Miguel Edmundo Candila Noh

Expediente 837/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 18 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
837/2018
Año
2018
Actuaciones
18
Última actuación
23/11/2018

Partes del expediente

  • Miguel Edmundo Candila Noh

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintitrés de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, residente en esta ciudad, así como el anexo que acompaña, que remite en relación al cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. Sin embargo, no es el caso dictar mayores providencias, toda vez que mediante proveído de catorce de noviembre actual se tuvo por cumplido el fallo protector en el presente juicio y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de treinta de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna en el término concedido para tal efecto, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó a ambas partes el siete de noviembre actual por medio de la lista de estrados, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán y con sede en esta capital, para el efecto que: "... el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y lo haga del conocimiento del aquí quejoso. En la inteligencia, que la concesión del amparo se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado, al no impugnarse sus actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia." (foja 47). Posteriormente, en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veintitrés de octubre del presente año, comunicó que por oficio de veintisiete de septiembre del año en curso el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud que le hizo la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que fueron requeridas (fojas 65 y 66). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio de dieciocho de octubre pasado que la responsable emitió para tal efecto (foja 67). Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de treinta de octubre último, informó que programó las diez horas con treinta minutos del catorce de noviembre del año en curso para que con auxilio de la fuerza pública tenga verificativo la diligencia ordenada por la referida juez en el expediente 616/2012, a fin de desalojar el predio número ochocientos treinta y cinco, letra "G", de la calle cincuenta y uno, letra "A", del fraccionamiento Ciudad Caucel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 76 y 77). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del saber del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado programó la fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia ordenada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente ministerial de la adscripción y por lista a la tercero interesada, y cúmplase.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Mérida, Yucatán, catorce de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto y la cuenta que antecede, se aprecia que mediante proveído de treinta de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa y tercero interesada con lo informado por las autoridades responsables en relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Asimismo, en dicho auto se les apercibió que en caso de no hacer manifestación alguna en el término concedido para tal efecto, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La notificación del acuerdo de mérito se realizó a ambas partes el siete de noviembre actual por medio de la lista de estrados, sin que a la fecha hubieran hecho manifestación alguna al respecto. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días hábiles que les fue otorgado, este órgano de control constitucional procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por las autoridades responsables, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Cobra aplicación al caso, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)." En sentencia dictada el veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho, en el primer punto resolutivo se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional y Secretario de Seguridad Pública, ambos del Estado de Yucatán y con sede en esta capital, para el efecto que: "... el Gobernador Constitucional de esta entidad, de inmediato, acuerde lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fue solicitado por la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y lo haga del conocimiento del aquí quejoso. En la inteligencia, que la concesión del amparo se hace extensiva al Secretario de Seguridad Pública del Estado, al no impugnarse sus actos por vicios propios, sino en vía de consecuencia." (foja 47). Posteriormente, en auto de dieciséis de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo por ejecutoriada la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. A fin de cumplir con la sentencia de amparo, la Delegada del Gobernador Constitucional del Estado, mediante misiva relacionada en proveído de veintitrés de octubre del presente año, comunicó que por oficio de veintisiete de septiembre del año en curso el Gobernador del Estado acordó lo conducente respecto a la solicitud que le hizo la Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, ordenando al Secretario de Seguridad Pública del Estado que de inmediato proporcionara el auxilio de la fuerza pública a su cargo y en las condiciones que fueron requeridas (fojas 65 y 66). Determinación que conforme a lo ordenado en la ejecutoria de amparo, hizo del conocimiento del quejoso, según se advierte de la constancia de notificación que obra al reverso de la copia certificada del oficio de dieciocho de octubre pasado que la responsable emitió para tal efecto (foja 67). Por su parte, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, mediante oficio relacionado en auto de treinta de octubre último, informó que programó las diez horas con treinta minutos del catorce de noviembre del año en curso para que con auxilio de la fuerza pública tenga verificativo la diligencia ordenada por la referida juez en el expediente 616/2012, a fin de desalojar el predio número ochocientos treinta y cinco, letra "G", de la calle cincuenta y uno, letra "A", del fraccionamiento Ciudad Caucel, de esta ciudad de Mérida, Yucatán (fojas 76 y 77). En tales condiciones, como se advierte de las constancias remitidas, el Gobernador Constitucional acordó lo conducente respecto del auxilio de la fuerza pública que le fuera solicitado por la juez del conocimiento y lo hizo del saber del quejoso, mientras que el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado programó la fecha y hora para que con el apoyo de la fuerza pública se llevara a cabo la diligencia ordenada, lo que así realizaron y acreditaron. Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que las nombradas autoridades responsables dieron cumplimiento a la ejecutoria de amparo, de ahí que se consideren destruidos los actos que se les atribuyeron, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno que se lleva en este Tribunal, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de depuración. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto; por lo que, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el juicio principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el Libro de Gobierno respectivo, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la agente ministerial de la adscripción y por lista a la tercero interesada, y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, se acuerda: de la lectura de la constancia levantada el treinta de octubre pasado por el actuario adscrito a este juzgado, se advierte que por las razones que expone no le fue posible notificar personalmente a la tercero interesada Josefa Antonia Koyoc Sánchez, el auto de treinta de octubre del año en curso. En consecuencia, hágase a la referida parte la notificación del citado acuerdo, y las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, residente en esta ciudad, que remite en relación con el cumplimiento de la sentencia pronunciada en este juicio. Sin que sea el caso hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que la autoridad oficiante mediante diversa misiva relacionada por auto de treinta de octubre pasado, comunicó lo contenido en su oficio de cuenta y en el propio auto se ordenó dar vista de cumplimiento a las partes por estimarse procedente. Notifíquese como está ordenado y cúmplase.

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