Maria Eugenia Martinez Agudo

Expediente 470/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
470/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
24/11/2016

Partes del expediente

  • Maria Eugenia Martinez Agudo

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticuatro de noviembre de dos mil dieciséis. Vistos los autos y tomando en consideración que ha transcurrido el término que concede el artículo 97 en relación con el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera el recurso de queja contra el acuerdo de fecha siete de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de garantías; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 83 fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en los términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado; y con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. Se destaca que en este juicio no se formaron cuadernos de suspensión, ni se tramitó incidente de violación a la medida cautelar. Se hace el conocimiento de las partes, que el presente juicio de amparo será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por otra parte, como el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Notifíquese. IB

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, siete de noviembre de dos mil dieciséis. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de garantías promovida por María Eugenia Martínez Agudo, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, que hace consistir literalmente en: "IV.- ACTO RECLAMADO: De la autoridad señalada como responsable, le reclamo la resolución incidental de fecha quince de octubre de dos mil dieciséis, y notificada el veinticuatro de octubre del mismo año, donde declara improcedente el secuestro o aseguramiento de un inmueble que me fue despojado, incidente que se tramitó en la causa penal 123/2016, donde el imputado es BALOY CASTRO GARCÍA y las víctimas la suscrita y SILVIA MARTÍNEZ AGUDO, por el hecho que la ley señala como delito de despojo agravado." Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda, que lo es el 470/2016. Resulta oportuno analizar la aludida demanda de amparo, la que, por los motivos que más adelante se precisarán y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo vigente, SE DESECHA POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XVIII, del mismo cuerpo de normas. El artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, dispone: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Este precepto autoriza a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Previo al análisis de la litis constitucional, debe examinarse si en el caso, se actualiza alguna causal de improcedencia, toda vez que constituye una cuestión de orden público en términos de la última parte del artículo 62 de la Ley de Amparo; ya que al actualizarse alguna causal de improcedencia se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Ahora bien, en la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo que dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." De lo anterior se desprende que, para que opere la citada causal de improcedencia, basta con que alguna norma jurídica prevea la procedencia de algún recurso o medio ordinario de defensa que pueda modificar, revocar o nulificar el acto reclamado. En ese sentido, se tiene que los artículos 430 y 433 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca, textualmente disponen lo siguiente: [.] CAPÍTULO II RECURSO DE REVOCACIÓN Artículo 430.- Procedencia El recurso de revocación procederá contra las resoluciones que resuelvan sin sustanciación un trámite del proceso y en los casos expresamente previstos en este Código, a fin de que el mismo juzgador que los dictó examine nuevamente la cuestión y dicte la resolución que corresponda." [.] CAPÍTULO III RECURSO DE APELACIÓN Artículo 433. Resoluciones apelables Además de los casos en que expresamente lo autorice este Código, son apelables las siguientes: I. Las que pusieren término al proceso, hicieren imposible su prosecución o lo suspendiere por más de treinta días; II. Las que revoquen la suspensión del proceso a prueba; III. La sentencia dictada en el procedimiento abreviado; IV. El auto que conceda o niegue la vinculación a proceso; V. La negativa de orden de aprehensión; VI. La negativa de procedencia de solicitud de procedimientos abreviado; VII. Las que no aprueben la conciliación; y VIII. La que niegue un anticipo de prueba solicitada hasta antes del dictado del auto de apertura a juicio. [.] La interpretación sistemática y teleológica de los preceptos legales transcritos, conllevan a establecer que el instrumento legal que se consulta prevé el recurso de revocación como medio de impugnación para aquellas cuestiones procesales que no estén previstas en los limitados supuestos de la apelación, por lo que la revocación resulta procedente, entre otras hipótesis, contra las interlocutorias incidentales que resuelvan algún aspecto procesal, como en el caso resulta ser la resolución incidental de quince de octubre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 123/2016, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, en el que se declaró improcedente el secuestro o aseguramiento de un inmueble que le fue despojado. Recurso éste, que tiene como finalidad que el propio juez revise lo determinado por él mismo en cuanto al tema que nos ocupa y que derivado de ello, la misma pueda ser revocada. Ahora, como se viene diciendo, la parte quejosa reclama, substancialmente, la improcedencia de un secuestro o aseguramiento de un bien inmueble afecto a un proceso penal. De ahí que, si el recurso de revocación es el medio ordinario de defensa que puede modificar, nulificar o revocar resoluciones que pongan fin a incidentes relacionados con medidas precautorias, como la que es reclamada al Juez de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, entonces, era necesario que dicho recurso se agotara de manera previa a la promoción del juicio de amparo; más aún cuando no se está en los casos de excepción a que se refiere la fracción XVIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Esto último se estima así, atendiendo a que el acto reclamado no se trata de un acto que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni tampoco es consistente en una orden de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, o una resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, o una orden de arresto, ya que como se precisó en párrafos que antecede, el acto reclamado es consistente en la resolución incidental de quince de octubre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 123/2016, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, en el que se declaró improcedente el secuestro o aseguramiento de un inmueble que le fue despojado. Asimismo, cabe hacer la precisión de que, si bien, existe la excepción de no agotar el medio de defensa ordinario cuando el acto reclamado consista en cualquier resolución que afecte la libertad personal del quejoso, tampoco nos encontramos ante este supuesto, pues el acto reclamado es meramente intraprocesal, (niega una medida cautelar de carácter puramente patrimonial) cuyas consecuencias, en su caso, se encuentran sub-judice al dictado de la sentencia de la causa penal de la que derivan y no resuelve de manera alguna cuestiones atinentes a la libertad del quejoso, ni siquiera de manera indirecta pues de su ratificación no depende en automático que quede en libertad o no el quejoso. Bajo dicho contexto, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo -principio de definitividad-, y por tanto es procedente desechar la demanda de amparo. A mayor abundamiento, aun cuando se hubiera agotado el principio de definitividad, de todas formas el juicio de amparo resulta improcedente, toda vez que al tratarse de un acto emitido dentro de juicio (proceso penal) en la especie, no se trata de un acto de imposible reparación, en términos del artículo 105, fracción V, de la Ley de Amparo; por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso dispositivo legal 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dichos dispositivos legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ." Como se puede observar, de la lectura del precepto legal antes transcrito, se advierte como requisito para la procedencia del amparo indirecto en contra de aquellos actos emitidos dentro de un juicio, conforme al artículo, fracción e inciso plasmado, que tales actos deben ser de imposible reparación. Pues bien, sobre dicho tema (actos de imposible) nuestro Más Alto Tribunal ha tenido diversas interpretaciones a lo largo de la historia, muchas veces contradictorias, mismas que ha plasmado en criterios jurisprudenciales de observancia obligatoria para los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior ocurría así, en virtud de que el legislador no se ocupaba de esclarecer en alguna disposición la descripción normativa que debía entenderse por actos de "imposible reparación", dejando por tanto, que fuera la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien jurisprudencialmente determinara en qué casos y bajo qué condiciones tendría eficacia el mandato constitucional que instituyó la procedencia del amparo indirecto contra actos irreparables. Esta situación ya no es así, pues a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera de ellas se encuentra ubicada en su fracción III, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, se observa en su fracción V, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Sobre dicho tópico, el Pleno del Máximo Tribunal del País fijó un parámetro en la contradicción de tesis que dio origen a la jurisprudencia P./J. 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la Novena Época, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Materia Común, Página 39, del rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." En dicha ejecutoria, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación especificó que para ser calificados como actos de imposible reparación o irreparables, éstos necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Lo anterior implica que una violación procesal o adjetiva, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos que no puedan ser reparables. Ahora, como ya se ha precisado anteriormente, la parte quejosa reclama substancialmente, la resolución incidental de quince de octubre de dos mil dieciséis, emitido en la causa penal 123/2016, del índice del Juzgado de Control del Distrito Judicial de Puerto Escondido, Oaxaca, en el que se declaró improcedente el secuestro o aseguramiento de un inmueble que le fue despojado; esto es, un acto meramente intraprocesal, cuyas consecuencias, en su caso, se encuentran sub-judice al dictado de la sentencia de la causa penal de la que derivan, la cual no es actual ni eminente. Máxime que no se advierte que con dicha determinación exista una abierta dilación del procedimiento o su paralización total. En efecto, el acto reclamado no es de imposible reparación pues será hasta el dictado de la sentencia que se advierte si dicha interlocutoria fue o no desfavorable a la quejosa y será en ese momento en que se vea afectado el principio de imparcialidad que alega la quejosa se ve vulnerada. Además, se afirma que el acto reclamado no es de imposible reparación, ya que lo ateniente a la falta o indebida fundamentación y motivación, así como la inobservancia del artículo 17 de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, de modo alguno, es una violación a un derecho sustantivo. En tanto, si la sentencia que se llegue a dictar en la causa penal fuera desfavorable a la aquí quejosa, puede reclamarla en el juicio de amparo directo, (previo agotamiento del recurso ordinario) donde podrá hacer valer las violaciones procesales que sostiene. Bajo estas condiciones, es inconcuso que el acto reclamado no es de imposible reparación, por lo que (a mayor abundamiento) también se estima actualizada la causa de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, este último interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos vigente. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalado las listas de acuerdos que se fijan en este juzgado, para oír acuerdos y notificaciones y por autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Arturo Domingo Vega Guzmán, Gabriela Valencia Ramírez y Gloria Tomás Vásquez, por encontrarse registradas sus cédulas profesionales; y como autorizados para imponerse de los autos a las personas que señala para tal efecto. LEY DE TRANSPARENCIA. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente. IB

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