María García Palmer y Otros.
Expediente 448/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 11 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 448/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 22/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alfreo Mingramm Sierra
- María García Palmer y Otros.
- Andrea Flores González
- María García Palmer
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de octubre de dos mil veintiuno. SE ORDENA ARCHIVO. Visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se desprende que no existe ninguna actuación pendiente por desahogar; en consecuencia, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno respectivo, con apoyo en el artículo 214 de Ley de Amparo, se ordena remitir al archivo el juicio de amparo en que se actúa, por tratarse de un asunto concluido. CUMPLIMIENTO A LOS LINEAMIENTOS DEL ACUERDO. En consideración a lo anterior, y a que de la certificación secretarial que antecede no se desprende que en el presente juicio obren glosados documentos originales ni en resguardo en la caja de seguridad de este juzgado, aunado a que no se considera de relevancia documental, con fundamento en los artículos 12 y 21, incisos a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se estima el presente juicio de amparo y cuaderno original incidental, son SUSCEPTIBLES DE DESTRUIRSE, en razón de haberse sobreseído el amparo y confirmarse el sentido de la misma por el Tribunal de Alzada; asimismo, que las suspensiones tanto provisional y definitiva fueron negados, por lo que una vez transcurridos tres años del periodo de conservación que prevé el artículo 21 del Acuerdo General, dentro de los treinta días siguientes, destrúyase el juicio, así como el original del incidente de suspensión. DUPLICADO DE INCIDENTE. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, el cual será contado a partir de esta propia fecha. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy Fe./*arga*/*
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de mayo de dos mil veintiuno. CUENTA CON AUTOS. VISTOS: por cuanto ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la resolución, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, en la que se SOBRESEYÓ el juicio de amparo promovido por María García Palmer, Alfredo Mingramm Sierra, Andrea Flores González, Elena Patricia López Silva, Patricia S. Delgadillo Keemam, sin que lo hayan hecho. DECLARACIÓN DE EJECUTORIA Se declara que la aludida resolución HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes, en términos de los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO. Háganse las anotaciones inherentes en el Libro de Gobierno. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
En Morelia, Michoacán, a las nueve horas con treinta y cinco minutos del diez de noviembre de dos mil veinte, hora y día señalados para la celebración de la audiencia en el incidente de suspensión 448/2020, promovido por María García Palmer, Andrea Flores González, Alfredo Mingramm Sierra, E. Patricia López Silva y Patricia S. Delgadillo Reeman, se procede a celebrar ante la presencia del Juez Tercero de Distrito en el Estado, Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, quien actúa asistido de Silvia Lorena Arenas Raya Secretaria que autoriza y da fe. ...R E S U L T A N D O: y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO.- ... SEGUNDO.- ..TERCERO.- ..CUARTO.- EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, del informe previo rendido por el Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y del titular de dicha dependencia, se advierte que reconoció la existencia del acto que la parte quejosa les reclama. QUINTO.- NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN POR NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO. Así, respecto del acto que aquí se reclama lo procedente es NEGAR LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA, virtud a que del análisis integral de la demanda de garantías se desprende que los peticionarios del amparo, reclaman la inconstitucionalidad e ilegalidad del acuerdo por el que se dispone que la Fuerza Armada permanente para llevar a cabo de tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, de tal modo que a dicho acto le reviste el carácter de consumado, y por ende no es procedente conceder la medida cautelar; pues tomando como punto de partida el hecho de que la consumación de un acto se surte cuando éste ha sido real y materialmente ejecutado por la autoridad a la que se le atribuye, de concederse tal medida, se le estarían dando efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia que se dicte en el juicio de amparo al que este incidente corresponde. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia publicada con el número 12 en la página 13 del tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, cuyo texto y rubro son: "ACTOS CONSUMADOS SUSPENSIÓN IMPROCEDENTE.-. Contra los actos consumados es improcedente conceder la suspensión, pues equivaldría a darle efectos restitutorios, los cuales son propios de la sentencia definitiva que en el amparo se pronuncie". Máxime si se tiene en consideración que de conformidad con lo que establece el artículo 131 de la Ley de Amparo, la medida cautelar no puede tener por efecto constituir derechos que no haya tenido la parte quejosa antes de la presentación de la demanda, lo que en su caso será materia de análisis en la sentencia que se dicte dentro del juicio de amparo. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN POR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Por otra parte, respecto a los efectos y consecuencias de los actos reclamados, es menester señalar que el acuerdo reclamado como tal no establece como efecto algún acto de afectación específico; de modo que aún si se considera que eventualmente podrían surgir actos que podrían lesionar los intereses de las personas y en especial del quejoso, de momento tales actuaciones deben considerarse como actos futuros de realización incierta, precisamente porque no hay evidencia de que el quejoso haya sido afectado de alguna manera con la emisión o los efectos del acuerdo reclamado; por tanto la medida suspensional resulta improcedente en virtud de que la está solicitando por una probable afectación a su esfera jurídica. Tiene aplicación a lo anterior la jurisprudencia, visible a la página 127, Gaceta número 40, del mes de abril de 1991 del semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. TRATÁNDOSE DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Es verdad que no procede la suspensión contra los actos futuros de realización incierta; sin embargo, ello sólo puede ocurrir y determinarse en la audiencia incidental con vista a los informes previos y demás elementos de prueba que se ofrecen con toda oportunidad, y no en la fase procesal relativa a la suspensión provisional, en la cual sólo deben tomarse en cuenta los datos expresados por los quejosos en la demanda de garantías y las pruebas aportadas con ésta, conforme al artículo 130 de la Ley de Amparo". Además, para conceder la suspensión del acto reclamado, éste debe ser actual, o que por estar una situación próxima a suceder, exista la seguridad de que le causará dicha afectación, es decir, que se encuentre ante un hecho inminente, hipótesis en la que no se encuentra el amparista, sin que haya elementos objetivos que permitan advertir su inminencia o existencia. Apoya el anterior criterio la tesis de la Octava Epoca, del Semanario Judicial de la Federación, tomo XI, marzo de 1993, página 197, que literalmente señala: "ACTO INMINENTE. CARACTERISTICA. Para que un acto de autoridad revista el carácter de inminente, es menester que el mismo derive de manera directa y necesaria de otro preexistente, de tal manera que con facilidad pueda asegurarse que se ejecutará en breve y sin lugar a dudas, pues de otra manera ese acto no sería inminente sino futuro e incierto, contra el que no procede otorgar la suspensión". Y apoya todo lo anteriormente planteado la tesis visible en la página 571, del tomo II, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1988, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que señala: "SUSPENSION, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO ASI EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Los actos Futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar; sólo procede ésta si se tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse de actos inminentes". Especialmente si se tiene en consideración que los quejosos no exhibieron medio de pruebo alguno tendente a acreditar la existencia de la afectación deriva del acto reclamado También, se estima necesario hacer notar que la suspensión solicitada por la parte quejosa resulta improcedente a la luz de lo dispuesto en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (reformada por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once), así como en el diverso numeral 138, de la Ley de Amparo, y para lo cual, se procede realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social Para tal efecto, es conveniente destacar que los elementos que nutren a la teoría de la apariencia del buen derecho, son los siguientes: Que el acto reclamado sea en sí mismo suspendible. La demostración presuntiva de un interés legítimo (interés suspensional). La naturaleza de las violaciones aducidas en la demanda. Un juicio de probabilidad y verosimilitud del derecho del solicitante, frente a las violaciones alegadas y; El peligro en la demora del otorgamiento de la medida cautelar. Por su parte el artículo 128 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." En ese tenor, es pertinente destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas en tanto el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población, mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle a aquélla algún mal, desventaja o trastorno. Así, por disposiciones de orden público deben entenderse aquéllas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin inmediato y directo sea tutelar derechos de la colectividad para evitarle algún trastorno o desventaja o para procurarle la satisfacción de necesidades o algún provecho o beneficio, y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o provecho, o la satisfacción de una necesidad colectiva, o bien, le evite un trastorno o un mal público. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 473/71, publicada en la página 44, Parte II, Séptima Época, del rubro y texto: "SUSPENSION DEL ACTO RECLAMADO, CONCEPTO DE ORDEN PUBLICO PARA LOS EFECTOS DE LA. De los tres requisitos que el artículo 124 de la Ley de Amparo establece para que proceda conceder la suspensión definitiva del acto reclamado, descuella el que se consigna en segundo término y que consiste en que con ella no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora bien, no se ha establecido un criterio que defina, concluyentemente, lo que debe entenderse por interés social y por disposiciones de orden público, cuestión respecto de la cual la tesis número 131 que aparece en la página 238 del Apéndice 1917-1965 (jurisprudencia común al Pleno y a las Salas), sostiene que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les sometan para su fallo; sin embargo, el examen de la ejemplificación que contiene el precepto aludido para indicar cuando, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala esta Suprema Corte en su jurisprudencia, revela que se puede razonablemente colegir, en términos generales, que se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría." Bajo ese contexto, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en esta instancia constitucional, el otorgamiento de la medida cautelar, implicaría contravenir disposiciones de orden público, como lo es una de las finalidades de protección que persigue el artículo 21 de la Constitución Federal, esto es, la seguridad pública. En efecto, mediante el decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, entre otros preceptos se modificó el artículo 21 de la Constitución Federal, para quedar, en lo conducente, como sigue: En efecto, mediante el decreto de reforma constitucional, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, entre otros preceptos se modificó el artículo 21 de la Constitución Federal, para quedar, en lo conducente, como sigue: "Artículo 21 (.) --- La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia. La seguridad pública comprende la prevención, investigación y persecución de los delitos, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala. La actuación de las instituciones de seguridad pública se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en esta Constitución. --- Las instituciones de seguridad pública, incluyendo la Guardia Nacional, serán de carácter civil, disciplinado y profesional. El Ministerio Público y las instituciones policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para cumplir los fines de la seguridad pública y conformarán el Sistema Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto a las siguientes bases mínimas: --- a) (.) --- b) El establecimiento de un sistema nacional de información en seguridad pública a cargo de la Federación al que ésta, las entidades federativas y los Municipios, a través de las dependencias responsables de la seguridad pública, proporcionarán la información de que dispongan en la materia, conforme a la ley. --- El sistema contendrá también las bases de datos criminalísticos y de personal para las instituciones de seguridad pública. Ninguna persona podrá ingresar a las instituciones de seguridad pública si no ha sido debidamente certificada y registrada en el sistema." En lo que interesa, debe precisarse que el constituyente permanente, estableció que las tareas relacionadas con la seguridad pública, estarían a cargo de una nueva corporación, que se nombró como "Guardia Nacional", como una más de las instituciones de seguridad de índole o naturaleza civil; lo anterior, a fin de distinguir y separar con claridad las actividades y facultades de las Fuerzas Armadas, entendidas éstas a las de índole militar. En armonía con lo anterior, se reformó el artículo 73, fracción XXIII, de la Constitución Federal, en cuanto a las facultades del Congreso de la Unión, en el sentido siguiente: "Artículo 73. (.) --- XXIII. Para expedir leyes que, con respeto a los derechos humanos, establezcan las bases de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los Municipios; organicen la Guardia Nacional y las demás instituciones de seguridad pública en materia federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 21 de esta Constitución; así como la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, y la Ley Nacional del Registro de Detenciones;" En las disposiciones transitorias del decreto en comento, se estableció que la reforma constitucional, habría de entrar en vigor el día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y que el Congreso de la Unión habría de expedir la legislación correspondiente a la regulación en general de la Guardia Nacional, dentro de los sesenta días naturales, siguientes a la referida entrada en vigor del decreto aludido, así como de otra relacionada con el uso de la fuerza y registro de detenciones, como así se lee en el artículo primero de dichas disposiciones de tránsito, que dice: "Primero. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. --- El Congreso de la Unión dentro de los 60 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto, expedirá la Ley de la Guardia Nacional y hará las adecuaciones legales conducentes. --- Asimismo, expedirá las leyes nacionales que reglamenten el uso de la fuerza y del registro de detenciones dentro de los 90 días naturales siguientes a la entrada en vigor de este Decreto." A pesar de la entrada en vigor de la reforma constitucional y del plazo para expedir la legislación de las reglas de operación, estructura y demás regulación de la Guardia Nacional, el constituyente permanente, estableció en el artículo quinto de las normas de tránsito del decreto de mérito, un plazo de cinco años, siguientes a dicha entrada en vigor, como temporalidad de adaptación, desarrollo, adaptación e implantación del sistema de funcionamiento y operación de la Guardia Nacional, durante el cual, el Presidente de la República, estaba facultado, discrecionalmente -al emplearse el vocablo "podrá"- para disponer de la Fuerza Armada, para el cumplimiento de las tareas de seguridad pública, de modo extraordinario, regulado, fiscalizado, subordinado y complementario, como así se aprecia de tal precepto que dispone lo siguiente: "Quinto. Durante los cinco años siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, en tanto la Guardia Nacional desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, el Presidente de la República podrá disponer de la Fuerza Armada permanente en tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. --- El Ejecutivo Federal incluirá un apartado sobre el uso de la facultad anterior en la presentación del informe a que se hace referencia en la fracción IV del artículo 76." Esto es, que a pesar de la institucionalización constitucional de la Guardia Nacional, como corporación civil encargada, entre otras, de la seguridad pública, se estableció un periodo de transición, en el cual habría de velarse, además, por las tareas de seguridad pública, con la intervención de la Fuerza Armada, ello, a través de su autorización por parte del Presidente de la República, quien quedaba facultado para establecer tal acción. De modo que, paralelamente a la institucionalización e inicio de operación de la Guardia Nacional, en un periodo de cinco años a partir de dicha reforma, quedaba facultado el Presidente de la República, para hacer intervenir a la Fuerza Armada en las tareas de la seguridad pública, claro está, bajo los lineamientos acotados por el constituyente permanente, esto es, de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Con base en lo anterior, esto es, con la motivación y fundamentación constitucional indicada en parágrafos precedentes, el Presidente de la República, expidió el decreto reclamado que constituye el acto reclamado, esto es, el publicado el once de mayo de dos mil veinte, autorizando y ordenando a la Fuerza Armada, a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria, al cumplimiento de las tareas de seguridad pública, como así se advierte del artículo primero de dicho decreto que establece: "Primero. Se ordena a la Fuerza Armada permanente a participar de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada subordinada y complementaria con la Guardia Nacional en las funciones de seguridad pública a cargo de ésta última, durante el tiempo en que dicha institución policial desarrolla su estructura, capacidades e implantación territorial, sin que dicha participación exceda de cinco años contados a partir de la entrada en vigor del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Guardia Nacional, publicado el 26 de marzo de 2019, en el Diario Oficial de la Federación." Incluso, en los restantes artículos del decreto, esto es, en los correspondientes a los preceptos segundo, tercero, cuarto y quinto, se precisó por la autoridad responsable, que las tareas de seguridad pública, para las que se hacía la intervención de la Fuerza Armada, se haría con estricto apego a la legislación de la Guardia Nacional y de sus facultades, así como en estricto cumplimiento y respeto de los derechos humanos, según se lee como sigue: "Segundo. La Fuerza Armada permanente, en el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública a que se refiere el presente Acuerdo, realizará las funciones que se le asignen conforme a las atribuciones que prevén las fracciones I, II, IX, X, XIII, XIV, XV, XVI, XXV, XXVII, XXVIII y XXXIV del artículo 9 de la Ley de la Guardia Nacional. Tercero. En el apoyo en el desempeño de las tareas de seguridad pública, la Fuerza Armada permanente se regirá en todo momento por la estricta observancia y respeto a los derechos humanos, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y observará la Ley Nacional Sobre el Uso de la Fuerza y demás ordenamientos en la materia. Cuarto. Se instruye al Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana para coordinarse con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina para definir la forma en que las actividades de la Fuerza Armada permanente complementarán la función de la Guardia Nacional. Quinto. Las tareas que realice la Fuerza Armada permanente en cumplimiento del presente instrumento, estarán bajo la supervisión y control del órgano interno de control de la dependencia que corresponda." De acuerdo con lo anterior, al advertirse que la expedición del decreto impugnado, tiende al cumplimiento de uno de los fines fundamentales del Estado, a cargo en el orden de gobierno federal del Presidente de la República, como lo es la "seguridad pública", el que en la especie deriva del artículo 21 de la Constitución Federal, y particularmente de lo previsto en el artículo quinto transitorio, del decreto de su reforma publicada el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, en el sentido que a pesar de la institucionalización de la Guardia Nacional, como corporación de seguridad de naturaleza civil, facultada para realizar actividades de protección de la seguridad pública, por un lapso de cinco años posterior a ello, habría de intervenir la Fuerza Armada para lograr tal fin, según quedó justificado, a partir de los textos constitucionales reproducidos. Es por lo anterior que, de conceder la medida cautelar contra el decreto impugnado, para la finalidad pretendida por la quejosa recurrente, implicaría contravenir disposición de orden público, como lo es el propio artículo quinto transitorio, del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se reformó -entre otros- el artículo 21 de la Constitución Federal, institucionalizando el constituyente permanente, la Guardia Nacional, como corporación facultada para realizar tareas de seguridad pública, pero a la vez estableciendo un periodo de adaptación y concreción del desarrollo de dicha institución, en el que habría de intervenir la Fuerza Armada como elemento auxiliar, para el cumplimiento de ese valor constitucional, como lo es la seguridad pública. Luego, de conceder la suspensión, implicaría ir contra tal disposición que no sólo es de orden constitucional, sino también de orden público, pues tiende a proteger uno de los valores fundamentales del Estado, como es la seguridad pública, la cual no podría logarse, si no se permitiera concretar el mandato constitucional, que se sopesó, en cuanto a la necesidad de adaptación de la Guardia Nacional, para lo cual era necesario que interviniera la Fuerza Armada, y así lograr la seguridad pública, lo cual ya no podría lograrse, de conceder la suspensión del acto reclamado, implicando con ello, contravención de una disposición de orden público. Apoya lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 2a./J. 166/2004 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 545 del tomo XX, diciembre de 2004, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN EN AMPARO. DEBE NEGARSE CUANDO EL CONCESIONARIO DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE LA SOLICITE CONTRA LA DETENCIÓN DEL VEHÍCULO QUE UTILIZA PARA SU PRESTACIÓN, POR NO CUMPLIR LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIBLES (ARTÍCULO 70 DE LA LEY DEL TRANSPORTE PARA EL ESTADO DE PUEBLA). El mencionado precepto establece que los vehículos que se utilicen para la prestación del servicio público de transporte en rutas urbanas no deben exceder de diez años de antigüedad, con lo cual se persigue proteger el interés colectivo y tutelar el orden público, ya que además de buscar la seguridad de los pasajeros y la disminución de accidentes, tiende a reducir el impacto ambiental. Ahora bien, si la protección al medio ambiente y la preservación del equilibrio ecológico son de interés social y utilidad pública, conforme a los artículos 1o., 2o., 3o., fracción XIX, 4o. y 7o., fracciones II, III y VII, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que están obligadas a cumplir, entre otras, las autoridades estatales, es indudable que si los concesionarios reclaman la detención de vehículos destinados al transporte público que no reúnan los requisitos legales previstos, debe negarse la suspensión del acto reclamado conforme al artículo 124, fracción II, de la Ley de Amparo, ya que de lo contrario se causaría perjuicio al interés social, pues la sociedad está interesada en que la prestación del servicio público de transporte se realice en condiciones de seguridad y ocasionando el menor impacto ambiental." De igual modo, la tesis de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es visible en la página 4764 del tomo XLIV, Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "TRANSITO, REGLAMENTACION DE. La determinación de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que impone el uso de aparatos antideslumbrantes para los automóviles que transitan por carreteras nacionales y de concesión federal tiende a proteger la vida de los transeúntes en la vía pública, por lo que contra la misma es improcedente conceder la suspensión, toda vez que la sociedad está interesada en que se lleven a cabo esas medidas de seguridad." En ese sentido es que, no se trata en sí mismo, del ejercicio de la facultad reglamentaria, prevista en el artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, lo que torna no satisfacer el requisito de no contravención de disposiciones de orden público, previsto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, sino el contenido y objeto materia que subyace al acto reclamado y a su contenido, esto es, el cumplimiento del artículo quinto transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de marzo de dos mil diecinueve, mediante el cual se reformó - entre otros- el artículo 21 de la Constitución Federal, en el que se institucionalizó por el constituyente permanente la Guardia Nacional (como corporación facultada para realizar tareas de seguridad pública), pero a la vez estableció que en un periodo de adaptación y concreción del desarrollo de dicha institución, habría de intervenir la Fuerza Armada, como elemento auxiliar para el cumplimiento de ese valor constitucional, que es la seguridad pública. En consecuencia, con los elementos que se tienen hasta el momento, al presumirse un perjuicio al interés social y contravención del orden público, es indudable que, en términos de los artículos 128, fracción II y 129, ambos de la Ley de Amparo, RESULTA IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA que solicitan María García Palmer, Andrea Flores González, Alfredo Mingramm Sierra, E. Patricia López Silva y Patricia S. Delgadillo Keeman, porque existe contravención al orden público y al interés social, atendiendo los argumentos planteados en este acuerdo y ponderando el interés superior de la sociedad sobre el interés particular de la parte impetrante. Lo anterior constituye un juicio de mera probabilidad, lo que significa que una vez integrado el expediente principal, y allegadas las pruebas pertinentes habrá de resolverse lo que conforme a derecho corresponda, con total independencia y libertad, por lo que el criterio de quien resuelve al ponderar los elementos anteriormente acotados no compromete el que deba sustentarse al decidir la controversia en lo principal. Los criterios jurisprudenciales o tesis que aparecen citados, se invocan aún y cuando hubieren sido integrados conforme a la Ley de Amparo anterior, pues el contenido de los mismos, no se opone a lo que la ley de la materia aplicable dispone en cuanto al tema de que tratan; ello con fundamento en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor. Por lo expuesto y fundado en el artículo 144 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. SE NIEGA a María García Palmer, Andrea Flores González, Alfredo Mingramm Sierra, E. Patricia López Silva y Patricia S. Delgadillo Reeman, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO, por las razones precisadas en los considerandos tercero y quinto del presente fallo interlocutorio. Notifíquese. Lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, veintiocho de octubre de dos mil veinte. SE RECIBE INFORME PREVIO Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, con el que la autoridad que lo envía rinde informe previo que le fue solicitado, lo anterior en términos del artículo 140 de la Ley de Amparo; de lo que se ordena hacer relación en la audiencia incidental. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.Mach
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