María Guadalupe Chávez Mederos
Expediente 1082/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 23 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1082/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 23
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Guadalupe Chávez Mederos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 23.
- Principal
. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo número IX-1082/2023, promovido por María Guadalupe Chávez Mederos, contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el quince de agosto de dos mil veintitrés, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con sede en esta ciudad, y recibido al día siguiente hábil en este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, María Guadalupe Chávez Mederos promovió demanda de amparo indirecto contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México, y otras autoridades. SEGUNDO. DERECHOS HUMANOS QUE SE ESTIMAN VIOLADOS. En la propia demanda de amparo, la parte quejosa precisó como violados en su perjuicio los derechos fundamentales consagrados en los artículos 1º, 14, 16 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. Por auto de diecisiete de agosto de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda de garantías registrada con el número IX-1082/2023; se solicitó a las autoridades responsables su respectivo informe justificado; se dio la intervención que legalmente le compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; finalmente, tuvo verificativo la celebración de la audiencia constitucional en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, conforme a lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 36, párrafo primero, y 114, fracción II, de la Ley de Amparo, así como el diverso artículo 48, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y Punto Cuarto, fracción XI, párrafo primero, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. Ello en razón de que la parte quejosa reclama actos de autoridad administrativa con ejecución dentro de la circunscripción territorial sobre la que ejerce competencia mixta este juzgado. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que prevé que las sentencias que se dicten en los juicios de garantías, deben contener ".La fijación clara y precisa del acto reclamado."; es necesario precisar los actos reclamados, que se desprenden del estudio y análisis en conjunto de la demanda de garantías y de las constancias que integran el presente sumario. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se aprecia que la parte quejosa reclama los siguientes actos: El acuerdo 277/2023, de veinte de julio de dos mil veintitrés, por medio del cual la incluyó a la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 y 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito, emitido por el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Así como, el oficio 110/G/658/2023, con folio SIARA UIFB/2023/000777, mediante el cual materializa el aludido acuerdo reclamado, a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Como consecuencia, el bloqueo de la cuenta bancaria 56-58247720-8, aperturada en la sucursal 4596, en esta ciudad, del Banco Santander, de la cual la quejosa es titular. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Del contenido del informe justificado rendido por el Director y Subdirectora, ambos de la Contencioso adscritos a la Coordinación Jurídica de Procedimientos C, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en Ciudad de México, se advierte que niegan la existencia del acto reclamado, pues de esa manera lo manifestaron al rendir su informe justificado. Lo anterior sin que la quejosa hubiera ofrecido pruebas idóneas con las que desvirtúe la negativa de actos vertida por las citadas autoridades responsables. Por tanto, al no acreditarse la existencia de los actos reclamados a la autoridad mencionada, debe sobreseerse en este juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Contra lo afirmado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, del contenido del informe justificado rendido por el Director General de lo Contencioso, en representación del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México, y el apoderado legal del Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, se advierte que aceptan la existencia de los actos reclamados que se les atribuyen, a cuyo efecto la primera de dichas autoridades remitió copia certificada de las constancias relativas. Documental a la que se le concede pleno valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, según lo estatuye su numeral 2°, por tratarse, en la especie, de copia certificada de actuaciones llevadas a cabo por funcionarios públicos en ejercicio de sus atribuciones, los cuales, con arreglo a la ley, gozan de fe pública. QUINTO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. El artículo 62 de la Ley de Amparo, prevé que: "Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo."; esto quiere decir que no es necesario que alguna de las partes invoque su actualización para que se agote su estudio; precisamente porque el examen aludido es de orden público. El anterior razonamiento se ve robustecido por las tesis que se citan a continuación: Época: Octava Época Registro: 206296 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988 Materia(s): Común Tesis: Página: 191 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. La improcedencia de los juicios de garantías es de orden público, y en esa virtud su causal puede estudiarse, aun cuando no exista agravio encaminado a ese fin. Época: Séptima Época Registro: 394239 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 283 Página: 190 IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales. Ahora bien, el apoderado legal del Banco Santander México S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, refirió que la institución que representa no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio biinstancial. Dicho planteamiento es infundado. El artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, señala que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Este segundo supuesto normativo se actualiza cuando los bancos ejecutan aseguramientos de cuentas ordenados por una autoridad administrativa, pues si bien se trata de personas morales privadas, al inmovilizar o bloquear las cuentas, su actuación es equivalente al acto de una autoridad, porque ejerce facultades de ejecución, como lo haría cualquier otra autoridad, para materializar una medida cautelar, y su actuar es unilateral y obligatorio, ya que se ejerce sin que medie voluntad de la persona afectada, derivado de lo cual afectan los derechos del gobernado, al crear una situación jurídica que restringe la disposición de bienes o recursos, e impide la realización de cualquier otra operación financiera en sus cuentas bancarias. En esa medida, debe concluirse que la citada institución bancaria sí tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, pues de autos se advierte que en acatamiento a las instrucciones recibidas por la Unidad de Inteligencia Financiera a través del oficio 110/G/658/2023, de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, derivado del acuerdo 277/2023, de veinte de julio de dos mil veintitrés, suspendió de forma inmediata la realización de cualquier acto, operación o servicio relacionado con la cuenta de la aquí quejosa. Por las razones que informa, se cita la jurisprudencia PC.I.P. J/56 P (10a.) del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: INSTITUCIONES BANCARIAS. TIENEN EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO EJECUTAN LOS ASEGURAMIENTOS DE CUENTAS BANCARIAS ORDENADOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL POR LA AUTORIDAD MINISTERIAL O JUDICIAL. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece que tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que, de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, señala que los particulares tendrán esa calidad cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Este segundo supuesto normativo se actualiza cuando los bancos ejecutan aseguramientos de cuentas ordenados en el procedimiento penal por la autoridad ministerial o judicial, pues si bien se trata de personas morales privadas, al inmovilizar o bloquear las cuentas, su actuación es equivalente al acto de una autoridad, porque ejerce facultades de ejecución como lo haría cualquier otra autoridad para materializar una medida cautelar, y su actuar es unilateral y obligatorio, ya que se ejerce sin que medie voluntad de la persona afectada, derivado de lo cual afectan los derechos del gobernado, al crear una situación jurídica que restringe la disposición de bienes o recursos, e impide la realización de cualquier otra operación financiera en sus cuentas bancarias. Además, las funciones del banco en la ejecución del aseguramiento de cuentas están determinadas en una norma general, como son los artículos 4, fracción XIX, de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como 44, fracciones I a IV, del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que les confieren atribuciones para actuar con imperio como una autoridad ejecutora, en tanto disponen que los bancos están obligados a acatar lo solicitado, de forma que la inmovilización de las cuentas no surge por impulso de su parte, sino mediante autorización del Estado, en virtud de la norma general referida." En consecuencia, se desestima la causal de improcedencia aludida y se procede al análisis del fondo material controvertido. SEXTO. CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Es innecesario transcribir los conceptos de violación formulados por el promovente, en función a que quien suscribe no se encuentra obligado a ello, en términos de la ley y de lo que sobre el particular preconiza la jurisprudencia 2ª./J58/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN.". SÉPTIMO. ESTUDIO DE FONDO. Son esencialmente fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa. En ellos la parte quejosa esencialmente señala: Que el acto emitido por las autoridades responsables violenta los derechos de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, contenidos en los artículos 1°, 14, 16 constitucionales, porque se le está privando del uso y goce de los fondos monetarios que tiene en la aludida cuenta bancaria, pues fueron bloqueadas e inmovilizadas suspendiendo toda operación, sin haber sido oída previamente por ausencia de procedimiento administrativo para incluirla a la lista de personas bloqueadas a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito. Además, toda autoridad administrativa carece de facultades para que de mutuo ejecute el bloqueo y/o inmovilización de las cuentas bancarias, siendo que son actos propios de una autoridad, máxime que desconoce a cabalidad el fundamento y causas por las que la Unidad Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitió el acto reclamado. Que si bien se fundamentó su actuación en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, lo cierto es que, no se hizo con motivo de un compromiso internacional adoptado por el Estado México, por lo que se transgredió el principio de seguridad jurídica, pues se actualiza el supuesto normativo analizado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J.46/2018 en la que se determinó que era inconstitucional dicho precepto, por ser contrario al principio de seguridad, al contener una medida cautelar de índole administrativa, la cual para ser válida requiere advertirse respecto de qué procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. Y en el caso, el bloqueo e inmovilización de la cuenta bancaria de la quejosa no se realizó con motivo del cumplimiento de un compromiso internacional adoptado por el Estado Mexicano, siendo que en el caso, se advierte que los actos reclamados se realizaron para cuestiones estrictamente nacionales De ahí que se transgrede su derecho de audiencia, pues previo al bloqueo de sus cuentas y emisión del acuerdo 277/2023, se le debió haber otorgado dicho derecho para que hiciera valer sus derechos y aportar pruebas en su defensa. Como se adelantó, dichos conceptos de violación, analizados en su conjunto en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo, dada su estrecha relación son fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, por las consideraciones siguientes: En principio, cabe señalar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, así como de las "Disposiciones de Carácter General a que se refiere el Artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito", en específico, las identificadas con los números 70ª, 71ª, 72ª y 73ª, en términos de las consideraciones expuestas en los amparos en revisión 806/2017, 1150/2017, 1181/2017, 1231/2017 y 124/2018, que dieron lugar a la jurisprudencia 46/2018 (10a.), citado como sustento de los motivos de disenso, que se precisa en párrafos siguientes. Así, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en términos generales, precisó que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, a efecto de ser acorde con el principio constitucional de seguridad jurídica, debe interpretarse de la siguiente manera: A. La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público consistente en el bloqueo de cuentas a los sujetos clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: I. Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. II. Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional (a manera de ejemplo, para el cumplimiento de las resoluciones que en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva emite el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas). B. La citada atribución no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, pues en tales supuestos el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resultaría contrario al principio de seguridad jurídica. Tales consideraciones, se contienen en la jurisprudencia 46/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: Registro digital: 2016903 Instancia: Segunda Sala Décima Época Materias(s): Constitucional, Administrativa Tesis: 2a./J. 46/2018 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 54, Mayo de 2018, Tomo II, página 1270 Tipo: Jurisprudencia ACTOS, OPERACIONES O SERVICIOS BANCARIOS. SU BLOQUEO ES CONSTITUCIONAL CUANDO SE REALIZA PARA CUMPLIR COMPROMISOS INTERNACIONALES (INTERPRETACIÓN CONFORME DEL ARTÍCULO 115 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO). El precepto referido al prever que las instituciones de crédito deberán suspender de forma inmediata la realización de actos, operaciones o servicios con los clientes o usuarios que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público les informe mediante una lista de personas bloqueadas, contiene una medida cautelar de índole administrativa, la cual, para ser válida en relación con el principio constitucional de seguridad jurídica, de su regulación habrá de advertirse respecto de qué tipo de procedimiento jurisdiccional o administrativo se implementa. En consecuencia, debe realizarse una interpretación conforme del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito a efecto de que sea acorde con el principio constitucional mencionado, de la siguiente manera: a) La atribución únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos por nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras; o ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con esas atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. b) Sin embargo, la atribución citada no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, pues al no encontrarse relacionada con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, resultaría contraria al principio de seguridad jurídica." Derivado de lo antes expuesto, se observa que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede incorporar a una persona a la lista de personas bloqueadas del sistema financiero, de conformidad con el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras o por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional. No obstante, cabe señalar que ello no es suficiente para afirmar que el citado Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera está actuando dentro del margen de validez constitucional del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, puesto que será necesario que al incluir a una persona en la lista de personas bloqueadas se justifique que efectivamente existe una solicitud de autoridad extranjera, organismo internacional o agrupación internacional, de las cuales el Estado Mexicano esté obligado a cumplir por virtud de sus compromisos internacionales en los términos apuntados, por virtud de la cual sea posible identificar indefectiblemente a la persona que debe incluirse en la lista de personas bloqueadas por estar sujeta al procedimiento internacional específico y determinado del cual derivó dicha orden. Estimar lo contrario, implicaría sostener que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público puede incluir a cualquier persona a la lista de personas bloqueadas con solo justificar que dicha inclusión se realiza en cumplimiento de una obligación internacional asumida por el Estado Mexicano de las previamente citadas, pero sin garantizar la seguridad jurídica de la parte quejosa de que efectivamente existe dicho procedimiento en contra de sus intereses. Además, al resolver los mencionados amparos en revisión 806/2017, 1150/2017, 1181/2017, 1231/2017 y 124/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que si bien el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, en parte, puede vulnerar el principio de seguridad jurídica cuando el bloqueo de cuentas se realiza para aspectos estrictamente nacionales, no implica que sea inconstitucional, ya que es posible realizar una interpretación conforme de dicho precepto. Asimismo, determinó que la facultad de incluir a un particular en la lista de personas bloqueadas se trata de una medida administrativa para la protección del sistema financiero; de igual forma, indicó que las medidas cautelares son actos de carácter provisional, accesorios y sumarios, cuyo efecto puede ser, entre otros, garantizar el interés público, debido a que con su imposición se busca restablecer el orden jurídico trastocado, hasta en tanto se resuelve el procedimiento administrativo o jurisdiccional del que deriven. Por su parte, la Segunda Sala sostuvo que, el artículo 15, fracción I, inciso a), del Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera para establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita. De igual forma, precisó, que en términos de las fracciones X y XIII del citado artículo, la autoridad está facultada para: a) recibir y recopilar pruebas, constancias, reportes, avisos, documentación, datos, imágenes e informes sobre las conductas que pudieran actualizar los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, integrando los expedientes respectivos; y, b) denunciar ante el Ministerio Público de la Federación dichas conductas. Igualmente, la Segunda Sala consideró que el bloqueo de cuentas bancarias tiene como origen la actualización de las atribuciones propias de la autoridad administrativa, situación que, si se dan los supuestos jurídicos necesarios, da inicio a la actividad del Ministerio Público, que retomará la información originalmente obtenida y será utilizada en el propio ejercicio de sus funciones de carácter penal solamente hasta ese momento. También indicó que el normativo 15 del aludido Reglamento Interior no contiene un listado de supuestos por los que procede el bloqueo de cuentas bancarias, no obstante lo anterior, la fracción I del propio precepto, al establecer que el objeto del bloqueo es prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones, la comisión de los delitos de terrorismo y su financiamiento o de operaciones con recursos de procedencia ilícita, remite al diverso 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, el cual, a su vez, lo hace a las disposiciones del Código Penal Federal; sin embargo, no significa que la naturaleza de tal atribución sea penal, sino estrictamente administrativa. De igual manera, precisó que el citado artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito sí representa una problemática de validez constitucional, porque si bien contiene una medida cautelar, lo cierto es que no define qué procedimiento responde el bloqueo en cuestión; por tanto, para que la medida cautelar resulte válida en términos constitucionales, de su regulación se habrá de advertir respecto de qué tipo de procedimiento se implementa. Por lo expuesto, la Segunda Sala realizó una distinción del artículo reclamado, a partir del motivo que genera el bloqueo de cuentas. En primer lugar, señaló que existen tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte y que establecen la obligación de asegurar determinados bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias, para prevenir el blanqueo de dinero y las operaciones con recursos de procedencia ilícita a través de actos realizados dentro del sistema financiero; un claro ejemplo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y el Convenio Internacional para la Represión de la Financiación al Terrorismo. De igual forma, precisó que México asumió el compromiso internacional de adoptar medidas de acción rápida y eficiente, como son, resoluciones de organismos internacionales o agrupaciones intergubernamentales, cuyo efecto es identificar y congelar bienes relativos al lavado de activos, al financiamiento del terrorismo y de proliferación de armas de destrucción masiva. Como resultado de tales consideraciones, la Segunda Sala concluyó que si el bloqueo de cuentas bancarias es para dar cumplimiento a una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional, o bien, una obligación bilateral o multilateral, no existe violación al principio de seguridad jurídica, porque efectivamente opera como medida cautelar, en tanto que se trata de una resolución provisional, derivada de un procedimiento específico; sin embargo, si el bloqueo se realiza para aspectos estrictamente nacionales, sí se vulnera dicho principio constitucional, debido a que la medida cautelar no se impone con motivo de un procedimiento específico y determinado. De la ejecutoria de dicha jurisprudencia, se obtiene que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó lo siguiente: "[.] A partir de los anteriores elementos, es posible arribar a la conclusión de que, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas realizado a partir del contenido del artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional (tal y como lo es el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas), o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, no existiría una transgresión al principio de seguridad jurídica. Ello se debe a que en tal contexto, la atribución contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, efectivamente opera como una medida cautelar, en tanto se trata de una medida provisional que responde justamente a un procedimiento específico: el cumplimiento de los compromisos internacionales que ha adquirido nuestro país -cuyos ejemplos han sido indicados con anterioridad-. [.] No obstante, la citada conclusión, consistente en que el artículo reclamado es acorde con el principio de seguridad jurídica, no se satisface cuando el bloqueo de cuentas se realiza para cuestiones estrictamente nacionales, en tanto en estos supuestos, efectivamente la medida cautelar no se impondría en relación con un procedimiento específico y determinado, aspecto que trastoca su validez constitucional. En efecto, en el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine al amparo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por nuestro Texto Constitucional. [.] En las relatadas condiciones, el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito -en las porciones que fueron reclamadas-, a efecto de ser acorde con el principio constitucional de seguridad jurídica, debe interpretarse de la siguiente manera: a) La atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar relacionada con los procedimientos relativos al cumplimiento de compromisos internacionales asumidos en nuestro país, lo cual se actualiza ante dos escenarios: i) Por el cumplimiento de una obligación de carácter bilateral o multilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar este tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. ii) Por el cumplimiento de una resolución o determinación adoptada por un organismo internacional o por una agrupación intergubernamental, que sea reconocida con tales atribuciones por nuestro país a la luz de algún tratado internacional (a manera de ejemplo, para el cumplimiento de las resoluciones que en materia de terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva emite el Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas). b) La citada atribución no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, pues en tales supuestos el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resultaría contrario al principio de seguridad jurídica [.]" En ese orden, en la referida ejecutoria, la Segunda Sala precisó que existen diversos tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte, que establecen la obligación de asegurar determinados bienes, entre los que se encuentran las cuentas bancarias, como lo es la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, establece en su artículo 12, apartado 2, que los Estados Parte: adoptarán las medidas que sean necesarias para permitir la identificación, la localización, el embargo preventivo o la incautación de cualquier bien a que se refiere el párrafo primero del mencionado artículo con miras a su eventual decomiso. De ahí que el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, entre otras cuestiones, prevé la medida cautelar que faculta a la Unidad de Inteligencia Financiera de incluir a las personas a la lista de personas bloqueadas del sistema financiero. Dicha atribución consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, únicamente puede emplearse como medida cautelar cuando el bloqueo de cuentas tenga como origen el cumplimiento de una resolución o pronunciamiento de un organismo internacional; o bien, el cumplimiento de una obligación bilateral o multilateral asumida por nuestro país, en la que se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar ese tipo de medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras. La referida atribución no puede emplearse cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, esto es, que no se realice para el cumplimiento de un compromiso internacional, que derive de una resolución, pronunciamiento o solicitud; pues en tales supuestos el bloqueo, al no encontrarse relacionado con algún procedimiento administrativo o jurisdiccional específico, sí resulta contrario al principio de seguridad jurídica, mismo que se encuentra protegido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En todo caso, será necesario que la inclusión en la lista de personas bloqueadas, se justifique que efectivamente existe una solicitud de autoridad extranjera, organismo internacional o agrupación internacional, de las cuales el Estado Mexicano está obligado a cumplir compromisos internacionales, por virtud de la cual sea posible identificar indefectiblemente a la persona que debe incluirse en la lista de personas bloqueadas por estar sujeta al procedimiento internacional específico y determinado del cual derivó dicha orden; lo que en el caso concreto no acontece. Se insiste, considerar lo contrario, implicaría aceptar que la Unidad de Inteligencia Financiera puede incluir a cualquier persona a la lista de personas bloqueadas con solo justificar que dicha inclusión se realiza en cumplimiento de una obligación internacional asumida por el Estado Mexicano, pero sin garantizar la seguridad jurídica de la parte quejosa de que efectivamente existe dicho procedimiento en contra de sus intereses y al cual es accesorio la medida cautelar prevista por el artículo impugnado. En el supuesto de que el bloqueo de cuentas se realice por un motivo estrictamente nacional, es decir, que no se origine con motivo del cumplimiento de un compromiso de índole internacional, la medida cautelar no se encontraría relacionada con procedimiento alguno, jurisdiccional o administrativo, aspecto que, en última instancia, se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por la Constitución Federal. Ahora, en el caso, el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en el oficio con número de identificación de requerimiento 110/G/658/2023, con folio SIARA UIFB/2023/000777, de veintisiete de julio de dos mil veintitrés (fojas 170 a 173), dirigido al Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se ordenó la inclusión de la quejosa María Guadalupe Chávez Mederos, a la lista de personas bloqueadas a la que hace referencia el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y, como consecuencia, el bloqueo de las cuentas bancarias de dicha persona, lo cual -a su consideración- tuvo su origen en el acuerdo 277/2023, dictado por el citado Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De esta forma, quien esto resuelve concluye que el bloqueo de la cuenta bancaria de la quejosa María Guadalupe Chávez Mederos, no es legal y conforme al principio de seguridad jurídica, pues tal acción constituye una medida cautelar que no tuvo origen en una cooperación internacional, con la finalidad de prevenir la comisión y/o continuación del delito de lavado de dinero; por tanto, se determina que la orden de embargo de cuentas prevista en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, constituye un acto inconstitucional. Es así, pues como se puede apreciar del acuerdo 277/2023 y del oficio de identificación de requerimiento 110/G/658/2023, con folio SIARA UIF/2023/000777, de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, revela que no contiene una solicitud expresa del bloqueo de cuentas por parte de autoridad extranjera, en el que requiera la colaboración y/o información respecto de las cuentas bancarias de diversas personas, sino que únicamente constituye una orden de bloqueo que deriva de presunciones y/o deducciones por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre las cuales se encuentra la quejosa María Guadalupe Chávez Mederos, derivada de su probable participación como accionista y representante de personas morales constructoras, que celebraron contratos con el Gobierno del Estado de Michoacán, generando beneficios económicos indebidos. De ahí que solicita la asistencia de la institución bancaria para investigar irregularidades bancarias y posibles vínculos con actividades criminales en México. Al respecto, debe reiterarse que en la jurisprudencia 46/2018 (10a.), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que debe existir una "petición expresa" de bloquear cuentas bancarias. Al tratarse de una "petición expresa" es inconcuso que, por su propia naturaleza, debe ser clara, contundente e indubitable y no una mera "posibilidad" de realizar tal bloqueo. Por tanto, al no existir tal petición, ello conduce a que fue la Unidad de Inteligencia Financiera la que por sí y ante sí (sin petición expresa internacional válida) ordenó el bloqueo de cuentas, cuestión que, como se vio, está vedada por la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De lo expuesto se advierte que la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera en cuanto a bloquear las cuentas no obedeció a una petición expresa de un organismo internacional, sino que fue producto de su propia valoración en todo el proyecto (supuesto en el que su facultad no es constitucionalmente válida en términos de la multicitada jurisprudencia). Atento a lo anterior, es inconcuso que al emitir el acto reclamado, el proceder de la Unidad Inteligencia Financiera se sustentó única y exclusivamente en el derecho interno, por lo que su actuación no está ajustada a la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya examinada. Lo hasta aquí determinado se refuerza si se considera que el oficio de que se trata no contiene fundamento alguno en el que se invoque un instrumento internacional suscrito por el Estado Mexicano, ni mencionan un procedimiento identificable. Esto último es especialmente relevante, pues la Segunda Sala estableció que el bloqueo de cuentas por petición expresa internacional es válido siempre y cuando se constituya como una auténtica medida cautelar, es decir, que derive de un procedimiento internacional. En este sentido, el oficio reclamado resulta inconstitucional, pues no se adecua a las consideraciones que se contienen en la jurisprudencia 46/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, puesto que incorpora en su listado a varias personas y hace referencia a que todos los sujetos se encuentran vinculados con actividades con recursos de procedencia ilícita. Además, omite vincular a parte quejosa a alguna actividad ilícita específica y si bien refiere que es con motivo del ejercicio de las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera, y se remite a diversas convenciones internacionales, no se justifica indefectiblemente que la quejosa María Guadalupe Chávez Mederos deba ser incluida en la lista de personas bloqueadas, lo que se traduce en una vulneración al principio de seguridad jurídica protegido por la Constitución Federal. Sobre esas bases, la determinación reclamada no se ajustó a la interpretación conforme realizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que no se justifica el ejercicio de la facultad contenida en el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito, por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y, por ende, la actuación surgió por una circunstancia exclusivamente nacional. Por lo expuesto, debe enfatizarse, que para que sea constitucional el bloqueo de cuentas bancarias, no basta que exista una obligación de carácter bilateral asumida por México, en la cual se establezca de manera expresa la obligación compartida de implementar determinadas medidas ante solicitudes de autoridades extranjeras, sino que es necesario que se solicite la implementación de determinada medida, lo que en el caso no aconteció. Sin que pase inadvertido que la responsable también anexó a su informe justificado una diversa denuncia que presentó ante el Titular de la Unidad Especializada en Investigación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y Falsificación o Alteración de Moneda; en tanto tal denuncia tampoco equivale a una solicitud realizada en los términos precisados por el Máximo Tribunal del País. En efecto, como se indicó con antelación, en el oficio de identificación de requerimiento 110/G/658/2023, con folio SIARA UIFB/2023/000777, en momento alguno se precisó que alguna autoridad extranjera, solicitó el bloqueo de las cuentas bancarias de la quejosa María Guadalupe Chávez Mederos, tampoco hizo referencia a que la petición se efectuaba con motivo de una obligación compartida derivada de un tratado, convención o recomendación, sino que solamente de una investigación preliminar sobre un grupo de personas-entre ellas la ahora quejosa-, quienes se creía estaban involucradas en actividades con recursos de procedencia ilícita, por lo cual, se solicitó "información", de ahí que la autoridad hacendaria responsable, no obedeció a una petición expresa de un organismo internacional, sino que fue derivado de su propia valoración. Por lo expuesto, es que resulta inconstitucional el acto reclamado consistente en el del acuerdo 277/2023 y del oficio de identificación de requerimiento 110/G/658/2023, con folio SIARA UIFB/2023/000777, de veintisiete de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se le comunicó a las entidades financieras a través de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la inclusión de la parte quejosa en la lista de personas bloqueadas. Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que el Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en Ciudad de México, realice lo siguiente: Deje insubsistente el acuerdo 277/2023, exclusivamente en lo que hace a la medida cautelar de aseguramiento y/o bloqueo de la cuenta bancaria 56-58247720-8, aperturada en la sucursal 4596 de Morelia, Michoacán, del Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, a nombre de la quejosa; Derivado de ello, deje igualmente insubsistente el oficio 110/G/658/2023, folio SIARA UIFB/2023/000777, de veintisiete de julio de dos mil veintitrés; y, Dicte una resolución a través de la cual ordene a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores levantar el bloqueo de la cuenta bancaria que se encuentra a nombre de la quejosa María Guadalupe Chávez Mederos, con motivo de la inclusión en la lista de personas bloqueadas, a saber, la cuenta bancaria 56-58247720-8, aperturada en la sucursal 4596 en Morelia, Michoacán, del Banco Santander México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México. Por otro lado, en relación con las consideraciones expuestas en la jurisprudencia 32/2018 (10ª.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el seis de abril de dos mil dieciocho, con registro 2016525, de rubro: "TESIS DE JURISPRUDENCIA, AISLADAS O PRECEDENTES INVOCADOS EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE SOBRE SU APLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, AL MARGEN DE QUE EL QUEJOSO EXPRESE O NO RAZONAMIENTOS QUE JUSTIFIQUEN SU APLICACIÓN.", se estima innecesario realizar pronunciamiento al respecto, en razón de que, si bien es cierto, la parte quejosa invocó sendos criterios, no menos cierto es que aquéllos se refieren a la procedencia de la suspensión, y también fueron invocados para respaldar la eficacia de sus conceptos de violación; de ahí que aquéllos fueron oportunamente atendidos de forma implícita en las consideraciones expuestas en el último considerando de esta sentencia, dando como resultado el fallo protector; sin que sus implicaciones puedan maximizar el beneficio determinado en esta sentencia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 77, 78, 79, 80, 155 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Se SOBRESEE el presente juico de amparo promovido por María Guadalupe Chávez Mederos, por las razones y motivos expresados en los considerandos tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Guadalupe Chávez Mederos, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables que precisadas quedaron. El amparo se concede para los efectos precisados en el último considerando del presente fallo. Notifíquese personalmente. Así, definitivamente juzgando, lo sentenció y firma el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada Silvia Lorena Arenas Raya, Secretaria que autoriza y da fe, hasta el día de hoy veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en que las labores de este juzgado lo permitieron. Doy fe.
- Principal
Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, declara abierta la audiencia: Secretario dé cuenta por favor. EL SECRETARIO: Juicio de amparo 1082/2023 promovido por ******************** contra actos del Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México y otras autoridades, se hace saber que la presente diligencia es para llevar a cabo la audiencia constitucional ordenada en los autos del expediente de amparo en el que se da cuenta. Así también, que dentro del presente juicio de amparo no existe tercero interesado. Asimismo, se da cuenta con la circunstancia de que ninguna de las partes se encuentra presente. EL JUEZ: Téngase por hecha la relación de hechos que antecede. EL SECRETARIO: Se da cuenta con los informes justificados rendidos por: Director General de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México. Director y Subdirectora Contenciosos, adscrito a la Coordinación Jurídica de Procedimientos C, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México. Banco Santander (México), S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México, con residencia en la Ciudad de México. EL JUEZ: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, ténganse por rendidos los informes de referencia. Enseguida, se declara abierto el período de admisión y desahogo de pruebas. Secretario dé cuenta con los elementos de convicción que allegaron las partes. EL SECRETARIO: Se hace constar que obran en autos las documentales que la parte quejosa adjuntó a su libelo constitucional, así como aquellas que las que las autoridades responsables marcadas con los incisos a) y c), adjuntaron como sustento de sus informes. Medios de prueba que de conformidad con lo dispuesto en el numeral 119 de la Ley de Amparo, se tuvieron por admitidas y desahogadas en atención a su propia y especial naturaleza. Al no existir más pruebas alguna que desahogar, se pasa al período de alegatos. EL SECRETARIO: Se hace constar que los formuló la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a través del pedimento 714/2023 presentado el veintidós de agosto del presente año. EL JUEZ: Ténganse por reproducidos tales alegatos, con lo cual se da por concluida la presente audiencia a fin de proceder a engrosar la correspondiente resolución. Se levanta la sesión. JUEZ TERCERO DE DISTRITO EN EL ESTADO. OMAR ALEJANDRO ELIZALDE HERRERA SECRETARIO DEL JUZGADO TERCERO DE DISTRITO. JOSÉ SIERRA ORTIZCon fundamento en el artículo 26 Bis del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19, y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que la presente audiencia quedó integrada, en la hora y fecha señaladas; empero, tales datos no coincidan con aquellos en que se firma electrónicamente dicha acta y la resolución correspondiente; virtud del proceso interno para la confección y firma electrónica de las actuaciones, así como la carga de trabajo de este juzgado constitucional; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar.
- Incidental
Morelia, Michoacán, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. ACUSA RECIBO TRIBUNAL COLEGIADO Agréguese a sus autos el oficio de cuenta signado por el actuario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso por el que se le remitió el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número IX-1082/2023, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos; asimismo informa a este órgano jurisdiccional que se admitió dicho recurso, quedando registrado con el número 385/2023 de su control. De lo anterior se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.MachCon fundamento en el artículo 3ro, párrafo octavo, de la Ley de Amparo y 61 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, el que suscribe Secretario José Sierra Ortiz CERTIFICA Y HACE CONSTAR que el presente documento impreso coincide en su totalidad con el que obra en el expediente electrónico relativo. Conste. Enseguida se pasan los presentes autos a la actuaría judicial de la adscripción. Conste.
- Incidental
Morelia, Michoacán, nueve de noviembre de dos mil veintitrés.********************SE ORDENA REMITIR EXPEDIENTE A REVISIÓN.********************Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que mediante proveído de veintinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión que hizo valer la autoridad responsable Director de lo Contencioso de la Unidad de Inteligencia Financiera Dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con residencia en la Ciudad de México, en contra de la interlocutoria dictada el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, así como que la totalidad de las partes dentro del presente expediente, han sido notificadas de dicha determinación y de la tramitación del medio de impugnación de que se trata; en consecuencia, mediante atento oficio, se ordena remitir el cuaderno del incidente de suspensión en que se actúa, original y copia del escrito de agravios, al Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para los efectos legales a que haya lugar.********************Notifíquese. ********************Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con José Sierra Ortiz, Secretario que autoriza.- Doy fe.
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