Miguel Efraín Arcila González

Expediente 1482/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 12 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1482/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
12/12/2019

Partes del expediente

  • Miguel Efraín Arcila González

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo número 1482/2019-II-A, promovido por *****, en contra de los actos que reclama del Gobernador Constitucional del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció **, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama al Gobernador Constitucional del Estado, al Secretario de Seguridad Pública y a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, todas con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Previo cumplimiento dado al requerimiento de veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, por auto de cinco de noviembre siguiente, se admitió a trámite la demanda, la cual quedó previamente registrada con el número 1482/2019-II-A; se solicitó su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; se dio la intervención legal que compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Tribunal, se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada, con entrega de copia de la demanda y copia autorizada del auto admisorio; y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 37 de la Ley de Amparo, 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de la Litis constitucional. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados que se desprenden del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En este orden de ideas, del análisis integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de autorizar el auxilio de la fuerza pública, para la entrega del predio marcado con el número cuatrocientos ochenta y ocho de la calle noventa y nueve, de esta ciudad de Mérida, Yucatán, solicitado por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, mediante oficio número 1917, en autos del juicio ordinario civil 934/2017. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a la Juez Tercero de lo Civil del Primer Departamento Judicial y Gobernador, ambos del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues, por lo que ve a la primera, no obstante que lo negó al rendir su informe, a continuación realizó manifestaciones que evidencian su certeza, pues es su obligación velar por el cumplimiento de sus determinaciones; y por lo que se refiere a la segunda, así lo manifestó por conducto de su Consejero Jurídico. Es aplicable la jurisprudencia 278, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos treinta y uno, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Quinta Época, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a estudiar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Igualmente es cierto el acto reclamado al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, pues no obstante el Director Jurídico de dicha Secretaría lo negó al rendir su informe justificado; debe considerarse de inminente realización, por derivar de manera directa y necesaria de otro preexistente. CUARTO. Inexistencia de causales de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No es óbice a lo anterior, que la tercero interesada Lidia Noemí García González, hubiese hecho valer diversas causas de improcedencia, sin embargo las mismas no pueden ser analizadas, ya que no expuso de manera adecuada las razones por las cuales estima que se actualizan, ya que en todos los casos se limitó a realizar meras afirmaciones sin sustento, relacionadas con la personalidad del promovente (sic), las cuales en todo caso, debieron ser materia de su defensa en el controvertido de origen, pero no en el presente juicio de amparo, cuya litis se centra en determinar si las responsables han transgredido o no en perjuicio del quejoso, sus derechos consagrados en el artículo 17 Constitucional, en relación con la autorización de la fuerza pública que se determinó en el juicio 934/2017, que promovió el aquí quejoso en contra de la tercero interesada señalada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Octubre de 2006, Materia(s) Común, Tesis 2a./J. 137/2006, en la página 365, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE INVOCA COMO CAUSAL ALGUNA DE LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE LA MATERIA, SIN EXPRESAR LAS RAZONES QUE JUSTIFIQUEN SU ACTUALIZACIÓN, EL JUZGADOR DEBERÁ ANALIZARLA SÓLO CUANDO SEA DE OBVIA Y OBJETIVA CONSTATACIÓN. Por regla general no basta la sola invocación de alguna de las fracciones del artículo 73 de la Ley de Amparo para que el juzgador estudie la improcedencia del juicio de garantías que plantee la autoridad responsable o el tercero perjudicado, sin embargo, cuando aquélla sea de obvia y objetiva constatación; es decir, que para su análisis sólo se requiera la simple verificación de que el caso se ajusta a la prescripción contenida en la norma, deberá analizarse aun sin el razonamiento que suele exigirse para justificar la petición, toda vez que en este supuesto bastará con que el órgano jurisdiccional revise si se trata de alguno de los actos contra los cuales no proceda la acción de amparo, o bien si se está en los supuestos en los que conforme a ese precepto ésta es improcedente, debido a la inexistencia de una pluralidad de significados jurídicos de la norma que pudiera dar lugar a diversas alternativas de interpretación. Por el contrario, si las partes hacen valer una causal de improcedencia del juicio citando sólo la disposición que estiman aplicable, sin aducir argumento alguno en justificación de su aserto, no obstante que para su ponderación se requiera del desarrollo de mayores razonamientos, el juzgador deberá explicarlo así en la sentencia correspondiente de manera que motive las circunstancias que le impiden analizar dicha causal, ante la variedad de posibles interpretaciones de la disposición legal invocada a la que se apeló para fundar la declaración de improcedencia del juicio." QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. Resultan fundados los conceptos de violación esgrimidos por el quejoso y suficientes para concederle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Así, de la lectura de la demanda se advierte que la parte peticionaria del amparo se queja del señalado acto por considerarlo violatorio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 17 Constitucional; esto es, de la denegación de justicia por parte de la responsable al omitir acordar respecto del requerimiento realizado por una autoridad judicial, a fin de que se proporcione el relativo auxilio de la fuerza pública. Lo anterior resulta fundado; y para llegar a tal conclusión es menester hacer unas breves acotaciones en torno al citado precepto constitucional. La disposición constitucional que se considera violada, a la letra dice: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. Siempre que no se afecte la igualdad entre las partes, el debido proceso u otros derechos en los juicios o procedimientos seguidos en forma de juicio, las autoridades deberán privilegiar la solución del conflicto sobre los formalismos procedimentales. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Las sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa citación de las partes. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. La Federación y las entidades federativas garantizarán la existencia de un servicio de defensoría pública de calidad para la población y asegurarán las condiciones para un servicio profesional de carrera para los defensores. Las percepciones de los defensores no podrán ser inferiores a las que correspondan a los agentes del Ministerio Público. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil." El derecho fundamental contenido en el artículo 17 de la Constitución Federal, fue garantizado por el Constituyente a fin de que cualquier persona pueda acudir ante los tribunales y que éstos le administren justicia, ya que las contiendas que surgen entre los gobernados necesariamente deben ser dirimidas por un órgano del Estado facultado para ello, ante la imposibilidad de que los particulares se hagan justicia por sí mismos. La reserva de ley, en virtud de la cual el precepto constitucional señala que la justicia se administrará en los plazos y términos que fijen las leyes, no debe interpretarse en el sentido de que se otorga al legislador la facultad para reglamentar el derecho a la justicia de manera discrecional sino que, con esa reglamentación, debe perseguir la consecución de sus fines, los que no se logran si entre el ejercicio del derecho y su obtención se establecen trabas, etapas previas o dilaciones no previstas en el texto constitucional, lo que quiere decir que las autoridades judiciales deben tener a su alcance, los medios adecuados para cumplimentar eficaz y prontamente sus determinaciones. De tal suerte que, el derecho humano de seguridad jurídica establecido en dicho precepto en favor del gobernado en este caso, se traduce en la imposibilidad que tienen las autoridades judiciales o tribunales (incluso las auxiliares en la administración de justicia) de retardar o entorpecer indefinidamente la función de administrar justicia, teniendo, en consecuencia, la obligación de sustanciar y resolver los juicios ante ella ventilados dentro de los términos consignados en las leyes procesales respectivas. La obligación estatal que se deriva de este derecho humano de seguridad jurídica es eminentemente positiva, puesto que las autoridades estatales judiciales o tribunales tienen el deber de actuar en favor del gobernado, en el sentido de despachar los negocios en que éste intervenga, en forma expedita de conformidad con los plazos procesales. Partiendo de las anteriores premisas, del análisis y valoración a que se sujetaron las constancias de autos, se advierte la falta de cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, ya que la responsable manifestó que mediante oficio 1917 de dos de septiembre del año en curso, suscrito por la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, le solicitó el auxilio de la fuerza pública, derivando su inconstitucionalidad en que el numeral antes mencionado establece, como derecho fundamental, que la administración de justicia se imparta por los jueces y tribunales designados al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Por lo cual, el actuar de la autoridad responsable en cita como auxiliar del órgano jurisdiccional resulta contrario a dichas obligaciones con el consiguiente menoscabo de la impartición rápida y efectiva de justicia. En esta tesitura, si el referido oficio fue emitido el dos de septiembre de dos mil diecinueve y recibido por la autoridad responsable el once siguiente; es inconcuso que supeditar su otorgamiento hasta que las actividades del Poder Ejecutivo y sus dependencias lo permitan, implica un excesivo retardo en la administración de justicia, lo que se traduce en el incumplimiento material de un mandato de órgano jurisdiccional, que se origina a raíz del ejercicio de un derecho promovido por un particular. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia XIV.2o. J/21, del entonces Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, que establece: "FUERZA PÚBLICA. LA OMISIÓN DE SU AUXILIO OPORTUNO PARA CUMPLIMENTAR LAS DECISIONES JUDICIALES EN MATERIA CIVIL, IMPLICA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE YUCATÁN). Atento lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que establezcan las leyes; asimismo, el artículo 4o., fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Yucatán, dispone que están obligados a prestar auxilio al Poder Judicial en la administración de justicia la Secretaría de Protección y Vialidad y la Policía Judicial del Estado, así como las demás corporaciones policíacas en la entidad; el artículo 5o. siguiente, señala que el Ejecutivo del Estado facilitará el ejercicio de las funciones que en su caso correspondan a dichas autoridades y el artículo 47 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Yucatán, establece que cuando no se señala término para la práctica de un acto o para el ejercicio de algún derecho, se entenderán concedidos tres días. En este orden de ideas, resulta claro que cuando las autoridades administrativas actúan en auxilio de la función jurisdiccional, sus actos u omisiones están en aptitud de vulnerar los derechos subjetivos públicos del gobernado relacionados en el citado dispositivo constitucional, toda vez que aunque se trata de órganos formalmente administrativos, su intervención en esa hipótesis está inmersa en la función jurisdiccional. En consecuencia, cuando el secretario de Protección y Vialidad del Estado omite ejecutar de facto una orden del gobernador del Estado emitida en relación a una resolución de la autoridad judicial dentro del término a que se refiere el artículo 47 del código procesal mencionado, tal conducta se traduce en el incumplimiento material de un mandato del órgano jurisdiccional, que se origina merced al ejercicio de un derecho promovido por un particular y, por ende, su omisión es violatoria de la garantía constitucional consagrada en el invocado artículo 17 de la Carta Magna; sin que deba soslayarse que también incumple con lo establecido en la fracción I del artículo 39 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Yucatán, que señala que para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo, dichos servidores deberán cumplir con la máxima diligencia el servicio que les sea encomendado y abstenerse de cualquier acto u omisión que cause la suspensión o deficiencia de su servicio o implique abuso o ejercicio indebido de un empleo, cargo o comisión." Por tanto, al resultar fundados los conceptos de violación planteados y toda vez que en la especie se advirtió que la conducta omisiva de las autoridades responsables Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado como ordenadora; Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, como ejecutoras, todas residentes en esta ciudad, resulta contraria a lo dispuesto en el artículo 17 constitucional. Lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal que insta, para el efecto de que la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta capital, reitere su solicitud de auxilio de la fuerza pública al Gobernador Constitucional de esta entidad; y por parte de este último de inmediato, acuerde el auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado y lo haga del conocimiento a esta última autoridad, en autos del expediente de origen 934/2017. En el entendido que deberá comunicarlo al Secretario de Seguridad Pública del Estado, para el efecto de que, en su carácter de autoridad ejecutora, con la misma prontitud proporcione al órgano jurisdiccional de primer grado, los elementos policíacos a su mando necesarios para poder llevar al cabo la diligencia de mérito, con el fin de que la sentencia protectora cumpla con sus efectos. SEXTO. Oposición a la publicación de datos personales. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, en vigor, es de resolverse y se RESUELVE: PRIMERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ************, contra el acto que reclama a la Juez Tercero Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, al Gobernador Constitucional del Estado y al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta ciudad; concesión que se otorga para los efectos precisados en el considerando quinto de este fallo. SEGUNDO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. CUARTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. NOTIFÍQUESE y regístrese.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de diciembre de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a este expediente, el alegato ministerial 393/2019, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que podrá ser tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase en su oportunidad la copia solicitada, previo recibo que se otorgue en estos autos. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Visto: agréguese a este expediente el escrito de la tercera interesada **********, mediante el cual realiza diversa manifestaciones en vía de alegatos, con relación a los actos reclamados por la parte quejosa, a las autoridades señaladas como responsables. Al efecto, ténganse por vertidas sus alegaciones para ser tomadas en consideración al celebrarse la audiencia constitucional. Asimismo, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado para tal fin en el escrito de cuenta y por designado como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel René Cruz Celis. En cuanto a las demás personas que señala con dicho carácter, se les tiene por autorizados únicamente para los efectos precisados en dicho escrito. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a los autos el informe justificado rendido por el Consejero Jurídico, en su carácter de representante del Gobernador del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y anexos que acompaña. Con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la autoridad oficiante, la documental que anexó a su informe de ley, tómese en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Por otra parte, como lo solicita la referida responsable, téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones, así como a sus delegados en términos del artículo 9° de la Ley de Amparo, los señalados para tal fin en su informe de mérito. Notifíquese y cúmplase.

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