María Eugenia Martínez Agudo

Expediente 416/2016 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de abril de 2017.

Datos del expediente

Expediente
416/2016
Año
2016
Actuaciones
16
Última actuación
26/04/2017

Partes del expediente

  • María Eugenia Martínez Agudo
  • María Eugenia Martínez Agudo y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los autos y apareciendo que la parte quejosa no se inconformó dentro del término legal con el acuerdo de fecha veintisiete de marzo del año en curso, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en este juicio de garantías; en consecuencia, con fundamento en los artículos 196, último párrafo, 201 fracción I, y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido el citado proveído; en tal virtud archívese el expediente como asunto concluido. En otro aspecto, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y dado que se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible de depuración, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General e Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IIIA-

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los autos, advirtiéndose de la certificación secretarial que antecede, en la que se hizo constar que el término legal de tres días otorgado a las quejosas María Eugenia y Silvia, de apellidos Martínez Agudo, por acuerdo de nueve de marzo de dos mil diecisiete (foja 125), el que se les notificó el diez siguiente (foja 126), transcurrió del catorce al dieciséis de este mes y año, sin que hubieran hecho manifestación alguna dentro de ese plazo, en relación al cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte del Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca; en consecuencia, se procede a resolver sobre el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, con base en los elementos que obran en el expediente y los datos aportados por la autoridad judicial responsable. Es aplicable al caso, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del tomo XI, correspondiente al mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 192174, cuyo rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98. DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión e expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia". Para ello, se tiene en cuenta que por sentencia dictada el veintitrés de enero de dos mil dieciséis (fojas 94 al 101), se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado por las quejosas MARÍA EUGENIA y SILVIA, de apellidos MARTÍNEZ AGUDO, para el efecto de que el Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, dejara insubsistente la resolución reclamada y, en virtud de que en este juicio no existe constancia alguna por la que se demuestre si las quejosas tienen derecho sobre el inmueble despojado, resolviera lo que en derecho procediera respecto de su solicitud que hicieron valer vía incidental, en cuando a la restitución provisional de dicho inmueble, en términos de lo previsto en el artículo 20, Apartado C, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Concesión que se otorgó debido a que el Juez responsable en la resolución reclamada se pronunció respecto de la reparación del daño propiamente dicho, y no en cuanto a la restitución provisional del inmueble despojado solicitado por las quejosas en el incidente respectivo. En efecto, en la sentencia de amparo se indicó que del análisis de la resolución reclamada, se apreciaba que la autoridad judicial determinó que de los numerales que citó, se advertía que toda víctima u ofendido de un delito tiene derecho a que se le repare el daño, por lo que el juzgador no podría absolver al sentenciado de dicha reparación si ha emitido una sentencia condenatoria; es decir, el derecho de la víctima a la reparación del daño nace con la emisión de una sentencia condenatoria como resultado del proceso penal; agregando, que la legislación mexicana adopta en su artículo 20 apartado C, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en lo referente a la reparación del daño), la postura doctrinal que establece que la reparación del daño debe condenar a ella siempre que se dicte una sentencia condenatoria, y no obliga a las víctimas u ofendidos al ejercicio de una acción civil en diverso juicio con base en una sentencia penal previa. Agregando la autoridad judicial responsable que sólo hasta que exista la condena a la reparación del daño en sentencia definitiva, es dable restituir en sus derechos a la víctima u ofendido; ello, con independencia de que la sentencia correspondiente este firme o no, pues en el caso de que la sentencia no esté firme por haber sido impugnada, solamente en ese supuesto se puede solicitar y ordenar la reparación del daño provisional o restitución provisional, con base en la sentencia impugnada. Y, para ordenar la restitución del inmueble materia del delito de despojo, no se requiere de la existencia de una sentencia firme, pero si de una sentencia definitiva en la que se establezca que se encuentra plenamente comprobado el delito de que se trata, para que con base en ello se dicten las providencias necesarias, a solicitud del interesado, para restituirlo en el goce de sus derechos, siempre que estén legalmente justificados, tal y como lo disponen los artículos que transcribió. Determinándose en la sentencia de amparo, que del contenido de los artículos 36 del Código Procesal Penal para el Estado de Oaxaca; y, 20, Apartado C, fracción VI, de la Constitución Federal, se advertía que en cualquier estado de la causa, la víctima puede solicitar las medidas cautelares necesarias para la restitución de sus derechos y, que la autoridad judicial puede ordenar el restablecimiento de las cosas al estado que tenían antes de hecho, siempre que sus derechos estén legalmente justificados, previa la exhibición de una garantía. Siendo que dicha restitución es en forma provisional y no definitiva, pues al dictarse la sentencia correspondiente en la causa penal de que se trate se determinará si el imputado es o no plenamente responsable del delito que se le atribuye y, en su caso, se ordenará la restitución definitiva o la revocación de la misma. Por tal razón, se concedió a las quejosas MARÍA EUGENIA MARTÍNEZ AGUDO y SILVIA MARTÍNEZ AGUDO, el amparo y protección de la Justicia Federal para el efecto de que el Juez de Control en materia penal en Puerto Escondido, Oaxaca, dejara insubsistente la resolución reclamada y, en virtud de que en este juicio no existe constancia alguna por la que se demuestre si las quejosas tienen derecho sobre el inmueble despojado, resolviera lo que en derecho procediera respecto de su solicitud que hicieron valer vía incidental, en cuanto a la restitución provisional de dicho inmueble, en términos de lo previsto en el artículo 20, Apartado C, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por acuerdo de trece de febrero de dos mil diecisiete (fojas 107 y 108), causó ejecutoria la sentencia de mérito, por tal razón, se requirió su cumplimiento a la autoridad judicial responsable. Mediante oficio PJEO/JGMPPE/0255/2016-J, el Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, informó sobre el cumplimiento que dio a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de la resolución que dictó el veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, deducida de la causa penal número 123/2016 de su índice, la que tiene pleno valor probatorio en términos de lo previsto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de la que se advierte que dejó insubsistente la resolución incidental reclamada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis y, en su lugar dictó otra, en la que determinó literalmente lo siguiente (fojas 122 vuelta a 124): "..CUARTO.- El artículo 36 del Código procesal Penal Restablecimiento de las cosas a estado previo dispone: "En cualquier estado de la causa y a solicitud de la víctima, el Juez o el tribunal podrán ordenar, previa garantía si lo considera conveniente y como medida provisional, el restablecimiento de las cosas al estado que tenía antes del hecho, siempre que sus derechos estén legalmente justificados". Del anterior numeral se desprende que previa solicitud de la víctima el conveniente y como medida provisional, restablecer las cosas al estado que tenía antes del hecho, siempre que sus derechos estén legalmente justificados, debe decirse que dicho precepto legal le da la potestad al órgano jurisdiccional de ordenar si lo considera conveniente provisionalmente restablecer las cosas que tenía antes, es decir, en el caso concreto antes a los hechos que la ley señala como el delito de despojo que denunciaron las víctimas, y por el cual se ha dictado el auto de vinculación a proceso en contra del imputado BALOY CASTRO GARCIA, esto una vez que queden legalmente justificados sus derechos. Debe decirse que con fecha veintiséis de abril del año dos mil dieciséis, en efecto se dictó un auto de vinculación a proceso en contra de BALOY CASTRO GARCIA, como probable responsable del hecho que la ley señala como el delito de DESPOJO AGRAVADO cometido en perjuicio patrimonial de MARIA EUGENIA MARTÍNEZ AGUDO y SILVIA MARTÍNEZ AGUDO, lo cual constituye un hecho en grado de probabilidad, mismo que se determinará de manera definitiva en una sentencia, es decir, hasta este estado procesal, los medios de convicción que fueron tomados en cuenta para el dictado del auto de vinculación a proceso, fueron estimados y los hechos penalmente relevantes hasta el momento son en grado de probabilidad, incluso dichos medios de convicción o elementos de prueba solo sirven de base para el dictado de dicho acto de molestia o para las medidas de coerción y carecen de valor probatorio por si mismos para fundar la sentencia salvo en las excepciones expresas previstas por la ley, concretamente a las sentencias dictadas en un procedimiento abreviado, tal como lo dispone el artículo 280 del Código Procesal Penal el cual establece: Valor Probatorio. "Los elementos de prueba que sirvan como base para el dictado del auto de vinculación a proceso y de las medidas de coerción, carecen de valor probatorio por sí mismo para fundar la sentencia, sin perjuicio de ser introducidos como pruebas en el juicio y salvo las excepciones previstas por la ley". Como se advierte de lo anterior resulta necesario hasta el dictado de la sentencia establecer los hechos y los derechos de las partes en el presente proceso, es decir, ni el imputado ni las víctimas hasta este momento han justificado legalmente sus derechos, existen hechos penalmente relevantes en grado de probabilidad y esos hechos y derechos quedarán justificados con las pruebas que sean valoradas en la sentencia que se dicte en el juicio oral correspondiente, pro el Tribunal de debate, ello es así porque si bien es cierto existe un auto de vinculación a proceso, pero esos elementos de prueba que sirvieron para el dictado de ese auto de vinculación a proceso, carecen de valor probatorio por sí mismos para fundar las sentencias, desde luego sin perjuicio de ser introducidos como prueba en el juicio. Por lo tanto esta autoridad judicial considera que hasta este momento no está en condiciones de poder ordenar la restitución provisional del inmueble en comento, como lo solicitan las víctimas, toda vez que los derechos de las víctimas MARIA EUGENIA MARTÍNEZ AGUIDO y SILVIA MARTÍNEZ AGUDO, como del imputado BALOY CASTRO GARCIA, aún no han quedado justificados legalmente, en virtud de que el Auto de Vinculación a Proceso se establecen hechos y derechos en grado de probabilidad, y estos hechos y derechos quedaran legalmente justificados mediante la sentencia correspondiente y aun cuando el numeral 35 del Código procesal dispone que en cualquier estado de la causa, y a solicitud de la víctima, previa garantía si lo considera conveniente podrá la autoridad judicial ordenar la restitución, sin embargo para esta Autoridad judicial considera que aún no se puede establecer que los derechos de las partes han quedado legalmente justificados. QUINTO.- Aunado a lo anterior debe decirse que con fecha veintiocho de noviembre del año dos mil dieciséis, se dictó el auto de apertura a juicio, auto con el que se concluye la etapa intermedia, lo que significa que el estado de la presente causa penal está en la etapa de juicio, es decir, a quien le corresponde conocer y tramitar la presente causa penal es al Tribunal de debate, quien ahora le corresponde conocer de esta última etapa del proceso a partir del dictado del referido auto de apertura a juicio, con el que culmina la segunda etapa del proceso, toda vez que de acuerdo al sistema acusatorio penal, el tribunal de Debate deberá convocar a la audiencia de juicio oral y dictar la sentencia correspondiente, autoridad judicial distinta al Juez de garantías, que conoció de las dos primeras etapas, es decir de la etapa preliminar y etapa intermedia, tal como lo disponen los artículos 315 y 316 del Código Procesal Penal de Oaxaca, al establecer lo siguiente: Artículo 315.- Restricción Judicial.- "Los jueces que en el mismo asunto hayan intervenido en las etapas anteriores a la del juicio oral, no podrán integra el tribunal de debate". Artículo 316.- Fecha, lugar, integración y citaciones.- El Juez hará llegar la resolución de apertura del juicio al tribunal competente, dentro de las cuarenta y ocho horas, siguientes a su notificación. También pondrá a discusión del tribunal de la audiencia de debate a las personas sometidas a prisión preventiva y otras medidas de coerción personales. Una vez radicado el proceso ante el tribunal del juicio, el juez que lo presida decretará la fecha para la celebración de la audiencia de debate, la que deberá tener lugar no antes de quince ni después de sesenta días después desde la notificación de la resolución de apertura del juicio." Por lo tanto, es así como el Tribunal de debate en el juicio oral correspondiente deberá a través de su sentencia que dicte, determinar el derecho legalmente justificado de cada una de las partes, tal como lo dispone la parte final del artículo 36 del Código procesal penal y además como ya se dijo la presente causa penal ya está en esa tercera etapa del proceso, es decir, le toca conocer de la causa penal al Tribunal de Debate, que es una autoridad judicial distinta del Juez de Garantías que conoció de las dos primeras etapas, es por ello que se considera por parte de esta autoridad judicial que no es procedente conceder lo solicitado por las víctimas." (sic) De lo anteriormente transcrito, se advierte que el Juez responsable estimó, por una parte, que no estaba en condiciones de poder ordenar la restitución provisional del inmueble correspondiente solicitado por las víctimas, aquí quejosas, MARIA EUGENIA MARTÍNEZ AGUIDO y SILVIA MARTÍNEZ AGUDO, como del imputado BALOY CASTRO GARCIA, puesto que aún no habían quedado justificados legalmente sus derechos, en virtud de que en el auto de vinculación a proceso correspondiente se establecen hechos y derechos en grado de probabilidad, y estos hechos y derechos quedaran legalmente justificados mediante la sentencia correspondiente y aun cuando el numeral 35 del Código Procesal dispone que en cualquier estado de la causa y a solicitud de la víctima, previa garantía si lo considera conveniente podrá la autoridad judicial ordenar la restitución; sin embargo, esa autoridad judicial consideraba que aún no se podía establecer que los derechos de las partes hubieran quedado legalmente justificados. Y, por otra parte, determinó que el Tribunal de debate en el juicio oral correspondiente deberá a través de su sentencia que dicte, determinar el derecho legalmente justificado de cada una de las partes, tal como lo dispone la parte final del artículo 36 del Código Procesal Penal, agregando, que la causa penal ya está en la tercera etapa del proceso, es decir, que le toca conocer de la causa penal al Tribunal de Debate, que es una autoridad judicial distinta del Juez de Garantías que conoció de las dos primeras etapas, es por ello que consideró que no era procedente conceder lo solicitado por las víctimas. De lo anterior, se advierte que se cumplió en sus términos con la ejecutoria de amparo, en virtud de que el Juez responsable dejó insubsistente la resolución reclamada y, con plenitud de jurisdicción que le es propia, determinó lo procedente respecto de la restitución del inmueble materia del delito de despojo, en términos de lo previsto en el artículo 20, Apartado C, fracción VI, de la Constitución Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la ley de la materia, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio para los efectos legales procedentes. Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable para los citados efectos. Notifíquese; por lista a la parte quejosa. IIIA

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, trece de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta firmado por el Secretario General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, residente en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, por el que hace del conocimiento que el superior jerárquico del Juez responsable, lo es el Presidente del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, sin que se le solicite a éste último, conmine al Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, el cumplimiento de la sentencia concesoria dictada en este expediente, toda vez que en proveído que antecede, se dio vista a la parte quejosa con dicho cumplimiento. Notifíquese. IIIA

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, nueve de marzo de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por el Juez de Control, residente en Puerto Escondido, Oaxaca, con el que informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en este expediente; en tales condiciones, con fundamento en los artículos 196 de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la ley de la materia, con lo anterior, dése vista a las quejosas María Eugenia y Silvia de apellidos Martínez Agudo, para que dentro del término de tres días siguientes a su legal notificación, manifieste lo que a sus intereses convenga. En la inteligencia que de no hacer manifestación alguna dentro del término legal concedido, este Juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obran en el juicio y los datos aportados por las autoridades responsables, dado que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, atento a lo sustentado en la jurisprudencia aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, Tomo XI, del mes de marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro es: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE POR QUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85798, DE ESTA SEGUNDA SALA). Notifíquese; por lista a la parte quejosa. III-A

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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