Miguel Enrique Ceballos León
Expediente 757/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 18 de septiembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 757/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 18/09/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Enrique Ceballos León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de uno de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio respecto al acto reclamado al actuario adscrito a la central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado. Por otra parte, en el segundo punto resolutivo se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se dejara insubsistente el embargo reclamado, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y demás consecuencias legales. Posteriormente, en auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 2540 de veintinueve de agosto último, informó que en proveído de esa fecha dejó insubsistente el embargo trabado sobre el predio trescientos cincuenta y seis, de la calle cuarenta y cinco letra "B", del Fraccionamiento Francisco de Montejo, del municipio de Mérida, inscrito a folio electrónico 399630 del sistema actual del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ordenando comunicar lo anterior a la Directora del Registro Público, a fin de que cancelara las anotaciones realizadas del referido embargo. Posteriormente, la citada Directora y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por oficios relacionados en proveído de uno de los corrientes, comunicaron que cancelaron el embargo decretado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 53/2014, inscrito sobre el predio de referencia. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables se encontraban obligadas a dejar insubsistente el embargo reclamado, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, lo que así realizaron y acreditaron, de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese personalmente al quejoso el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió con su demanda de amparo y que obran en autos, los cuales se le devolverán previa razón y recibo que se deje en este expediente. Apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente, de conformidad con lo acordado en los párrafos que anteceden. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de las constancias del Juicio Ejecutivo Mercantil 53/2014, que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.
- Principal
DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO EN VIGOR, SE NOTIFICA A LA PARTE quejosa EL PROVEÍDO DE DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: MÉRIDA, YUCATÁN, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de uno de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio respecto al acto reclamado al actuario adscrito a la central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado. Por otra parte, en el segundo punto resolutivo se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se dejara insubsistente el embargo reclamado, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y demás consecuencias legales. Posteriormente, en auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 2540 de veintinueve de agosto último, informó que en proveído de esa fecha dejó insubsistente el embargo trabado sobre el predio trescientos cincuenta y seis, de la calle cuarenta y cinco letra "B", del Fraccionamiento Francisco de Montejo, del municipio de Mérida, inscrito a folio electrónico 399630 del sistema actual del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ordenando comunicar lo anterior a la Directora del Registro Público, a fin de que cancelara las anotaciones realizadas del referido embargo. Posteriormente, la citada Directora y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por oficios relacionados en proveído de uno de los corrientes, comunicaron que cancelaron el embargo decretado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 53/2014, inscrito sobre el predio de referencia. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables se encontraban obligadas a dejar insubsistente el embargo reclamado, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, lo que así realizaron y acreditaron, de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese personalmente al quejoso el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió con su demanda de amparo y que obran en autos, los cuales se le devolverán previa razón y recibo que se deje en este expediente. Apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente, de conformidad con lo acordado en los párrafos que anteceden. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de las constancias del Juicio Ejecutivo Mercantil 53/2014, que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, DIECIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Visto el estado que guarda el presente asunto, se aprecia que en proveído de uno de septiembre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por la autoridad responsable, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera; por tanto, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). En sentencia dictada el ocho de agosto de dos mil diecisiete, en el primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio respecto al acto reclamado al actuario adscrito a la central de Actuaria de los Juzgados Civiles, Mercantiles y Familiares del Primer Departamento Judicial del Estado. Por otra parte, en el segundo punto resolutivo se le concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que se dejara insubsistente el embargo reclamado, su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado y demás consecuencias legales. Posteriormente, en auto de veinticinco de agosto de dos mil diecisiete, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, mediante oficio 2540 de veintinueve de agosto último, informó que en proveído de esa fecha dejó insubsistente el embargo trabado sobre el predio trescientos cincuenta y seis, de la calle cuarenta y cinco letra "B", del Fraccionamiento Francisco de Montejo, del municipio de Mérida, inscrito a folio electrónico 399630 del sistema actual del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, ordenando comunicar lo anterior a la Directora del Registro Público, a fin de que cancelara las anotaciones realizadas del referido embargo. Posteriormente, la citada Directora y Registrador, ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, por oficios relacionados en proveído de uno de los corrientes, comunicaron que cancelaron el embargo decretado en autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 53/2014, inscrito sobre el predio de referencia. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción I, de la Ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables se encontraban obligadas a dejar insubsistente el embargo reclamado, así como su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado, lo que así realizaron y acreditaron, de ahí que se consideren destruidos los actos atribuidos a las autoridades responsables, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del punto décimo primero del aludido Acuerdo General conjunto, notifíquese personalmente al quejoso el presente proveído, a fin de que acuda a este órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió con su demanda de amparo y que obran en autos, los cuales se le devolverán previa razón y recibo que se deje en este expediente. Apercibiéndolo de que en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con este expediente, de conformidad con lo acordado en los párrafos que anteceden. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de depuración, pues se concedió la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en el segundo párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Ahora bien, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado de los cuadernos incidentales, toda vez que existe el original, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Finalmente, no existe motivo legal alguno para que sigan al resguardo de la Secretaría de este Juzgado, las copias certificadas de las constancias del Juicio Ejecutivo Mercantil 53/2014, que la Juez Tercero Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, remitió con su informe justificado; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se gire, devuélvase el anexo de referencia, sin que sea necesario que dicha autoridad acuse recibo del mismo. Notifíquese, haciéndolo personalmente y cúmplase. se notifica al tercero interesado de conformidad con los articulos 27 y 29 de la ley de amparo.
- Principal
MÉRIDA, YUCATÁN, UNO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE. Para los efectos legales que correspondan, agréguense a los presentes autos los oficios de cuenta signados por la Directora y Registrador ambos del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, residentes en esta ciudad, así como los anexos que acompañan, que remiten en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. En tal virtud, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada juntamente con el diverso oficio relacionado en proveído de treinta y uno de agosto último, por el término de tres días hábiles, contados a partir del siguiente a aquel en que surta efectos la notificación de este acuerdo, para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Apercibidos que de no hacerlo dentro del plazo que para tal fin se les confiere, este Juzgado Federal resolverá lo conducente sobre el cumplimiento de la ejecutoria de mérito, con base en los elementos que obren en este expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y tercero interesada, y cúmplase.
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