María Elena Mar Casados

Expediente 569/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 4 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
569/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
04/03/2019

Partes del expediente

  • María Elena Mar Casados

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiere interpuesto recurso de revisión contra el acuerdo dictado en este juicio de amparo, el seis de febrero de dos mil diecinueve (fojas 31 a 35), en el que se decretó sobreseer fuera de la audiencia constitucional; con fundamento en lo dispuesto en los artículos 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, en términos de su artículo 2°, se declara que ha causado estado dicho proveído para los efectos legales procedentes; hágase del conocimiento de las partes tal circunstancia, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Asimismo, hágase saber que de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de las partes que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, por tanto, de no hacer manifestación alguna al respecto hasta antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconformes con la divulgación de dicha información. NOTIFÍQUESE. MESA IV-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a seis de febrero de dos mil diecinueve. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la quejosa MARÍA ELENA MAR CASADOS, dentro del plazo legal de quince días que se le otorgó en proveído de ocho de enero del año en curso (fojas 20 a 22), no amplió su demanda de amparo, en relación con la contestación que a su petición dio la autoridad responsable, Encargada del Centro de Servicios al Personal del Hospital General con sede en esta ciudad, de Petróleos Mexicanos; en consecuencia se hace efectivo el apercibimiento decretado en el mismo y este juicio se resolverá respecto de los actos reclamados a las autoridades señaladas en el escrito inicial de demanda (fojas 2-6), misma que fue admitida por acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 8-12), lo anterior, para los efectos legales correspondientes. En ese sentido, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y las constancias que integran el sumario, se advierte que se actualiza una causa de improcedencia; y, dado que éstas son de estudio preferente y de orden público, se atiende de la siguiente manera: El veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho, se recibió en este juzgado la demanda de amparo promovida por MARÍA ELENA MAR CASADOS, por propio derecho, contra los actos atribuidos a la Jefatura de Servicios al Personal del Hospital General de Salina Cruz, Oaxaca de Petróleos Mexicanos que hizo consistir sustancialmente en: La negativa a darle respuesta a su escrito de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho, por el cual solicitó el finiquito relativo a la vivienda adquirida como empleada jubilada de Petróleos Mexicanos. Acto reclamado en la demanda inicial de amparo, pues como ya se expuso en párrafos precedente el quejoso fue omisión en ampliar su demanda de amparo no obstante se le previniera al efecto. Ahora bien, una vez precisado el acto reclamado, es de evidenciarse que se concreta de manera manifiesta, notoria e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que el juicio de derechos fundamentales es improcedente cuando han cesado los efectos del acto reclamado. La hipótesis en cuestión ha sido definida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquélla que se surte cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total o incondicional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola interrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. La interpretación que de la disposición legal en estudio ha hecho el Alto Tribunal, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. El término cesar, en su sentido etimológico y gramatical, significa suspender o acabarse una cosa; o bien, dejar de hacer lo que se está haciendo. Asimismo, la acepción efecto, significa lo que sigue en virtud de una cosa, o el fin para el que se hace una cosa. En esa virtud, de acuerdo con el texto de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado, cuando éstos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana el acto deja de hacerlo, o bien, cuando se revoca o deroga por alguna razón. Así pues, se insiste en que para que sea aplicable esta causal de improcedencia es necesario, esencialmente, que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados. En consecuencia, para considerar, estrictamente, que han cesado los efectos del acto reclamado, se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiere nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente, así como los efectos legales y materiales que hubiere producido. La improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Ahora bien, en el particular, el peticionario de garantías como ya se estableció reclama la negativa a darle respuesta a su escrito de veintiocho de noviembre de dos mil dieciocho por el cual solicitó el finiquito relativo a la vivienda adquirida como empleada jubilada de Petróleos Mexicanos. En ese orden de ideas, de las constancias que integran el sumario constitucional, en específico de la constancia que anexó la autoridad responsable a su informe justificado (foja 19), se desprende que el cuatro de enero de dos mil diecinueve, dio respuesta a la petición hecha por la parte quejosa mediante oficio GRRLSPSUR-SAPSCZ-CSPHGSCZ-1-001-2019, mediante el cual, se atendió la petición de la solicitante de la tutela federal. Determinación que fue notificada personalmente a la parte quejosa en la misma fecha (cuatro de enero del dos mil diecinueve) como se advierte de la citada constancia remitida por la autoridad responsable en donde obra el nombre y firma de la quejosa. De lo hasta aquí expuesto, así como de las constancias que fueron reseñadas, las cuales se valoran en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se desprende con claridad que se ha actualizado de manera manifiesta, notoria e indudable la citada causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haberse impugnado la omisión de la autoridad del conocimiento de pronunciarse sobre el ocurso de referencia y de las constancias que fueron reseñadas aparece que ya se proveyó al respecto, resulta inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado y el amparo resulta improcedente conforme a la fracción y artículo en estudio. Resulta aplicable por no ser contraria a la Ley de Amparo vigente, la jurisprudencia número 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 216, Tomo II, Procesal Constitucional Primera Parte-SCJ Segunda Parte, del Apéndice de 2011, Novena Época, Materia Común, con número de registro 1002264, cuyo rubro y texto dicen: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así como en lo conducente, la tesis publicada en la novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXV, marzo de 2007, página 1665, de registro 173048 con el título y enunciado siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SI EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A ESA GARANTÍA LA AUTORIDAD RESPONSABLE DICTA UN ACUERDO QUE RESUELVE SOBRE LO PEDIDO Y LO HACE DEL CONOCIMIENTO DEL PARTICULAR. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, deriva que para que se actualice la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto que se le atribuye violatorio de garantías, sino que es necesario que aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje huella alguna. Así, tratándose del derecho de petición contenido en el artículo 8o. de la Constitución Federal, para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, la autoridad a la que se dirigió la petición debe dictar un acuerdo por escrito, el cual debe ser congruente con lo pedido y hacerse del conocimiento del peticionario, por tanto, no se actualiza la causa de improcedencia correspondiente a la cesación de los efectos del acto reclamado cuando el quejoso reclama violación al derecho de petición y la autoridad responsable emite formalmente una respuesta en la que no existe un pronunciamiento sobre lo pedido, pues en ese supuesto la autoridad responsable aún se mantiene en silencio respecto de la petición formulada por el particular". En esas condiciones, lo procedente es SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO FUERA DE AUDIENCIA, al tenor de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, del invocado ordenamiento legal. Sirve de sustento, por las razones que la informan, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 10/2003, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, página 386, bajo el número de registro 184572, del rubro y contenido siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Lo anterior es así, ya que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, para darle la oportunidad al quejoso de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En virtud de lo anterior, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese; mediante lista a la parte quejosa toda vez que señaló para tal efecto las listas de este juzgado y por oficio a la autoridad responsable. V-A

  3. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de ocho de enero del año en curso, se otorgó a la parte quejosa el término de quince días a efecto de que amplíe su demanda de amparo, plazo que aún se encuentra transcurriendo; por lo que se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL OCHO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevarla a cabo. Notifíquese. V-A

  4. Principal

    SALINA CRUZ, OAXACA; VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que por oficio SEADS/047/2019, de dieciséis de enero de dos mil diecinueve, signado por el Magistrado Fernando Silva García, Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, comunicó que en sesión ordinaria celebrada en esa fecha, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó que con efectos a partir del uno de febrero de dos mil diecinueve, la Titularidad de este órgano jurisdiccional estará a cargo del Juez Mario Alberto Gómez Rétiz; en consecuencia, lo anterior hágase del conocimiento de las partes para que puedan hacer valer las manifestaciones que en su caso estimen pertinentes, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que en proveído de ocho de enero del año en curso, se otorgó a la parte quejosa el término de quince días a efecto de que amplíe su demanda de amparo, plazo que aún se encuentra transcurriendo; por lo que se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las NUEVE HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para llevarla a cabo. Notifíquese. V-A

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