María Gabriela Valencia Rodríguez

Expediente 207/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
207/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
24/04/2023

Partes del expediente

  • María Gabriela Valencia Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. SE DECLARA QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA CAUSADO EJECUTORIA. Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal de autos de los que se advierte que a la fecha ha fenecido el plazo, que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, que es a quien perjudica el sentido de la resolución, haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de treinta de marzo de la presente anualidad, en la que se SOBRESEYÓ en el juicio; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro respectivo. ARCHIVO. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima que el presente juicio de amparo es SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, en razón de haberse SOBRESEIDO en el juicio de amparo, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio. Sin que haya lugar a pronunciarse respecto a los cuadernos incidentales, toda vez que no se hizo apertura de los mismos. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    EL SECRETARIO: Se da cuenta con el informe justificado rendido por: a) Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase por rendido el informe de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que la autoridad señalada como responsable adjuntó a su informe justificado un legajo de copias certificadas relativa a las diligencias paraprocesales de designación de beneficiarios 06/2022 acumulado a las diversas 161/2021 de su índice; medios de convicción que se tienen por admitidos y desahogados en atención a su propia y especial naturaleza en términos del artículo 119 de la Ley de Amparo. EL JUEZ: Téngase por hecha tal relación de pruebas y al no existir pruebas que desahogar, se declara abierto el período de alegatos. Secretario, dé cuenta con los que hayan formulado las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que ninguna de las partes formuló alegatos. EL JUEZ: Se tiene por perdido el derecho de las partes de formular alegatos; y, se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo IV-207/2023, promovido por María Gabriela Valencia Rodríguez, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el veintidós de febrero de dos mil veintitrés, ante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en esta ciudad; y, recibido el veintitrés de ese mes y año en este órgano jurisdiccional por razón de turno, María Gabriela Valencia Rodríguez, promovió demanda de amparo indirecto contra el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad. SEGUNDO. DERECHOS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. La parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con el número de expediente IV-207/2023; se solicitó de la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En el presente caso, la parte quejosa reclama un acto de una autoridad laboral con sede en la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia este juzgado. Se atiende además, a la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de contenido siguiente: Tesis: P./J. 40/2000 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Número de identificación 192097 Pleno Tomo XI, Abril de 2000 Página 32 Jurisprudencia (Común) "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En ese sentido, de la lectura integral de la demanda de amparo y constancias que obran en autos, se advierte que el acto reclamado a la autoridad responsable, en la presente instancia constitucional, consiste en: La omisión de radicar la demanda, toda vez que desde el veintiséis de agosto dedos mil veintidós, presentó ante la Oficialía de Pates de la responsable presentó la demanda laboral contra Francisco Emir Solís Baeza, sin que a la fecha haya radicado la misma, pues ni siquiera ha sido factible que se le proporcione a la hoy quejosa el número de expediente. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir su informe justificado, la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sedeen esta ciudad, aceptó parcialmente la existencia del acto reclamado, bajo el argumento que mediante auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós, tuvo por recibido el escrito de veintiséis de enero de dos mil veintidós, por medio del cual la aquí quejosa promovió diligencias de designación de beneficiarios sobre los derechos laborales generados por el cujus Alberto Solís Rivera, por lo que en el referido auto radicó dichas diligencias registrándolo como diligencias paraprocesales de designación de beneficiarios 06/2022 de su índice; y, además ordenó la acumulación del expediente P.P. 06/2022 al expediente más antiguo P.P. 161/2021, virtud a que se encuentran en los supuestos que disponen las fracciones I y IV de la Ley Federal del Trabajo; como se desprende de las constancias que remitió como sustento de su informe justificado. Posteriormente, la peticionaria de amparo presentó la demanda laboral contra Francisco Emir Solís Baeza, por medio del cual reclamó lo siguiente: Que se determine la nulidad de la resolución de data nueve de diciembre de dos mil veintiuno dictada dentro del procedimiento paraprocesal 161/2021 mediante el cual declararon beneficiario a Francisco Emir Solís Baeza. Como consecuencia, se dicte un auto de regularización dentro del procedimiento paraprocesal 06/2022, promovido por la quejosa sobre declaratoria de beneficiarios y dependientes económicos del extinto Alberto Solís Rivera, ordenando darle el trámite que conforme derecho proceda y en su oportunidad dictar resolución que corresponda con estricto apego a derecho. Al anterior ocurso, recayó el proveído de trece de febrero del año en curso, por medio del cual se tuvo recibida la demanda en comento, y la autoridad responsable determinó no darle trámite a la petición de la declaración de nulidad de la resolución dictada dentro del procedimiento paraprocesal 161/2021 de conformidad con el artículo 848 de la Ley Federal del Trabajo en aplicación supletoria de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios; además, de que la responsable proveyó que se estuviera a lo acordado en auto de veintiséis de abril de dos mil veintidós. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. De lo anterior se evidencia que, como lo señaló el Presidente del Tribunal responsable, el acto reclamado resulta inexistente, toda vez que al momento de la presentación de la demanda (veintidós de febrero de dos mil veintitrés) no existía la omisión de que se duele la quejosa; ya que contrario a lo expresado en el escrito inicial de demanda, desde el trece de febrero dos mil veintitrés, proveyó lo conducente respecto a la presentación de la demanda laboral que aquí reclama, esto es, antes de la presentación del amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 5105/90, del tenor siguiente: Tesis: 4a. XV/92 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 207841 Cuarta Sala Tomo IX, Junio de 1992 Página 99 Tesis Aislada (Común) "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DE LA EXISTENCIA DEL. NO DERIVA DE LAS ATRIBUCIONES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Si la autoridad responsable niega la existencia del acto que se le imputa, sin que el quejoso logre desvirtuar la negativa, el acto debe considerarse inexistente y decretarse el sobreseimiento; y no es razón fundada para estimar lo contrario, el que de acuerdo con ciertas disposiciones de la ley, corresponda a la propia autoridad realizar el acto, pues la demostración de la existencia del acto reclamado no deriva del precepto legal que faculta a la autoridad señalada como responsable para que lo ejecute, toda vez que la circunstancia de que sea cierto o no ese acto, es una cuestión de hecho que debe acreditarse con las pruebas adecuadas, y no una cuestión jurídica relacionada con la competencia o atribuciones de la autoridad. De igual forma es de invocarse la jurisprudencia por reiteración, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: Tesis: I.3o.A. J/21 Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 226432 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo V, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1990 Página 660 Jurisprudencia (Administrativa, Común) "ACTOS RECLAMADOS. ACTO NEGATIVO Y NEGATIVA DEL ACTO. SON DOS COSAS DISTINTAS. CARGA DE LA PRUEBA. Todo acto, por definición, supone la existencia de una conducta ya sea activa o pasiva. Dentro de la clasificación de los actos reclamados se distinguen entre los positivos y los negativos, considerando a los primeros como los que implican un hacer y a los segundos como los que reflejan una omisión o abstención. Así, para diferenciarlos se atiende a su naturaleza y a los efectos que producen respecto de la realidad. Por otra parte, la esencia del acto negativo versa, exclusivamente, sobre su característica que denota la omisión o la abstención de aquella a quien se atribuye. La negativa del acto, por lo contrario, no atiende a la naturaleza de aquél sino que propiamente constituye sólo una expresión sobre su existencia. En ello radica precisamente la diferencia entre un acto negativo y la negativa del acto. Como no se trata de conceptos iguales, la carga de la prueba en uno y otro supuesto se distribuye en forma desigual. La negativa simple del acto libera a quien la formula de la necesidad de probarla, pues, lógicamente, no es factible demostrar lo que se ha negado; de tal suerte que la carga de probar recae en su contraparte. En otro orden de ideas, si la negativa del acto no es simple sino calificada porque importa una afirmación, entonces quien la produce sí se encuentra en la necesidad de justificarla. La regla en cuestión se encuentra prevista por el artículo 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al disponer que el que niega sólo está obligado a probar, entre otras hipótesis, cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho. En tal virtud, si el acto por su naturaleza es negativo y aquella a quien se atribuye lo niega, no corresponde a su contraparte demostrar la existencia de ese acto debido a que, ciertamente, no se encuentra en la posibilidad de probar la omisión o la abstención de su contraria sino que, como la negativa expresada por ésta encierra la afirmación de que no incurrió en ellas, debe acreditarlo. En suma, como la manifestación respecto de la existencia del acto no modifica la naturaleza de éste, en tanto que se trata de cosas diferentes, debe concluirse que si las autoridades responsables en su informe niegan la existencia de los actos, esa consideración no les imprime a éstos el carácter de negativos. Por lo tanto, tomando en consideración que el acto omisivo aquí reclamado al momento de la presentación de la demanda no existía, por así corroborarse con las pruebas exhibidas por la autoridad responsable al rendir su informe justificado; procede sobreseer en el juicio por lo que ve a dicho acto, con apoyo en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Además, robustece a lo anterior la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, que se lee: Tesis: IV.3o.72 K Semanario Judicial de la Federación Octava Época Número de identificación 213793 Tribunales Colegiados de Circuito Tomo XIII, Enero de 1994 Página 254 Tesis Aislada (Común) "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Gabriela Valencia Rodríguez, en contra del acto reclamado al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, con base a las razones expuestas en el último considerando de la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. SE INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN. Agréguese a los presentes autos el escrito de cuenta signado por el quejoso ********************, a través del cual interpone recurso de revisión en contra de la resolución dictada en el presente asunto; en tal virtud, se acuerda lo siguiente. Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión en contra de la resolución de siete de marzo de dos mil veintitrés dictada en autos; por lo tanto, distribúyanse entre las partes las copias de los escritos de agravios relativos y, en su oportunidad, remítase el presente juicio de amparo, un tomo de pruebas, el escrito original de agravios, así como una copia para el fiscal federal de la adscripción, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que a bien tenga determinar. Notifíquese por lista al tercero interesado ********************, y personalmente al diverso tercero ********************. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Gustavo Allfadir Balanzá Kidnie, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Como del estado procesal que guardan los autos, se desprende que se encuentra transcurriendo el término de quince días que prevé el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, rinda su informe justificado; en consecuencia, a efecto de no violar las formalidades esenciales del procedimiento, con fundamento en el referido numeral, la audiencia constitucional señalada para el día de hoy se DIFIERE para las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza.- Doy fe.Con fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario Leonel López Pérez CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

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