Miguel Ek Díaz
Expediente 753/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 21 actuaciones registradas, la última del 5 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 753/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 21
- Última actuación
- 05/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Miguel Ek Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 21.
- Principal
Mérida, Yucatán, cinco de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia firmada en este juicio el diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que en su primer punto resolutivo SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice para lo anterior, el hecho de que aún no obren en autos las tarjetas de acuse de recibo de la totalidad de los oficios dirigidos a las autoridades responsables foráneas. Lo anterior, ya que la sentencia de mérito sólo podría causar perjuicio a la parte quejosa, toda vez que fue ésta quien directamente promovió la demanda de amparo contra el acto que consideró violatorio de sus derechos fundamentales, y hasta el día de hoy no interpuso el recurso pertinente que la Ley de Amparo prevé. Ahora bien, en relación con las autoridades responsables debe decirse que el artículo 87 de la Ley de Amparo, contempla que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las resoluciones que afecten directamente el acto que de cada una de ellas se haya reclamado, hipótesis que no se cumple en el presente asunto, toda vez que es una sentencia que sobreseyó en el presente juicio de amparo, y que por tanto, no afecta el interés que pudieran tener las autoridades en que sus actos subsistan. Es aplicable al caso, por analogía, la tesis aislada en Materia Común XI.3°.4 K, visible en la página 706, del Tomo VII, Junio de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, misma que es del tenor literal siguiente: "REVISIÓN, RECURSO DE. LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLO CONTRA UNA SENTENCIA DE SOBRESEIMIENTO. Tomando en cuenta que los recursos previstos por la Ley de Amparo, fueron consagrados por el legislador con el propósito de reparar los perjuicios sufridos por las partes en el juicio, con motivo de las determinaciones ilegalmente adoptadas por el órgano encargado de su tramitación; y que cuando se decreta el sobreseimiento en un juicio de amparo, queda intocado el acto reclamado y se dejan las cosas en el estado que guardaban antes del ejercicio de la acción constitucional; dicha resolución a quien en todo caso podría parar perjuicio sería al quejoso, pero no al tercero perjudicado ni a la autoridad responsable. Al segundo, porque las cosas quedan en el estado que se encontraban antes de promover el juicio, y a la última, porque no vincula su actuación en algún sentido, ni juzga sobre la constitucionalidad del acto reclamado, por lo que el primero es el único que está legitimado para interponer el recurso de revisión contra un fallo de sobreseimiento." En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, debiendo remitir por separado al archivo el cuaderno del incidente de suspensión, agregando al mismo copia autorizada del presente proveído. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, al ser un juicio de amparo sobreseído, y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el artículo 15 del citado acuerdo. Por tanto, se ordena que una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se proceda a la destrucción del presente cuaderno, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido. Asimismo, se hace la indicación que el cuaderno del incidente de suspensión que deriva del presente juicio es susceptible de conservación, pues se otorgó la suspensión provisional y definitiva solicitadas, lo anterior acorde con lo dispuesto en el artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General relativo. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la precisión de que este expediente físico coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el dieciséis de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en Mérida, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció Miguel Ek Díaz, por conducto de su defensor público José Francisco Moreno Tec, solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal contra de los actos emitidos por el Congreso de la Unión, con residencia en la Ciudad de México, y otras autoridades. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés, se radicó la demanda que quedó registrada con el número 753/2023-VIII-B; se desechó parcialmente la demandada respecto del Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, ambos con residencia en la Ciudad de México. Por otra parte, se admitió a trámite la demanda por las restantes autoridades responsables, se solicitó a las autoridades responsables sus informes justificados; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERA. Competencia. Este Juzgador, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, acorde a lo establecido en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, Constitucionales; 36, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 y 56, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación vigente, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Fijación de la litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. De acuerdo con el análisis integral de la demanda de amparo, este órgano de control constitucional advierte que el planteamiento de la parte quejosa en relación con el acto reclamado únicamente refiere a la inconstitucionalidad del artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales, no obstante, ello no implica que el análisis correspondiente deba ceñirse a tal aspecto dado que al tratarse de un amparo contra leyes los órganos de amparo se encuentra legitimados para introducir a la materia de la litis normas que no hayan sido expresamente señaladas como reclamadas, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, de modo que lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trate, a pesar de no haber sido señaladas expresamente en el escrito de demanda respectivo. En el caso, el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales expresamente reclamado, remite a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos para los efectos de la imposición de la prisión preventiva oficiosa, en tanto que el artículo 92 del citado ordenamiento especial establece que tratándose de los delitos previstos en los artículos 83, fracciones II y III; 83 Bis; 83 Ter, fracciones II y III; 83 Quat, fracción II; 84, y 85 Bis, fracción III de dicha ley, tratándose de armas de fuego y explosivos de uso exclusivo del Ejército, la Armada o la Fuerza Aérea, ameritan prisión preventiva oficiosa. En tanto que de acuerdo con el contenido de la demanda de amparo que da origen al presente juicio al aquí quejoso se le vinculó a proceso en relación con el hecho que la ley señala como el delito de posesión de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado en el artículo 83 Ter, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de manera que se trata de uno de los que ameritan prisión preventiva oficiosa. De manera que, en el caso, a pesar que el quejoso no precisó en su demanda como reclamado el artículo 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, el análisis que se emprenda en la presente sentencia debe abarcar el mismo, en atención a que forma parte del sistema normativo que limita la libertad personal tratándose de la prisión preventiva oficiosa. Al caso se invoca la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 938, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época, con registro 2017869 de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO. En atención a que la legislación de la materia y los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establecen que el Juez de amparo debe fijar la pretensión fundamental del quejoso y resolver de manera congruente con ello, se considera que cuando el tema esencial de la litis vincula necesariamente el examen de otras disposiciones legales, en virtud de la íntima relación o dependencia que existe entre éstas, por constituir un sistema normativo, lo conducente es que el estudio de constitucionalidad comprenda las normas vinculadas estrechamente dentro del sistema de que se trate, aunque no hubieran sido señaladas expresamente por el quejoso en el escrito de demanda, habida cuenta que de ello depende la posibilidad de emitir un pronunciamiento que resuelva de manera íntegra y congruente lo reclamado, pues lo contrario implicaría una violación al derecho fundamental de administración de justicia completa, sin que ello implique que el juzgador federal pueda variar la litis al introducir al estudio normas -no reclamadas- que no correspondan con la pretensión fundamental del quejoso o que no estén vigentes al momento de la presentación de su demanda, ya que la materia de la impugnación es lo que permite sostener la existencia de una conexión entre diversas disposiciones legales, por contener elementos normativos que se complementan entre sí, lo cual justifica la necesidad de realizar un análisis integral de ese articulado que guarda estrecha relación. Este criterio no implica que quede al arbitrio del juzgador incluir actos no reclamados y que no estén vinculados con la litis, ya que cuando se hace referencia a "sistema normativo", se alude al conjunto de normas que regulan una figura jurídica particular y que están íntimamente relacionadas, de manera que ese sistema no pueda operar sin alguna de ellas". En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." De manera que el quejoso Miguel Ek Díaz reclama: Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, En su carácter de CONGRESO DE LA UNIÓN, con sede en la Ciudad de México: "La expedición y sanción del DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución. ". Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México: La promulgación, publicación y ejecución del Derecho por el que se da el DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución.". Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro del Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: "La emisión de la resolución de fecha 12 de mayo de dos mil veintitrés, dentro de la carpeta judicial 32/2023, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado con residencia en la ciudad de Mérida, en la que determinó imponer a Miguel Ek Díaz, la media (sic) cautelar de prisión preventiva oficiosa, en aplicación del decreto de 19 de febrero de 2021 que se reclama". Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad: "La ejecución de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa". TERCERA. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (promoción 9701), Cámara de Diputados (promoción 9552) y Cámara de Senadores (promoción 10102), consistentes en la sanción, promulgación y ejecución del DECRETO, de fecha 19 de febrero de 2021, por el que se reforma y adiciona el artículo 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales; se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, en especial por contrariar lo dispuesto por los artículos 1°, 14, 16, 17, 19, 20 y 22 de la Constitución. Máxime, que respecto de las disposiciones normativas que se reclaman, no es necesario acreditar su existencia, atendiendo al principio de derecho de que las leyes no son objeto de prueba, reconocido por los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto en su numeral 2. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 65/2000, sostenida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Agosto de 2000, página 260, con número de registro 191452, de rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." También es cierto el acto reclamado al Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro del Justicia Penal Federal en el Estado y Director del Centro de Reinserción Social, ambos con residencia en esta ciudad, pues así lo reconocieron al emitir sus informes justificados. Lo anterior se corrobora con las constancias que integran el expediente electrónico de la causa penal 32/2023, las que alcanzan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, toda vez que constituyen documentales públicas, además que respecto a la segunda se trata de una videograbación de la actuación llevada a cabo por la responsable que tiene la certificación de la fecha y lugar en que fue realizada, así como de los hechos que contiene. Apoya lo anterior, la tesis de Jurisprudencia número 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 231, que indica: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que se cierto el acto que se le reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este acto." Así como la jurisprudencia 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 10ª Época, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, página 703, con número de registro 2004362, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTA. Estudio de las causas de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que obliga a sobreseer en el presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, de la citada ley. Los invocados preceptos, precisan en su contenido: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;. Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior. Así, un cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de amparo, y la nueva resolución, dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Se cita al caso, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Novena Época, con registro 199808, de rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En relación a lo anterior, se tiene que de las constancias que integran este sumario constitucional, se aprecia lo siguiente: 1. Mediante audiencia de doce de mayo de dos mil veintitrés, emitida en la causa penal 32/2023, del índice de la responsable, se calificó de legal la detención, del quejoso Miguel Ek Díaz, pues indicó que se actualizó y justificó la hipótesis prevista en los artículos 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales y 92 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos (promoción electrónica 8308 -informe con justificación-). 2. En esa propia audiencia se le vinculó a proceso, por su posible intervención en la comisión del hecho que la ley señala como delito de posesión de arma de fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos. 3. Mediante escrito recibido el quince de agosto de dos mil veintitrés, el defensor del quejoso -posterior a la audiencia constitucional celebrada- hizo del conocimiento de este juzgado que el directo quejoso Miguel Ek Díaz, se acogió al procedimiento especial abreviado, en el que entre otras cosas, se le concedió el beneficio de condena condicional, al que se acogió, por lo que recobró su libertad personal (promoción 12722). 4. De la consulta al expediente electrónico puesto a disposición de este juzgado por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el estado de Yucatán, en funciones de Juez de Control, se aprecia que en audiencia de cuatro de agosto del año en curso, resultó procedente el procedimiento abreviado solicitado por el agente del Ministerio Público de la Federación que interviene en el proceso penal de origen, y por resolución de esa propia fecha, se emitió sentencia condenatoria en la que se resolvió sobre su responsabilidad penal en el delito señalado de posesión de arma de fuego de Uso Exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicanos, imponiendo las penas correspondientes, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como el otorgamiento de los beneficios ahí mencionados. En consecuencia, si bien es cierto que la parte quejosa reclamó la violación de los artículos 1, 14, 16, 17, 19, 20 y 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo cierto es que, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo, el propio quejoso se conformó con la prosecución del procedimiento abreviado, renunciando expresa y voluntariamente a la interposición de los recursos que contempla el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que originó se dictara la sentencia definitiva, la cual se declaró firme atento a dichas renuncias y, con motivo de lo anterior, se dejaron sin efectos las medidas cautelares impuestas al aquí quejoso. Bajo esa circunstancia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia, al existir un cambio en la situación jurídica del peticionario del amparo, quien ahora se encuentra sujeto a los beneficios y condiciones señalados en la nueva resolución, pues incluso en la audiencia de cuatro de agosto en curso, se advierte que se tuvo al quejoso por acogido al beneficio de la condena condicional, ordenándose su libertad. De modo que la prisión preventiva oficiosa que constituyó el acto reclamado ya no puede ser analizada, pues de cierto modo ha quedado sustituida con la sentencia de cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Resulta aplicable el criterio jurisprudencial sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la foja 1279, del Libro VIII, Mayo de 2012, Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro digital 2000902, que menciona: "SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. LOS JUECES DE DISTRITO ESTÁN FACULTADOS PARA DECRETARLO VALORANDO PRUEBAS DOCUMENTALES APORTADAS CON POSTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL DE LAS QUE APAREZCA PROBADA O SOBREVENGA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Es cierto que las pruebas documentales en el juicio de amparo deben ofrecerse y desahogarse, por regla general, a más tardar en la audiencia constitucional prevista en el artículo 155 de la Ley de Amparo, de manera que las exhibidas con posterioridad a su celebración no podrán tomarse en cuenta, pues de hacerlo se vulneraría la unidad jurídica de dicha actuación procesal, concebida como una secuencia en la cual se ofrecen y desahogan pruebas, se oyen los alegatos y se dicta la sentencia, además de que se menoscabaría el principio de igualdad entre las partes, pues la recepción de pruebas a uno de los contendientes fuera de dicha diligencia implicaría dejar en estado de indefensión a su contraparte, quien sólo puede objetarlas dentro de dicho acto procesal; empero, esta regla general no opera cuando se acredite alguno de los supuestos de sobreseimiento previstos en el artículo 74 de la Ley de Amparo con pruebas documentales exhibidas con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, pues en este caso, dicho precepto legal no hace limitación alguna, por lo que el juzgador se encuentra facultado para sobreseer en el juicio valorando tales pruebas cuando aparezca probada o sobrevenga una causa de improcedencia." Lo anterior impide realizar pronunciamiento alguno en torno a los conceptos de violación que hicieron valer los quejosos en su demanda de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 49, del tomo 24 tercera parte, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTA. Protección de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SEXTA. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. SÉPTIMA. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto, considerado y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 77, 215, 216, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Miguel Ek Díaz, en relación con el acto reclamado a las autoridades responsables, por los motivos señalados en la consideración cuarta de esta sentencia. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en la consideración séptima de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a este cuaderno de antecedentes para los efectos legales correspondientes, el escrito presentado vía electrónica, mediante el uso de la FIREL de José Francisco Moreno Tec, Defensor Público Federal del quejoso Miguel Ek Díaz. Y en atención a su contenido, tómese en consideración el escrito de cuenta al momento de resolverse en definitiva el presente asunto. Finalmente, en el momento procesal oportuno, agréguese este cuaderno de antecedentes al expediente principal, para los efectos legales correspondientes. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio a las partes del informe justificado que se relaciona en el proveído de veintidós de junio del año en curso. Por tal motivo, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las ONCE HORAS CON VEINTIOCHO MINUTOS DEL CATORCE DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, como nueva hora y fecha para su celebración. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número P./J.54/2000, publicada en la página 5 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril del dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 191,995, del IUS Intranet, que dice: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DIAS DE ANTICIPACION A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACION, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en un aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario." Notifíquese y cúmplase.
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