señalar que sobre dichas cuestiones, las tesis de jurisprudencia P./J. 40/97, P./J. 16/2003 y P./J.17/2003 (*) emitidas por este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se ocuparon de examinar el marco legal aplicable en la época de su emisión, no son acordes en lo conducente con el contenido de las disposiciones constitucionales y legales vigentes, por lo que serán aplicables sólo para los asuntos en los que rija la Ley de Amparo abrogada, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la actual ley en vigor." Luego, como se estableció anteriormente la quejosa reclama la resolución emitida por la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, en el toca de apelación ********************, que confirmó el auto de veintiséis de mayo de dos mil veintidós, dictado por la Juez Segundo Mixto de lo Civil y Familiar del Segundo Departamento Judicial del Estado, en el que determinó no admitir a trámite el juicio de interdicto de obra nueva (expediente ********************) que promovieron los aquí quejosos en contra de ********************. De tal manera, se advierte que la resolución que pretende reclamar en esta vía constitucional, consiste en la determinación de la Sala que confirmó la improcedencia del juicio intentado por los quejosos. En tal virtud, es evidente que el acto reclamado, en esta vía constitucional, encuadra en uno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo directo, pues, aun cuando no decide el fondo de la instancia, sí da por concluido el juicio, esencialmente, al confirmar la improcedencia decretada por el Juez de primera instancia. Por ende, el órgano de control de constitucionalidad competente para pronunciarse respecto de los actos reclamados con apego a la Carta Magna, es el Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad. Orienta lo antes expuesto, el criterio del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, cuyo rubro y texto señalan: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE LO CONFIRMA PROCEDE EL AMPARO DIRECTO. De los artículos 107, fracciones III, inciso a) y V, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, 34 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo se advierte que el amparo directo procede, entre otros supuestos, contra resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por éstas, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido y respecto de las cuales las leyes que rijan el acto no concedan un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los medios de impugnación. Ahora bien, la determinación que confirma el desechamiento de una demanda, constituye una resolución que pone fin al juicio de origen pues, sin decidir el fondo de la controversia, necesariamente se da por concluido el juicio, por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo." Por lo expuesto, fórmese el respectivo cuaderno de antecedentes y con fundamento en el artículo 47 de la Ley de Amparo, remítase este expediente a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimocuarto Circuito, para que a su vez, la turne al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa, del cual, atentamente, se solicita el acuse de recibo correspondiente y se sirva informar la determinación procedente. Hágase la anotación correspondiente en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene como representante común de la parte quejosa a ******************** DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que señala para tal fin en su demanda y como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************. En cuanto a ********************, se le tiene por autorizado, pero con las limitaciones a las que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, en su segundo párrafo, parte final, hasta en tanto acredite estar debidamente autorizado para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Debiendo no solamente proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización, sino proceder a su registro en los términos establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, que establece el sistema computarizado para el registro único de profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. En cuanto a las demás personas que señala como autorizadas, se les tiene con el indicado carácter, únicamente para los efectos precisados en el escrito de demanda. EXHORTACION A LAS PARTES PARA LA ACTUACIÓN A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA. Además, en atención a lo indicado en el artículo 263, fracción II, párrafo último, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de catorce de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes, a que con independencia del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Desde este momento y con fundamento en el artículo 21 de la citada Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales de este Juzgado realicen las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, a fin de lograr una justicia más pronta y expedita, evitando así acuerdos innecesarios, que sólo conlleven al retraso de las actuaciones judiciales. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN En cumplimiento al artículo 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de conformidad a lo dispuesto por la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 2, fracción XIV, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la misma, publicado el dos de abril de dos mil cuatro, en vigor al día siguiente. Que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos. Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales. En la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos. Asimismo, se les hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, pueden manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De acuerdo con el artículo 8° del citado Reglamento, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada, en términos de la fracción IV, del artículo 13 de la mencionada Ley. AUTORIZACIÓN DE REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES De conformidad con lo previsto por la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la utilización de cámara fotográfica, escáner o cualquier otro aparato de reproducción documental, respecto de las actuaciones que obran en este expediente. FORMACIÓN DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Fórmese el correspondiente expediente electrónico de conformidad con lo establecido en el Acuerdo General Conjunto 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la Integración y Trámite de Expediente Electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. TRAMITACIÓN DEL EXPEDIENTE VÍA ELECTRONICA Se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. PRECISIÓN RESPECTO DE LAS COPIAS Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar las constancias conducentes que integran el presente juicio, en el entendido que las constancias que cuenten con su respectiva evidencia criptográfica, harán las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y regístrese.

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