María Guadalupe Barrera Caudillo
Expediente 822/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 822/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 23/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Barrera Caudillo
- Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos Especiales adscrito a la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
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Morelia, Michoacán, a veintitrés de noviembre de dos mil veintidós. VISTO ESTADO DE AUTOS; CAUSA ESTADO Vista la certificación que antecede, se desprende que ha transcurrido el término que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra del auto de veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó la demanda de amparo promovida por ********************; en tal virtud, se acuerda lo siguiente: Con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído para todos los efectos legales correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO FÍSICO Ahora, visto el estado de autos, se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el cuaderno de antecedentes de amparo en que se actúa, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En consideración a lo anterior y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente cuaderno de antecedentes de amparo no se considera de relevancia documental, con fundamento en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente cuaderno de antecedentes de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el artículo 22 del citado acuerdo. Una vez que concluya el plazo referido en el párrafo anterior contado a partir de esta fecha, destrúyase este expediente dentro de los treinta días siguientes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz, secretario que autoriza. Doy fe.-
- Principal
POR MEDIO DE LISTA NOTIFICO A LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO: Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el acta levantada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual se hace constar que la quejosa María Guadalupe Barrera Caudillo (denunciante dentro de la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado), compareció a ratificar su libelo de demanda que presentó el treinta y uno de agosto de la presente anualidad en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, dando así cumplimiento al proveído de diez de septiembre en curso. SE DESECHA DEMANDA. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Por su parte, este órgano de control constitucional advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que, se estima, la quejosa María Guadalupe Barrera Caudillo, quien se ostenta como víctima u ofendida dentro de la carpeta de investigación del que deriva el acto reclamado, no agotó el principio de definitividad, como enseguida se verá. La fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En este orden de ideas, la fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como lo es en el presente caso, la autoridad señalada como responsable es el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. En el caso se reclama la ilegal determinación adoptada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/24925/2020, NUC 1003202118958 (MOR/053/28761/2021, NUC 1003202118958), promovida por la aquí quejosa por el delito de despojo y, emitido por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos especiales adscrito a la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el que ordenó la devolución provisional del inmueble ubicado en las inmediaciones de la localidad de Cuangatzio en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, en las coordenadas 19º17'44."N 101º37´29.7"W., a José Jesús Lucas Ángel. Ahora bien, en el caso del acto que por esta vía se reclama, resulta jurídicamente válido afirmar que dicho acto, no constituye uno con carácter definitivo; por ende, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte promovente, en cuanto víctima u ofendida del delito de despojo, no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 20, apartado C, fracciones II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de las víctimas u ofendidos de un delito, a impugnar las omisiones que emita el Ministerio Público en la etapa de investigación de los delitos, a saber: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto Constitucional dispone que la víctima u ofendido del delito, puede solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si la autoridad ministerial incurre en omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta omisiva ante la autoridad judicial, en términos de la Ley reglamentaria. Por su parte, los numerales 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra dicen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. [.]" De los preceptos normativos transcritos, se advierte que las decisiones, omisiones y negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, como el caso de la quejosa María Guadalupe Barrera Caudillo (quien se ostenta como víctima u ofendida del delito de despojo), pueden ser impugnadas a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258, concatenado con el numeral 109, fracción XXI, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones y negligencias de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora; esto, con la finalidad de que sea el juez de control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta cese. De ahí que previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar la o las decisiones, omisiones o negligencias de la autoridad ministerial responsable, ante el juez de control a través del medio de impugnación innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoya a lo anterior, por las razones que informa la Tesis X.1o.1 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Común y Penal, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2430, que dice: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación - respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto." De igual manera, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017641, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 943, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017640, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por tanto, si previo a instar el juicio de amparo, la promovente, quien se ostenta como víctima u ofendida dentro de la carpeta de investigación del que deriva el acto reclamado, no ha agotado el medio de impugnación ordinario antes señalado, con el que puede revocar, modificar o extinguir el acto controvertido, da cabida a la improcedencia del amparo; en virtud de que no cumplió con uno de los principios que rigen el juicio constitucional, como lo es el principio de definitividad. En el entendido que, en el caso, tampoco se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, este órgano de control Constitucional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad, conforme al precepto legal de comento, ya que los actos no carecen de fundamentación y el solicitante de la protección de la justicia federal no alega únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, el recurso innominado ante el Juzgado de Control está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Barrera Caudillo, en cuanto víctima u ofendida dentro de la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
MEDIANTE LISTA SE NOTITICA LA PARTE QUEJOSA EL SIGUIENTE ACUERDO O: Morelia, Michoacán, veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno. SE CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el acta levantada por el Actuario de la adscripción, mediante la cual se hace constar que la quejosa María Guadalupe Barrera Caudillo (denunciante dentro de la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado), compareció a ratificar su libelo de demanda que presentó el treinta y uno de agosto de la presente anualidad en el Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito de esta ciudad, dando así cumplimiento al proveído de diez de septiembre en curso. SE DESECHA DEMANDA. Ahora, del análisis de la demanda de amparo se advierte que es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, lo manifiesto se actualiza cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la Octava Época, con número de registro 221353, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, dentro del tomo VIII, noviembre de 1991, la cual es visible a página 198, y establece lo que a continuación se transcribe: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional". Por su parte, este órgano de control constitucional advierte de manera manifiesta e indudable la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, ya que, se estima, la quejosa María Guadalupe Barrera Caudillo, quien se ostenta como víctima u ofendida dentro de la carpeta de investigación del que deriva el acto reclamado, no agotó el principio de definitividad, como enseguida se verá. La fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley." En este orden de ideas, la fracción inserta regula el incumplimiento al principio de definitividad respecto de actos que se atribuyan a autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, como lo es en el presente caso, la autoridad señalada como responsable es el Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad de Investigación y Persecución al Narcomenudeo, de la Fiscalía Especializada en Atención a Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía General del Estado de Michoacán. Ese principio se sustenta, en virtud de que el juicio de amparo, como uno de los medios de control constitucional y extraordinario de defensa, y que exige que se agoten los medios ordinarios eficaces que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir a él. Esto es, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo, por considerarlo violatorio de derechos humanos, sea definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso que pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, por lo que resulta lógico que la inobservancia de tal principio traiga como consecuencia, por regla general, la improcedencia de la acción constitucional, salvo los casos de excepción que establece la propia fracción en estudio. En el caso se reclama la ilegal determinación adoptada el nueve de agosto de dos mil veintiuno, dentro de la carpeta de investigación MOR/053/24925/2020, NUC 1003202118958 (MOR/053/28761/2021, NUC 1003202118958), promovida por la aquí quejosa por el delito de despojo y, emitido por el Agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Asuntos especiales adscrito a la Fiscalía Coordinadora de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, en el que ordenó la devolución provisional del inmueble ubicado en las inmediaciones de la localidad de Cuangatzio en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, en las coordenadas 19º17'44."N 101º37´29.7"W., a José Jesús Lucas Ángel. Ahora bien, en el caso del acto que por esta vía se reclama, resulta jurídicamente válido afirmar que dicho acto, no constituye uno con carácter definitivo; por ende, se afirma que el presente juicio de amparo es improcedente, en virtud de que la parte promovente, en cuanto víctima u ofendida del delito de despojo, no agotó el medio ordinario previsto por la ley, en atención a lo establecido en la fracción XX, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Al respecto, el artículo 20, apartado C, fracciones II y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagra el derecho de las víctimas u ofendidos de un delito, a impugnar las omisiones que emita el Ministerio Público en la etapa de investigación de los delitos, a saber: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. [.] C. De los derechos de la víctima o del ofendido: [.] II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley. [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." El citado precepto Constitucional dispone que la víctima u ofendido del delito, puede solicitar al agente del Ministerio Público todos aquellos actos de investigación que considere pertinentes y útiles para el esclarecimiento de los hechos; luego, si la autoridad ministerial incurre en omisiones o negligencia en el desempeño de sus funciones de investigación, la víctima u ofendido tiene derecho a impugnar esa conducta omisiva ante la autoridad judicial, en términos de la Ley reglamentaria. Por su parte, los numerales 109, fracción XXI y 258, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales, a la letra dicen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido. En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: [.] XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; [.]" "Artículo 258. Notificaciones y control judicial. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno. [.]" De los preceptos normativos transcritos, se advierte que las decisiones, omisiones y negligencias del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, como el caso de la quejosa María Guadalupe Barrera Caudillo (quien se ostenta como víctima u ofendida del delito de despojo), pueden ser impugnadas a través del medio de defensa innominado previsto en el referido artículo 258, concatenado con el numeral 109, fracción XXI, ambos del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ello es así, pues dicho precepto prevé el medio de defensa que tiene la víctima u ofendido para impugnar, en sede judicial ordinaria, todas aquéllas omisiones y negligencias de la autoridad ministerial en el desempeño de su función investigadora; esto, con la finalidad de que sea el juez de control quien, conforme a la obligación prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, una vez que dé intervención a las partes, establezca de manera ágil y eficaz, si la actuación del órgano investigador fue legal o no y en su caso, decrete las medidas necesarias para que esa conducta cese. De ahí que previo a la promoción del juicio de amparo, la quejosa debió hacer valer su derecho de impugnar la o las decisiones, omisiones o negligencias de la autoridad ministerial responsable, ante el juez de control a través del medio de impugnación innominado previsto por el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Apoya a lo anterior, por las razones que informa la Tesis X.1o.1 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materias Común y Penal, Libro 1, Mayo de 2021, Tomo III, página 2430, que dice: "ASEGURAMIENTO DE OBJETOS POR EL MINISTERIO PÚBLICO DENTRO DE UNA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA, DEBE AGOTARSE EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Hechos: En el juicio de amparo indirecto el quejoso reclamó la devolución de diversos objetos que fueron asegurados dentro de una carpeta de investigación, que afirma son de su propiedad; el Juez de Distrito sobreseyó en el juicio por falta de interés jurídico; inconforme con esta decisión, aquél interpuso recurso de revisión. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito, al advertir de oficio que se actualiza una causa de improcedencia diversa a la señalada por el Juez de Distrito, en específico, la prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, determina que previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto contra el aseguramiento de objetos por el Ministerio Público dentro de una carpeta de investigación - respecto de los cuales el quejoso solicita su devolución-, debe agotarse el medio de impugnación previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales." Justificación: Lo anterior, pues el párrafo décimo cuarto del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la finalidad de garantizar los derechos humanos de los indiciados, víctimas u ofendidos, prevé los actos que requieren de control judicial inmediato; por tanto, si el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece cuáles son las determinaciones del Ministerio Público susceptibles de impugnación y que debe resolver el Juez de Control, con citación de las partes en una sola audiencia, no obstante que no aluda a los objetos asegurados dentro de la carpeta de investigación, acorde con la interpretación realizada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en las tesis de jurisprudencia 1a./J. 27/2018 (10a.) y 1a./J. 28/2018 (10a.), sobre el contenido del artículo 258 citado, en donde quedó dilucidado que no solamente los actos descritos en esa norma podían ser sujetos de control judicial, sino también las determinaciones que, en general, realice el Ministerio Público en la fase de investigación, se concluye que el aseguramiento de objetos dentro de una carpeta de investigación, respecto de los cuales el quejoso reclama su devolución, por ser el legítimo propietario, previo a su reclamo en amparo, debe ser confrontado ante el Juez de Control, con la finalidad de que determine si hubo afectación a los derechos humanos que consagra la Constitución Federal, pues es a través de ese medio de impugnación que se permitirá, en su caso, levantar el aseguramiento de los objetos, en forma expedita y en breve término (en una sola audiencia y con citación de las partes), con independencia de que se trate de una técnica de investigación, pues corresponde al Juez de Control determinar su legalidad, antes de acudir al juicio de amparo indirecto." De igual manera, en lo conducente, la jurisprudencia número 1a./J. 27/2018 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 945, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017641, que a la letra dice: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Asimismo, resulta aplicable en lo conducente la jurisprudencia número 1a./J. 28/2018 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 943, Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017640, de rubro y texto siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. CONTRA LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, PROCEDE EL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, EL CUAL DEBE AGOTARSE EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EL JUICIO DE AMPARO. De la interpretación sistemática y funcional de los artículos 16, párrafo décimo cuarto y 20, apartado C, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 109, fracción XXI y 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la víctima u ofendido puede impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado que prevé el artículo 258 citado, cuya finalidad es que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Por lo tanto, previamente a la promoción del juicio de amparo indirecto, se debe agotar ese medio de defensa ordinario, en observancia al principio de definitividad." Por tanto, si previo a instar el juicio de amparo, la promovente, quien se ostenta como víctima u ofendida dentro de la carpeta de investigación del que deriva el acto reclamado, no ha agotado el medio de impugnación ordinario antes señalado, con el que puede revocar, modificar o extinguir el acto controvertido, da cabida a la improcedencia del amparo; en virtud de que no cumplió con uno de los principios que rigen el juicio constitucional, como lo es el principio de definitividad. En el entendido que, en el caso, tampoco se surten las excepciones previstas en la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XX, de la ley de la materia que se analiza, consistente en que no existe obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación, o cuando se aleguen violaciones directas a la Constitución Federal. En efecto, este órgano de control Constitucional estima que no se surte alguna excepción al principio de definitividad, conforme al precepto legal de comento, ya que los actos no carecen de fundamentación y el solicitante de la protección de la justicia federal no alega únicamente violaciones directas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Del mismo modo, el recurso innominado ante el Juzgado de Control está previsto en una ley formal y materialmente y no en un reglamento. En conclusión, tenemos que no se actualiza excepción alguna al principio de definitividad. De conformidad con los razonamientos antes esgrimidos, resulta manifiesta e indudable la causa de improcedencia que se menciona, por lo que SE DESECHA la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Barrera Caudillo, en cuanto víctima u ofendida dentro de la carpeta de investigación de donde deriva el acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario. La causa de improcedencia en estudio no contraviene el principio pro homine, previsto en los párrafos primero y segundo del artículo 1º de la Constitución Federal, ni el numeral 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), que establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio efectivo, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, porque estas disposiciones no implican que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra aquéllos que afecten los derechos sustantivos o fundamentales del quejoso, según la actual redacción del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Es decir, los preceptos mencionados en modo alguno autorizan a las personas a utilizar el juicio de amparo como medio para defender sus prerrogativas que no son sustantivas. Apoya lo anterior, por analogía, la tesis cuya síntesis es: "DERECHOS HUMANOS. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, EN RELACIÓN CON EL 114, FRACCIÓN IV, INTERPRETADO A CONTRARIO SENSU DE LA LEY DE AMPARO, NO PUGNA CON EL PRINCIPIO PRO HOMINE PREVISTO EN EL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NI CON LO ESTABLECIDO POR EL DIVERSO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE ESA MATERIA. La causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, en virtud de la cual el juicio de amparo no es procedente en contra de actos en el juicio que no produzcan efectos de imposible reparación, no pugna con el principio pro homine que establece el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni con el diverso 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, conocida como el Pacto de San José de Costa Rica, ya que si bien conforme a lo establecido en el citado artículo 1o. constitucional, las normas protectoras de los derechos humanos deben interpretarse conforme a la Constitución y a los tratados internacionales, en atención al principio pro homine, el cual implica que debe atenderse a la norma que otorga una mayor protección al ser humano, y el artículo 25 del instrumento internacional en comento establece que toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos sustantivos fundamentales, es igualmente cierto que lo establecido en este dispositivo del instrumento internacional, no implica que el juicio de amparo sea procedente contra todo acto de autoridad, sino solamente contra de aquellos que afecten a los derechos sustantivos fundamentales, y dado que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha considerado que los actos en el juicio de imposible reparación, son aquellos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, debe considerarse que la regla de procedencia que establece la mencionada fracción IV del artículo 114, no significa que el juicio de garantías ofrezca una protección menor a los derechos humanos que la que prevé la fracción 1 del artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Andrés Leyva Mercado, secretario que autoriza. Doy fe.
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POR MEDIO DE LISTA, NOTIFICO A LA PARTE TERCERO INTERESADA HÉCTOR MARTÍNEZ ORTÍZ, EL SIGUIENTE PROVEÍDO: Morelia, Michoacán, veintisiete de enero de dos mil veintiuno.********************Cuenta con autos********************Vista la certificación que antecede, de la cual se desprende que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera en relación al cumplimiento dado al fallo protector, sin que lo hayan hecho.********************En mérito de lo anterior, se hace efectivo el apercibimiento que les fue formulado en el citado auto y se procede a dictar lo procedente en torno al cumplimiento del fallo protector.********************Así, tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, se procede a analizar el mismo con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable, con apoyo en lo sustentado por la jurisprudencia 2ª./J.26/2000, publicada en la página 243, del Tomo XI, Marzo de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice:********************"INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)."********************Precisión de los efectos del amparo********************En sentencia dictada el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, se concedió la protección constitucional a ********************, para el efecto de que la Juez Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, realizara lo siguiente:********************"1. Deje insubsistente todo lo actuado en el juicio ordinario civil ********************, a partir del inexacto emplazamiento del demandado, incluyendo todas las actuaciones posteriores, tales como la sentencia y su ejecución; y,********************2. Ordene el emplazamiento del demandado, aquí quejoso, atendiendo a lo expuesto en esta sentencia, el cual podrá realizarse en el domicilio procesal señalado en el presente juicio de amparo o en cualquier otro sitio que considere idóneo para tal efecto."****************************************Inconforme con dicha resolución la propia parte quejosa, interpuso recurso de revisión.********************Consecuentemente, por ejecutoria de veintisiete de febrero de dos mil veinte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en la materia de la revisión modificó del fallo recurrido, para concluir que los efectos de la protección de la Justicia Federal, deben circunscribirse a que la responsable realizara lo siguiente:********************"Dejar insubsistente lo actuado en el juicio ordinario civil de origen a partir del ilegal emplazamiento, incluyendo las actuaciones posteriores, a efecto de que la responsable disponga se practique de nueva cuenta respetando las formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, atendiendo las consideraciones de la sentencia recurrida".******************** Trámites para cumplir con el fallo protector******************** En fecha diecisiete de marzo de dos mil veinte, se tuvo por recibida la ejecutoria de amparo dictada por el citado Tribunal Colegiado, y se requirió a la autoridad responsable vinculada a efecto de que diera cumplimiento al fallo protector.********************Mediante oficios recibidos el diez de septiembre de dos mil veinte, la encargada del Despacho por Ministerio de Ley del Juzgado Tercero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, y Actuario adscrito, allegaron copia certificada del acuerdo de cuatro de agosto de ese año, dictado en el juicio ordinario civil número ********************, a través del cual, para cumplir con la sentencia de amparo, se realizó lo siguiente:******************** I. Se dejó insubsistente lo actuado en el citado juicio de origen, promovido por ******************** frente al aquí quejoso, a partir del emplazamiento de fecha dieciséis de julio de dos mil dieciocho, incluyendo las actuaciones posteriores; y,******************** II. Se ordenó a la actuaria adscrita a ese juzgado, que practicara nuevamente el emplazamiento al demandado y aquí quejoso, respetando las formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles del Estado.********************Situación con la que se ordenó dar vista a las partes para que manifestaran lo que a sus intereses conviniera.********************Se tiene por cumplida la ejecutoria de amparo******************** De ahí que con lo anterior, se estima que se encuentran satisfechos los extremos contemplados en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, en atención a que en lo esencial se cumple con los lineamientos trazados en la ejecutoria de amparo, al haberse dejado insubsistente lo actuado en el juicio ordinario civil número ********************, a partir del ilegal emplazamiento, incluyendo las actuaciones posteriores, ordenándose al actuario adscrito que lo practicara de nueva cuenta respetando las formalidades previstas por el Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, con lo que se restituyó a la parte quejosa en el goce de las garantías violadas.********************En consecuencia, al no existir exceso en el cumplimiento (actuaciones que se extralimitan en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria) o defecto (cumplimiento parcial de lo ordenado o deficiente), con apoyo en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo. ********************Se ordena el archivo del presente juicio********************Con fundamento en el invocado artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de la Materia, se ordena remitir al ARCHIVO el expediente en que se actúa, en razón de que no existe diligencia pendiente por desahogar, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo. ********************En la inteligencia de que, la remisión del juicio al archivo físico de este juzgado, se hará una vez que obren en autos las constancias de notificación relativas al presente proveído a las partes y se desprenda que ha transcurrido el término que la Ley de Amparo les otorga para impugnar éste acuerdo.********************Juicio susceptible de depuración********************En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de ese mismo mes y año; se estima que como en el presente asunto se concedió la protección constitucional y no es de relevancia documental, entonces es susceptible de DEPURACIÓN, de conformidad con el artículo 18 fracción I, inciso b), por lo que deberá conservarse la demanda, resoluciones recurridas y la sentencia respectiva; y el acuerdo donde se acordó su archivo; haciéndose constar dicha circunstancia en la carátula del mismo.********************Asimismo, una vez que transcurran los tres años que se refiere el invocado artículo 18 del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición.********************Original del incidente de suspensión********************Con motivo de la suspensión de los actos reclamados se formaron cuadernos incidentales, de los que se aprecia que se concedió la medida cautelar solicitada (tanto la provisional como la definitiva), de conformidad con lo que señala el artículo 18, fracción I, inciso a), del aludido acuerdo, el original de los cuadernos incidentales es susceptible de DEPURACIÓN una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, debiéndose conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la medida suspensiva o violación, como lo establece el invocado numeral y normativa.********************Duplicado del incidente de suspensión********************Por lo que respecta al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su desincorporación y destrucción una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el artículo 20 del acuerdo en consulta.******************** Se reitera la devolución de billete.******************** Finalmente, dado que de la certificación de cuenta se desprende que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentran en resguardo el billete de depósito número N-703969, expedido por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., valioso por la suma de $10,000.00 (DIEZ MIL PESOS 00/100 M.N.), se reitera la devolución de dicho billete en los términos y condiciones que le fueron señaladas en el proveído de diecisiete de marzo de este año.********************En el concepto de que, para llevar a cabo dicho trámite, la parte solicitante debe considerar que tendrá que tramitar una cita para ingresar a las instalaciones de este juzgado de distrito, mediante código QR, y comunicarse al número de celular 44 31 05 37 43 con el secretario de guardia de este juzgado, para anticiparle ese trámite y se pueda programar y agilizar de mejor manera; ello mientras no se normalicen las actividades jurisdiccionales con motivo de la contingencia sanitaria que prevale actualmente.******************** Notifíquese personalmente. ********************Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza. Doy fe.
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