María Guadalupe Canales Campos
Expediente 830/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de abril de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/04/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Canales Campos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de abril de dos mil diecinueve. ARCHIVO Visto el estado procesal que guarda el presente juicio de amparo, del cual se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN En consideración a lo anterior, y a que de la certificación que antecede no se advierte que obre glosado documento original alguno ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, relacionado con el mismo, aunado a que el presente juicio no se considera de relevancia documental, con fundamento en el acuerdo general conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se estima que el presente juicio de amparo encuadra en las hipótesis contenidas en el punto vigésimo primero, fracción II, del capítulo quinto, del aludido acuerdo, en razón de haberse sobreseído fuera de audiencia el mismo, y causado estado, por lo que se estima que el principal ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUIRSE, una vez transcurridos más de cinco años a partir de esta fecha, previa la generación por duplicado de los documentos a que alude el punto vigésimo cuarto del acuerdo. ORIGINAL DE INCIDENTE Ahora bien, respecto del original del incidente de suspensión, por contener medidas cautelares concedidas, es susceptible de DEPURARSE, por lo que se deberán conservar todas las determinaciones relativas a su otorgamiento o violación; lo anterior de conformidad con lo establecido en el punto vigésimo primero, fracción III, último párrafo, del acuerdo en mención. DUPLICADO DE INCIDENTE En tanto que el duplicado del incidente de suspensión, por ubicarse en el supuesto de la fracción III, punto vigésimo del acuerdo en cita, procédase a su destrucción una vez que transcurran seis meses de haberse dictado la interlocutoria correspondiente. TRANSFERENCIA Finalmente, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero del citado acuerdo, deberá transferirse al Centro Archivístico Judicial que corresponda, previa generación de la documentación a que se refiere dicha disposición. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Leonel López Pérez, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de marzo de dos mil diecinueve. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra el proveído de veinte de febrero de dos mil diecinueve, en la que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA, el juicio de amparo promovido por MARÍA GUADALUPE CANALES CAMPOS, sin que lo haya hecho. CAUSA ESTADO. Se declara que el aludido proveído HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. SE ORDENA DEVOLVER CUADERNO DE PRUEBAS Devuélvase al Magistrado responsable las documentales que acompañó a su informe justificado; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DESTINO A BILLETE DE DEPÓSITO Finalmente, como de la certificación secretarial de cuenta se advierte que en la caja de seguridad de este juzgado se encuentra en resguardo el billete de depósito número N-640890 expedido por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que ampara la suma de $6,000.00 (SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.), a nombre de la quejosa MARÍA GUADALUPE CANALES CAMPOS,, que fue exhibido dentro del cuaderno incidental relativo, a fin de que surtiera efectos la suspensión provisional del acto reclamado. En tal virtud, hágasele saber a la parte quejosa, que una vez transcurridos seis meses, como lo prevé el artículo 156 de la Ley de Amparo, contados a partir del siguiente al de la notificación de este proveído, podrá solicitar la devolución del billete de depósito aludido, en el entendido que de no hacerlo en dicho lapso o transcurridos dos años, con fundamento en el artículo 50 de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación y en cumplimiento a la circular de uno de febrero del año dos mil, que aclara las confusiones de interpretación de los órganos jurisdiccionales de la circular de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y cinco, prescribirá dicho billete a favor del Erario Federal y se efectuará la orden de transferencia correspondiente a la Tesorería de la Federación. Sin que haya lugar hacer mayor pronunciamiento, entorno al billete N-556184, toda vez que en proveído de doce de marzo de dos mil diecinueve, dictado en el incidente de suspensión relativo al presente juicio de amparo, quedó a disposición de la parte quejosa. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, doce de marzo de dos mil diecinueve. SOLICITA DEVOLUCIÓN DE BILLETE Visto el escrito signado por la quejosa María Guadalupe Canales Campos, mediante el cual solicita la devolución de los billetes de depósito exhibidos en autos; atento a su contenido, el Juez acuerda: en torno a la devolución de la garantía que exhibió para garantizar la suspensión provisional y toda vez que exhibió el billete para garantizar la suspensión definitiva, hágasele devolución de la cédula bancaria número N-556184, expedida por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S. N. C., que ampara la suma de $3,000.00 (TRES MIL PESOS 00/100 M.N.), debidamente endosada a su favor, previa identificación y acta de entrega que se levante, en el entendido de que cuenta con el plazo de dos años para recogerlo, a partir de la legal notificación del presente proveído, o prescribirá a favor del Fisco Federal, como lo establece el artículo 36, de la Ley del Servicio de la Tesorería de la Federación. En apoyo a lo anterior, se cita la jurisprudencia número 1ª./J.141/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, página 619, del rubro siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA LA DEVOLUCIÓN DE LA GARANTÍA OTORGADA CON MOTIVO DE SU CONCESIÓN, UNA VEZ EXHIBIDA LA CORRESPONDIENTE A LA DEFINITIVA. Al decretar la suspensión provisional de los actos reclamados en un juicio de amparo, el Juez de Distrito está imposibilitado materialmente para determinar el monto de una garantía que responda por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado durante la secuela procesal, por lo que únicamente lo hará de manera provisional, hasta en tanto se celebre la audiencia incidental, momento procesal en el que, de concederse la suspensión, podrá fijar una garantía definitiva, y la determinada provisionalmente perderá su fundamento de existencia y no podrá surtir efecto alguno, independientemente de que haya regido la situación de los actos reclamados por lapso determinado. Por tanto, al fijar el monto de la garantía definitiva, el juzgador deberá considerar que sea suficiente para responder por los daños y perjuicios que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado con motivo de la concesión de la suspensión en cualquiera de los momentos procesales, siempre que tengan como antecedente aquélla. Así ambas garantías (provisional y definitiva) cumplen con el artículo 125 de la Ley de Amparo, pero no se justifica que subsistan simultáneamente, pues ello contravendría dicho precepto, porque al concederse definitivamente la suspensión la determinación provisional se sustituye, sucediendo lo mismo con la respectiva garantía, ya que la otorgada con motivo de la suspensión definitiva no sólo garantiza un periodo determinado, sino que responde por los daños que pudieran ocasionarse al tercero perjudicado por la suspensión en general, en virtud de que no se trata de dos suspensiones que requieran dos garantías diversas, sino que la suspensión del acto reclamado en el juicio de amparo es una sola, aunque se resuelva en dos momentos procesales diversos; de ahí que no exista impedimento legal para que una vez exhibida la garantía decretada al conceder en definitiva la suspensión de los actos reclamados en un juicio de amparo, se devuelva la otorgada con motivo de la concesión provisional, ya que los daños y perjuicios que pudieran haberse ocasionado automáticamente quedan respaldados con la garantía que se exhiba con motivo de la suspensión definitiva.". En torno a la devolución del billete exhibido para garantizar la suspensión definitiva, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad a su petición, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial de cuenta, si bien es cierto que mediante auto de veinte de febrero de dos mil diecinueve, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, no menos cierto es que dicha resolución aún no causa estado, por lo que deberá insistir en su petición en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil diecinueve. PRUEBA DOCUMENTAL. Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por el Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, a través del cual remite copia certificada de la sentencia absolutoria dictada en la causa penal 1/2018, intruida a la quejosa María Guadalupe Canales Campos y otros, documental que con fundamente en el artículo 119 de la Ley en cita, se tiene por admitida y desahogada en atención a su propia y especial naturaleza, la prueba documental que anexa a su oficio de cuenta. CAUSAL DE SOBRESEIMIENTO Por auto de once de octubre de dos mil dieciocho, este órgano jurisdiccional admitió a trámite la demanda de amparo promovida por María Guadalupe Canales Campos, quien solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal respecto del acto reclamado al Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán y otras autoridades, consistente en la orden de aprehensión o reaprehensión dictada en su contra dentro del proceso penal 1/2018, por el delito de falsificación de documentos, cometido en agravio de Santiago Canales Negrete. Ahora, de la copia certificada que anexa, se conoce lo siguiente: Que el once de febrero de dos mil diecinueve, el juez de origen dictó sentencia absolutoria a la aquí quejosa en los siguientes términos: " . TERCERO. Se absuelve a los procesados Rosalva, Blanca Patricia y María Guadalupe, de apellidos Canales Campos, de la acusación que formuló en su contra la Ministerio Público de la adscripción, decretándoseles en absoluta e inmediata libertad, única y exclusivamente por los hechos en particular a que se refiere ese proceso penal, cesando a partir de este momento las restricciones y obligaciones inherentes a la libertad provisional bajo caución de que actualmente gozan; gírense las boletas correspondientes. .". De lo anterior, resulta evidente que en el caso particular, sobrevino la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, puesto que han cesado los efectos del acto reclamado, lo cual es de estudio preferente y de oficio en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la ley en cita, establece: "El juicio de amparo es improcedente. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado como lo establece el artículo y fracción transcrita, es necesario que en el juicio de amparo se deje sin efecto dicho acto. En ese sentido, lo hasta aquí expuesto pone de manifiesto que en el caso a estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de la Materia, pues han cesado los efectos del acto reclamado, ya que éste como ya se dijo se hizo consistir en la orden de aprehensión o reaprehensión dictada en su contra dentro del procesos penal 1/2018, por el delito de falsificación de documentos, cometido en agravio de Santiago Canales Negrete. Por tanto, al haber dictado el Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, sentencia absolutoria y levantado las medidas cautelares impuestas como lo es la referida en el párrafo anterior, es indudable que se destruyeron todos los efectos del acto reclamado en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelven al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no hubiese dejado huella alguna, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En consecuencia, se determina que cesaron los efectos del acto reclamado, ya que el Juez Primero Menor Mixto de Zamora, Michoacán, al haber dictado sentencia absolutoria y levantado las medidas cautelares impuestas a la aquí quejosa, destruyó los efectos del acto reclamado en la demanda de amparo, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Cobra vigencia la jurisprudencia 59/99, que a la letra dice: Tesis 2a./J.59/99 Registro 193758 Segunda Sala Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Materia Común Tomo IX, Junio de 1999 Página 38 "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Amparo en revisión 3387/97. Gladys Franco Arndt. 13 de marzo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Armando Cortés Galván. Amparo en revisión 393/98. Unión de Concesionarios de Transportación Colectiva, Ruta Nueve, A.C. 8 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Jorge Carenzo Rivas. Amparo en revisión 363/98. Unión de Choferes Taxistas de Transportación Colectiva, A.C. 22 de mayo de 1998. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Jorge Alberto González Álvarez. Amparo en revisión 2685/98. Alejandro Francisco Aupart Espíndola y otros. 12 de febrero de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José Vicente Aguinaco Alemán, quien fue suplido por Juventino V. Castro y Castro. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ariel Alberto Rojas Caballero. Amparo en revisión 348/99. Raúl Salinas de Gortari. 30 de abril de 1999. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis González. Tesis de jurisprudencia 59/99. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de mayo de mil novecientos noventa y nueve. Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, febrero de 1998, página 210, tesis 2a./J. 9/98, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.". Así también, diversa jurisprudencia 2ª./J.9/98, que refiere: Tesis 2a./J.9/98 Registro 196820 Segunda Sala Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época Materia Común Tomo VII, Febrero de 1998 Página 210 "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". Amparo en revisión 2929/57. Esteban García A. 15 de enero de 1958. Cinco votos. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Jesús Toral Moreno. Revisión fiscal 232/55. Enrique Escalante Patrón y coags. 24 de febrero de 1959. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Felipe Tena Ramírez. Secretario: Manuel Rodríguez Soto. Amparo en revisión 4882/54. Compañía Maderera de Campeche, S.A. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Revisión fiscal 333/55. Óscar Osorio M. y coags. 14 de febrero de 1963. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Franco Carreño. Ponente: Rafael Matos Escobedo. Secretario: Emilio Canseco Noriega. Amparo en revisión 20/97. Carlos Quevedo Procel. 9 de julio de 1997. Cinco votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel. Secretario: Miguel de Jesús Alvarado Esquivel. Tesis de jurisprudencia 9/98. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada de cuatro de febrero de mil novecientos noventa y ocho, por unanimidad de cinco votos de los Ministros Juan Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Genaro David Góngora Pimentel, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Sin que obste el hecho de que a la fecha se desconozca si la sentencia absolutoria está firme, toda vez que el supuesto de que la misma hubiera sido recurrida y revocada, ello ocasionaría que eventualmente el juez del proceso volviera a dictar las medidas conducentes, en cuyo caso la aquí quejosa estaría en aptitud de promover un diverso juicio de amparo contra ese nuevo acto reclamado. SIN EFECTOS LA FECHA DE LA AUDIENCIA En consecuencia al haberse actualizado la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, procede sobreseer el presente juicio de control constitucional fuera de audiencia, conforme al artículo 63, fracción v del mismo ordenamiento legal, haciéndose innecesario la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del siete de marzo del año en curso. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno; y en su oportunidad archívese el expediente. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza.- Doy fe.
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