María González Mendoza

Expediente 630/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 6 actuaciones registradas, la última del 18 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
630/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
18/08/2023

Partes del expediente

  • María González Mendoza

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciocho de agosto de dos mil veintitrés. SE RECIBE EJECUTORIA Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a través del cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria emitida en la queja penal 173/2023 de su índice, interpuesta en el expediente en que se actúa. SENTIDO DE FALLO Hágase del conocimiento de las partes, para los efectos conducentes, que el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante sesión virtual de diez de agosto de de dos mil veintitrés, resolvió: ".ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja.". ACUSE DE RECIBO Acúsese recibo del oficio 5205/2023, al que se anexó el testimonio autorizado de la ejecutoria de mérito; lo anterior, para los efectos a que haya lugar. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO Háganse las anotaciones en el libro de gobierno para los fines estadísticos correspondientes. SE ORDENA ARCHIVO. Por otro lado, visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede de la que se advierte que en este juicio no existe actuación pendiente por desahogar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. VALORACIÓN DOCUMENTAL. En otro aspecto, acorde a lo dispuesto por los artículos 12 y 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se considera que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de junio de dos mil veintitrés. ADMITE RECURSO DE QUEJA Agréguese únicamente a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Actuario adscrito al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 10845, e informa que ese Tribunal Superior, en proveído veintiséis de junio de dos mil veintitrés, admitió el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, contra el auto de trece de junio del año en curso, dentro del juicio de amparo en que se actúa; formándose el recurso de queja número 173/2023, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, veintidós de junio de dos mil veintitrés. SE TIENE POR INTERPUESTA QUEJA Agréguese a los presentes autos copia del escrito mediante el cual la quejosa ********************, interpone recurso de queja en contra del auto de trece de junio de dos mil veintitrés; en tal virtud, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 99 y 100 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el recurso y por tanto, ríndase informe sobre la materia de la queja, comunicando al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, que es cierto el auto recurrido, toda vez que en el proveído de referencia, se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente. SE ORDENA RENDIR INFORME Para justificar lo anterior, juntamente con el escrito de agravios y la copia respectiva, remítase copia certificada del presente cuadernillo, lo anterior a efecto de que esté en aptitud de determinar lo que conforme a derecho proceda. Sin que sea el caso de proceder en términos del artículo 101 de la Ley de Amparo en vigor, esto es, notificar a las demás partes la interposición del recurso de mérito, para que en el plazo de tres días señalen constancias que deberán remitirse al que va a resolver, toda vez que en el presente juicio, el auto recurrido consiste en proveído que desechó la demanda de amparo, por lo que no existen partes en el mismo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, actuando con José Sierra Ortiz Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    POR LISTA NOTIFICO A LA PARTE PROMOVENTE, EL SIGUIENTE AUTO: Morelia, Michoacán, trece de junio de dos mil veintitrés. CUENTA CON ACTA DE RATIFICACIÓN. Vista el acta de ratificación que antecede, de la cual se advierte que ********************, se presentó ante este juzgado a ratificar el contenido de su escrito de demanda y el diverso aclaratorio presentado el dos de junio del año en curso, reconociendo además la firma que los calza. En tal virtud, atendiendo al contenido del escrito aclaratorio, se tienen por cumplidos los puntos de prevención que le fueron realizados en auto de veinticinco de mayo del año en curso; por lo que se ordena proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda: SE DESECHA LA DEMANDA. De la lectura íntegra del escrito de demanda y aclaratorio mencionados, se advierte que los actos que se pretenden reclamar en esta instancia constitucional son los siguientes: I. Del Licenciado Adalberto Cortés Magaña, en su carácter de Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Ejecutivo, Delegación Michoacán, la negativa de rendir el informe solicitado por conducto de la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación NUC 1003202227382; negativa contenida en el oficio INE/JLMICH/VRFE/1276/2023 de cinco de abril de dos mil veintitrés, en donde la autoridad señalada como responsable argumenta el impedimento legal que tiene para remitir la información solicitada en la carpeta de investigación. II. De la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Capetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Región Morelia: La omisión de acordar la llegada del oficio INE/JLMICH/VRFE/1276/2023, de fecha cinco de abril de dos mil veintitrés; y La omisión de ordenar la práctica de otras diligencias, con el objeto de hacer efectiva su labor investigadora, de forma que se exhorte al Vocal del Registro Federal de Electores, de la Junta Local Ejecutiva, Delegación Michoacán, para que rinda la información que se le solicita, estrictamente necesaria para dilucidar la verdad en la carpeta de investigación, tendente a acreditar que la persona que actualmente se ostenta como LUZ MA. PETRA CALDERÓN PADILLA y/o LUZ MARÍA PETRA CALDERÓN PADILLA, no es quien dice ser y que sus registros dactilares corresponden a persona diversa, por lo que está usurpando una identidad con la finalidad de beneficiarse. Una vez establecidos los actos reclamados por la promovente dentro del juicio en que se actúa, se colige que la demanda de amparo resulta improcedente por las siguientes razones: De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." De la porción normativa transcrita se advierte que no es necesario que alguna de las partes invoque la actualización de causales de improcedencia para que se agote su estudio; precisamente porque su análisis es de orden público. Establecido lo anterior, se tiene que respecto al acto reclamado del Licenciado Adalberto Cortés Magaña, en su carácter de Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Ejecutivo, Delegación Michoacán, marcado con el número I, quien provee estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 5, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, este último aplicado en sentido contrario, virtud a que la negativa de su parte contenida en el oficio INE/JLMICH/VRFE/1276/2023, de proporcionar la información que le fue solicitada por el Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación NUC 1003202227382, no es un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo. Para demostrar este aserto conviene citar los referidos artículos de la ley de la materia: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo. [.]. II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]." De los preceptos transcritos, se advierte que el juicio de amparo será improcedente cuando la causa de inejercibilidad resulte de alguna disposición constitucional o de la propia Ley de Amparo, como puede ser en el supuesto de que se pretenda combatir un acto emitido por un ente que no tenga el carácter de autoridad responsable, entendida como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones en forma unilateral y obligatoria. En relación con el alcance del concepto anterior, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que para definir a la autoridad responsable, debe atenderse a si la relación que se somete a la decisión de los órganos de control de constitucionalidad en vía de amparo, se ubica dentro de relaciones de supra a subordinación, la cual tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Dicho criterio se estableció en la jurisprudencia de rubro: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.". Así, a partir de lo expuesto, este juzgador estima que la respuesta contenida en el oficio INE/JLMICH/VRFE/1276/2023 de cinco de abril de dos mil veintitrés, en donde la autoridad señalada como responsable argumenta el impedimento legal que tiene para remitir la información solicitada en la carpeta de investigación, no puede considerarse como acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues se trata de una comunicación entre autoridades encaminado a recabar información dentro de una carpeta de investigación. En efecto, del análisis de dicho acto se desprende que el Licenciado Adalberto Cortés Magaña, Vocal del Registro Federal de Electores de la Junta Ejecutivo, Delegación Michoacán, a través del oficio INE/JLMICH/VRFE/1276/2023 de cinco de abril de dos mil veintitrés, dio respuesta a la solicitud hecha por la Agente del Ministerio Público dentro de la carpeta de investigación NUC 1003202227382 . Por tanto, se pone de manifiesto que si dicha actuación constituye una comunicación interna entre autoridades, no le puede revestir el carácter de actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues por sí mismo, dicho acto no trasciende en forma directa e inmediata a la esfera jurídica del justiciable, que no tiene efectos vinculantes a terceros, pues no implica una cuestión de fondo ni constituye resolución administrativa alguna que lleve implícita una coerción, sino que únicamente se trata de actos declarativos, sin otro efecto que allegar a la autoridad ministerial solicitante la información requerida, que a su vez fue ofrecida como prueba dentro de la carpeta de investigación antes citada, por lo que dichas actuaciones no entrañan una orden o determinación de alguna autoridad responsable hacia la quejosa. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 5, fracción II, interpretado en sentido contrario, y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda respecto de dicho acto y autoridad responsable. En otro tenor, por lo que respecta a los actos de omisión reclamados a la Agente del Ministerio Público adscrita a la Dirección de Carpetas de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, Región Morelia, también resulta improcedente la demanda de amparo por las razones que a continuación se exponen: Los artículos 61, fracción XX, 62 y 113, todos de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo". "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la transcripción anterior se observa que el juicio de amparo es improcedente contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en los supuestos siguientes: Que deban ser revisados de oficio conforme a las leyes que lo rijan. Que proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual puedan ser revocados, modificados, o nulificados. En el caso, se estima que la parte quejosa, previo a acudir a esta instancia constitucional, debió observar el principio de definitividad contenido en la fracción XX del artículo 61 precipitado, pues contra los actos reclamados, existe un procedimiento ordinario por virtud del cual puede ser revocado, modificado o nulificado: además, suspendido. En efecto, los artículos 109, fracción XXI, 211, 213 y 258, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales disponen: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido en los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: (.) XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables; (.).". "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e (.).". "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno". (Énfasis añadido) De la interpretación de los numerales transcritos, se colige la improcedencia del juicio de amparo cuando el acto reclamado emitido por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, sea susceptible a impugnación, mediante algún medio de defensa dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificado, revocado o nulificado dicho acto. También, que las determinaciones del Ministerio Público relativas a la abstención de investigar, al archivo temporal de una investigación, la aplicación de un criterio de oportunidad y de no ejercer la acción penal pueden impugnarse ordinariamente a través del recurso innominado previsto en el citado numeral del Código Nacional de Procedimientos Penales, cuyo conocimiento corresponderá a un juez de control, el cual convocará a audiencia pública en la que resolverá sobre la pertinencia de la decisión. En el particular, se reclama la omisión de acordar la llegada del oficio INE/JLMICH/VRFE/1276/2023 de cinco de abril de dos mil veintitrés, así como la omisión de ordenar la práctica de otras diligencias con el objeto de hacer efectiva su tarea investigadora; actos que se traducen en la omisión por parte del Agente Ministerial de llevar a cabo acciones tendentes a recabar información que ayuden a la investigación dentro de la carpeta con número único de caso NUC 1003202227382; por tanto, quien suscribe estima actualizada la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, por incumplimiento al principio de definitividad, al no haberse agotado previamente a la instancia constitucional el medio de defensa consistente en el recurso innominado, a través del cual podría lograrse la revocación, modificación o anulación de las omisiones que pretende reclamar en esta instancia constitucional. Dicho medio de defensa puede ser interpuesto por cualquiera de las partes, pues de su contenido no se desprende que su interposición esté reservada para algún contendiente en particular, como sucede en otros supuestos. La finalidad del citado medio ordinario de defensa es que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria, pues al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que cese ese estado de cosas, reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos; de ahí válidamente se puede concluir que la parte quejosa está en aptitud de inconformarse en contra de las omisiones que pretende reclamar. No se soslaya que en el caso se trata de actos omisivos; sin embargo, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe encaminar la indagatoria a que se reanude y se practiquen todas las diligencias necesarias para su prosecución. Ahora, del contenido íntegro del escrito de demanda, se advierte que la parte quejosa no agotó el mencionado recurso, es decir que acudió directamente al juicio de control constitucional sin agotar previamente el medio ordinario de defensa. Luego, en la especie, la parte promovente del amparo tenía la carga de observar el principio de definitividad porque se dijo que la codificación de la materia dispone expresamente que la víctima u ofendido se encuentran legitimados para impugnar la determinación del agente del Ministerio Público ante el Juez de Control; sin que en el caso se actualice algún supuesto de excepción al principio aludido. Apoya a lo expuesto la tesis que dice: "Registro digital: 2017641 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Penal Tesis: 1a./J. 27/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo I, página 945 Tipo: Jurisprudencia SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el Juez de Control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el Juez de Control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos. Asimismo, sustenta lo anterior, en sentido contrario, el siguiente criterio jurisprudencial. "Registro digital: 2023531 Instancia: Primera Sala Undécima Época Materias(s): Penal, Común Tesis: 1a./J. 9/2021 (11a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 1841 Tipo: Jurisprudencia MEDIO DE DEFENSA INNOMINADO PREVISTO POR EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. EL INCULPADO O QUIEN SE OSTENTE COMO TAL, NO ESTÁ OBLIGADO A INTERPONERLO, PREVIAMENTE A PROMOVER JUICIO DE AMPARO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era necesario que el imputado o quien se ostentara como tal, agotara el medio de defensa ordinario previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, previamente a promover el juicio de amparo, ello con el objeto de cumplir con el principio de definitividad, o bien, si sólo resulta exigible su interposición para el ofendido o víctima de algún delito. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que, atendiendo al espíritu del legislador federal en la creación del recurso innominado a que se refiere el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y ante la redacción restrictiva del mismo, en el que sólo se señala a la víctima u ofendido del delito; debe prevalecer como criterio que el inculpado o quien se ostente como tal no está obligado a interponerlo, previamente a promover el juicio de amparo. Justificación: Ello, porque el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales se conceptualiza como una forma de garantizar el derecho de acceso a la justicia de la víctima u ofendido; por dos razones: primero, porque dicho artículo emerge dentro del nuevo paradigma del sistema acusatorio penal, cuya reforma debe asociarse a la diversa en materia de derechos humanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el diez de junio de dos mil once, con el fin de armonizar un sistema en el cual, entre otras cuestiones, se priorice la protección de los derechos de la víctima u ofendido, asignándole un papel preponderante dentro del proceso penal; y, segundo, porque de una interpretación teleológica del artículo en estudio, se advierte que las determinaciones impugnables en términos del referido artículo 258, son aquellas que afectan principalmente a la víctima u ofendido, atendiéndose a su papel activo dentro del proceso. Además, porque conforme al principio de definitividad, se exige a la parte quejosa que previo a la interposición del juicio, agote los recursos contemplados en la ley, mediante los cuales se pueda modificar, revocar o nulificar el acto impugnado, porque de no hacerlo así, se podría declarar su improcedencia, con base en las causales previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo; sin embargo, esa improcedencia debe ser manifiesta e indudable, esto es, el juzgador no debe acudir a mayor interpretación, sino que se debe advertir claramente de la ley, o del análisis de las constancias que se estimen conducentes. En ese contexto, si en el artículo multicitado se precisa en forma clara que la interposición del recurso innominado a que se refiere, únicamente corresponde interponerlo a la víctima u ofendido, no ha lugar a hacer mayor interpretación, porque ése fue el espíritu del legislador y de otra forma no se estaría dando cumplimiento a lo señalado en el artículo 133 de la Ley de Amparo, porque la causa de improcedencia no sería notoria ni manifiesta. Máxime, que sobre el acto que nos ocupa no se actualiza alguno de los supuestos de excepción previstos en la fracción XX del invocado dispositivo 61 de la ley reglamentaria. Ello es así, pues en la especie no se alegan violaciones directas a la Constitución, ni el acto se reclama por falta absoluta de fundamentación, tampoco se actualiza el supuesto relativo a que no existe la obligación de agotar el recurso o medio de defensa si se encuentra previsto en un reglamento, sin que la ley aplicable contemple su existencia, porque en el caso, el medio de defensa señalado se encuentra previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Además, no debe perderse de vista que la circunstancia que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales, no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio de la parte quejosa, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia a que alude el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, al haberse incumplido con el principio de definitividad que determina la procedencia del juicio de amparo; por tanto, se determina sobreseer en el presente juicio, con base en el diverso 63 fracción V, del propio ordenamiento legal. No pasa inadvertido para el suscrito, el contenido de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA POSIBILIDAD DE UN RECURSO, NO ES OBSTÁCULO PARA ADMITIRLA"; sin embargo, no es el caso de proceder en los términos que plantea ese criterio, pues como ha quedado de manifiesto, existe un recurso ordinario procedente en contra de los actos que se reclaman y, de admitir a trámite la demanda de amparo, a nada práctico conduciría, si al substanciarse el procedimiento no sería factible obtener una conclusión diversa, con independencia de los elementos que pudieran allegar eventualmente las partes. Por ello, resulta conveniente desechar de plano la demanda de que se trata desde este momento, con objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento del resultado de la promoción de la demanda de garantías y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional. Por lo anteriormente considerado y con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, POR SU NOTORIA IMPROCEDENCIA, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza y da fe.- Doy fe.svmCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretaria José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los autos a la Actuaria de la adscripción.-. Conste.

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