María Elideth Mendoza Álvarez

Expediente 624/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
624/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
18/04/2022

Partes del expediente

  • María Elideth Mendoza Álvarez

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales procedentes el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Décimo Tercer Circuito, con residencia en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, a través del cual, remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria de quince de febrero del año en curso, dictada en el recurso de queja 2/2022, interpuesto por María Elideth Mendoza Álvarez, contra el acuerdo de treinta de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda que promovió, dictado en el expediente en que se actúa. ACUSE DE RECIBO En consecuencia, se ordena remitir el acuse de recibo correspondiente a la Superioridad, vía electrónica. Así, se hace del conocimiento de las partes que la Superioridad, declaró infundado el recurso de queja interpuesto por María Elideth Mendoza Álvarez, contra el acuerdo de treinta de noviembre del año próximo pasado, en el que se desechó por notoriamente improcedente la demanda que promovió. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, trasferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto desechado, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 21 de dicho Acuerdo General, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el citado numeral, deberá solicitarse la trasferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se señala que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Ley de Transparencia. Finalmente, hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese..

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, diez de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el ocurso de la promovente María Elideth Mendoza Álvarez, mediante el cual interpone recurso de queja contra el acuerdo de treinta de noviembre del año en curso, en el que se determinó desechar por notoriamente improcedente la demanda que promovió; en consecuencia, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de dicha legislación, remítase el escrito de interposición del recurso, el informe correspondiente, así como copia certificada de todo lo actuado, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo, del Décimo Tercer Circuito, en turno, para la substanciación de dicho medio de impugnación. Cúmplase.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, treinta de noviembre de dos mil veintiuno Vista la demanda de amparo promovida por ***, por propio derecho, contra actos del 1. Congreso de la Unión; 2. Presidente de la República, y 3. Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del IMSS, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, que hace consistir literalmente en lo siguiente IV.- ACTO RECLAMADO DEL CONGRESO DE LA UNIÓN LE RECLAMO LO SIGUIENTE: a).- LA DISCUSIÓN, APROBACIÓN Y EXPEDICIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1997 VIGENTE, ESPECÍFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 128 FRACCIÓN I. DEL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA LE RECLAMO LO SIGUIENTE: b).- LA APROBACIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1997 VIGENTE. AL JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL DEL IMSS, CON RESIDENCIA EN SALINA CRUZ, OAXACA, LE RECLAMO LO SIGUIENTE: c).- LA APLICACIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1997 VIGENTE, ESPECIFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 128 FRACCIÓN I, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON FOLIO 7815996463003, DONDE ME NIEGA UNA PENSIÓN POR ASCENDENCIA. d).- LA NEGATIVA DE OTORGARME UNA PENSIÓN POR ASCENDENCIA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON NÚMERO DE FOLIO 7815996463003, A PESAR DE QUE SE CUBRIÓ CON EL REQUISITO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 128 FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1997, ESTO ES, QUE EL ASEGURADO AL MOMENTO DE FALLECER TENÍA RECONOCIDO EL PAGO AL INSTITUTO EL MÍNIMO DE CIENTO CINCUENTA COTIZACIONES SEMANALES ANOTACIONES Fórmese expediente, anótese en el libro de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 624/2021, que le correspondió y captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DESECHAMIENTO En principio, es importante precisar que el artículo 113, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, constitucionales, establece que el Juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano sin suspender el acto reclamado. Por tanto, es dable transcribir el artículo 113 de la Ley de Amparo, el cual señala Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Del precepto de mérito, se advierte la facultad del órgano jurisdiccional para desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con ello, diversos Tribunales de la Federación se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, página 64, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo En ese contexto cabe puntualizar que, del escrito de demanda, se advierte que la quejosa, señala como actos reclamados: LA APLICACIÓN DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL DE 1997 VIGENTE, ESPECIFICAMENTE EN SU ARTÍCULO 128 FRACCIÓN I, A TRAVÉS DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON FOLIO 7815996463003, DONDE ME NIEGA UNA PENSIÓN POR ASCENDENCIA. LA NEGATIVA DE OTORGARME UNA PENSIÓN POR ASCENDENCIA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON NÚMERO DE FOLIO 7815996463003. En tal virtud, respecto de dichos actos reclamados se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1, fracción I, y 5, fracción II, de la Ley de Amparo, los cuales disponen lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general En primer término, resulta necesario definir si la autoridad antes citada tiene el carácter de responsable en este juicio de amparo, en ese orden de ideas, para resolver el punto en cuestión, de conformidad a los preceptos legales transcritos, autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, es aquélla que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Ahora, viene al caso destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: 1. Como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos; esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, 2. Como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. En ese contexto, para determinar si el indicado instituto tiene el carácter de autoridad responsable, se debe atender a las atribuciones que, con su actuación u omisión ejerce, esto es, si actúa como organismo fiscal autónomo en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales o como ente asegurador. Ello, pues el Instituto Mexicano del Seguro Social, carece del carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, cuando su actuación u omisión se materializa en función de sus atribuciones como ente asegurador en los términos descritos, pues entonces, la expresión de sus atribuciones se agota en un plano de igualdad y no de supra a subordinación. En el particular, el acto reclamado antes precisado deriva de su actuación como ente asegurador, puesto que la pensión por ascendencia, cuya negativa de ser otorgada reclama la parte quejosa, deriva de una prestación en materia de seguridad social, de ahí que no actúe con el imperio de su soberanía. Así, se desprende que el acto reclamado no puede ser calificado como de autoridad para efectos del juicio de amparo, por no proyectarse el establecimiento de una relación de supra a subordinación entre la quejosa y la autoridad señalada como responsable (Instituto Mexicano del Seguro Social), pues se insiste, éste actuó con el carácter de ente asegurador, esto es, el acto que se le atribuye deriva de una relación de coordinación, entablada entre particulares, en las que actúan en un mismo plano; es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo es improcedente, pues no se está en presencia de actos que en forma unilateral y con imperio afecten la esfera jurídica de la quejosa. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 134/2011, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página 1511, que establece: SEGURO SOCIAL. EL INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL, BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El Instituto Mexicano del Seguro Social tiene un doble carácter: a) De organismo fiscal autónomo cuando actúa frente a patrones y sujetos obligados, ejerciendo sus facultades de recaudación, administración, determinación y liquidación de las cuotas obrero patronales; y, b) De ente asegurador, cuando lo hace frente a los asegurados y sus beneficiarios, respecto de las prestaciones en especie y en dinero otorgadas por la Ley del Seguro Social. Bajo esas premisas, la resolución emitida por el Instituto, al decidir el recurso de inconformidad interpuesto, optativamente, por los asegurados o por sus beneficiarios, respecto de las prestaciones de seguridad social otorgadas por la citada Ley, no tiene el carácter de acto de autoridad para efectos de la procedencia del juicio de amparo, por una parte, porque si bien dicho Instituto puede determinar sobre la procedencia de las prestaciones solicitadas no está investido de facultades de imperio que caracterizan a las autoridades, porque la relación entre ambos es de igualdad (coordinación), y al resolver sólo verifica el cumplimiento de los requisitos para otorgar una prestación; y, por otra, debido a que el artículo 295 de la Ley del Seguro Social prevé que las controversias entre el Instituto y los asegurados o sus beneficiarios serán resueltas por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, juicio en el que el Instituto no acude como autoridad. En consecuencia, si no se está en presencia de un acto de autoridad el juicio de amparo promovido contra la referida resolución resulta improcedente, lo que hace inconducente examinar si se agotaron con anterioridad recursos, juicios o medios de defensa ordinarios, porque basta que quede evidenciada la señalada causa de improcedencia. Y de igual forma, la jurisprudencia VIII.2o.P.A. J/32, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, publicada en la novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Agosto de 2010, página 2032, registro 164027, de rubro siguiente: INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO EMITE ACTOS POSITIVOS, NEGATIVOS U OMISIVOS, COMO ENTE ASEGURADOR, EN SUSTITUCIÓN DEL PATRÓN. De los criterios sustentados en las tesis 2a. CCIV/2001, 2a./J. 12/2002 y 2a. XXXVI/99, aprobadas por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.", "UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO." Y "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES.", se pone de manifiesto que la actual integración del Más Alto Tribunal de la Nación considera que es autoridad para efectos del amparo, el ente del Estado de hecho o de derecho que en una relación jurídica de subordinación emite actos a través de los cuales impone su voluntad en forma directa y unilateral, por la que crea, modifica o extingue, por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin requerir para ello de acudir a los órganos judiciales, ni del consenso de la voluntad del afectado. En ese contexto, es importante destacar que el Instituto Mexicano del Seguro Social tiene reconocido un doble carácter: uno, como organismo fiscal autónomo, en la determinación y recaudación de las cuotas obrero patronales; caso en el cual, actúa como autoridad con atributos propios que la ley le otorga para realizar esos actos, esto es, bajo una relación de supra a subordinación y, otro, como ente asegurador, en sustitución del patrón, como consecuencia del vínculo laboral entre el trabajador y aquél, o con base en un acto jurídico, mediante el cual se obliga a otorgar determinadas prestaciones en servicios, especie o en dinero al asegurado o a sus beneficiarios; caso en el cual actúa en un plano de igualdad con el asegurado y sus beneficiarios, dado que involucra el cumplimiento de ese convenio. Por consiguiente, el Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad cuando realiza actos positivos, negativos u omisivos que tienen su origen en una relación jurídica con sus asegurados y, por tanto, esos actos no son de autoridad para efectos del amparo, dado que, en esos supuestos, se conduce bajo una relación de coordinación entablada entre particulares, en la que éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, ya que existe una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación por tratarse de las prestaciones de seguridad social, respecto de las cuales el legislador ha considerado que los conflictos que se susciten entre el referido instituto y sus asegurados, corresponden al ámbito competencial de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, en términos de lo dispuesto en la fracción XX del artículo 123, apartado A, de la Constitución General de la República, y en el artículo 604 de la Ley Federal del Trabajo Además, debe destacarse que del contenido del artículo 295 de la Ley del Seguro Social, se advierte que las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que la propia ley otorga, deberá resolverse ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, o bien, previamente y de forma optativa, puede interponerse en su contra el recurso de inconformidad; de ahí que la propia norma jurídica que regula la función de la autoridad responsable como ente asegurador establece el mecanismo legal para resolver las controversias que se susciten con sus asegurados, ante un órgano jurisdiccional, lo que determina que ambos actúen en un plano de coordinación; esto es, el instituto en cita, al comparecer ante dicho procedimiento no lo hace como autoridad. LA NEGATIVA DE OTORGARME UNA PENSIÓN POR ASCENDENCIA MEDIANTE RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, CON NÚMERO DE FOLIO 7815996463003. Lo anterior, incluso se advierte del contenido de la resolución con folio 7815996463003, de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, signada por el Jefe del Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, que anexó la parte quejosa a su demanda, en la que se le informa que podrá tramitar su controversia ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, de conformidad con el artículo 294 y 295 de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social. Se cita en apoyo, en lo conducente, la jurisprudencia 2ª./J.66/2016 (10ª.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Libro 31, Junio 2016, Tomo II, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, del rubro y texto siguientes: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. (Énfasis añadido). Sin que la anterior determinación, deje en estado de indefensión a la quejosa, ya que tiene expeditos sus derechos para hacerlos valer ante la propia autoridad o los tribunales ordinarios competentes; además, se estima de mayor beneficio, que desde este momento se decrete la improcedencia del juicio constitucional, y no hasta la sentencia; pues de lo contrario, únicamente traería como consecuencia el retraso para que pueda hacer valer sus derechos en la instancia conducente y ante la autoridad competente. Es menester indicar que si bien, la parte quejosa señala como acto reclamado la inconstitucionalidad del artículo 128, fracción I, de la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, la causa de improcedencia mencionada también aplica respecto al citado precepto artículo que la impetrante de amparo indica que se le aplicó en la resolución que reclama. Lo anterior, ya que no se está desechando la demanda porque la justiciable no haya dado cumplimiento al principio de definitividad que rige al juicio de amparo, al no agotar el medio ordinario de defensa en contra del acto reclamado, en cuyo caso la impugnación de una ley actualizaría una excepción a dicho principio, sino que en el caso concreto el juicio de amparo es improcedente ya que la señalada como responsable -Instituto Mexicano del Seguro Social- no actúa con las características propias de una autoridad, ya que contra el acto reclamado la quejosa puede tramitar su controversia ante la autoridad laboral competente, de ahí que si este fuera el acto de aplicación de la norma que refiere, en caso de que la reclamara se actualizaría la misma causa de improcedencia. Es aplicable al caso la jurisprudencia 71/2000, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, Materia Constitucional, página 235, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto dicen: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." De igual manera, tiene aplicación la jurisprudencia 2a./J.12/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Libro VI, Marzo de 2012, Tomo 1, página 666, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece lo siguiente: "SEGURO SOCIAL. EL JEFE DE DEPARTAMENTO DE PENSIONES SUBDELEGACIONAL, NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO OCTAVO TRANSITORIO DEL DECRETO DE REFORMAS A LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES. De conformidad con los criterios contenidos en las jurisprudencias 2a./J. 32/2006, 2a./J. 18/2008, 2a./J.85/2009, 2a./J. 82/2011 y 2a./J. 134/2011, todas de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se concluye que el Jefe de Departamento de Pensiones Subdelegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social no tiene el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo en que se reclama la inconstitucionalidad del artículo octavo transitorio del decreto por el que se reforma la Ley del Instituto de Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, publicado el 6 de enero de 1997, a pesar de que se señale como acto de aplicación de esa norma la resolución para el otorgamiento de la pensión conforme al régimen de la Ley del Seguro Social vigente hasta el 30 de junio de 1997; porque si bien esa determinación constituye el acto que actualiza el contenido de la norma y materializa un perjuicio en la esfera jurídica del pensionado, en su emisión no actúa como autoridad, sino como parte integrante del ente asegurador, porque únicamente resuelve sobre la procedencia de la pensión que se solicita, verificando el cumplimiento de los requisitos exigidos por la Ley del Seguro Social." En consecuencia, al actualizarse el motivo manifiesto e indudable de improcedencia previsto en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de esa legislación. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el despacho jurídico ORDAZ & MARTÍNEZ, ubicado en avenida Oleoducto, sin número visible, entre calles Nicolás Bravo y Cuauhtémoc de la colonia Hidalgo Oriente de esta ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca. De igual forma, como autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Blanca Ordaz Núñez y Rosa Margarita Alvarado Martínez, quienes tienen inscritas sus cédulas profesionales en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que las autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciados en derecho; y en términos de la segunda parte del párrafo segundo de ese numeral a la otra persona por no acreditar tal inscripción en el registro aludido. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución; con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio deban realizarse notificaciones personales a las partes que intervengan en éste, se habilitan días y horas que resulten necesarios para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción puedan efectuar tales diligencias, en relación con lo previsto en el numeral 2, fracción XII, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece que durante la vigencia de dicho acuerdo, se puede realizar tal habilitación. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" Por otra parte, dado que en la especie el asunto que en esta data se provee fue promovido físicamente, es menester hacer mención a las partes que con fundamento en el numeral 22 del multicitado Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, se les exhorta (invita) continúen dicha tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea", ya que representa celeridad en el despacho del asunto, incluso hasta resolver en definitiva. En ese orden de ideas, se invita a las partes quienes en su caso no tengan autorizada la actuación "en línea", a que soliciten, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, el acceso a un expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, en observancia a lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Se les hace también mención, que para el caso de que no cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), y con la finalidad de que la obtengan, se les invita a ingresar a la siguiente dirección http://firel.pjf.gob.mx. En el entendido que en caso contrario a lo anterior se harán las notificaciones por lista, misma que hasta en tanto no se permita el acceso libre a los órganos jurisdiccionales Federales, su consulta deberá efectuarse en la publicación que se realiza en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo previsto en el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, o de ser el deseo de las partes consultarla físicamente, se visualizarán en el lugar de fácil acceso que designe la administración regional (de las que previamente este juzgado enviará vía correo a dicha área), y en términos de la segunda parte del numeral 29 de la Ley de Amparo. FEDATARIOS DE LA ADSCRIPCIÓN Ahora bien, se hace mención a los fedatarios de la adscripción que las notificaciones dirigidas a las partes y que tengan que realizar de manera personal en los domicilios señalados para tal efecto, deberán hacerlas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar su integridad y salud, así como la de aquéllos, en términos de lo previsto en la fracción XIV del artículo 2 del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con la fracción I del numeral 22, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Secretario del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. FORMACIÓN DEL EXPEDIENTE DIGITAL O ELECTRÓNICO Con fundamento en el artículo 3, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dese cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal, para lo cual, es obligación del secretario certificar y hacer constar que coincide en su integridad con el expediente físico en el que se actúa. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. Notifíquese personalmente a la parte quejosa

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